La hípica estaba en su ocaso a inicios de este milenio, pero el gobierno de Jorge Batlle la reflotó con base en subsidios estatales. Para el salvataje se dispuso que un consorcio multinacional se quedara con un porcentaje importante de la recaudación de las salas de tragamonedas, a cambio de que los caballos volvieran a correr por las pistas de Maroñas. En los gobiernos del Frente Amplio se incrementó el apoyo y la promoción estatal del turf, derivándole a la concesionaria, Hípica Rioplatense, un porcentaje mayor de los dineros apostados, lo que se traduce en unos 11 millones de dólares por año. La postura del Ministerio de Economía en este rubro es muy diferente de la que mantiene frente a otros sectores en los que las cuentas tampoco cierran. En medio de discusiones sobre recortes y subsidios en la educación, los montos que la sociedad destina a la hípica pasan desapercibidos, aunque empiezan a ser mirados de reojo por algunos integrantes del Frente Amplio.
Los nexos entre el turf y la cúpula política están presentes desde el inicio de esta actividad en Uruguay, y llegan hasta el presente. Ya se sabe que variados dirigentes colorados, blancos y frenteamplistas son apasionados de la hípica. Esta conexión, que tiene su cenit mediático cada 6 de enero, cuando los palcos del Hipódromo de Maroñas se pueblan con una buena porción de representantes de la clase política, está muy presente en la estrategia de Hípica Rioplatense de Uruguay –la empresa adjudicataria de ese hipódromo y desde 2013 del ubicado en Las Piedras–. Es algo, además, que el consorcio conformado por la multinacional española del juego Codere y otros capitales pertenecientes al grupo Liberman sabe aprovechar a su favor a la hora de negociar.
Sin embargo, la forma de pararse del Estado ante el sector hípico también ha venido variando: de una posición de controlador de la actividad a una que tiende también a promover y apoyar el turf como “cadena de valor”. Esa promoción se viene fortaleciendo con base en datos y argumentaciones que podrían ser extensibles, por ejemplo, a otros sectores del mundo productivo que superarían al turf en cantidad de puestos de trabajo y en valor agregado (véase recuadro “Una pasión financiada”). Y esa variación es algo que puede analizarse, simplemente, a través de un repaso del cambio en la legislación de los últimos tiempos, en la que se aprueban los estímulos o subsidios. Se pasó de una norma que prohibía expresamente al Estado asumir la “realización, financiación o sostenimiento en forma alguna del juego de apuestas sobre resultados de carreras de caballos” (ley presupuestal 17.006, de 1998), a otra que, desde 2013, consagró que el Estado destine unos 11 millones de dólares anuales –derivados de la recaudación en cinco salas de slots– al “premio hípico” de las carreras de caballos.
En el medio, esa transferencia desde las arcas públicas hacia la empresa privada había tenido un gran espaldarazo en la ley de presupuesto de 2010, bajo la batuta del ministro de Economía Fernando Lorenzo (Nuevo Espacio). Mediante esa norma madre se habilitó a la Dirección General de Casinos (Dgc) a “promover la actividad hípica a nivel nacional”. Y más recientemente estuvo el intento fallido de introducir en la rendición de cuentas artículos que otorgaban más discrecionalidad a la Dgc en el manejo de fondos.
Los nombres de los políticos de los partidos tradicionales con una pasión más confesa por el llamado “deporte de los reyes” son harto conocidos: Jorge Batlle y José Amorín Batlle (ambos colorados) o Jorge Larrañaga y Francisco Gallinal (ambos blancos). Sin embargo, otro apasionado por los pura sangre es el senador frenteamplista Rafael Michelini, quien continúa en este aspecto la afición de su padre, Zelmar (véase artículo de Marcos Rey).
