Con el economista peruano Hugo Cabieses

“La megaminería genera más deuda social”

Dirigente socialista, ex integrante de la administración de Ollanta Humala, Hugo Cabieses llegó a Montevideo a presentar la experiencia peruana en megaminería. “A Perú se lo exhibe como ejemplo para América Latina de un país que ha crecido sostenido por la minería. Yo vengo a defender todo lo contrario”, declaró a Brecha.

“En los últimos años he trabajado como economista el tema ambiental y los impactos que las industrias extractivas –la minera y otras– tienen sobre el ambiente, el agua, los recursos naturales y los derechos ciudadanos”, se presenta al iniciar la entrevista con Brecha. Viceministro encargado de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales en el Ministerio del Ambiente durante los primeros meses de gestión de Ollanta Humala, Cabieses pertenece a una camada de militantes de izquierda que se fue o fue obligada a irse del actual gobierno “cuando el presidente dio un giro de 180 grados”. Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista peruano y encargado de la Secretaría Andino-Amazónica del Foro de San Pablo, estuvo la semana pasada en Montevideo invitado a un foro sobre minería de gran porte organizado en el marco del congreso de la Federación Rural (“tengo entendido que se trata de un organismo que reúne a los pequeños y medianos productores, no a los grandes. Si no, no se explicaría que cuestionaran la minería a tajo abierto…”). Participó también en dos conferencias públicas y aprovechó para reunirse con dirigentes de distintos grupos del Frente Amplio para alertar sobre la experiencia de su país en el rubro minero. “Llegué aquí para intentar encender luces rojas y amarillas, y algunas verdes.”

—A ver…

—Es cierto que Perú ha tenido un crecimiento económico sumamente importante en los últimos años, pero ese crecimiento ha sido de todo menos sostenible. Y la minería, fundamentalmente la minería a tajo abierto, ha contribuido mucho a esa insostenibilidad. Yo fui parte del gobierno de Ollanta Humala cuando el presidente sostenía que entre el oro y el agua había que elegir el agua. Con afirmaciones como esas y un programa que se llamó “La gran transformación”, que sin ser revolucionario apuntaba a otro modelo de desarrollo, fue que ganó las elecciones en 2011. Pero luego pasó a defender lo contrario, y a afirmar por ejemplo que con el oro, con los recursos que genera, se puede proteger el agua. Y es falso por donde se mire.

—¿Cómo explica ese cambio?

—El presidente se fue rodeando de gente según la cual hay que tolerar los efectos negativos de actividades como la minería en aras de pagar la deuda social con los más pobres, porque esa industria generaría dinero que se derramaría hacia los sectores populares. El problema es que no es así. Lo que genera la minería así practicada es más deuda social, más empobrecimiento. No hay que maravillarse con el crecimiento en sí mismo sino ver sobre qué se produce. Y sobre todo para qué, para quién se gobierna. Una formación de izquierda, progresista, debería gobernar para la gente, para su población, y la gente son personas bien concretas. En Perú, 5,5 millones de personas son quechua y aimara hablantes y unas 400 mil hablan las lenguas de la Amazonia. Y alrededor de 10 millones, sin hablar la lengua, provienen de esos sectores, se manejan con su cultura. Los indígenas representan entonces más de la mitad de los 30 millones de peruanos. Y es en las zonas en que viven donde están instaladas las mineras y las petroleras. No tenerlos en cuenta debería ser algo impensable para cualquier gobierno que se dijera progresista. Sin embargo, es lo que sucede. Los indígenas dicen “no hay verde sin azul”, dicen que hay que proteger el azul del agua para tener el verde de los bosques, para poder tener agricultura y todo aquello que nos permite sobrevivir. El programa que ganó las elecciones en 2011 recogía en parte esa visión y proponía cambiar el modelo de producción, acercándose a la pequeña y mediana producción campesina y a priorizar la defensa de la soberanía alimentaria. Identificaba algunos nichos de la agroexportación donde ubicar al país y apuntaba a generar un cambio en la matriz energética: se apostaba al gas, que tenemos en abundancia y que es mucho menos agresivo ambientalmente que los hidrocarburos, y por otro lado a hidroeléctricas pequeñas y medianas ubicadas a lo largo de las cuencas hidrográficas, no a las grandes represas por las que ha optado este gobierno.

