Uruguay ocupa un lugar singular en el mundo por una característica que forma parte de su identidad republicana: la laicidad del Estado. No se trata de un simple principio jurídico ni de una formalidad constitucional, sino de una construcción histórica que permitió consolidar una sociedad en la que las decisiones públicas no dependen de dogmas religiosos y la convivencia entre diferentes creencias está garantizada por la neutralidad estatal.
Por eso resulta llamativo –y preocupante– que legisladores de distintos partidos hayan planteado invitar al papa León XIV a dirigirse al Parlamento uruguayo. De acuerdo al sitio web del Parlamento, la iniciativa es impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, junto con los diputados Álvaro Lima (Frente Amplio), Gabriel Gurméndez (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto), Antonio Chiesa (Partido Independiente) y Fernanda Auersperg (Partido Nacional).
El argumento formal es que el papa es jefe de Estado del Vaticano y, como tal, puede ser invitado. Pero el problema de fondo no es protocolar: es institucional y político. Porque aceptar que el líder máximo de una religión intervenga ante el Parlamento supone tensionar una tradición republicana que Uruguay construyó con enorme esfuerzo durante más de un siglo.
La separación entre Iglesia y Estado quedó consagrada en la Constitución de 1917, pero el proceso venía gestándose desde mucho antes. Durante el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX, Uruguay protagonizó uno de los procesos de secularización más profundos de América Latina. No fue un hecho casual, sino el resultado de un proyecto político claro: construir un Estado moderno independiente de las jerarquías religiosas.
En ese proceso tuvo un papel decisivo el reformismo batllista. Los gobiernos de José Batlle y Ordóñez impulsaron una serie de medidas que consolidaron la autonomía del Estado frente a la Iglesia. Entre ellas podemos destacar la secularización del sistema educativo público, la eliminación de los símbolos religiosos en instituciones estatales, el fortalecimiento del registro civil independiente de la Iglesia y la transformación de festividades tradicionales en denominaciones laicas.
La sustitución de nombres religiosos por términos seculares –como Semana de Turismo en lugar de Semana Santa o Día de la Familia en lugar de Navidad en el calendario oficial– no fue un gesto menor ni un simple cambio terminológico. Formaba parte de una concepción republicana según la cual el Estado debía representar a todos los ciudadanos, creyentes o no, sin privilegiar ninguna fe.
Este camino colocó a Uruguay en una posición excepcional dentro del continente. Mientras gran parte de América Latina mantuvo fuertes vínculos institucionales entre Iglesia y Estado durante buena parte del siglo XX y la Iglesia aún hoy sigue teniendo peso en determinadas áreas en otros países, Uruguay consolidó una cultura política en la que la religión pertenece al ámbito privado y la esfera pública se rige por principios civiles.
La laicidad, sin embargo, nunca significó hostilidad hacia las religiones. Al contrario: ha sido la condición que permitió garantizar plenamente la libertad de culto. En Uruguay cualquier persona puede practicar la religión que desee –o no practicar ninguna– sin interferencias del Estado. Pero esa libertad implica también un principio fundamental: ninguna religión recibe privilegios institucionales, salvo el de la exención de impuestos para los lugares de culto.
En este punto aparece la dificultad del planteo actual. Quienes defienden la invitación al papa argumentan que se trata simplemente de un jefe de Estado extranjero, como cualquier otro. Sin embargo, esta equiparación omite una diferencia fundamental: el Vaticano es una teocracia, es decir, un sistema político en el que la autoridad religiosa coincide plenamente con el poder estatal.
El papa no es un presidente elegido de forma convencional ni un monarca constitucional. Es un monarca absoluto que concentra en su figura los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado vaticano. Su legitimidad política deriva de su condición de líder supremo de la Iglesia católica. En ese sentido, la Santa Sede comparte rasgos institucionales con otros sistemas teocráticos contemporáneos –como los de Irán o Afganistán–, en los que el poder político está subordinado a una autoridad religiosa suprema. Invitar al papa a dirigirse al Parlamento no sería, entonces, un gesto diplomático convencional. Sería permitir que el líder mundial de una confesión religiosa intervenga en el principal ámbito político del país.
El argumento protocolar resulta aún más débil si se recuerda que desde 2009 el Parlamento uruguayo no invita a jefes de Estado extranjeros a dirigirse ante la Asamblea General. Si la práctica institucional ha sido evitar este tipo de intervenciones, resulta difícil justificar una excepción precisamente para el jefe de una teocracia religiosa.
Más allá de la figura concreta del pontífice, lo que está en juego es el mensaje institucional que el Estado transmite. La invitación al papa podría interpretarse como un gesto simbólico que coloca a una confesión particular –la católica– en una posición de centralidad dentro de la vida política nacional. Y eso contradice el espíritu de neutralidad que ha caracterizado al Estado uruguayo desde comienzos del siglo XX.
No es casual que el debate reaparezca ahora. En buena parte del mundo asistimos a un resurgimiento de discursos que buscan reinstalar referencias religiosas en el espacio público como herramienta de legitimación política. En América Latina, distintos sectores conservadores han apelado cada vez más a argumentos religiosos para influir en debates legislativos y políticas públicas. Uruguay, sin embargo, ha seguido históricamente otro camino. La fortaleza de su sistema democrático se ha apoyado en la idea de que las decisiones colectivas deben basarse en razones públicas compartidas, no en verdades reveladas.
La laicidad no es un vestigio del pasado ni una reliquia del batllismo, sino un principio vivo que sigue garantizando algo esencial para cualquier democracia moderna: que el Estado pertenezca por igual a todos sus ciudadanos. Se trata de uno de los pilares sobre los que se edificó el Uruguay moderno. Y como todo pilar institucional, su fuerza depende de que las generaciones presentes estén dispuestas a defenderlo.