Precisamente, Michelini y otros dirigentes de su sector, el Nuevo Espacio, son quienes en filas del gobierno se han puesto al hombro en los últimos años el fomento del turf y la defensa hermética de los apoyos y subsidios estatales a la actividad. El cerrado apoyo se ha plasmado como en círculos concéntricos. Tanto desde el Parlamento, con la punta de lanza del senador nuevoespacista, como con la gestión del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo durante el gobierno de José Mujica. O más recientemente, con las argumentaciones del subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Y antes y ahora con la impronta del controvertido director general de Casinos, Javier Cha, quien es brazo ejecutor en la Dgc desde 2010. Ellos han sido bastiones del apoyo a la “industria” hípica, incluso dentro de su propio partido. El principal argumento que manejan en sus discursos son los miles de puestos de trabajo generados para una mano de obra que no podría ocuparse en otra cosa, pero también lisa y llanamente la “pasión” que despierta el turf, su carga simbólica, su aporte a la identidad nacional…
Rafael Michelini comentó a Brecha que la hípica, al igual que otros deportes, “genera pasión en miles de personas”. Esta es una realidad “que la izquierda desconoce” y “que no debería ser así”, amplió luego, con tono quejoso. Y luego abundó en otros argumentos sabidos: el dinero del subsidio al turf “termina en los peones y jockeys”; y el Frente Amplio –“sobre todo Cha”– ha generado una “cultura de la formalización” en el sector. Por eso se manifestó contrario a reducir el dinero que el Estado vuelca al negocio hípico: “Ir para atrás con eso es un error en el entendimiento de esta pasión”.
Es cierto que hay algunos miles de puestos de trabajo que actualmente se mueven alrededor de esta actividad, que ha sido y es deficitaria, de acuerdo a los números obtenidos por Brecha. Pero el famoso número mágico de 50 mil puestos laborales directos e indirectos mencionado una y otra vez en público por Hípica Rioplatense y Cha no ha sido objeto de nuevas actualizaciones y es relativizado desde dentro del sector. Incluso una fuente vinculada a la empresa admitió a Brecha que ese es un número muy inflado y difícil de justificar, casi hecho a medida.
LAS PIEDRAS PRECIOSAS. Pero el principal hito de los últimos años en la suma de beneficios que recibe Hípica Rioplatense fue el nuevo acuerdo que el Estado firmó con esa empresa en 2013, por el cual ésta se encarga de la “readecuación”, “mantenimiento” y “actividad turfística” en el hipódromo de Las Piedras, y a cambio recibe beneficios millonarios en recaudación.
Si bien Hípica Rioplatense y Cha habían firmado un acuerdo para que el consorcio internacional se hiciera cargo de manera directa del uso del hipódromo de Las Piedras, en el Mef, Fernando Lorenzo y Pedro Apezteguía lo rechazaron y decidieron que se llamara a una licitación. De todo modos, los pliegos contenían todos los elementos como para que el único oferente que pudiera cumplir con los requerimientos fuera Hípica Rioplatense.
La Intendencia de Canelones destinaba unos 600 mil dólares por año al mantenimiento de este hipódromo –el segundo en importancia en el país–, que tenía escasa competencia.
De acuerdo a los datos recabados por Brecha, en 2015 la recaudación de las cinco salas de slots que Hípica le arrienda al Estado (en Montevideo Shopping, 18 de Julio y Yaguarón, Géant, Pando y Las Piedras) rondó los 115,3 millones de dólares. De ese total el Estado debió resignar unos 45 millones de dólares para destinarlos a la empresa. Además, concedió 11,5 millones de dólares para el denominado “premio hípico” (que se reparte entre los propietarios de caballos), por lo cual la Dgc se quedó con algo menos de 58 millones de dólares. Pero luego de deducir los gastos operativos y por arrendamiento de las salas, Casinos finalmente terminó con apenas 35,5 millones de dólares de los 115,3 millones que inicialmente recaudó.
Mediante el nuevo contrato firmado por Cha en representación del Estado, la Dgc pasó de quedarse con aproximadamente el 60 por ciento de lo recaudado en las cinco salas de slots a recibir sólo 50,8 por ciento (es decir, perdió casi diez puntos porcentuales). Del 40 por ciento que Hípica recibía antes del nuevo acuerdo debía destinar el 5 por ciento del total de la recaudación de los tragamonedas a los premios hípicos. Pero con el último contrato ese costo para financiar los premios lo asumió el Estado, y ahora la empresa recibe 39,2 por ciento de lo recaudado, por lo que pasó a tener 4,2 por ciento más de ganancia por año.
