Parafraseando aquella conocida canción de Pablo Milanés, pareciera que la vida no vale nada. O, quizás, que hay vidas que siguen valiendo menos que otras. Cada vez que un adolescente muere en los barrios más castigados por la violencia, la discusión pública gira rápidamente hacia la legitimidad del uso de la fuerza, los operativos policiales o la necesidad de endurecer las respuestas. Mucho menos habitual es detenernos a pensar por qué esas muertes se repiten y qué nos dicen sobre la forma en que el Estado, las economías ilegales y las desigualdades producen determinadas realidades.
La reciente incorporación de vehículos blindados a los operativos policiales vuelve a instalar esta lógica. El debate parece reducirse a una pregunta binaria: ¿más fuerza o menos fuerza? Sin embargo, esa discusión deja de lado un aspecto central: ¿qué tipo de presencia estatal se está construyendo en estos territorios? Porque los blindados no son solamente un recurso operativo; también comunican una determinada manera de concebir la seguridad y de relacionarse con barrios que desde hace años concentran los mayores niveles de violencia letal del país.
Los barrios bajo la jurisdicción de la Seccional 17 constituyen un caso paradigmático. Allí se registra una tasa de homicidios que prácticamente triplica el promedio de la ciudad. Pero reducir este territorio a un escenario de criminalidad implica desconocer la complejidad de la vida cotidiana de quienes lo habitan. Una encuesta puerta a puerta que llevamos a cabo durante los meses de junio y julio de 2025 a residentes en esos barrios muestra precisamente esa complejidad.1
Para dos de cada tres personas la «droga» y todas las formas de violencia que involucra el mercado ilegal aparecen como el principal problema, junto con la falta de trabajo, la pobreza y las distintas formas de violencia. Pero también muestra algo menos visible: la relación con la Policía está atravesada por experiencias ambivalentes y contradictorias. Los vecinos reclaman mayor seguridad, al mismo tiempo que describen situaciones de abuso y arbitrariedad. La demanda no es simplemente «más policía»; es una demanda por una presencia estatal capaz de proteger sin reproducir nuevas formas de violencia.
Recientemente, un operativo encabezado por el Ministerio del Interior volvió a colocar en el centro del debate la relación entre policiamiento y violencia letal, a raíz de la muerte de Bryan Leites, ocurrida durante una incursión violenta en el barrio Borro. Antes incluso de conocerse con mayor precisión las circunstancias del hecho, el debate público se concentró casi exclusivamente en la legitimidad del disparo y en la necesidad de reforzar los operativos. Sin embargo, el episodio también obliga a preguntarnos por el tipo de vínculo que se ha ido construyendo entre el Estado y las juventudes de estos lugares, donde los encuentros entre policías y adolescentes ocurren en un escenario marcado por la desconfianza, la alta circulación de armas y una violencia que atraviesa la vida cotidiana.
Como señaló recientemente Nilia Viscardi (La Diaria, 1-VII-26), estas muertes no constituyen episodios aislados, sino que expresan la persistencia de una trama en la que las adolescencias de los barrios más vulnerables quedan expuestas tanto a las dinámicas de los mercados ilegales como a formas crecientemente intensas de intervención estatal.
Los resultados de la encuesta permiten comprender por qué estos episodios dejan una marca tan profunda en quienes habitan estos territorios. Más que confirmar una oposición simplista entre vecinos contra la Policía o vecinos a favor de la Policía, revelan una relación profundamente ambivalente. La mayoría de las personas entrevistadas reclama mayor seguridad porque convive cotidianamente con la violencia asociada al mercado ilegal de drogas, las disputas territoriales y la circulación de armas. Pero esa misma población también relata situaciones de abuso, hostigamiento y arbitrariedad policial. Lejos de ser demandas contradictorias, ambas experiencias conviven en la vida cotidiana: se exige protección, pero también se cuestionan determinadas formas de intervención estatal.
