A pesar de usar un instrumento que hasta el propio Obama califica de “inmoral”, la elite empresarial y corporativa uruguaya se aferra a la “legalidad” de una herramienta opaca, que todo el mundo sabe que se usa para evadir o esconder capitales del crimen organizado. Y a propósito de instrumentos, con el uso de algunos de ellos se pueden detectar más nombres de uruguayos titulares de offshore en paraísos fiscales, que no aparecieron hasta ahora en los Panama Papers. A modo de ejemplo, el ex director de Rentas Eduardo Zaidensztat figura como director en tres sociedades, junto a una abogada que administra empresas vinculadas a las inversiones inmobiliarias de Figueredo y que defendió a uno de los propietarios de La Pasiva que terminó preso por defraudación tributaria. Algunas de las empresas fueron creadas cuando el “Zeta” ocupaba ese cargo durante la administración del Frente Amplio. La necesidad global de incorporar capitales que se fugan quizás explique esta curiosa puja por la transparencia.
Es un dato que no figura en los Panama Papers, o por lo menos en la porción de papeles que ha sido procesada en Uruguay y alrededores. Pero está disponible en el registro de empresas del Estado de Panamá. La primera sociedad offshore en la que figura el ex director general de Rentas Eduardo Zaidensztat fue creada en 2006. Tiene un nombre ignoto que, como tantos, nada dice: Quadrian Properties SA. Apenas sugiere que el rubro puede estar vinculado a algún negocio inmobiliario, pero no se encuentran huellas en Internet de alguna actividad o acción relevante en Panamá. En ese entonces el contador colorado perseguía a posibles evasores de impuestos, pero hoy aparece como director de esa sociedad (¿lo estaría ya en ese entonces?). Un año después, en enero de 2007, cuando el titular de la Dgi continuaba con un alto perfil mediático y su apodo –el Zeta– seguía gozando de popularidad, se inscribía en el registro panameño otra offshore, de nombre Varex Trading, en la que hoy el profesional oficia tanto de secretario como de director. En 2007 el Zeta protagonizaba un enfrentamiento público con el juez Pablo Eguren, ya que un defraudador de impuestos y dueño de varios locales de La Pasiva, Guillermo Álvarez Muiño, había sido procesado sin prisión. Hay que decir que Zaidensztat no tuvo pelos en la lengua para cuestionar el fallo del magistrado, y eso le valió una denuncia por desacato ante los tribunales. En marzo de ese año renunció al cargo máximo de la Impositiva y algunos meses después la Suprema Corte de Justicia archivó la cuestión del desacato, pero al mismo tiempo objetó un curioso vínculo de “familiaridad” entre el ex director y el juez Eguren. Zaidensztat había llegado a la dirección de la Dgi en el segundo año del gobierno de Jorge Batlle, pero se había ganado la confianza de Tabaré Vázquez, quien después de desembarcar en la Presidencia resolvió que permaneciera en ese puesto de tan alta relevancia.
Una serie de clics en una aplicación que reúne los registros oficiales de cientos de miles de corporaciones de todo el planeta permite constatar entonces que Zaidensztat forma parte de sociedades offshore panameñas, entidades caracterizadas por organizaciones para nada radicales, como la Tax Justice Network (Red de Justicia Tributaria) o el periódico The New York Times, como sumamente opacas. La herramienta no permite conocer si en 2006 y 2007 el contador figuraba en los registros, pero si era así el ex funcionario nunca declaró ese vínculo.
