La multa del millón

El 12 de agosto fue un día histórico en la Junta Departamental de Canelones: se votó una multa millonaria contra el médico sojero Máximo Castilla y otros dos productores por daños a la salud y el ambiente. Un “caso testigo” en la política ambiental uruguaya, tradicionalmente permisiva. En el caso de Castilla, que se niega desde hace años a pagar las multas impuestas, el gobierno canario no descarta la figura del embargo.

Máximo Castilla. FOTO: Adriana Pascual

Contra Máximo Castilla se aprobaron tres multas que superan el millón de dólares: dos por 10 mil UR (unos 300 mil dólares cada una) y una por 15 mil UR (unos 450 mil dólares), todas por fumigar y reincidir en la fumigación a menos de 300 metros del “perímetro rural con asentamientos urbanos”, la nueva definición territorial que protege a los habitantes de Paso Picón desde el año pasado.

Para aprobar la mencionada sanción se necesitaba el voto de 21 ediles, ya que las multas económicas mayores a 210 UR necesitan mayorías especiales. Se lograron 22 votos sobre 27 y, en la misma maratónica sesión, se aprobaron otras dos multas a productores rurales de Laguna del Cisne (“por modificación predial en un ámbito cautelado”) y de paraje Las Brujas (por “alteración física del territorio”).

A pesar de que Castilla engrosa las filas del Partido Nacional en Canelones (incluso tuvo una frustrada candidatura a alcalde de la ciudad), a los 19 votos del FA se sumaron finalmente tres votos blancos: el edil Raúl Detomasi (lista 40410, Dignidad y Coraje Wilsonista), Joselo Hernández (lista 400) y Silvia de Borba (lista 71, Agrupación Corriente de Participación Nacional).

Dos blancos votaron en contra: Ignacio Torena, suplente de Richard Pérez (lista 400), que no argumentó, y Luis Goggia (lista 2014, Alianza Canelones), que fundamentó su voto explicando que compartía la multa hacia los productores canarios, pero no compartía los montos, que por tan elevados podrían resultar “expropiatorios”: cuando la multa está muy cerca del valor de la propiedad, es más una expropiación que una multa, dijo.

Y también votaron en contra los tres ediles del Partido Colorado: Fernando Melgar, Gastón Bentancor y Alfredo Silva (a través de su suplente Beatriz Icasuriaga). El único de los tres que fundamentó su negativa fue Bentancor, quien planteó que compartía el hecho de sancionar, pero que debería aplicarse una amonestación más grave aun, incluso penal: el que contamina el medio ambiente tiene que ir preso, dijo a los presentes. Además, Bentancor agregó que una cifra tan elevada podría ser fácilmente apelable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tca), y poner en riesgo la medida toda.

“A favor se argumentó desde el punto de vista técnico, circunstancial, medioambiental, humano, de defensa de la salud… Fue maratónico”, resumió a Brecha el presidente de la Junta Departamental de Canelones, Juan Ripoll. Luego de la jornada del viernes, les han llovido las llamadas de las juntas departamentales de todo el país preguntando por el proceso de sanción.

Castilla visitó la semana pasada a los integrantes de la Junta, antes de la votación del viernes, con fotografías aéreas de sus campos. “Pero, doctor, usted tiene a esta gente pegada a sus campos, esa zona se determinó para ser poblada y no para ser cultivada con soja”, se le dijo. “Y que se vayan”, respondió el productor.

CÚMPLASE. La votación y la sanción impuesta son históricas, pero la gran pregunta es qué mecanismos tiene la Intendencia de Canelones (IC) para cobrar ese dinero y hacer efectivas las multas, sobre todo considerando que a esta altura Castilla se ha convertido en un experto en apelar y esquivar las sanciones que se le han impuesto desde diversos organismos. “Yo no puedo decir qué día la vamos a cobrar, pero tenemos el aval y la definición para aplicar la sanción. Ahora la Intendencia va a recorrer todos los caminos necesarios para hacerla efectiva. En este país cuando se recorren los caminos que hay que recorrer, en algún momento se logra”, dijo a Brecha Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental de la IC.

