La última tentación del desarrollo

Las diferencias en torno al petróleo

Dejarlo abajo

Claudia Antunes

En momentos en que la emergencia climática está produciendo olas de calor sin precedentes y fenómenos extremos, la reducción inmediata de la producción de combustibles fósiles, los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, fue una de las prioridades de las organizaciones de la sociedad civil en los Diálogos Amazónicos y en la cumbre de líderes de los ocho países amazónicos, que tuvo lugar entre el 4 y el 9 de agosto en Belém. Pero, hasta ahora, el presidente colombiano, Gustavo Petro, que propone el fin de los nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el bioma amazónico, ha sido una voz aislada entre los líderes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. El Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor productor de petróleo del grupo, va camino de aumentar la exploración en la región.

En tierra firme y en el mar, en la Amazonia Legal y en todo el margen ecuatorial del país –la costa que va desde Río Grande del Norte hasta Amapá–, hay 65 bloques que ya han sido adjudicados a empresas, aunque todavía no están produciendo petróleo y gas, y otros 127 que la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) ha puesto en venta. Además, la agencia está estudiando la adjudicación de otros 382 bloques en la región, 77 en tierra, en los estados de Amazonas y Marañón, y 305 en el margen ecuatorial. En este último caso, la autorización para realizar las subastas sigue dependiendo de los análisis internos de la ANP, de directrices medioambientales o de la realización de la evaluación ambiental del área sedimentaria, un instrumento que analiza todo el impacto que genera la cadena petrolera en una zona.

En la cumbre de Belém, se esperaba que el tema de los combustibles fósiles también ocupara un lugar central, ya que el encuentro tuvo lugar pocos días antes de un plebiscito sin precedentes en Sudamérica. El 20 de agosto, en Ecuador, junto con las elecciones presidenciales anticipadas, los votantes decidirán si suspenden la explotación petrolera en el llamado bloque ITT –iniciales de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini–, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. El parque amazónico ecuatoriano se define como un «arca de Noé» por la biodiversidad que alberga: según la Unesco, que declaró el Yasuní «reserva de la biósfera», en el lugar hay 610 especies de aves, 204 de mamíferos y 139 de anfibios, además de una vegetación que es original en un 99,73 por ciento.

En Brasil, tres meses después de que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) negara a Petrobras la licencia medioambiental para perforar lo que sería el primer pozo marino en la cuenca de la desembocadura del Amazonas, en el margen ecuatorial, la situación sigue en punto muerto. La empresa estatal, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, ha apelado la decisión y sus directivos han declarado a los periodistas que la licencia se aprobará tarde o temprano. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático aboga por que se lleve a cabo una evaluación ambiental del área sedimentaria de ese litoral antes de conceder cualquier autorización.

En esta franja costera ya se han adjudicado 41 bloques, nueve de ellos en la cuenca de la desembocadura del Amazonas. Según el informe de la propia ANP, 20 de los 41 contratos están suspendidos por dificultades en la concesión de licencias medioambientales. No obstante, la agencia mantiene 81 bloques en «oferta permanente» en el margen ecuatorial, lo que significa que puede venderlos sin licitación. Hoy solo se produce petróleo frente a la costa del estado de Río Grande del Norte. Cuando se subastaron los bloques, a partir de 2013, los ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía renunciaron a la evaluación estratégica. La cartera dirigida actualmente por la ministra Marina Silva argumenta que la evaluación ambiental permitiría que el proceso de concesión de licencias se desarrollara con más seguridad.

Sin embargo, para los representantes de las organizaciones ecologistas, indígenas y comunitarias que asistieron a la cumbre de Belém, lo que está en juego va más allá de los tecnicismos de la concesión de licencias. En los Diálogos Amazónicos, que tuvieron lugar del 4 al 6 de agosto, antes de la cumbre de líderes de los días 8 y 9, se debatió sobre la producción de petróleo y la transición energética en una de las cinco sesiones plenarias, para las que se esperaban unas 10 mil personas. Las ONG brasileñas, por su parte, organizaron un acto paralelo para defender que se abandone el plan de abrir un nuevo frente de explotación petrolera en el margen ecuatorial, como explica Caetano Scannavino, coordinador del Proyecto Salud y Alegría, que lleva casi 40 años trabajando con las comunidades ribereñas de la Amazonia. «Es un tema actual y panamazónico. En Brasil, es un momento decisivo para saber qué queremos como nación que posee la mayor parte del bioma líder en biodiversidad», afirma.