—Esa orientación es la que domina en casi todos, si no en todos, los gobiernos del llamado giro progresista de América Latina.

—Sí. Se ha vuelto hegemónica una suerte de pos extractivismo, continuador del extractivismo anterior pero con acento redistributivo. Nosotros creemos que hay que hacer una transición hacia otro modelo, más sustentable. No sólo en el tema minero sino en las otras industrias extractivas: en los hidrocarburos, en la pesca –una actividad fundamental para Perú pero en la que se deja operar a los barcos que practican la pesca de arrastre– y en las zonas boscosas, donde avanza casi sin control la deforestación.
Si no se frena este proceso, acabarán legándonos huecos vacíos. Es lo que está sucediendo literalmente en mi país con el proyecto minero de Yanacocha. La cercana ciudad de Cajamarca, de unos 180 mil habitantes, en la que nunca faltaba el agua, hoy tiene déficit hídrico. Varias de las lagunas que la abastecían se secaron, porque la mina se chupa el agua. Yanacocha, en aimara, quiere decir laguna negra, y lo que ha quedado es un agujero negro, más bien marrón.

—¿Quién se hace cargo de ese desastre?

—El Estado, la sociedad. La minería de gran porte no es renovable, se lleva a cabo durante pocos años –20, 25–, y si a las empresas no se les ponen límites muy precisos se retiran sin más trámite. En Perú tenemos actividad minera desde hace cerca de 120 años y en ese lapso se han generado unos 6.500 pasivos mineros, es decir unos relaves con alto contenido tóxico para la salud humana. En San Mateo, muy cerca de Lima, hay un relave que impacta directamente sobre las fuentes de agua que alimentan a la capital y que contiene arsénico y otros metales pesados provenientes de una mina explotada entre 1920 y 1950. La empresa lo dejó en manos del Estado. No definir previamente quién se hace cargo –y en qué condiciones– de estos pasivos debería estar excluido. Son indispensables los estudios serios e independientes en las dos puntas: antes de la instalación de una industria –los llamados estudios de impacto– y después, para definir el proceso de salida. También lo son las metodologías, los instrumentos. Gente de la asociación Uruguay Libre de Megaminería me contaba del proyecto de mineroducto de Aratirí y yo les decía que no recordaba ningún mineroducto en Perú. Después me acordé de uno, en el norte, que va hacia la costa, y que está teniendo un impacto enorme sobre la pesca, una actividad que genera mucho más empleo, y es más sostenible que la minería. Y por supuesto está todo el tema institucional. En una industria como esta es fundamental que el Estado esté en condiciones de imponer y hacer respetar una legislación adecuada. En Perú, en cambio, el Ministerio del Ambiente, creado recién en 2008, bajo el gobierno de Alan García, no está a cargo de casi nada importante. No maneja la problemática del agua ni los estudios previos de impacto (repartidos entre otros 14 ministerios), y en cuanto a los bosques, siendo Perú un país esencialmente boscoso (mucho antes que minero: 70 por ciento de su territorio es de forestas), no dependen de Ambiente sino del Ministerio de Agricultura, y muy raramente un ministerio de agricultura tiene algún cuidado por este recurso. Tampoco contamos con una ley de ordenamiento territorial, con una zonificación económico-ecológica ni con un sistema nacional de fiscalización. Es decir: carecemos de una estructura institucional que pueda marcar el terreno en algo.

—Decía antes que un gobierno mínimamente “de izquierda” debería tener en cuenta a las poblaciones afectadas.

