“La sociedad tiene que preguntarse para qué encerramos” – Brecha digital

“La sociedad tiene que preguntarse para qué encerramos”

Viene de una larga carrera en los juzgados de familia, dónde lo usual es enfrentarse a la génesis de la violencia, a la exclusión social. Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte, cree que se ha fijado en la población la idea de que la única sanción posible es la privación de la libertad. Pero, las cárceles no reducen la reincidencia: “fracasamos en las políticas preventivas”.

Foto: Manuela Aldabe

—Se terminó un tiempo que usted vivió, en que las sentencias y decisiones de los jueces casi no eran criticadas públicamente, menos aun por quienes no son abogados. ¿Cómo vive eso? ¿Los jueces tienen incorporada esta nueva realidad?

—Estamos viviendo en la sociedad de la información. Ninguna información se sustrae al conocimiento ciudadano y eso me parece un avance fundamental de la época. Las sentencias han salido del anonimato en que estaban, eran conocidas exclusivamente por las partes o por las publicaciones especializadas. Hay una tarea muy importante para los jueces. Los fallos tienen que ser comprensibles para la población y quienes hacen comentarios sobre las sentencias tienen que mantener la fidelidad de lo que se trasmite y ayudar al lector, al escucha o al televidente a entender el contenido de una decisión judicial.

—Otra novedad de la última década son las críticas públicas frecuentes a decisiones de los magistrados y de la Suprema Corte por parte de autoridades del Poder Ejecutivo y de parlamentarios. Recientemente usted por ejemplo cuestionó que el Ministerio del Interior se haya opuesto a la decisión de una jueza a través de los medios y no por canales oficiales.

—Hay un tema profundo, se habla de una judicialización de la política, por ejemplo. Creo que este cambio está vinculado a lo anterior, que el hecho judicial es de interés público y al serlo involucra a los factores de poder que hay en la sociedad: empresarios, trabajadores, productores rurales y también integrantes del sistema político. Ellos tienen responsabilidades frente a la población en áreas como la seguridad pública, la generación de políticas sociales para superar determinadas vulnerabilidades de derechos, y eso hace que las sentencias también sean de su interés y los involucren. Los jueces, cuando resolvemos un conflicto entre dos partes, en general le damos la razón a una y a la otra no, y generamos descontento en una parte, o incluso en las dos. Los jueces somos los únicos que podemos resolver un conflicto con autoridad de cosa juzgada, si bien no hacemos la ley ni la aplicamos. Ninguno de los otros dos poderes del Estado puede resolver un conflicto con autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto en una democracia las críticas son legítimas, siempre que respeten la cuestión de la separación de poderes y en general se hagan con un sentido constructivo. Puede haber críticas de las otras.

—¿Siente que se han transgredido a veces esos límites de la separación de poderes?

—Hay críticas que son exorbitantes, o que se fundan en el desconocimiento de cuál es el rol específico del Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso reciente que mencionó se generó una discusión pública sobre la tipificación de un delito, algo de lo que todos podemos opinar pero que está en el resorte del juez, el fiscal y la defensa. Si el juez se equivoca cuando resuelve, hay un tribunal para una segunda instancia que revisa, y eventualmente la Suprema Corte de Justicia en casación también puede revisarlo. Lo que es jurisdiccional se resuelve por vía de recursos, sin perjuicio de que cada uno puede dar su opinión.

—¿Y cree que se está dando una judicialización de la política?

—Creo que hay algunos conflictos que el sistema político no puede resolver y que frente a esa incapacidad terminan en el Poder Judicial, como por ejemplo si no hay acuerdo en una comisión investigadora sobre si se cometieron o no delitos. También hay que pensar que cuando un tema no tiene decisión a nivel de la sociedad y existe la sospecha de que se ha cometido un delito, el único que tiene que investigarlo es el sistema judicial.

La cárcel y la reincidencia

—Usted ha planteado que las cárceles son la última opción, pero no parece ser el criterio que aplican muchos jueces penales y tampoco lo que piensa buena parte de la sociedad. Uruguay es uno de los países con mayor porcentaje de presos de las Américas. ¿Los magistrados deben procesar menos con prisión?

