El Poder Ejecutivo emitió el lunes pasado un decreto por el cual se permite que la Policía intervenga, sin previa orden judicial, para disolver cualquier agrupamiento que dificulte la “libre circulación”. El texto dice que el Ministerio del Interior dispondrá “las medidas pertinentes” para “preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. Para esos fines, la repartición podrá requerir “en forma directa el auxilio de otros organismos públicos”. Se establecen dos salvedades: el Ministerio del Interior deberá “dar cuenta en forma inmediata a la justicia de la intervención”; y también que lo establecido en la norma “no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución de la República”. El fragmento constitucional que lleva ese número establece que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales”, y que la “huelga es un derecho gremial”.
Supuestamente con esa última salvedad se pretendía dar a entender que el decreto no iba contra el movimiento obrero organizado. Sin embargo, la paradoja es que los primeros detenidos por hacer un piquete que impedía la entrada de camiones de carga a la pastera Montes del Plata de Conchillas eran afiliados del Sindicato Único del Transporte de Carga hoy en conflicto con la patronal, indicó a Brecha el dirigente del Pit-Cnt Gabriel Molina. Según el integrante de la central sindical, la norma aprobada por el gobierno es “fruto de la aplicación desmesurada de un decreto de 1999, que sólo sirvió para reprimir a los trabajadores, además de otras expresiones populares”. Y agregó que esa no es la forma de resolver los problemas que hoy enfrenta el gobierno en otras áreas.
El decreto para muchos rememora aquel de 2015 que declaró la esencialidad en la educación pública, fortaleciendo un sesgo represivo que no es bienvenido en la sensibilidad de la izquierda política, ni de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, el Serpaj emitió un comunicado, que tras reivindicar el derecho a la protesta social, sostiene que le parece inadecuada la aprobación de una norma que “proporciona aun mayor discrecionalidad a la agencia policial para desactivar cualquier protesta social sin tener el aval del Poder Judicial para hacerlo. Sin un marco de intervención definido desde un enfoque garantista cualquier protesta se convertirá en un campo de vulneración continua de derechos, donde los dispositivos estatales podrán desarrollar prácticas que no se ajustan a los marcos internacionales. Esta medida se incorpora –junto con otras– a una serie de sentidos que el Poder Ejecutivo le otorga al conflicto social y su abordaje. Se profundiza una política que no respeta las reivindicaciones políticas de los movimientos sociales en tanto criminaliza sus instrumentos de empoderamiento político”.
En filas del FA ha primado cierto desconcierto, un descontento que, con la excepción (al menos hasta el cierre de esta edición) de Casa Grande, no se ha manifestado orgánicamente. Aunque el tono general entre los sectores de la coalición es considerar que un decreto como el del lunes, metodológicamente, indica la primacía de la represión sobre el diálogo.
En la declaración de Casa Grande emitida ayer se sostiene que la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos “suele volverse en contra de la izquierda, y que legitimar la represión como forma de solución de conflictos en el largo plazo sólo puede ser funcional a fuerzas conservadoras”.
Una explicación que se da desde el gobierno es que se asiste a una inflación de las demandas sociales, desde varios lados. Tanto de aquellos que cortan rutas porque no tienen pasos a nivel para poder cruzar las vías más transitadas como la Interbalnearia, hasta los piquetes de los patrones del transporte de carga, impidiendo la salida de la cosecha de arroz. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo reconocieron a Brecha que algunos jerarcas del gobierno tienen dudas sobre la oportunidad del decreto.