La reforma pendiente – Brecha digital

La reforma pendiente

Luis Lacalle Pou y Tabaré Vázquez presentaron el lunes 15 sus propuestas en educación. Ambos afirmaron que los cambios deben ser profundos para modificar el modelo pedagógico en la enseñanza media, la organización administrativa, la centralidad de los establecimientos educativos y un régimen de incentivos en la carrera docente.

Educación. Foto: Archivo ACAR.

Si bien pueden identificarse muchas medidas que se repiten en sus plataformas (extensión del tiempo pedagógico, ampliación de la cobertura educativa y de cuidados en la primera infancia, universalización del inglés en las escuelas), los énfasis son distintos.

El candidato frenteamplista fundamentó su propuesta en la necesidad de crear un “nuevo sistema educativo para el siglo XXI”, ya que el vigente –según dijo– fue ideado en el siglo XIX, se mantuvo durante todo el siglo XX y hoy está agotado: “Debemos cambiar el Adn de la educación, especialmente el de la educación media, para lograr un sistema inclusivo y de excelencia”.

Para esto se comprometió a realizar algunas transformaciones y cumplir ciertas metas que apuntan sobre todo a cambiar el modelo pedagógico, el curricular, y las características de los establecimientos educativos y del perfil docente en educación media.
Se detuvo en su propuesta de crear “un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años”. Dicho cambio pasa por universalizar realmente la oferta en educación media, como se logró en primaria. Ilustró que mientras el país tiene más de 2 mil escuelas públicas (950 urbanas), sólo tiene 287 liceos públicos que ofrecen ciclo básico y 112 escuelas técnicas de Utu.
La creación de nuevos centros para ofrecer secundaria tendría algunas características: serán más pequeños que los actuales, y además –y aquí está el punto más novedoso– “se podrán realizar como anexos a las escuelas”, integrando a ambas poblaciones. La medida es compartida por el Partido Nacional, que tiene una propuesta similar en su plataforma.

Esta iniciativa parte de dos determinantes: la poca disponibilidad de espacio para construir nuevos centros y la necesidad de aprovechar la infraestructura existente en primaria; y una segunda más conceptual: se parte de la base de que la continuidad educativa se facilita si el niño permanece en la misma institución. Lo explicó así: “Las familias saben que el paso de primaria a secundaria o Utu es siempre complejo. Dejará de serlo porque los padres y madres sabrán que sus hijos seguirán asistiendo al mismo centro, donde crearemos cupos para primero, segundo y tercero de liceo o Utu”.

Si bien la medida fue aplaudida en el auditorio de Antel, donde el candidato presentó su propuesta de políticas sociales en un evento en el que se encontraban varios asesores técnicos, entre ellos Fernando Filgueira, son varios los especialistas en educación y técnicos de la propia izquierda que la consideran inconveniente, ya que la fusión institucional y locativa (niños y adolescentes bajo una misma dirección escolar, compartiendo un mismo espacio) enfrenta problemas de culturas institucionales y de identidades docentes arraigadas (véase Brecha 12-IX-14).

Esa propuesta incluye también una ampliación del tiempo de permanencia en el centro educativo (se extendería a secundaria la modalidad de tiempo completo y tiempo extendido de primaria), con actividades que contemplen el almuerzo, apoyo pedagógico y deportes.

Además se creará un nuevo marco curricular a partir de la definición de seis competencias básicas que tratará de desarrollar el sistema desde el nivel preescolar hasta la culminación del ciclo básico. “El nuevo marco curricular apostará al conocimiento en movimiento, no a que el estudiante adquiera, como si su cerebro fuera una caja, conocimientos y los repita. Los estudiantes en este mundo del siglo XXI tienen que aprender a aprender, y a constituirse en sujetos críticos”, dijo Vázquez.

