Con Mônica Francisco, diputada estatal de Rio de Janeiro - Brecha digital
Con Mônica Francisco, militante de derechos humanos y diputada estatal de Rio de Janeiro

La seguridad pública y los enemigos del Estado

Proveniente de la favela Morro do Borel, Francisco es una de las voces de la resistencia a los gobiernos de Bolsonaro y de Wilson Witzel, gobernador del estado de Rio.

Foto: Afp, Mauro Pimentel

Feminista, pastora metodista, licenciada en ciencias sociales y diputada estatal por el Partido Socialismo y Libertad (Psol), Francisco llegó a la política institucional a través de Marielle Franco, concejala asesinada en marzo de 2018, de quien fue asesora por más de 11 años. De visita en Montevideo, invitada por Fesur para cumplir una agenda de diálogos sobre seguridad, violencia y derechos humanos, la diputada habló con Brecha de estos temas y de la situación política en Brasil.

¿Cuál es la realidad de Rio hoy en relación con la militarización de la seguridad pública y de la violencia en las comunidades?

—Rio hoy es un estado narco miliciano, completamente ocupado por la milicia (grupos parapoliciales). En las palabras de la antropóloga Alba Zaluar, la milicia hoy en Rio es “similar a la mafia italiana en su momento de auge de actuación en aquel país”. Está dentro de todas las instituciones, gana territorios y ya domina una extensa área de Rio. Eso impacta en la vida de las personas porque además de tener el dominio sobre el transporte colectivo, la distribución de gas de cocina y la televisión por cable, la milicia tiene el control sobre el mercado de la droga y sobre grupos de trabajadores y grupos armados involucrados en ese mercado.

Por otro lado, sólo en el estado de Rio, sucedieron 3 mil muertes en los últimos seis meses y, de estas, 1.249 fueron jóvenes negros, víctimas del abuso policial. Nosotros denunciamos también las atrocidades cometidas por el gobierno de Rio, que avanza con la saga del encarcelamiento, privatiza presidios, aumenta exponencialmente lo que ya es excesivo: en Brasil tenemos el tercer mayor contingente de población encarcelada del mundo.

Con las elecciones uruguayas se vota una reforma de la Constitución que, entre otras cosas, prevé la creación de una guardia nacional, conformada por militares, que actuaría junto con la Policía. Desde tu experiencia en el tema de la seguridad pública en Brasil, donde ese tipo de medidas fueron implementadas, ¿cuál sería el impacto de esta reforma?

—Tenemos una serie de experiencias dañinas con la ocupación de las favelas por las unidades de policía pacificadora, que son la forma más extrema de control y monitoreo de la vida cotidiana de las personas. Es decir, hay un proceso de militarización de lo cotidiano que es muy violento. Cuando hablamos de las fuerzas armadas es peor aun, porque no fueron creadas para la convivencia cotidiana con la población civil. Los agentes militares son formados para actuar contra un enemigo, y cuando tenemos sociedades como las nuestras, en las que se señala a elementos de la propia población como peligrosos, como los jóvenes negros y las poblaciones marginadas, estigmatizadas, eso es muy nocivo. Esa parte de la población pasa a ser el enemigo del Estado. Es pasible de prisión y muerte en cualquier momento y bajo cualquier pretexto. En Brasil tenemos experiencias desastrosas de personas que fueron secuestradas por militares en las calles de Rio de Janeiro y desaparecieron. Esa narrativa de que las fuerzas armadas tendrían más capacidad de contener una violencia creciente es una falacia. Es muy peligroso retomar prácticas del Estado de excepción en plena democracia con el discurso de la seguridad y del miedo. Seguridad pública no significa más armas, tanques o más militares en la calle. Seguridad pública es también tener más salud, más escuelas y más educación, es iluminación en las calles, es el florecer de las actividades culturales para ocupar los espacios públicos, eso es seguridad pública. El tema no pasa solamente por la presencia de más policía en la calle, eso es una mentira, es irreal.

Recientemente se detuvo a dos personas acusadas de colaborar en la ejecución de Marielle Franco. ¿Cómo evalúas el avance de las investigaciones pasado un año y seis meses de su asesinato?

—Lo observo con mucha preocupación, ya que cada vez queda más nítida la relación de los elementos vinculados a la muerte de Marielle con la familia Bolsonaro, además de que algunas pruebas fueron manipuladas y otras ocultas, en una narrativa que casi cierra las investigaciones con relatos mentirosos para desviar las investigaciones de su curso real. Se habla también de la presencia de la milicia en el caso y, con la proximidad que existe entre la milicia y el Estado narco miliciano, la posibilidad de que se obtenga una versión real de los hechos es muy intangible. Todo esto causa temor de que nunca lleguemos a saber quién encomendó el crimen y por qué lo hizo. Aun así, hay un hilo de esperanza de que tendremos respuestas, porque es algo que la sociedad brasileña necesita, que las instituciones necesitan, para que nosotras que actuamos como defensoras de los derechos humanos, que tenemos un historial de enfrentamiento al terrorismo de Estado, podamos tener un mínimo de tranquilidad, porque nuestras vidas también están en riesgo.