—Es un tema que está en el centro de discusión. Se ha ido gestando un sentimiento en la población, del que todas las autoridades de alguna manera han participado y el periodismo también: la idea de que la represión penal no es tal si no se aplica una sanción de privación de libertad. Pero no es inocuo el pasaje por el sistema penal de las personas que son procesadas sin prisión, y se prolonga por años incluso tras la condena.

—¿Si se aplicara el nuevo Código de Proceso Penal habría menos procesamientos con cárcel y sí condenados que ingresarían a prisión luego de la sentencia definitiva en su contra?

—Ese es el efecto. Hemos hablado con operadores de múltiples países donde está en funcionamiento un sistema procesal como el que queremos implementar y nos dicen que este sistema lleva a que mayor cantidad de gente espere su sentencia en libertad. Pero también que mayor gente pierde la libertad con el dictado de la sentencia y que esto repercute directamente en el aumento del volumen de personas que están en establecimientos carcelarios.

—¿O sea que puede aumentar el número de presos con el nuevo código?

—Le diría que en otros lados aumentó el número de presos, pero con condena.

—Por lo que me dice es partidario de que se procese menos con prisión.

—Cuando se dan las condiciones la idea sería procesar sin prisión, y ahí tenemos todo un núcleo de fuerte discusión, que es la utilidad y seriedad de las medidas alternativas. Es decir, aplicarlas y que no signifiquen para el individuo procesado un simple trámite burocrático, sino que impliquen involucrarse en la medida para que sea eficaz. Porque estamos buscando que la sanción sea un castigo proporcional al daño cometido, pero por otro lado porque a la sociedad le va su propia sobrevivencia. La sociedad tiene que estar jugada a que esa sanción tenga efectos de rehabilitar a la persona o de prepararla para incorporarse a la vida común, con una cosa muy elemental y es que no vuelva a cometer delitos. La eficacia de un sistema carcelario se mide con la tasa de reincidencia.

—Y la reincidencia sigue siendo alta en Uruguay. ¿Es uno de los fracasos del sistema?

—Debo reconocer que en los últimos cinco años se hizo un esfuerzo muy grande por mejorar el sistema carcelario. Se han aumentado las plazas, apareció la figura del operador penitenciario sacando a la Policía de esa tarea de reeducación… Con altos y bajos. Es muy difícil recuperar cuando se está permanentemente ingresando nueva “carne” de prisión… estamos peleando en desventaja y ahí es un tema que la sociedad tiene que preguntarse sobre para qué encerramos, cuál es el objetivo que buscamos. Si encierro, no importa el límite del tiempo de una condena, y no trabajo sobre ese individuo y las condiciones sociales que lo van a recibir cuando salga en libertad, esa persona va a seguir cometiendo delitos. Lamentablemente en Uruguay hay una industria muy eficiente que es la fábrica de delincuentes, que sigue funcionando a pleno; fracasamos en las políticas preventivas. Se piensa que el sistema de represión penal es la única forma de asegurarle la seguridad a la gente, y eso es sólo una parte de un sistema más general que abarca políticas preventivas, como la integración social, familiar, el trabajo y el estudio.

—Justamente, hay menos  personas en situación de pobreza pero no se ha logrado abatir la exclusión social. ¿La integración social es el gran tema que debe asumir el Estado como prioridad?

—La pregunta que tenemos que hacernos es de dónde surgen estos nuevos delincuentes, y socialmente está claro. Esto no es estigmatización. Estos delincuentes salen de sectores determinados que se definen por una ubicación sociocultural más que económica. Es algo que surge en muchos estudios. Su perfil es que provienen de familias uniparentales, con mujeres a cargo con varios hijos, que tienen que afrontar la responsabilidad de sostener el hogar y criar a los hijos. Éstos crecen en barrios donde no sólo no los contienen sino que los impulsan al delito y a la violencia, donde el trabajo no existe, la integración escolar fracasa, y tenemos este fenómeno de más del 25 por ciento de jóvenes que no estudian ni trabajan.

—¿Y qué relevancia le asigna a este fenómeno?

