La prepotencia de la propiedad

Lucia Silveira Almeda
24 noviembre, 2023

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Nuevamente familias que no han tenido más opción que ocupar tierras baldías a orillas del Pando son objeto de amenazas de desalojo. El último embate comenzó hace un mes. Ayer la Policía se acercó nuevamente al barrio, pero, esta vez, con una denuncia penal por usurpación. La legislación respecto de ocupaciones y desalojos se contradice a sí misma en algunos aspectos. Los vecinos piden amparo estatal y no ser dejados a su suerte. Las autoridades locales dicen que es un conflicto entre privados; las departamentales, que están en otra cosa; las nacionales, que no conocen el caso.

Es tan fácil como ponerse en los zapatos ajenos: estar en el barrio de uno y que de la nada aparezcan un alguacil, un abogado y un par de policías con un papel en la mano. El papel es un exhorto para una inspección ocular. La inspección es por un desalojo. Pero el alguacil, el abogado y la Policía les dicen esto último a pocos vecinos, no a todos. Perdón, dicen que es una diligencia preparatoria para un juicio de acción reivindicatoria. Eso lo saben recién cuando consiguen asistencia de abogados. Luego de la acción reivindicatoria, probablemente serían desalojados. Sin embargo, no es nada que no se esperase. El barrio es un asentamiento y está ubicado en los terrenos que pertenecieron a la compañía Neptunia SA. Y le pertenecen aunque estén abandonados hace más de 30 años por los problemas...