En plata, ese 4,2 por ciento que asumió el Estado por 30 años son unos 5 millones de dólares anuales más para Hípica. Con ello la empresa amortizaría la inversión de 14 millones de dólares que haría en Las Piedras, y bajaría su déficit anual (que tienen todos los hipódromos nacionales) de alrededor de un millón y medio de dólares. Pero con 5 millones de dólares anuales la inversión en Las Piedras se amortizó en los primeros tres años después de su apertura, e incluso se cubrió el déficit (luego de esos tres años, 3,5 millones de dólares quedan libres para Hípica sólo por mantener abierto el establecimiento canario).
Cabe recordar que un informe de la Asesoría Letrada de la Dgc, en ese entonces dirigida por el abogado Fernando Magnífico, cuestionó la “legalidad” y la “constitucionalidad” de este negocio (véase Brecha, 7-VI-13).
El nuevo acuerdo fue celebrado con bombos y platillos en Hípica Rioplatense, que lo consideró un gran triunfo. Para ello jugaron a su favor la premura que tenía Cha y las gestiones que hizo la empresa como concesionaria de Maroñas, al advertir que podía perder hasta el 20 por ciento de la recaudación en las cinco salas de slots por la apertura del Casino Carrasco. En este escenario también había mucha presión de la Intendencia de Canelones, en ese entonces conducida por Marcos Carámbula, por la reapertura del hipódromo. Pero los temores agitados por Hípica no se cumplieron y el daño producido por el nuevo casino (paradójicamente también vinculado a Codere) fue ínfimo.
Así fue que, mediante este contrato, Hípica logró que el subsidio al turf fuera por un porcentaje aun más abultado que el original previsto durante la presidencia de Batlle, y así también se incrementó el dinero que el Estado deriva al privado fruto de las apuestas en tragamonedas.
Otro dato no menor del acuerdo es que implica la extensión a 30 años del contrato inicial de 2002 de la empresa con el Estado por el Hipódromo de Maroñas, ya que el acuerdo por Las Piedras es de 2013, y también por 30 años (queda asimismo atado el funcionamiento del hipódromo canario con el montevideano y las cinco salas de slots). Además, el contrato de 2013 no prevé ningún control o auditoría respecto al destino de los millones de dólares que el Estado vierte al “premio hípico”.
EL PECADO ORIGINAL. En momentos en que los legisladores buscan de dónde obtener recursos para destinarlos a áreas como la educación, algunos diputados pusieron más atención y repararon en el detalle de que el Estado destina el 10 por ciento de las ganancias de las cinco salas de slots a los premios de las carreras de turf. Hubo intención de rever el tema por parte de algunos diputados, entre ellos Daniel Placeres (Mpp), Darío Pérez (Liga Federal) y José Querejeta (711), con la intención de que esos premios volvieran a ser pagados por la empresa, pero hasta ahora eso no se concretó en ninguna iniciativa.
Lo que sí ocurrió, tras las objeciones de varios diputados del FA y de los partidos de la oposición, es que se quitaron del texto de la rendición de cuentas tres artículos referidos a la Dirección General de Casinos, que le otorgaban más discrecionalidad a su director, al discontinuar controles a cargo de otros organismos estatales (como la Opp y la Oficina Nacional de Servicio Civil) y abrir la puerta para que se destinaran más recursos para el turf. La eliminación de los artículos se sumó al planteo de varios legisladores de que se analice poner mayores gravámenes a los juegos de azar (véase recuadro).
Cha no reprimió sus críticas a los diputados frenteamplistas que plantearon recortes a los beneficios de Hípica Rioplatense, que él pretende blindar. “Lamento que compañeros legisladores de mi propia fuerza política no se informen como corresponde ni consulten a los responsables de su propio gobierno antes de difundir iniciativas de muy cuestionable viabilidad. Esas actitudes no contribuyen con la calidad de la propuesta y no aportan a la unidad frenteamplista”, sostuvo. Darío Pérez le contestó tajante en El Observador: “En la vida cada cual elige a quién defender. Cha eligió defender a los dueños de caballos, que son ricos, y yo elijo defender a los pobres”.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri (NE), también marcó distancia, al argumentar que la idea de los diputados frenteamplistas “no es viable porque hay contratos firmados” (y también porque “la industria hípica es generadora de mano de obra y es importante”). Brecha intentó, sin éxito, comunicarse con Ferreri para profundizar en su argumentación a favor de los subsidios al turf. Para Michelini, en tanto, “salir a manotear dinero de cualquier lado es el peor escenario para la izquierda, porque así no damos tranquilidad”.