—Claro. Embarcarse en un camino como el de la minería es muy riesgoso sin tener claros los temas de los que hablé antes y sin iniciar un diálogo social en serio. Nosotros lo habíamos comenzado en los primeros meses de la administración de Humala. Veníamos de décadas de imposiciones y de dos gobiernos en los que el 65 o 70 por ciento de los conflictos que se presentaron fueron de naturaleza socioambiental. Más de la mitad de los 185 muertos durante el gobierno de Alan García fueron en conflictos de ese tipo. Habíamos advertido que al primer muerto nos íbamos. En los cuatro meses en que estuvimos no los hubo. Después sí. Las muertes en conflictos sociales bajo Humala llegan hoy a alrededor de 60, y más de la mitad de ellas han sido provocadas por conflictos mineros y ambientales en general. Humala decidió, por ejemplo, seguir adelante con uno de los megaproyectos de minería de gran porte más resistidos, el de Conga. Yo me opuse.

—Le costó la salida del gobierno.

—Sí. El problema no es sólo Conga, es el conjunto, aunque el proyecto Conga aparece como el más emblemático. Apenas desembarcamos en Ambiente el ministro me pidió que le consiguiera el estudio de impacto ambiental de Conga. No lo había, es decir que nadie, en el Estado, lo había exigido. Nosotros intentamos buscar mitigar en algo los daños que estaban provocando los proyectos existentes. Para Conga no había otra salida que pararlo. Destruyó no sólo cuatro lagunas, como admitían sus propios defensores, sino 21, que conforman un acuífero sumamente importante de cabecera de cuenca que alimenta a la segunda o tercera despensa alimentaria del país, el departamento de Cajamarca. Hay mucha agricultura, y sobre todo ganadería, en esa zona, y ambas actividades dependen de las fuentes de agua. Conga es una empresa que reúne a la Newmont, de Estados Unidos, y a Buenaventura, de Perú. Buenaventura fue la que explotó el yacimiento de Yanacocha. Ese antecedente hizo que la población local se opusiera de plano a Conga desde un inicio.

—Ha habido pronunciamientos masivos de poblaciones locales contra la megaminería.

—En 2002, en Tambogrande, en el norte, el 98 por ciento de los habitantes rechazó la instalación de una minera. Luego la estrategia de realizar consultas de esa naturaleza se extendió. Tres semanas después de la llegada de Humala al gobierno se aprobó una ley de consulta previa obligatoria a los pueblos indígenas para todo este tipo de proyectos. Pero la ley no ha sido reglamentada, y el proyecto de reglamentación que circula excluye a los aimaras y quechuas de la consulta previa porque considera que no son pueblos indígenas. Una cosa increíble, pero que tiene su explicación: el 70 por ciento de la minería metálica está en comunidades aimaras y quechuas.  La ley forestal es otro caso similar. Fue aprobada en los últimos días del gobierno de Alan García, pero todavía no ha sido reglamentada, y el proyecto de reglamentación va claramente en contra de los intereses de los indígenas de la Amazonia, donde está la mayoría de los bosques. La Amazonia abarca alrededor de 78 millones de hectáreas, y más del 60 por ciento de esa superficie ya ha sido entregada en concesión a empresas del sector de hidrocarburos. No hay en el gobierno voluntad de discutir la necesidad de contar con estudios de impacto ambiental ni siquiera en el caso de proyectos que impactan varias zonas, que están interconectadas. El sistema creado para las evaluaciones ambientales está presidido por el ministro de Ambiente, pero el vice es el de Economía, y como tercer miembro está el ministro de Energía y Minas. Estos dos últimos son en realidad los que deciden. Y ambos se mueven con el objetivo prácticamente único de promover las inversiones a todo dar.