Después de la muerte de Marielle y de las amenazas que llevaron al diputado electo Jean Wyllys, su compañero de partido, a renunciar a su mandato y exiliarse en Europa, ¿hubo algún cambio con la intención de proteger a los políticos amenazados en Brasil?

—No, ninguna medida de protección institucional, eso todavía es visto con mucho descuido por parte de la propia institución de la que formamos parte. No existe una voluntad real, ni institucional, ni política; es todo muy frágil. Intentamos seguir un protocolo, tener cuidado, pero somos políticos que tenemos una trayectoria proveniente de los movimientos sociales, de estar en las calles y en los lugares donde la población y la clase trabajadora vive. Para mí, particularmente, que soy una mujer que viene de la favela, cambiar eso es muy difícil, es casi como despegarse de una misma, pero infelizmente es necesario porque corremos riesgo de muerte inminente. No pensamos mucho en eso porque es horrible. No podemos estar paranoicos, pero es una realidad.

—El gobierno de Bolsonaro ha destituido a opositores de cargos públicos, cerrado ministerios y órganos de fiscalización, intensificado las operaciones de intervención en las favelas y ahora ha puesto en marcha un plan para transformar más de doscientas escuelas públicas en escuelas militares. ¿Cómo ves este panorama?

—Es el avance de un proyecto ultraconservador hipermilitarista, porque se trata de la ampliación del control sobre grupos que históricamente promueven los cambios en la sociedad. No es casualidad la disolución de las políticas públicas para las mujeres, el avance del feminicidio, de la violencia doméstica y obstétrica, la muerte de jóvenes. Todo aquello que no puedan controlar, lo matan. Por eso surge la necesidad de control en fases cada vez más tempranas, incluso en la adolescencia, en la cual se empieza a descubrir el mundo. De allí también la militarización educativa, como forma de control, de avance sobre la docencia. Es un retroceso muy grande para el pequeño avance que habíamos tenido desde la redemocratización.

En las elecciones de 2018 se dio, por un lado, la victoria de Bolsonaro y, por otro, una gran renovación de cuadros políticos con el aumento del número de mujeres en el parlamento. ¿Cómo evalúas el trabajo de resistencia desde la política institucional frente al bolsonarismo?

—Nuestras experiencias colectivas y la participación del movimiento social en el parlamento nos dan aliento. Si, por un lado, emergió un proyecto reaccionario, ultraconservador, fundamentalista, misógino y violento, por el otro, también emergió un proyecto popular diverso, con la comunidad Lgbt, los jóvenes, las mujeres, los negros. El Psol tiene esa marca de enfrentamiento en este contexto de bolsonarismo emergente y de sectores que vieron en la figura de Bolsonaro un terreno fértil para la autopromoción.

Los índices de aprobación popular del gobierno de Bolsonaro vienen cayendo muy rápidamente, ¿cómo piensas que llegará este gobierno a 2022?

—Es preocupante la continuidad de este gobierno porque tuvimos en estos ocho meses un corte muy grande de los programas sociales, un avance económico mínimo, una agenda empeñada en el discurso de la moral y de las costumbres y una política externa que es un desastre. Algunos especialistas ya dicen que en la educación estamos retrocediendo a la década de 1950. Las posibilidades son las peores, porque ya tenemos algunas denuncias de corrupción en este gobierno y en un escenario de renuncia o impeachment asumiría el vice, un general que intentó desvincularse de la figura de Bolsonaro, pero que está ligado a sectores militares. Los dos escenarios, con él y sin él, son difíciles.

—¿Cómo se lucha contra la creciente naturalización de la violencia y de la intolerancia?

—Es importante que la gente esté en la calle construyendo y disputando narrativas, que esté en los barrios, en las zonas más populares, que actúe, haga ruido y también genere pequeñas discusiones. Porque a veces se piensa que hay que estar solamente en las grandes manifestaciones. Es con pequeñas ruedas de discusión y charlas con los jóvenes que construimos nuestro campo de actuación y nuestra fuerza, es dando visibilidad a nuestras luchas, creando mecanismos de actuación, ampliando redes institucionales y de movimientos para que la gente haga frente a esa ola ultraconservadora.

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