Esta tensión se expresa con claridad en los datos. El 11,7 por ciento de las personas residentes declaró haber sido víctima de alguna situación de violencia policial; porcentaje que asciende al 15,6 por ciento entre los jóvenes de 16 a 29 años y al 18,3 por ciento entre los varones. Tampoco se trata únicamente de episodios excepcionales vinculados a grandes operativos. Muchas de estas situaciones ocurren en las inmediaciones de la vivienda, en el espacio público o durante los trayectos cotidianos hacia el estudio o el trabajo, por lo que se incorporan a la experiencia cotidiana.
Reconocer esta realidad implica comprender que el policiamiento se despliega sobre una relación previamente construida, en la que coexisten experiencias de protección, control y violencia. En ese contexto, la incorporación de vehículos blindados puede fortalecer la capacidad operativa de la Policía, pero difícilmente modifique, por sí sola, un problema cuya raíz es también social, política e institucional. Si para muchos jóvenes el contacto cotidiano con el Estado se produce a través de controles selectivos, requisas, hostigamientos o el uso de la fuerza, la discusión ya no pasa únicamente por los recursos materiales con que actúa la Policía, sino por el tipo de vínculo que el Estado está construyendo con las comunidades a las que pretende proteger.
Esta discusión adquiere todavía más relevancia cuando se observa que la violencia letal no constituye únicamente un indicador criminal, sino también una experiencia que organiza y estructura la vida cotidiana de quienes habitan estos barrios. Como muestra Ignacio Salamano2 en su estudio sobre la distribución espacial de los homicidios en Montevideo, la violencia homicida se concentra territorialmente y deja de ser un episodio aislado para convertirse en un componente persistente del paisaje social. Esa concentración no solo incrementa el riesgo objetivo de morir; también moldea las formas de habitar el barrio, de circular por él y de construir expectativas sobre el futuro.
Cuando la principal imagen de la presencia estatal son operativos de saturación, controles permanentes, allanamientos masivos y ahora vehículos blindados, el riesgo es que la política pública termine reduciendo la complejidad del territorio a un problema exclusivamente policial. Los blindados transmiten un mensaje que excede su utilidad operativa: convierten al barrio en un espacio de ocupación antes que en un espacio de ciudadanía.
Esta lógica no solo afecta la relación entre la Policía y la comunidad; también transforma la forma en que las nuevas generaciones aprenden qué significa el Estado. Para muchos adolescentes, el contacto más frecuente con las instituciones públicas no ocurre a través de la escuela, el sistema de salud o las políticas sociales, sino mediante controles de identidad, requisas, persecuciones o procedimientos policiales. El Estado aparece primero como fuerza de control antes que como garante de derechos. Y esa experiencia importa. Porque la confianza institucional no se construye únicamente a partir de los resultados en materia de seguridad, sino también de la forma en que el poder público ejerce su autoridad. Allí donde el contacto cotidiano con el Estado está atravesado por el temor, la sospecha o el trato arbitrario, la legitimidad institucional se vuelve mucho más difícil de construir.
Por eso el caso de Bryan no puede reducirse a establecer si el disparo fue o no ajustado al protocolo. Esa será una discusión imprescindible para la Justicia. Pero también hay otras preguntas. ¿Por qué estos episodios ocurren siempre en los mismos territorios? ¿Por qué las víctimas son, una y otra vez, adolescentes y jóvenes de los mismos barrios?
La muerte de Bryan no comenzó el día del operativo. Tiene una historia detrás: décadas de segregación urbana, expansión de los mercados ilegales, circulación creciente de armas, debilitamiento de las oportunidades educativas y laborales, y una presencia estatal que, muchas veces, llega primero en forma de coerción antes que de derechos. Pensar únicamente en el instante del disparo es perder de vista el proceso social que lo hizo posible.
En ese contexto, la discusión sobre los blindados corre el riesgo de simplificar un problema mucho más complejo. La pregunta no es solamente si la Policía necesita mejores herramientas para enfrentar organizaciones criminales. La pregunta es qué lugar ocupa el policiamiento dentro de una política más amplia hacia estos territorios y qué tipo de relación entre Estado y ciudadanía contribuye a producir.
