Justicia amparó confidencialidad exigida por laboratorios productores de vacunas anticovid

La teoría del chantaje

En un escrito judicial, Presidencia de la República afirmó que la confidencialidad de los contratos para comprar vacunas contra el covid-19 fue un reclamo de los laboratorios y que transparentar el precio pagado por dosis podría provocar un desabastecimiento de vacunas como represalia.

El juez Pablo Gandini desestimó el recurso de amparo presentado por Brecha, con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), para acceder a la información contenida en los contratos firmados por el Estado uruguayo con Pfizer-Biontech y Sinovac, y con Gavi-Alliance (responsable del mecanismo Covax) para comprar vacunas contra el virus del SARS-CoV-2. En su fallo, el magistrado amparó los argumentos de Presidencia de la República para negar la publicidad de los contratos; entre ellos, el de que el incumplimiento de la cláusula de confidencialidad celebrada con los laboratorios pondría en riesgo el acceso de Uruguay a las vacunas. En su escrito, Presidencia alega que las cláusulas de confidencialidad fueron una exigencia de los laboratorios, que tenía prohibido difundir cualquier tipo de información sobre los contratos y que esta reserva busca proteger la salud colectiva de los uruguayos. «No así lo que pretende el actor (Brecha), quien invocando la transparencia persigue una finalidad contraria, al pretender que el Estado incurra en incumplimientos contractuales revelando información que está impedido de hacer, poniendo en riesgo la salud pública», añade.

Este jueves, la decisión fue apelada. El escrito de Brecha y el Cainfo apunta a que el juez amparó la posición de Presidencia sin pruebas sobre la existencia de estas cláusulas ni sobre el daño que provocaría la difusión de los contratos. «La clasificación de confidencialidad se ha extralimitado, impidiendo un acceso democrático a asuntos de interés general», señala la apelación. Y agrega que no se puede contraponer el derecho al acceso a la información pública y el acceso a la salud: «Las vacunas son consideradas por la comunidad como un bien público mundial, por tanto, no resulta plausible contraponer un eventual desabastecimiento de las mismas por la supuesta violación de las cláusulas contractuales, en la medida en que las empresas transnacionales también se encuentran obligadas en materia de derechos humanos».

Pese a la negativa de Presidencia a transparentar los precios pagados a los laboratorios, algunos datos comenzaron a filtrarse. El Estado ya efectuó pagos por 65 millones de dólares a Pfizer-Biontech y Sinovac (Búsqueda, 20-V-21), así como un pago anticipado de 2,2 millones de dólares al fondo Covax (Brecha, 5-III-21). Según los datos a los que accedió Brecha, hasta el 14 de mayo Uruguay efectuó al menos 16 pagos por vacunas: cuatro a Sinovac y 12 a Pfizer. En el caso de Pfizer, se pagaron 30.186.000 dólares y llegaron 722.990 vacunas. Esto implicaría 39 dólares por dosis, un costo superior al que tiene esta vacuna en el mundo (unos 20 dólares por dosis) y al declarado por el gobierno (25 dólares por dosis). En cuanto a Sinovac, se pagaron 35.465.000 dólares y llegaron al país 2,72 millones de dosis. Esto daría un precio de 12,8 dólares por dosis (en el mundo oscila entre los 10 y los 30 dólares).

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