Otro aspecto que caracterizará a este nuevo modelo será la existencia de “verdaderas comunidades educativas”, con docentes radicados en los centros al menos por tres años (lo que conlleva a un cambio del actual sistema de elección de horas), y una política de incentivos salariales para que en el momento de elegir los profesores opten por trabajar en los centros con más problemas socioeducativos. (“La asignación de horas y de centros tendrá incentivos especiales para que los docentes permanezcan en los centros por lo menos por tres años. También habrá incentivos para la elección de centros en zonas menos privilegiadas”.)

Los estímulos económicos serán parte también de una nueva carrera docente en la que el incremento salarial estará menos vinculado a la antigüedad y más asociado a la formación en servicio, la asiduidad en la asistencia y la capacitación permanente. Para que esto sea posible prometió facilitar y crear opciones de perfeccionamiento de la función y formación docente (“asignaremos recursos para procesos de reconversión y perfeccionamiento docente y crearemos un sistema universitario para la formación docente”).

El candidato frenteamplista también anunció una nueva educación para jóvenes (transformaciones en lo que hoy se llama “educación media superior”) y afirmó que “al bachillerato tradicional y al tecnológico se les sumarán experiencias como el programa Yo Estudio y Trabajo, y modalidades que combinen trabajo y formación”.

Como metas en materia de cobertura y egreso, Vázquez se comprometió a que antes de 2020 el 75 por ciento de los jóvenes termine la enseñanza media, y que el 100 por ciento de los que tienen hasta 17 años esté en el sistema educativo. De este modo el candidato bajó la meta a una más realista respecto de lo que había prometido el 1 de junio, tras ganar las internas, cuando dijo que lograría que el cien por ciento de los adolescentes culminara el ciclo básico (completado hoy por el 65 por ciento).

MÁS PODER AL MEC Y A LOS CENTROS. La propuesta educativa de Luis Lacalle Pou, disponible también en Internet, plantea un mayor control ciudadano sobre el sistema educativo, fortalecer los centros educativos y cederles potestades, y transformar la formación y la carrera docente.

La primera propuesta plantea derogar parcialmente la ley general de educación para “redefinir” el rol de los consejeros docentes en el Codicen y los consejos desconcentrados.

Se trata de un punto en el que la postura del candidato nacionalista cambió. En el primer documento sobre educación elaborado en febrero por los técnicos de Lacalle Pou (Pablo da Silveira, Juan Gabito y Graciela Bianchi) se disponía la eliminación de los consejeros docentes en los órganos de conducción de la Anep.1

El nuevo texto, que está firmado también por los técnicos vinculados a Larrañaga (como el actual consejero de la oposición en el Codicen, Daniel Corbo), sustituye la palabra “eliminación” por “redefinición”. Precisamente, Corbo había relativizado las críticas de la oposición a la presencia de los consejeros docentes en el Codicen, al afirmar que no es cierto que estos delegados hayan dificultado la gestión del ente o hayan trancado cambios necesarios, aunque sí consideró que la susceptibilidad de los jerarcas de la Anep respecto de la opinión de los sindicatos llevó a que varias transformaciones necesarias no se llevaran a cabo (véase Brecha, 17-I-14).

Los blancos también proponen eliminar el requisito de diez años de experiencia docente para integrar los consejos de la Anep, y quitar la obligación de convocar al Congreso Nacional de Educación. Promueven trasladar al Mec la potestad de revalidar títulos de formación docente (esta competencia la tiene hoy la Anep), y sostienen que el espíritu de estas modificaciones legales es “reducir el peso de los intereses corporativos en el gobierno de la educación”.

En un sentido similar quieren que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que actualmente es una persona pública no estatal, pase a estar bajo la órbita del Mec y que se reduzcan los delegados de la Anep en su directorio. Se explica que “el que presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa” y que “las decisiones con significado político (qué y cómo se evalúa) deben ser adoptadas por una autoridad sometida al control parlamentario” (el Mec).