Scannavino recuerda que Brasil vive un período de proyección internacional: en 2024, Río de Janeiro acogerá la cumbre del G20, el grupo que reúne a las mayores economías del mundo, y, en 2025, de nuevo en Belém, se celebrará la 30.a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP30. En la conferencia se hará balance de los diez años transcurridos desde el Acuerdo de París, cuando los países acordaron evitar que la temperatura media del planeta aumentara más de 1,5 °C por encima de los niveles anteriores a la revolución industrial. A pesar del riesgo de que este objetivo no se cumpla, la producción de petróleo ha empezado a aumentar de nuevo en todo el mundo, tras un breve retroceso en 2020, en el auge de la pandemia de covid-19.

Lo que falta es «algún estadista» que diga que «el mundo está ardiendo y el costo de perder la batalla de los 1,5 °C es mucho mayor que cualquier ingreso del petróleo», afirma Scannavino, que también forma parte de la dirección del Observatorio del Clima. En su opinión, la cumbre era una oportunidad para que el presidente Lula da Silva adoptara una postura clara. «Dejar este petróleo bajo tierra, junto con la batalla por conseguir la deforestación cero, nos daría moral para exigir que otros países hagan lo mismo y quizás liderar un movimiento por una gobernación climática mundial más justa», afirma.

Cuando Lula y su homólogo Gustavo Petro se reunieron el 8 de julio en Leticia –ciudad colombiana fronteriza con la brasileña Tabatinga–, el brasileño no mencionó el petróleo como tema de la cumbre. Citó, entre otras propuestas, la creación de un parlamento amazónico, un mecanismo de certificación internacional de los productos de la biodiversidad de la región y la lucha conjunta contra el crimen organizado. En una rueda de prensa celebrada el 1 de agosto, el Itamaraty, la cancillería brasileña no quiso decir cómo se incluiría el petróleo en la declaración final de Belém.

LA LUCHA ECUATORIANA EN EL YASUNÍ

En Ecuador, el plebiscito que podría determinar la suspensión de la producción petrolera en el parque Yasuní es una vieja reivindicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de otras organizaciones, como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. El colectivo Yasunidos recogió las más de 584 mil firmas necesarias para proponer la consulta al Consejo Nacional Electoral, en un proceso en el que hubo varios giros y que, finalmente, aprobó la Corte Constitucional del país en mayo de este año.

La campaña a favor del plebiscito ha sido feroz, como relata el exministro y exdiputado Alberto Acosta, que recorre el país trabajando a favor del Sí. Dado que la pregunta que se formulará es «¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?», una respuesta afirmativa es contraria a la explotación petrolera. Según Acosta, una «santa alianza extractivista» –integrada por el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso (que convocó unas elecciones anticipadas para librarse de un proceso de destitución), las empresas del sector y los grandes medios de comunicación– se ha unido por el No. «Podría hablar incluso de terrorismo económico. Se dice que, si no se explota el petróleo del ITT, habrá una debacle económica, lo cual es falso», afirma. «Las cifras que se manejan sobrevaloran la calidad del petróleo, que es mala, e [infravaloran] el coste de extraerlo, que es alto».

Acosta fue ministro de Energía y Minas en el primer gobierno de Rafael Correa –que estuvo en el poder durante tres mandatos, de 2007 a 2017–, cuando se propuso crear un fondo internacional de 3.600 millones de dólares para compensar a Ecuador por no explotar el petróleo del Yasuní. En aquel momento, aún no había perforaciones en el Bloque ITT, de donde salen hoy unos 50 mil barriles diarios, equivalentes al 12 por ciento del petróleo que se produce en el país. La ONU aceptó administrar el fondo y varios países prometieron hacer donaciones, pero solo se materializaron 13 millones de dólares. Hoy, Correa –que fue condenado por corrupción y vive asilado en Bélgica– vota No (es decir, a favor de la explotación), al igual que su candidata presidencial, la exdiputada Luisa González. El único candidato que tiene posibilidades de ganar en los comicios del 20 de agosto que aboga por el Sí es el líder indígena Yaku Pérez.