Sin embargo la cosa no termina allí. Seis años después de abandonar la función pública, en 2013, el largo apellido del contador volvió a formar parte del directorio de una tercera off-shore panameña: Covhaa Properties (esta vez como director y vicepresidente). En los registros de dos de las tres sociedades panameñas en las que figura Zaidensztat, aparece como agente, es decir como el intermediario creador de las sociedades, un nombre que hasta hace un tiempo no sugeriría nada para un lector alejado de los culebrones propios de los numerosos paraísos fiscales que el capitalismo global promueve y festeja. Sí, tanto Varex como Quadrian, llevan la estampa del ahora archiconocido estudio Mossack Fonseca. La tercera, en cambio, fue conformada por otro agente: Morgan y Morgan. No existen muchas diferencias de porte entre Mossack y Morgan, la diferencia es que el primero hoy tiene encima a una centena de medios que fisgonean en sus archivos gracias a una voluminosa filtración. Algún experto del mundo del lavado de activos, al ser consultado por Brecha, recuerda que Mossack debe de representar algo así como el 3 por ciento del universo de las offshore, porque también pueden rondar en el orden de los miles los estudios jurídicos y contables especializados. Y de hecho una recorrida por el sitio web de Morgan y Morgan permite advertir las similitudes. La legalidad funcional al sistema de estos bufetes se advierte en el coqueto mapa en el que un puntero se desliza cómodamente por todas sus filiales. El estudio con el mismo apellido del legendario corsario inglés que asoló los mares del Caribe (y que protagonizó el saqueo de la propia Panamá) tiene sedes en Belice, Bahamas, Islas Vírgenes británicas, Colombia, Luxemburgo, Singapur, Hong Kong, Suiza, Ecuador, además de otros estados influyentes, como Israel y China. A diferencia de Mossack, Morgan no decidió (hasta el momento) arribar a las costas montevideanas.
Pero hay un nombre que se repite en las tres sociedades en las que figura Zaidensztat, y que corresponde a quien las viene presidiendo desde 2006. Se trata de Inés Élida Pereda Rossini. Ella es una de las responsables de un estudio jurídico uruguayo de buen porte, pero no de esos que pasean columnistas por los segmentos de economía: Pereda Rossini, Perey-ra y Asociados. “Asesoramiento integral de alta especialización”, promete su web desde el vamos, con una sofisticación que recuerda la de los más reputados bufetes de la serie de Netflix Better call Saul.
Su portafolios de clientes, para mencionar una palabra a tono con la moda, incluye una firma que está en la mira de la justicia del crimen organizado: el estudio de promotores de la construcción Weiss Sztryk Weiss (Wsw). En el propio auto de procesamiento del ex presidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo, se menciona que las coimas cobradas por el dirigente se invertían en emprendimientos inmobiliarios de esta firma. El hilo de la madeja no es corto, porque Daniel Weiss, uno de los dueños de la empresa de arquitectos, aparece precisamente mencionado en los papeles de Panamá como cliente de Mossack Fonseca. Quiere decir que Weiss Sztryk Weiss trabaja por lo menos con dos estudios jurídicos: Pereda Rossini (en Uruguay) y Mossack Fonseca (en Panamá y Uruguay). De todos modos es interesante advertir el perfil de los clientes del estudio Pereda. Una buena parte de ellos son empresas constructoras de alta gama, y en segundo lugar aparecen varios fondos de inversión (Poalim Abus y Gems). Figuran varias subsidiarias del grupo Tecsa (Tecsa Atijas Weiss, Tecsa Chile, Tecsa Uruguay) y el grupo argentino Chateu, titular de complejos de torres de estilo francés en Puerto Madero (según La Nación), sin obviar a la insistente Teleshopping. En su edición del 7 de marzo Búsqueda recordó que Wsw planea construir un “condo-hotel” del grupo Hyatt en Montevideo, con una inversión de 50 millones de dólares, pero la investigación judicial que sigue la pista de la plata negra del “Fifagate” y Figueredo proyecta un cono de sombra sobre el ambicioso proyecto alguna vez lanzado en la Torre Ejecutiva. Y para agregar algún dato más proveniente del mundo de las celebridades del fútbol, el directorio de la offshore panameña encargada de la inversión, Haley Equities, no sólo está integrado por Ricardo Weiss (otro de los propietarios de Wsw) sino también por el ex capitán celeste Diego Lugano (aparece como “director” y “subsecretario”; otro que no había sido mencionado en los artículos de Búsqueda). De acuerdo a ese semanario, la esposa de Figueredo, María del Carmen Burgos, es accionista del emprendimiento y beneficiaria final de algunas de las sociedades del paquete accionario, y el estudio Pereda Rossini es el que administra en Uruguay a la offshore panameña.