MATRIMONIO CONVENIENTE. Diferentes actores de la hípica coincidieron en que Cha –si bien por tonos y actitudes genera resistencias– cuenta con la aprobación de la mayor parte del sector hípico, ya que durante su gestión éste se vio beneficiado con más subsidios públicos. “Es un matrimonio por convivencia”, resumió un propietario de caballos.
Eso sí, la mayoría esperaba que con el gobierno de Tabaré Vázquez llegara un nuevo director para la dependencia estatal, puesto que Cha carga con varias denuncias penales en su contra. Pero el jerarca, después de no lograr su deseo –le había confesado a personas cercanas su intención de acceder a una banca parlamentaria–, se aferró al cargo, con el beneplácito del ministro de Economía, Danilo Astori.
Un ministro del gabinete que prefirió mantener el anonimato confesó a Brecha que a diversas autoridades del Poder Ejecutivo les sorprende que Astori mantenga a Cha al frente de Casinos, y temen que desde ese lugar surja un caso que perjudique la imagen del tercer gobierno frenteamplista.
Como si no faltaran cuestiones delicadas, Cha reconoció en una entrevista con El País TV que posee una cuotaparte de la propiedad de una potranca que compite en Maroñas, pero, con un tono algo altivo, sostuvo que eso no implica una incompatibilidad o dilema ético, si bien es la autoridad del organismo que regula o controla el sector.
En 2012 Emiliano Cotelo (en El Espectador) le preguntó a Cha si el Estado le otorgaba subsidios similares a otros sectores de la actividad. El director contestó que no porque esos otros rubros “tienen segmentos rentables en los que se puede competir y tener rentabilidad, hacer dinero. Acá básicamente no hay muchos agentes que tengan la posibilidad de obtener una gran renta, esto está sostenido básicamente por una gran pasión por el caballo de carrera, que es lo que distingue a Uruguay del resto de los países”.
Cha fue uno de los dirigentes que en diciembre de 2013 organizaron una marcha de apoyo y “desagravio” a Fernando Lorenzo, luego de que el ex ministro fuera procesado sin prisión junto a Fernando Calloia por su intervención en la liquidación de Pluna. Quizás uno de los datos más sugestivos de aquella incursión, desestimado por el propio ministro, es que el director de Casinos parecía poder disponer de las instalaciones de Hípica a su antojo, porque llegó a plantear que el acto se hiciera en las instalaciones de esa empresa. Pero hasta este momento las palancas de los slots y el negocio de la hípica siguen bajo el ritmo de Cha y el respaldo político de Economía.
[notice]Una pasión financiada
El turf, en Uruguay como en todo el mundo, es un negocio deficitario. A nivel nacional los dos hipódromos más importantes se sostienen mediante los derechos concedidos por el Estado a un privado –actualmente Hípica Rioplatense (Hru)– para explotar salas de slots que le dan ganancias y permiten descontar los gastos de la actividad. Según fuentes vinculadas a Hru, el déficit anual del Hipódromo de Maroñas es de unos 5 millones de dólares, mientras que el de Las Piedras deja un saldo negativo de 1,5 millones de dólares.
Aun así el año pasado el Estado gastó 11 millones y medio de dólares en financiar premios que van para los criadores de caballos. Pero esa es sólo una de las pérdidas absorbidas para mantener esa “industria”. En el negocio eternamente deficitario, los propietarios de animales no se van con las manos vacías: los dueños de los primeros cuatro caballos en llegar al disco se reparten el 90 por ciento del pozo, pero a los demás también les llega un “premio consuelo”, que no compensa lo invertido pero que simbólicamente deja algo en el bolsillo.
