En el amplio conjunto de los temas nacionales y en el extenso abanico de los problemas públicos de la sociedad uruguaya, la seguridad interna ocupa un lugar crucial. No hace falta ingresar en el terreno de las estadísticas para demostrarlo. Hace tiempo que nadie pone en duda que el delito común y el crimen organizado (en particular el tráfico de drogas) han aumentado significativamente en los últimos años, aunque no se puede perder de vista que el crecimiento del conjunto del delito común se rastrea desde finales de la década del 80.
En los últimos tres lustros de gobiernos frenteamplistas, a pesar de la batería de políticas sociales, las reformas en materia de vigilancia, control y reinserción (en la Policía Nacional, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, con el nuevo Código de Proceso Penal, con la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, etcétera), y el endurecimiento de la política criminal y de castigo (para muestra, dos botones: las decenas de operativos Mirador y el crecimiento constante de la población adulta privada de libertad, que rasguña las 12 mil personas), no se ha contenido el crecimiento de la criminalidad.
En este contexto, sintetizado brevemente y de forma lineal, la coalición de partidos políticos que gobernará el país presentó el anteproyecto de la ley de urgente consideración (Aluc), que pretende, al decir del próximo ministro del Interior, “poner rápidamente quinta, porque no hay tiempo para perder en el tema seguridad”.1 La metáfora automovilística de Jorge Larrañaga se refleja con claridad en el Aluc. En un total de diez secciones, la primera refiere a la seguridad pública. El 20,5 por ciento de los artículos (94 en 457 artículos) y el 18,5 por ciento de las páginas (48 en 259 páginas de contenido) están reservados a la seguridad pública. La quinta parte del documento propone, siguiendo con las certezas de la máxima autoridad ministerial, “que la batalla entre la Policía y los delincuentes la gane la Policía, porque, si no, pierde la gente y pierde la sociedad”.2 El anteproyecto no se presentó en un momento cualquiera, sino, metódicamente, cuando el Frente Amplio andaba (anda) en modo avestruz, metido en sus conflictos internos y ensimismado con la candidatura para la intendencia montevideana.
La lectura integral de los 94 artículos de la sección de seguridad pública deja en claro que en la etiología del delito del próximo gobierno no hay condicionamientos estructurales ni factores de riesgo sociales, económicos, culturales y de salud asociados a la criminalidad. La apuesta es a la “hiperintimidación” de la ciudadanía a través de una inflación de la amenaza punitiva. Este es un enfoque que sobredimensiona la capacidad disuasiva de la pena, el arresto y el poder de fuego, y, como correlato, desprotege las fuerzas de seguridad.
La potencia punitiva del Aluc, posiblemente anticonstitucional, según los entendidos, radica en la configuración combinatoria del articulado. El combo podría iniciarse con la propuesta de que el próximo gobierno “triunfará” con el endurecimiento de las penas a través del aumento de la duración de la privación de la libertad, para diversos delitos, en adultos y adolescentes –a pesar de los resultados de los últimos años en adolescentes–.3 Si el aumento del castigo no resulta efectivo, se apartará a la “no gente”, por más tiempo, en las instituciones penitenciarias que ya sabemos que no están cumpliendo su promesa higienista cimentada en la “rehabilitación”. La disuasión delictiva a través del endurecimiento de las penas se complementa con la extensión del dominio de uso de las armas de fuego para la ciudadanía, el personal policial en retiro (con las mismas facultades legales que el personal policial en actividad) y las fuerzas de seguridad. Para ello, se “protegerá” a los tenedores de armas de fuego con la presunción de inocencia policial y la ampliación de la legítima defensa objetiva y, sorpresivamente, subjetiva.4 Ello se combina con la ampliación de las posibilidades policíacas destinadas al control de la identidad, el registro, la detención y la investigación de hechos de “apariencia delictiva” sin la obligación de informar a la Fiscalía durante las primeras cuatro horas. Esto es, sencillamente, una bomba discrecional que desprotege al detenido, pero también expone al funcionario policial a la escalada de la resistencia y a perder el control de la situación. Además, la transparencia es una garantía para todos, no solamente para la persona arrestada.
Sabemos que al futuro ministro del Interior no le gusta que le vayan con “la sanata y con el verso del gatillo fácil, del gatillo duro”,5 pero parece sensato pensar que el combo de propuestas puede derivar en discrecionalidades gravísimas, con consecuencias inversas a la protección de toda la sociedad. En un país con un arma de fuego cada tres personas, donde alrededor del 60 o el 70 por ciento de los homicidios son cometidos por este medio, no parece razonable incrementar las armas de fuego y su dominio en el espacio público. El robustecimiento del poder de fuego está potencialmente más cerca de incrementar la tasa de homicidios –incluidos los de policías– que de neutralizar a los “delincuentes” con la intimidación. En las relaciones sociales que se erigen ancladas en la masculinidad hegemónica (caracterizadas por la figura del macho, el valiente, etcétera), como sucede con quienes cometen delitos y quienes intentan detenerlos, no siempre es factible dejarse intimidar y evitar el peligro. Por esta y otras razones, atender el delito implica, necesariamente, un abordaje de género, que se ausenta en el anteproyecto.
El Aluc se nos presenta neutral, pero no hay un solo artículo que anuncie que se les “terminará el recreo” al lavado de dinero, a la defraudación tributaria, a la estafa, a las maniobras de aspecto ilegal de las actividades profesionales no financieras designadas y a otros delitos que no son característicos de la clase trabajadora. Es más, todo apunta a que el futuro gobierno desmontará los candados que el Frente Amplio le fue poniendo a la plaza financiera nacional, enceguecida por los activos extranjeros y sin miramiento alguno por la fuente generadora del capital.
No hay que ser ningún ilustrado para comprender quiénes conocerán de cerca la “sanata del gatillo fácil” que a Larrañaga le fastidia escuchar. Probablemente, buena parte de ellos padecerá la detracción de los bienes y servicios del Estado, y el cambio en la orientación de las políticas laborales y sociales. No es de extrañar, por lo tanto, que la intensificación de la capacidad punitiva del Estado recaiga, especialmente, en aquellos sectores que tendrán motivos para movilizarse y manifestar su descontento.
1. https://www.busqueda.com.uy/nota/tras-15-anos-de-fracasos-el-gobierno-va-reprimir-y-al-que-no-le-guste-la-palabra-se-la-va-tener
2. Ibíd.
3. Gabriel Tenenbaum, “¿Dónde está la causa de todos los problemas de la criminalidad nacional?”, Brecha, 6-IX-19.
4. Informe del doctor Óscar López Goldaracena. En: https://elecodigital.com.uy/judiciales/ley-de-urgente-consideracion-a-policia-tendra-licencia-para-reprimir-impunemente/
5. https://www.busqueda.com.uy/nota/tras-15-anos-de-fracasos-el-gobierno-va-reprimir-y-al-que-no-le-guste-la-palabra-se-la-va-tener