El exministro ecuatoriano afirma que la idea del fondo fracasó porque el gobierno de Correa «no tenía una estrategia a largo plazo». El entonces presidente pidió préstamos a China para devolverlos en petróleo, y hoy la estatal Petroecuador explota el Yasuní en consorcio con empresas chinas. Alberto Acosta presidió la asamblea constituyente que redactó la Constitución de Ecuador de 2008, la primera en reconocer los derechos de la naturaleza. «Ahora es el momento de realizar acciones concretas, y Ecuador volverá a ser pionero si desmantela esta estructura petrolera», afirma.

Al igual que el brasileño Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, Acosta defiende la necesidad de una gobernación mundial más justa de la cuestión climática. Actualmente, en Ecuador, la propuesta del fondo ya no existe, pero los países ricos mantienen «una enorme deuda con el Sur global por la destrucción medioambiental que han causado históricamente», afirma el exministro. Acosta cree que el gobierno que salga elegido en su país podrá conseguir más financiación internacional para el clima a medida que los fenómenos extremos causados por el calentamiento global sean más frecuentes.

EL PESO DE PETRO

La idea de que debe compensarse a los países que consigan preservar la selva amazónica fue un tema constante en la cumbre de Belém. El propio Gustavo Petro propuso, en un artículo publicado en el Miami Herald el 12 de julio, canjear la deuda externa de los llamados países en desarrollo por acciones por el clima; esta deuda no es relevante para Brasil, pero sí para muchos países de América Latina y África. La postura del presidente colombiano contra los nuevos contratos petrolíferos en la Amazonia gana peso cuando se tiene en cuenta que su país exporta combustibles fósiles y depende de los ingresos del petróleo para cubrir una parte sustancial de los gastos del presupuesto del Estado.

Colombia es actualmente el segundo productor de petróleo de las ocho naciones representadas en la cumbre. El país no tiene una explotación importante en la selva amazónica, pero la frontera petrolera se estaba expandiendo hacia esa región cuando Petro asumió el cargo el año pasado, dice la colombiana Tatiana Roa Avendaño, del Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva. «Es una frontera que se va abriendo lentamente, porque ha habido mucha resistencia y porque en la Amazonia colombiana hay grandes parques nacionales, y aquí no se permite que se exploten», explica Avendaño, defensora de una transición energética justa.

Avendaño da fe de que Petro, que asumió la presidencia en agosto del año pasado, está cumpliendo su promesa de campaña de no firmar nuevos contratos petroleros. Pero subraya que hay contradicciones en el propio gobierno y mucha presión de la oposición, que recientemente propició la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que procedía del medio universitario. «En los 11 meses de gobierno de Petro no ha habido subastas. No ha cedido, pero no me sorprendería que en algún momento le hicieran una oferta», afirma. El principal resquicio sería la autorización para extraer gas en el mar del Caribe, que se vendería como «combustible de transición», como en Brasil. «Gobiernos anteriores encontraron reservas en aguas muy profundas, con todas las implicaciones técnicas que eso conlleva y los riesgos medioambientales en una zona sensible donde hay mucho turismo», afirma.

Como es evidente, la cuestión y las demandas son transamazónicas: muchos de los países que estuvieron representados en Belém tienen dilemas similares. En comparación con momentos anteriores, desde la adopción de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, en 1992, lo que cambia es la creciente evidencia de que los seres humanos llegan tarde a su compromiso con el planeta. «A pesar de que la crisis climática es consecuencia del uso de combustibles fósiles, han transcurrido 30 años desde la convención y solo ahora se incorpora este tema a la discusión», señala Avendaño. «Es importante que los países que tienen petróleo empiecen a hablar de cambiar el modelo, de tener zonas libres de explotación, y que se lo propongan a los que siguen consumiendo la mayor parte de las reservas que hay en el mundo.»

(Publicado originalmente por Sumaúma. Traducción al español de Meritxell Almarza. Brecha reproduce fragmentos.)