—Es el caldo de cultivo para una cantidad de conductas, algunas reprochables penalmente y otras que llevan a cimentar esta brecha social. Muchas veces el individuo que no estudia ni trabaja no es sólo porque no necesite dinero, culturalmente no siente la necesidad de una movilidad social y progresar. Algo que fue fundamental en las sociedades aun de los años setenta, que fueron épocas de un Uruguay muy turbulento, en que los que pertenecíamos a clases deprimidas sentíamos que el estudio y el afianzamiento cultural eran una palanca formidable de movilización social. Yo soy hijo de un obrero del transporte y de una empleada doméstica y estoy donde estoy, eso es producto de un Uruguay que lamentablemente hoy no existe.

—Un tribunal le bajó una pena a un recluso por considerar su escasa educación y que la sociedad es corresponsable de que delinquiera. En función de ello, su defensora solicitó la excarcelación. La argumentación fue muy criticada en la escena pública. ¿Usted qué piensa?

—Este tipo de argumentación tiene que ver con una parte de la problemática, que es cuál es el pasado y los antecedentes familiares, personales y sociales de la persona que comete el delito. Pero no podemos ser ingenuos y tampoco cometer el pecado de ser injustos en cuanto a no contemplar a todas las partes del conflicto, y una parte muy importante son las víctimas de los delitos.

Todos de alguna forma hemos sido de manera directa o indirecta víctimas de delitos y sabemos el sufrimiento que eso significa, en un sistema penal en que la víctima no es tenida en consideración, porque sólo la llamamos para declarar, hacer un reconocimiento. Pasa malos momentos y a veces se tiene que enfrentar con familiares de quien afectó sus derechos, luego le dicen: gracias, vaya para su casa, y no sabe cómo sigue la cosa. En la ley de violencia doméstica hay una norma, que creo hay que generalizar, que dice que una persona que ha sido víctima de violencia doméstica, y eso ha motivado el encarcelamiento de un individuo, tiene el derecho de ser informada cuando se decreta la libertad del agresor a fin de que pueda tomar precauciones. La victimología está entrando con dificultad en nuestro derecho, porque está esa barrera cultural de que la única respuesta al delito es la prisión y estamos de alguna forma en un pantano del cual no podemos salir.

La relación con el gobierno

—La relación de la Corte con el anterior gobierno, presidido por José Mujica, no fue buena, y  con éste presidido por Tabaré Vázquez esperaban que mejorara pero no fue así, e incluso por primera vez el incremento del presupuesto asignado al Poder Judicial es cero. ¿A qué razones lo atribuye?

—La relación con Mujica se envenenó por el conflicto presupuestal, dado que el presidente tenía una posición muy drástica sobre el punto. Con el gobierno de Vázquez en marzo del año pasado tuvimos una muy buena reunión en Suárez, luego dificultades, se cortó el diálogo, y ahora tenemos un canal de comunicación oficial con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, con quien hablamos seguido y vamos desplegando temas del día a día. Tal vez lo que pasa es que la izquierda siempre tuvo una actitud de desconfianza hacia los sistemas judiciales. Eso tiene que ver con el rol de transgresión que tradicionalmente cumplió la izquierda en el mundo, y me parece que cuando se es gobierno y se tiene un Poder Judicial con un nivel de aceptación tan grande en lo internacional, hay que ver cómo ese poder de alguna forma puede ser integrado en un diálogo institucional, y respetando las competencias de cada uno. Sin un Poder Judicial independiente y respetado por la gente y el propio sistema político, es inverosímil un Estado de Derecho, basta mirar fuera de las fronteras las dificultades que hay con los poderes judiciales. Debo rescatar que en la última charla que tuve con el presidente de la República él manifestó su absoluto respeto, consideración y estima por la actividad del Poder Judicial en el país.

—¿Usted cree que hay un castigo del gobierno al Poder Judicial por algunas diferencias con sentencias de la Corte?

—Sí, ese castigo fue matizado a los pocos días de la entrevista con el presidente Vázquez con un refuerzo de algunos rubros. Se han cumplido algunas líneas de trabajo para ayudarnos económicamente, hay un compromiso de darnos los fondos necesarios para aplicar la parte procesal del Código Aduanero en la rendición de cuentas, y veremos cuál es la actitud del sistema político y del Poder Ejecutivo respecto de la reforma procesal penal, uno de los grandes temas pendientes.

—Desde buena parte de la izquierda se acusa a la Corte y al Poder Judicial en general de responder a intereses de los sectores más conservadores y poderosos de la sociedad.