En algún momento hay que parar de atar cabos, pero existen conexiones que son de interés público y que remiten al principio de este artículo. Inés Pereda –la abogada que comparte la directiva con Eduardo Zaidensztat en tres sociedades panameñas– formó parte del grupo de letrados que defendió a Álvarez Muiño, el empresario de La Pasiva procesado en 2007 por una defraudación fiscal estimada en 3 millones de dólares. La utilización de una aplicación de datos abiertos permite constatar que ningún otro titular de la Dgi ha sido director de sociedades panameñas, desde Víctor Lissidini hasta el actual Joaquín Serra (pasando por Nelson Hernández y Pablo Ferreri). Por lo menos eso es lo que muestran los registros públicos online. Brecha se comunicó con Zaidensztat para preguntarle si figuraba como director de empresas offshore. El contador debió admitirlo, para luego responder que están “debidamente inscriptas en la Dgi uruguaya y pagan todos los impuestos que les corresponden de acuerdo al marco legal uruguayo”. Cuando se lo consultó sobre las razones de utilizar el formato offshore y para qué negocios, respondió: “Se optó por este instrumento, que está amparado en la legislación de Uruguay y otros países. Lo fundamental es que la sociedad paga todos los impuestos que le corresponden en Uruguay”.
QUIÉN ESTÁ DETRÁS. El beneficiario final. Así se le llama en el complejo mundo de la arquitectura financiera a quien deberían tener la obligación de conocer o indagar todos los estudios o intermediarios que operan con sociedades offshore, para no ser funcionales a las redes del delito de cuello blanco. Y en el caso de que existiera una “operación sospechosa”, el paso siguiente sería informar a las autoridades competentes. Carlos Díaz, el responsable de la Secretaría Antilavado, enfatiza que la clave está en ajustar la normativa vigente para que exista más transparencia y los organismos estatales de control posean más herramientas para identificar a quienes están detrás de las actividades irregulares, y llegar así a la suspensión y hasta la denuncia de los sujetos obligados.
“Los estudios tienen que saber a quién se le venden cuchillos, porque por ejemplo a los niños no se los podés vender”, ilustró Díaz, ex funcionario de carrera de la Impositiva, refiriéndose a la ya famosa frase del dirigente blanco Sergio Abreu, vinculado a sociedades de la familia Messi. “La idea no es prohibir, sino transparentar”, retruca. El funcionario reconoce que en sí misma una offshore no es una herramienta ilegal, pero que en el fondo al usarlas hay un “problema ético”. Muchos de los uruguayos que tienen sociedades en el extranjero no declaran su patrimonio ni sus intereses y evitan así pagar parte de sus impuestos, resintiendo los presupuestos públicos. El ex director de Rentas Nelson Hernández apuntó a Brecha que para la Dgi esto genera una “gran opacidad” y plantea “una importante dificultad” en el control.
Con Panamá no hay acuerdo de intercambio de información tributaria, y lo mismo ocurre con otros paraísos fiscales, lo que hace casi imposible obtener datos sobre ciudadanos uruguayos poseedores de offshore.
El uso de estas sociedades para lavar dinero es aun más grave y acarrea consecuencias legales mayores. Allí la cuestión –cuenta Hernández– es determinar “el origen de los capitales que se utilizaron, por ejemplo, para la adquisición de un inmueble”. En muchos casos aparecen “personas de papel” o “prestanombres” en los directorios, individuos que figuran como directores de miles de empresas y que enmascaran a los verdaderos propietarios del dinero. Especialistas en el rubro estiman que abrir una offshore tiene un costo aproximado de entre 1.500 y 2 mil dólares, pero luego se abre todo un mundo de tarifas, en función de los servicios brindados y las ingenierías requeridas. “Un profesional que presta su nombre para el directorio de una empresa se expone mucho, y eso tiene un costo. Y para que lo hagan, sin duda tiene que existir una rentabilidad”, apuntaron los técnicos consultados. Es que prestar un nombre en una offshore, instrumento preferido no sólo para evadir impuestos sino para blanquear dineros de las mafias del crimen organizado, no deja de ser una práctica que puede acarrear una gran exposición.
Desde enero la Secretaría Antilavado tiene bajo su responsabilidad el control de los agentes no financieros que deben reportar operaciones sospechosas. Esa tarea era responsabilidad de la Auditoría Interna de la Nación, pero no la estaba realizando, y en el gobierno se reconoce que hay un alto grado de incumplimiento. “Son miles los agentes no financieros, y es imposible que la Secretaría Antilavado los controle a todos”, apuntó Díaz. La apuesta que hace su oficina es a lograr, en principio, un control voluntario de los sujetos obligados, pero para eso éstos tienen que percibir el alto riesgo que conlleva un incumplimiento y la posibilidad de terminar implicados en una investigación penal. Es por ello que otra de las estrategias es citar a referentes y brindar cursos para estimular un nuevo ambiente, en el que sean los propios intermediarios los interesados en el autocontrol y en pedir referencias. No sólo se procura que tomen conciencia de la profundización de los controles, sino del peligro que corren al no denunciar las operaciones sospechosas. Claro que en esa lucha siempre estarán enfrente quienes no están interesados en abrir las puertas, sino en buscar el mejor mecanismo para que las tajadas sean más suculentas.