Vayamos a los detalles. Luego de que el gobierno municipal le dé el cúmplase a esta decisión tomada el viernes en la Junta, se le notificará a Castilla y éste tendrá un plazo para apelar y presentar descargos. Desde el área jurídica de la IC confirmaron a Brecha que en caso de que el productor no pague, y la justicia le dé la razón a la administración, puede caer sobre los campos del productor un embargo (“Esperemos no llegar a eso”, dijeron). “Castilla va a apelar. Eso tiene un efecto suspensivo sobre la multa, cuando se dirima eso, si la persona no paga, se procede al embargo de los bienes, de las propiedades que pueda tener esa persona. Pero puede estar apelando durante cuatro o cinco años”, explicó, por su parte, Ripoll. Y agregó: “Eso es lo que va a pasar, no creo que él pague, tratará de poner las propiedades a nombre de sociedades anónimas… Normalmente en estos casos, el multado es muy rápido y el Estado es muy lento”.

Hablando de demoras, cabe recordar que continúa el juicio penal que mantiene la IC contra Castilla desde diciembre del año pasado. El expediente está desde el 17 de junio esperando a que se convoque a una nueva audiencia, donde se citará a todos los vecinos a declarar para ratificar las denuncias, confirmaron desde la IC.

DISCUTIR EL PRECEDENTE. “Es uno de los hechos más importantes de los últimos años en política ambiental, años en los que la gestión gubernamental estatal ha sido altamente permisiva en este asunto”, dijo a Brecha el investigador Eduardo Gudynas, referencia continental en análisis ambiental. Este sería para el investigador un “caso testigo”, porque “más allá de que las multas sean recusadas, van a exigir que el Tca se expida sobre el asunto, y en este caso se convertiría en un caso testigo de hasta dónde puede actuar una sanción económica en Uruguay”. Agregó que la medida marca un precedente por el monto de la sanción y porque la iniciativa ha sido municipal, “dejando en claro que hay un retraso del liderazgo que hubiera podido tener el Mvotma, pero sobre todo el Mgap, que debía ser el otro en actuar. El desafío con este instrumento es nacionalizarlo, acá hay un gobierno departamental que al hacer algo bien deja en evidencia a los que están rezagados”. Al mismo tiempo, Gudynas plantea un riesgo: “Hay una tentación a veces para algunos gobiernos locales en otros países, donde la repetida aplicación de multas se convierte en una fuente de ingreso y se corre el riesgo de que se convierta en un mecanismo de financiación. Por eso ese dinero tiene que ir directamente al rubro que debe atender la calidad ambiental, no puede quedar interceptado por ahí en cuestiones burocráticas, camionetas, mobiliarios, etcétera”. Respecto a esto, Herou dijo a este semanario que la idea de la Intendencia va en la línea de lo planteado por Gudynas: “No está resuelto formalmente, pero lo que nos ha planteado el intendente es que el destino de estos recursos sea el fortalecimiento de las capacidades de trabajo en esta área y de las líneas de monitoreo y control en la defensa de recursos naturales. Lejos está de los objetivos de la Intendencia transformar esto en un ingreso para las arcas de la comuna”. Y agregó: “No nos interesa sancionar, no es un objetivo en sí mismo, pero sabemos que si es necesario, hay que hacerlo. Lo que nos ha permitido esta sanción es marcar que cuando hay reglas de juego, hay que cumplirlas”. La cuestión será, además del pago de la multa, dilucidar hasta qué punto este mecanismo se vuelve efectivo y cuáles son las posibilidades de convertirlo en una herramienta nacional. Y que con multa o sin multa, nadie se sienta en el derecho de envenenar a sus vecinos.

Violento y “perseguido”

El lunes 8 de agosto Adriana Pascual caminaba por la ruta cerca de su casa, cuando fue abordada por el doctor Máximo Castilla. Luego de una serie de insultos, manotazos, empujones y amenazas de muerte hacia su vecina denunciante, ambos condujeron en sus autos los cuatro kilómetros que los separan de la comisaría en la capital canaria.

Castilla llegó primero a la seccional y la denunció por “molestias”. Es decir que la agredida debió declarar como indagada. La denuncia es de carácter reservado, pero, según lo que averiguó Brecha, en su declaración dice lo de siempre: que Pascual lo persigue y que lo ha “difamado en redes sociales”. Sobre el hecho concreto dice que él estaba trabajando en su campo cuando desde el alambrado la maestra le hacía “gestos obscenos”.

Luego de un “apercibimiento de conducta”, algo así como que se tienen que alejar el uno del otro, la denuncia pasó a engrosar las pruebas del juicio penal. Después de la agresión, el juez Luis Alberto Sobot mandó pedir todas las denuncias de los vecinos hacia Castilla, tanto en la comisaría (no están relacionadas a este caso, pero ya cuenta con varias denuncias por violencia doméstica) como en la Intendencia y hasta en la Institución Nacional de Derechos Humanos.

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