—Atendiendo al estado del debate internacional sobre derecho penal juvenil, ¿cómo valora esta iniciativa de parte del sistema político uruguayo de bajar la edad de imputabilidad?
—Es un error. En Europa hubo un proceso similar, Bélgica y Escocia intentaron una reforma en ese sentido, y desde el punto de vista práctico los resultados fueron negativos. De hecho no sólo no se logró disminuir la criminalidad juvenil, sino que aumentó. En cambio ha habido otras manifestaciones opuestas a esa tendencia que han sido realmente interesantes. Por ejemplo las desarrolladas en Alemania, Austria y Holanda, donde el derecho penal juvenil se ha ampliado y se han incorporado jóvenes de 21 y hasta 23 años al proceso penal juvenil.
—Es un proceso a la inversa…
—Exactamente, son mayores de edad a quienes se los incorpora al sistema penal juvenil, y son juzgados desde ese lugar. La tendencia gira a la inversa.
—¿Cuáles son las razones que explican esa estrategia?
—Hay estudios que indican que el cerebro madura, en promedio, a los 25 años. Recién a esa edad una persona puede prever las consecuencias de sus actos, contener sus impulsos, no actuar violentamente, reflexionar sobre las acciones que va a llevar a cabo. La segunda idea es que hay una serie de rituales y de roles que siempre han explicado la mayoría de edad: fundar una familia, tener hijos, terminar una carrera, entrar al mercado laboral; eran elementos que indicaban la adultez. Actualmente quienes cumplen con esos requisitos los materializan pasados los 25 años, y entre los 27 y los 29 tienen su primer hijo y todo lo demás… Hay un traslado de esos elementos que conforman la mayoría de edad. Por esas razones estos países han considerado ampliar el espectro del derecho penal juvenil.
Un elemento adicional en el caso alemán es que ellos tomaron esta decisión en la década del 50. La generación de ese momento histórico era la de los niños de la guerra. Esos niños no tuvieron un proceso de crecimiento normal, el proceso de socialización fue defectuoso. Y teniendo en cuenta eso, dijeron “aquí debemos aplicar un proceso de solidaridad y a estos jóvenes debemos tratarlos de forma distinta, no es cualquier generación, son más vulnerables”. Ahí nace la idea del menor adulto en Alemania, y de incorporarlos al derecho penal juvenil. En Uruguay, son los niños de la crisis de 2002 los jóvenes infractores de hoy. Es interesante no perder de vista esa dimensión.
—La sociedad en general no tiene esa lectura, manifiesta más bien miedo e impotencia y quiere que se castigue.
—La delincuencia juvenil es un tema polémico en casi todos los países del mundo. Siempre aparecen expresiones… en Inglaterra se habla de “no más excusas”, en Alemania en los noventa apareció el eslogan de “el final de la paciencia”, así se reacciona contra la delincuencia juvenil y contra la juventud en general. Hay un libro muy interesante que se llama la Cultura del control, que explica cómo Inglaterra y Estados Unidos han demonizado a los adolescentes y los pintan como pequeños monstruos. De vez en cuando la política se centra en ellos e intenta endurecer el derecho penal juvenil. Esta tendencia se basa en establecer sanciones más duras para los reincidentes, en procesos más breves, en disminuir las garantías del debido proceso en los adolescentes y en restringir el uso de sanciones alternativas a la privación de libertad. El foco de esos sistemas está puesto más en la sanción, en la mano dura, que en la inserción. Pero por otro lado se está materializando en Europa un giro hacia la educación en lugar del castigo, con sanciones proporcionales, con respuestas que impliquen el menor contacto del adolescente con el sistema de justicia criminal y donde la privación de libertad sea el último recurso. En Inglaterra y Gales, que eran los países más punitivos –allí se hablaba de un “neocorreccionalismo”–, y también en Rusia, que tenía unas tasas de adolescentes encarcelados impresionantes, están practicando estos paradigmas de educación y reinserción en lugar de la sanción. Eso llevó a la disminución de las tasas de adolescentes encarcelados en los últimos cinco años.
—¿Hay algún país donde se haya solucionado integralmente el tema de la delincuencia juvenil y la aplicación de un sistema de justicia más eficiente?
—En Europa han logrado entender qué es la juventud y cuáles son las características de la conducta juvenil. Eso es básico para diseñar luego el sistema penal juvenil. El concepto de juventud es nuevo, nace a finales del siglo XIX gracias a los aportes de la sociología y la psicología. Esa etapa donde no se es niño ni adulto, es donde se da el aprendizaje de las normas sociales, la conciencia moral y la búsqueda de una identidad. Esas conductas caracterizadas por la inseguridad y un autocontrol bastante precario, son espontáneas y contienen manifestaciones de violencia. Es por todo eso que el sistema juvenil tiene que ser distinto al del adulto.