En ese sentido, Da Silveira había dicho a este semanario que la idea es “separar la función rectora de la educación (definición de metas nacionales, asignación de recursos, evaluación de resultados), que debe realizarse bajo control parlamentario, de la organización y provisión de los servicios educativos, que es tarea de la Anep. Esto es compatible con el artículo 202 de la Constitución (autonomía)”.

En ese marco también se sugiere crear el “compromiso con la política educativa nacional”, un requisito que se les exigiría a los tres miembros políticos del Codicen antes de asumir. Estos jerarcas deberán comprometerse a gestionar y tomar decisiones en la línea de los grandes objetivos en política educativa definidos previamente por el Poder Ejecutivo para el quinquenio.

La propuesta de Lacalle Pou incluye varias medidas para el fortalecimiento de los centros educativos y la cesión de autonomía y poder de gestión a éstos. Impulsa la creación de fondos concursables, administrados por el Mec, a los que se podrán presentar las escuelas y liceos para financiar distintos proyectos. También apunta al fortalecimiento de las direcciones liceales, cambiando la formación de estos jerarcas (profundizando la formación en gestión y liderazgo) y los criterios para su elección (la experiencia docente será un requisito menor). También se exigirá a cada director un plan de centro como condición para ser confirmado en el cargo. Al aprobar el plan las autoridades podrán otorgarle al director fondos para su ejecución, y se evaluarán los resultados como condición para confirmarlo en el cargo. También se prevé otorgarles poder a los directores para seleccionar a su cuerpo docente “mediante procedimientos fundados. Se tomarán las previsiones necesarias para aplicar esta medida en forma gradual y respetuosa de los derechos adquiridos”.

Se propone asimismo un cambio en el sistema de inspecciones, “transformando las actuales inspecciones de asignatura y de centro en un sistema de auditoría pedagógico-organizacional, a cargo de un equipo multidisciplinario que se instale varios días en un centro y evalúe todos los aspectos de su funcionamiento (incluyendo entrevistas con alumnos, padres y egresados). Al cabo de ese lapso, el equipo de auditoría hace una devolución al conjunto de la comunidad educativa (…). De allí sale un plan de mejora que será el punto de referencia para una auditoría futura”.

A nivel curricular el PN propone una estructura de tres anillos, donde las asignaturas estarían ordenadas según su prioridad pedagógica. En el primer anillo se ubicarían las áreas de máxima prioridad: lenguas (incluyendo idioma español y una segunda lengua), matemáticas y ciencias. En cada una habría cursos obligatorios y cursos “remediales” para quienes no alcancen niveles satisfactorios. El segundo se constituiría por áreas curriculares de alta prioridad y tránsito obligatorio: informática, “competencias emprendedoras”, expresión, valores y formación ciudadana. Y en el tercero, materias complementarias, de acceso condicionado, que funcionarán como optativas (literatura, filosofía, historia del arte, tecnología, cursos avanzados de ciencia, entre otras). El documento establece que “se podrá optar por estos cursos en la medida en que no sea necesario tomar cursos remediales. La oferta en este tercer anillo podrá variar de un establecimiento a otro”.

Al igual que la del candidato frenteamplista, la propuesta nacionalista hace foco en la carrera y la formación docente y propone una política de mejoramiento de los salarios que ate los incrementos a la formación y el desempeño. Incluye medidas para apuntalar el perfeccionamiento docente, como la selección de 200 maestros y profesores por año para realizar cursos de posgrado (se establece como meta para el quinquenio llegar a 700 educadores con título de maestría y 300 de especialización), y la creación de un sistema de “becas de excelencia” para docentes: se les otorgaría un sobresueldo a los mejores docentes y como contrapartida deberán realizar tareas de apoyo a centros y docentes. También se prevé una “política de reclutamiento de nuevos perfiles para la docencia de nivel medio”, para subsanar la carencia de profesores titulados, apelando a personas con formación universitaria que recibirán formación pedagógica.