Tanto el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, como el senador Rafael Michelini (ambos del Nuevo Espacio), explican este apoyo al turf en los puestos de trabajo que genera esta actividad, “que fundamentalmente son ocupados por personas que tienen su primera experiencia laboral y sobre todo por gente humilde”.1 Esta explicación se da de bruces con la lógica del equipo económico, en cuanto a que se deben apoyar proyectos sustentables. En este caso se ha optado por derivar recursos a una actividad deficitaria en todas partes del mundo y cuyos mayores dividendos van directamente a una porción de la sociedad que no es precisamente el eslabón más pobre de la cadena. Según un documento firmado en 2013 por la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, si bien los premios son de su propiedad, se comprometen a quedarse con no más del 71 por ciento del dinero recibido, por lo que el 29 por ciento restante se reparte entre veterinarios, cuidadores, jockeys, peones y otros integrantes del equipo.
La generación de valor en la crianza de equinos (“que queda en el país”), el “derrame” que genera la actividad al formalizar a los trabajadores, y la pasión identitaria, son los argumentos manejados por Michelini para no restringir los apoyos a la hípica.
Sin embargo, la generación de valor, los puestos laborales directos e indirectos, o la formalización del trabajo son características incluso más contundentes de otros sectores que no han recibido apoyos similares o que los han recibido pero de menor cuantía. La industria textil, por ejemplo, tiene reglamentada desde 2012 la ley de vestimenta que apoya la actividad a través de un subsidio de 27,5 millones de dólares, pero distribuidos en siete años (promedialmente, unos 3 millones de dólares al año). La cifra contrasta con los 11 millones anuales para premios hípicos. La industria textil emplearía aun hoy, a pesar de la inundación de productos chinos, directamente a 16 mil personas (el turf, según el Cinve, unos 5 mil empleos directos, a pesar de que al sumarle “indirectos” y familias asociadas, redondean una cifra de 50 mil).
La secretaria general del Sindicato Único de la Aguja, Flor de Liz Feijoo, explicó que el subsidio ha sido un avance, pero que sólo llega a la mitad de las trabajadoras (es una industria altamente feminizada), las que se encuentran en la actividad formal en las industrias subsidiadas. Feijoo volvió a detenerse en un detalle peculiar: el Estado compra uniformes en Asia, en lugar de apelar a la producción nacional, que recibe un apoyo casi cuatro veces más reducido que el que tiene el turf. La pesca es otro sector que atraviesa una situación de aguda crisis, a pesar de ser Uruguay un país rodeado de costas. A las dificultades de los trabajadores embarcados se les sumó el cierre de Fripur (apoyado con préstamos en su fase privada, pero no así en la etapa en que se procuraba un proyecto autogestionario). Y para terminar, el presupuesto para la Dirección de Cultura en 2014 había sido de 9,7 millones de dólares.
- En un informe del suplemento Qué Pasa (El País, 11-VII-15) se da cuenta de que la mayoría de los peones (el oficio peor pago de la cadena) abandonan los estudios, pero que además un ciclo básico creado en 2013 enfocado en la hípica, dentro de un plan de estudios de tres años, en 2015 no tenía más de cien alumnos activos.
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A todo o nada
En la noche del martes el oficialismo acordó votar el artículo 6 del proyecto de ley de rendición de cuentas, que posterga inversiones en la educación (véase página 8). Como condición para el acuerdo, un paquete de medidas para obtener ingresos, propuesto por varios sectores de la coalición de gobierno, deberá ser evaluado con celeridad. Una de las propuestas, surgida desde el Mpp y respaldada por el diputado José Quejereta (lista 711) y por el diputado Darío Pérez, de Liga Federal, fue aplicar gravámenes a los juegos de azar que aún no tributen impuestos.
El director de Loterías y Quinielas, Luis Gama, explicó a Brecha que actualmente tanto el Cinco de Oro como la quiniela, las raspaditas y el Supermatch están gravados con Iva, y se suma en el caso del Cinco de Oro una retención de 5 por ciento sobre los aciertos en los pozos de oro, plata y revancha, que se destina al financiamiento del Fondo Nacional de Recursos. En función de ello, Gama no cree que sea una solución seguir en esa línea.