—Como juez tengo la obligación de aplicar la Constitución y la ley, de tener una visión holística de la realidad en la que voy a aplicar las sentencias. Tengo que actuar con prudencia en cuanto a lo que resuelvo y midiendo las decisiones que tomo. Creo que la jurisprudencia no tiene que ser de izquierda ni de derecha, sino debe ser una que aplique la Constitución y la ley, la respete e interprete en un sentido progresivo. Hay normas que vienen de 1830 y deben ser interpretadas a lo largo de la evolución jurídica en el mundo. Hay un proceso de reafirmación de los derechos humanos que se inició y no tiene techo, donde tenemos derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. En este marco está la actuación de un juez del siglo XXI, que implica contemplar el momento histórico, jurídico, político, institucional. Estamos acostumbrados a aplicar la ley y hoy tenemos que aplicar el derecho, que es la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y también el derecho positivo nacional. Está todo el desarrollo y contralor de los organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, el seguimiento que hacen a cada país los diferentes comités internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos.

—Para la Corte, ¿cuál es el peso de los tratados internacionales ratificados por Uruguay? ¿Están por encima de la Constitución, están en el mismo rango, o en uno inferior?

—La Corte tiene jurisprudencia que dice que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Pero hay un fenómeno muy interesante y es que hay normas de la Constitución uruguaya que pueden estar en contradicción con normas del derecho internacional de los derechos humanos. Hasta ahora no se ha planteado una contradicción y hay que ver cómo se resuelve, pero existe un principio de que los derechos deben ser contemplados en la interpretación más amplia para su goce por parte de los ciudadanos.

—¿Por qué se aplican tan poco y son escasamente mencionados en las sentencias judiciales, cuando esos tratados tienen principios rectores globales y deberían guiar a todos?

—Los abogados de mi época, y aun los que se recibieron diez años después, tuvimos una formación positivista. Nos enseñaron que lo principal es la ley y nos resulta más fácil citar un artículo del Código Civil que el de una convención, y además ligarlo a la argumentación. Pero sin lugar a dudas el orden jurídico es uno solo y hay que contemplarlo de manera completa.

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El furor de las offshore

Jugadores y nichos de ganancias

 —La filtración de documentos llamada Panama Papers confirmó lo que muchos sospechaban, que Uruguay es uno de los países con más sociedades offshore. ¿Qué piensa sobre esas figuras comerciales?

—Estamos en un mundo globalizado donde, más allá de cómo pueda verse el planeta desde la plaza Cagancha, los grandes jugadores de las finanzas y los negocios apuestan a una escala global y en esa escala van buscando nichos o posibilidades de generar mayores ganancias. Los factores fundamentales para eso es pagar menos impuestos, la evasión impositiva y lavar dinero, y las off­shore sirven para esas finalidades. No tengo duda de que la enorme mayoría de las offshore que se gestionan tienen una finalidad lícita, pero tampoco tengo ninguna duda de que muchas offshore se gestan con una finalidad ilícita.

—¿La Corte prevé mantener los dos juzgados en crimen organizado, crear más, o volver a que todos los juzgados penales puedan tramitar los casos que llegan a esas sedes especializadas?

—La Corte ha decidido que después de la Feria Judicial cambien los dos jueces porque ya han estado más de tres años, que es el límite que se había fijado independientemente del asunto que tengan a estudio. Eso la Corte se lo trasmitió a los jueces. No se piensa, por el momento, ni en la supresión ni en crear más juzgados. Hay que ver la incidencia que tendrá en esto el nuevo Código del Proceso Penal. n

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Los civiles y la tenencia de armas

“Es incompatible con el mundo moderno”

—Usted declaró que nunca usó un arma de fuego y que no se lo plantea como forma de asegurar su integridad física y la de su familia. ¿Cómo recibió las declaraciones del ministro de Defensa argumentando a favor de  la tenencia de armas en manos de civiles?

—Es la posición del ministro y no es infundada, es la de los fundadores de Estados Unidos de América. Considero que es incompatible con el mundo moderno, con la violencia que hay en la sociedad, y donde se supone que el avance de la civilización debe llevar a un avance de los controles del Estado sobre los ciudadanos en el ejercicio de la violencia, y de los ciudadanos sobre el Estado en el ejercicio de su propia violencia al ejercer la represión. Apostamos a una sociedad en la que haya controles recíprocos.

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