1.     En una entrevista, en febrero, Da Silveira dijo a Brecha que “hay que modificar la ley de educación, eliminando los consejeros votados directamente por los docentes en los órganos de conducción, tanto en el Codicen como en los desconcentrados. Esto no quiere decir que no tengan que participar –vamos a fortalecer las asambleas técnico-docentes– pero su rol es técnico, no político”.

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Gane quien gane

En su discurso durante la noche del lunes en Kibón, Lacalle Pou hizo énfasis en que si gana eliminará el llamado “pase social”. Se trata de una expresión comúnmente utilizada por políticos, dirigentes sindicales y periodistas para referirse a la permisividad del sistema educativo a la hora de resolver el pasaje de grado de un alumno, más allá de que no haya alcanzado los aprendizajes mínimos necesarios. El director general de Primaria, Héctor Florit, ha sostenido que el pase social, como medida administrativa, no existe. Y que lo que sí existe es, por un lado, un cuestionamiento al instrumento de la repetición, que se considera inocuo y perjudicial para la continuidad educativa (el alumno no aprende más por cursar dos veces exactamente el mismo curso, y la extra edad afecta la permanencia de los estudiantes en el sistema por la pérdida del grupo de pares y los perjuicios en su autoestima). Por otro, Florit suele repetir que la Anep ha atacado los altos índices de repetición con programas que buscan mejorar los aprendizajes (Maestro más Maestro, Verano Educativo, Tránsito Educativo, Maestro Comunitario, entre otros). Aclara que se han descartado medidas administrativas que dispongan el pasaje automático de grado, como ocurre en otros países (sólo en 1999, en el marco de la reforma de Germán Rama, se aprobó una resolución de promoción automática de primero a segundo grado de primaria, medida que fue desobedecida por el cuerpo inspectivo y docente).

Lo que sí existe a nivel de propuestas y de experiencias piloto, desde 2013, es la reorganización del sistema de promoción mediante la concepción de tres ciclos educativos (primero-segundo, tercero-cuarto y quinto-sexto), donde el niño cursa primero y segundo con el mismo grupo de pares y el mismo maestro y es evaluado con sentido de promoción o no al final del ciclo (y no al final de cada año lectivo). Así se busca reconocer los diferentes ritmos de aprendizaje.

La estrategia de Lacalle Pou de atacar al gobierno señalando el pase social y autoproclamándose como defensor de la calidad (acusando a las autoridades actuales de estar más preocupadas por las tasas de promoción que por los aprendizajes) es sin duda una movida electoral. Si se analiza la propuesta educativa del Partido Nacional, ésta incluye la revisión del sistema de promoción y la creación de un sistema de ciclos como el mencionado (“los seis años se organizarán en tres ciclos de dos años cada uno. Dentro de cada ciclo operará un régimen de promoción condicional no acumulable y un sistema de tutorías para quienes sean promovidos en esas condiciones. El régimen de promoción condicional implica que el alumno podrá cursar el año siguiente pese a no haber alcanzado la suficiencia en el año actual. Si promueve el nuevo año, también se le dará por promovido el anterior”).

De este modo, gane quien gane, es de esperar que se revise el uso del instrumento de la repetición y el régimen de promoción. También gane quien gane se apostará a extender el tiempo pedagógico anual y diario, tanto en primaria como en secundaria, se buscará estabilizar a los planteles docentes en los centros, y apuntalar la formación docente y la modalidad de trabajo vinculando estos aspectos al salario (régimen de incentivos). Ambos candidatos también prometen universalizar la enseñanza de inglés en las escuelas (y para esto prevén distintas alternativas que sorteen el principal obstáculo: la insuficiencia de docentes), crear nuevos centros para atender la primera infancia, y apuntalar a la universalización de la escolarización a partir de los 3 años, entre otras medidas comunes.

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