Algunos países han entendido cómo actúan los adolescentes, y en ese contexto lograron comprender que el delito en la etapa de la juventud es algo esporádico y tiene que ver con la búsqueda de la identidad y la internalización de la norma social, y dura lo que dura la juventud. De esa comprensión viene el diseño de un sistema donde se prioriza la educación en lugar de la sanción. Tiene que haber una respuesta ante el delito, pero no necesariamente tiene que ser el encierro.
—Las sociedades en general, sobre todo las más envejecidas, manifiestan miedo a la juventud y se apegan a ese sentido común punitivo, pero ¿cómo se debe leer el planteo cuando viene del Estado o del gobierno?
—Las respuestas que den los estados en materia de políticas de seguridad ciudadana se tienen que insertar en un marco que es el de la Declaración Internacional de los Derechos Fundamentales, la Convención de los Derechos del Niño, el pacto de San José de Costa Rica. En esos marcos, los estados deben respetar los derechos básicos y garantizarlos. La normativa interna y la Constitución tienen que adecuarse a lo que establecen esos pactos.
—Pero hay mucha garantía que se vuelve letra muerta a la hora de aplicarla. ¿Cómo se hace para garantizar esos derechos y cuáles son las poleas de trasmisión de ese marco hacia el accionar de jueces, policías, celadores, educadores? La práctica suele ser violatoria de esos derechos
—Es básico el levantamiento de información empírica, y eso es lo que hace falta en Latinoamérica. Esa falta de información nos hace generar mitos. Hay que relevar la información y ver dónde están las fallas del sistema. Recién entonces podemos tomar decisiones inteligentes. Lo que pasa es que diseñamos políticas públicas y las adoptamos de manera ciega. Es un error. Las soluciones no pasan por endurecer las penas, por bajar la edad de imputabilidad, pasan por prácticas que muchas veces no se juegan en el diseño de una ley, sino en influir entre los propios operadores del sistema. Hay que potenciar algunos roles, como el de los defensores, transparentar el sistema y controlar que funcione dentro del marco del derecho. Hay mitos, pero el 90 por ciento de la criminalidad es de los adultos. Si uno mira esos datos se da cuenta de que la situación de los adolescentes no es tan escandalosa.
—Está instalada en la sociedad la idea de que si no hay encierro no hay castigo, y por tanto no hay justicia. Por otro lado vemos que las cárceles no rehabilitan. ¿Cuáles serían los caminos para comenzar a desandar esa contradicción?
—Hay una cultura que es vulneradora de derechos, y los estados están obligados a combatir los aspectos culturales que generan vulneración de derechos. La seguridad es un bien importante, pero la reinserción de esas personas a la sociedad tiene también un gran valor. Alemania en el 50 tenía un sistema penal juvenil precario, casi destruido, corrompido, pobre. Lo primero, para empezar a cambiar, fue darle transparencia al sistema: abrir las cárceles es lo primero. Lo segundo es la inversión fuerte y la profesionalización. El tercer factor es que han nacido disciplinas que estudian estos temas y pueden ir contra las inercias con información y propuestas valiosas. Otro elemento es la creación de los jueces de ejecución, que intervienen en situaciones que suceden en la cárcel. Hay que romper algunos aspectos culturales. Se piensa así: están los jueces para determinar la sanción y el verdugo para hacerla cumplir. El penado pasa de ciudadano a súbdito del Estado. Esa es la idea que sobrevive, y hay que cambiarla.
[notice]Ficha
Álvaro Castro es chileno, abogado y magíster en derecho penal y procesal penal de la Universidad Diego Portales, de Chile. Doctor en derecho por la Universidad Ernst-Mortitz-Arndt, de Greifswald, en Alemania. Sus áreas de investigación son el derecho penal juvenil, la ejecución de sanciones penales, la criminología y el derecho penal.
Desde 2011 a la fecha se desempeña como investigador del Departamento de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de Greifswald. En Chile se desempeña como académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro de Reformas a la Justicia y Centro de Derechos Humanos de dicha facultad.
Los primeros días de octubre participó en Montevideo del seminario “¿Bajar la edad de imputabilidad? ¿Y después qué?”, organizado por la Comisión Nacional No a la Baja, la Casa Brecht y la Facultad de Psicología que se realizó en el paraninfo de la Universidad. En esa oportunidad fue entrevistado por Brecha.
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