Yira, yira

—El gobierno de Humala está cada vez más a la derecha. El ministro de Ambiente es el único que da batalla, en solitario. Se vería muy mal que lo quitaran ahora, cuando Perú va a ser sede, a fin de año, de la Conferencia de las Partes (cop 20) de las Naciones Unidas sobre cambio climático. El ministro fue fundamental para que Lima fuera designada sede de esta reunión, a pesar de que Perú nada ha hecho de significativo en esta materia. Lo más probable es que lo saquen después de diciembre, como hicieron con el canciller Rafael Roncagliolo, al que conservaron hasta el fallo de la corte de La Haya en un litigio limítrofe con Chile. Roncagliolo peleó en favor de una estrategia de acercamiento a los países de la región, que perdió en toda la línea. Apostaba a recostar al país sobre la Unasur, bajo liderazgo brasileño. Ganaron quienes promovían la aproximación a la Alianza del Pacífico, un acuerdo de corte ideológico inspirado por Estados Unidos, o los tratados de libre comercio con las potencias industrializadas. Para justificar estos tlc, sus defensores, como el ministro de Economía y la primera dama Nadine Heredia, que son el poder detrás del trono, levantaban como uno de sus principales argumentos que generarían empleo en el campesinado. Resolvieron la situación de unos 32 mil agricultores, sobre una población activa agrícola de 2 millones de personas, es decir nada. Y vaciaron de contenido a las ya débiles protecciones ambientales del país.


Economía canalla y militarización

—Hay un extractivismo ilegal conectado en gran parte con actividades criminales. La minería informal da empleo a decenas de miles de personas, pero en condiciones laborales y de seguridad horrorosas. Sus promotores ganan muchísimo dinero. En la pesca hay una sobrepesca ilegal, a cargo de barcos que emplean técnicas absolutamente depredadoras. La tala ilegal de madera en las zonas boscosas es otra práctica extendida. Ahora está concentrada sobre todo en la Amazonia, porque ya han arrasado los bosques de la costa y la sierra. En torno a todas estas actividades de extractivismo ilegal giran también fenómenos como el contrabando en gran escala, la trata de personas, incluso el narcotráfico, elementos todos que tienen gran importancia en Perú. A tal punto que el 50 por ciento de la economía nacional es informal y otro 25 por ciento directamente delincuencial. Perú encaja en ese sentido bastante precisamente en lo que la economista ítalo-inglesa Loreta Napoleoni ha llamado ‘economías canallas’. Y además militarizada, porque el gobierno ha lanzado a los militares a combatir algunas de las manifestaciones de esos fenómenos, como el sicariato, cada vez más extendido, contribuyendo a acentuar la violencia y empeorar el problema. Nos estamos embarcando en una estrategia a la mexicana que nada resuelve. Humala pretende involucrar a las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad ciudadana. Lo hace porque razona como el militar que es y porque sabe que esas opciones son populares. El ministro del Interior se opone, pero va camino a la derrota.


Luces verdes

—No nos oponemos a todo tipo de minería, sino a aquella que se realice sin vallas de contención e institucionalidades ambientales, como existen en varios países industrializados. En Perú hay empresas –sobre todo europeas– que tienen programas de mitigación de daños que incluyen el manejo de los pasivos mineros con reforestación. Pero además hay que exigir más protección, más control no va a reducir la inversión: las grandes empresas no se van a retirar porque se les exija más. De hecho es lo que ha sucedido. La movilización social ha hecho que el proyecto Conga esté paralizado. El gobierno decía que si eso se producía, si Conga se paralizaba, los inversores se irían del país, fundamentalmente los mineros. Y lo que ha sucedido es que la inversión minera ha seguido aumentando.


Metalúrgicos

—Entre quienes defienden en Uruguay la opción por la minería de gran porte está el sindicato de trabajadores metalúrgicos.

—En Perú también. Se da una situación muy problemática en el megacomplejo metalúrgico de La Oroya, en el centro del país. La empresa que asumió su control, Doe Run, tiene un prontuario de violación a las leyes ambientales en Estados Unidos que allá le costó multas por 500 millones de dólares. La población de La Oroya se opone a este proyecto, pero el principal aliado de la Doe es el sindicato metalúrgico, movilizado por “las fuentes de trabajo”.

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