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Una veintena de escribanos
En la mira
Los primeros 20 profesionales que han sido investigados y podrían ser citados por la Secretaría Antilavado son en su mayoría escribanos. En todos los casos aparecen mencionados en expedientes judiciales en etapa final en los dos juzgados de crimen organizado. Estos profesionales, de acuerdo a fuentes de la investigación, deberán fundamentar las razones por las que no reportaron al Banco Central (Bcu) las operaciones sospechosas de sus clientes. En la mayoría de los casos se trata de la escrituración de compra-venta de casas y campos no reportadas. Si bien el contralor que realiza la Secretaría dirigida por Carlos Díaz es administrativo, en el caso de que las explicaciones no convenzan se elevarán escritos a la justicia penal. En los próximos meses la Secretaría Antilavado prevé controles en estudios de abogados y zonas francas. Desde enero la oficina tiene también a su cargo el control de los agentes no financieros obligados a reportar operaciones sospechosas.
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Damiani y Weiss complicados
El presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, viene siendo investigado en el expediente por el que fue procesado con prisión Eugenio Figueredo, a quien su estudio le administró empresas offshore. En el mismo expediente también se investiga al estudio Weiss Sztryk Weiss, por utilizar capitales ilícitos de Figueredo en emprendimientos inmobiliarios. Una de las alternativas que se manejan en el juzgado a cargo de la investigación –que cuenta con el apoyo de funcionarios de la Dgi y la Unidad de Información y Análisis Financiero (del Banco Central) y de la Secretaría Antilavado– es abrir expedientes separados en los cuales indagar si Damiani y los responsables de la empresa Wsw cometieron delitos. El presidente de Peñarol aparece en muchos documentos de los Panama Papers y es hasta el momento, de acuerdo a las filtraciones, el uruguayo que aparece más comprometido en presuntas irregularidades con offshore abiertas por Mossack Fonseca para diferentes clientes. Como consecuencia de la filtración internacional, la Dgi lanzó una serie de actuaciones en estudios jurídicos y contables. “En algunos casos se incautó documentación”, adelantó a Brecha el director de Rentas, Joaquín Serra
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Sacudiendo la modorra
Víctor Hugo Abelando
La alarma creada por la filtración global, si bien generó en Uruguay menos ruido que otras polémicas más recientes, llevó a algunos legisladores a sugerir la creación de una comisión en el Senado que estudie posibles modificaciones a la legislación vigente referida al lavado de activos. El planteo lo hizo el senador del Mpp Ruben Martínez Huelmo y contaría con el apoyo de sus pares frenteamplistas y de la oposición. La intención, explicó el senador a Brecha, sería restaurar un ámbito que funcionó desde 2005 hasta 2010.
Sin embargo hace ya 11 años, comentó a este semanario el diputado Alfredo Asti (AU, FA), se crearon comisiones en ambas cámaras para este fin. La del Senado cesó en 2010, pero la de Diputados continuó en funciones y está integrada por los tres poderes del Estado. Hoy la intención es acompasar la legislación nacional con la internacional, pues si bien Uruguay eliminó las Safi con la reforma tributaria de 2007 y flexibilizó el secreto bancario, las normas emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Ocde son cada vez más exigentes.
Por ejemplo, el Gafi ha impuesto a la evasión fiscal como delito precedente al lavado de activos, pero eso no está en las normas uruguayas. “Contamos con una lista taxativa de delitos que anticipan el lavado de activos, pero no alcanza –describió Asti–. También hay que incorporar el sicariato, que hoy es uno de los principales motivadores de violencia y asesinato.”
Martínez Huelmo narró que “la evasión fiscal a nivel mundial es tan gigantesca (algunos hablan de 35 billones de dólares), que los países centrales, aunque tienen ‘lavaderos’ (ello ocurre con Estados Unidos e Inglaterra entre otros), van a querer cambiar esa realidad”.
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