No obstante, el diputado Héctor Tajam (Mpp) comentó a este semanario que la iniciativa no desconoce la normativa actual, puesto que implica gravar con el Iva a las loterías y a los casinos, que según datos de la Dgi implicaron en conjunto una renuncia fiscal de 57 millones de dólares sólo durante 2014. Además Tajam destacó la posibilidad de gravar con el Irpf a todos los juegos, ya que por una cuestión de justicia tributaria si están gravados los premios al trabajo –como son las partidas por presentismo–, deberían estar gravados los premios por el azar. “No se va a quitar dinero a quien saque 200 pesos en la quiniela, pero hay que ver la implementación para que aquellos que tienen un gran enriquecimiento a partir de un premio, sí contribuyan”, alegó.
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Como quien no quiere la cosa
De a poquito y sin hacer mucho ruido, la regulación en torno al turf fue mutando hasta rodear al sector con apoyos difíciles de encontrar en la cultura, por ejemplo, en el entendido de que es una cadena de valor que debe ser promovida y por eso implica renuncias recaudatorias.
La ley 17.006 (1998), que autorizaba la expropiación del Hipódromo de Maroñas y la posterior concesión a un privado, adjudicaba a la Dirección General de Casinos (Dgc), del Ministerio de Economía, el contralor de los hipódromos y prohibía explícitamente que el Estado se vinculara o asumiera la “realización, financiación o sostenimiento en forma alguna del juego de apuestas sobre resultados de carreras de caballos”.
En ese marco, durante la presidencia de Jorge Batlle, se le adjudicó a Hípica Rioplatense la explotación del hipódromo montevideano mediante un contrato por el que era el privado quien se hacía cargo de financiar el “premio hípico” (que se otorga a dueños de caballos ganadores) con un porcentaje de su recaudación, que equivalía al 5 por ciento del total de lo recaudado en los casinos y salas de slots adjudicadas por el Estado a la empresa. En 2006, en medio de la negociación por la explotación del hipódromo de Las Piedras, la ley 18.067 ratificaba en su artículo 5 lo establecido anteriormente.
Pero en 2013, cuando efectivamente se firmó el contrato por la pista canaria, el Estado se comprometió a renunciar a parte de su recaudación para hacerse cargo de los premios hípicos, y además duplicar el porcentaje de recaudación destinado al premio, que antes era del 5 por ciento y actualmente es de diez puntos porcentuales. El motivo del cambio fue la negociación por los supuestos gastos en que incurriría la empresa para restaurar el recinto canario.
Para evitar suspicacias sobre las posibles ilegalidades que este cambio podía conllevar, en la ley de presupuesto nacional (2010-2014) un artículo que pasó casi desapercibido daba la potestad a la Dgc de “promover la actividad hípica a nivel nacional”. Si bien esto no implicaba un apoyo económico directo, marcaba la cancha para legislar hacia una presencia creciente del Estado en la financiación de la actividad. Una tendencia que tuvo su máxima expresión en tres artículos del último proyecto de rendición de cuentas, que fueron finalmente eliminados con el compromiso de revisarlos de forma independiente por la complejidad que revestían y por las discrepancias que suscitaban dentro del Frente Amplio. Los artículos que se discutirán, conjuntamente con el proyecto de ley de juego que está a estudio en el Parlamento, facultarían al Poder Ejecutivo a autorizar cambios organizativos en la Dgc, aumentarían la movilidad de los empleados, pero sobre todo permitirían que la dependencia estatal financie más actividades de promoción del turf, incluso con dineros no sólo provenientes de las cinco salas hasta ahora comprendidas.
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Con el caballo del comisario
En mayo de este año el director general de Casinos, Javier Cha, reconoció durante una entrevista en El País TV que tenía un caballo en sociedad con seis amigos, pero que no consideraba que eso representara problemas éticos. “No hay ninguna incompatibilidad –dijo respecto de su función–, no creo que por ser director de Casinos vaya a ganar mi caballito.” De todas formas, la cosa es más compleja. Funcionarios del sector resaltan que el director es quien, por ejemplo, firma multas relacionadas con dopajes u otras irregularidades con equinos, cuando él mismo posee algún interés (o cuotaparte) en el asunto. El senador Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, tampoco ve ningún problema: “Supongo que el director de Tránsito de la Intendencia tiene auto”.
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