La zona gris – Brecha digital

La zona gris

El Ministerio de Defensa reclama que el anteproyecto que crea un sistema nacional de inteligencia sea reabierto en esta legislatura. La debilidad de las capacidades de control previstas y el futuro de un ambicioso cargo de coordinador de los servicios, que funcionó durante el pasado período sin pena ni gloria, generan dudas.

Inteligencia. DIbujo: Eduardo Cardozo

José Ramón Bonilla había sido uno de los jefes del Estado Mayor de Defensa (Esmade), y antes jefe de la Fuerza Aérea. A poco tiempo de retirado, al general del aire se le encomendó una nueva tarea: ser el coordinador de los servicios de inteligencia del Estado.

El cargo de coordinador fue creado por la primera ley de presupuesto del anterior gobierno de Tabaré Vázquez, a fines de 2005. Fue recién en 2010, al asumir José Mujica, que la oficina en las cumbres de la Torre Ejecutiva fue ocupada. La tarea quedó en manos de Augusto Gregori, asesor de Azucena Berrutti durante su ministerio en Defensa, y también compañero de armas del presidente en su época tupamara.
El coordinador depende directamente de la Presidencia de la República, y acorde a los aires que ondeaban en ese momento, el debate sobre Defensa fue pensado como una de las cuñas “civiles” que resquebrajaran el monolito militar. De todas maneras, eso no fue explicitado en la ley de creación. De hecho, la aparición del coordinador fue la única señal enviada a los territorios más grisáceos del sistema: la inteligencia quedó concienzudamente por fuera del debate sobre defensa mencionado más arriba. Se sostuvo que ésta tiene un estatus propio, que desborda la esfera militar.

Gregori llegó al puesto respaldado en el decreto reglamentario de la actividad a desarrollar, sancionado en junio de 2010. El coordinador quedaba por encima de las unidades de inteligencia existentes, que mantenían su nivel de autonomía. No contaba con personal propio (salvo una obvia secretaría) ni estructura, sino que debía valerse de los recursos existentes en las variadas reparticiones dedicadas al asunto. Así, pudo saberse que existen al menos ocho oficinas dedicadas a la inteligencia en distintas zonas del Estado: la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (Dinacie) del Ministerio de Defensa (Mdn) y los departamentos de inteligencia de los estados mayores y órganos de las Fuerzas Armadas (al menos, uno por arma); la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior; la Dirección General para Asuntos Políticos de cancillería; la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay; y también la Dirección Nacional de Aduanas lleva a cabo sus propios trabajos de inteligencia.

El formato previsto obligaba a que el coordinador se moviera de forma transversal a las estructuras y que pudiera, a su vez, requerir información de cualquier escalón de las pirámides de inteligencia arriba mencionadas sin estar atado a las escalas de mando.

A su vez, el decreto reglamentario prohíbe que realice tareas represivas, en un intento por darle un cariz más “estratégico” a las tareas de inteligencia, acorde a las líneas que se plantean a nivel mundial (véase entrevista con Julián González Guyer). Y que a su vez pudiera vencer las “chacras” poco comunicadas de la estructura. Poco se sabe de los avances en la materia. El secreto y la confidencialidad son las características esenciales de los servicios, y el coordinador se fue silbando bajito. Gregori dejó el puesto en junio de 2013 en manos de Bonilla, en una situación que dista de estar aclarada. Según señalan fuentes vinculadas a la estructura –que pidieron reserva de su identidad–, la coordinación se enlenteció aun más con la llegada del general del aire. Con el arribo de Bonilla, la actuación de esa oficina fue todavía más críptica, así como el propio perfil del coordinador. Su cargo fue uno de los cesados cuando el cambio de gobierno, el 27 de febrero pasado.

Consultado por Brecha el prosecretario de la Presidencia actual, Juan Andrés Roballo, sobre el futuro coordinador (en estrecha relación con el presidente, ya que sus informes tienen como destino exclusivo al primer mandatario), se excusó y aseguró carecer de novedades al respecto. “Estamos instalando el gobierno. La Presidencia ha manejado una batería importante de proyectos de ley, llevamos más de mil actuaciones, contando decretos y resoluciones de todo tipo. Puede que el tema se haya conversado entre el presidente y los ministros respectivos, pero no me consta.”

Durante los últimos cuatro años el Parlamento estuvo trabajando en un anteproyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y elimina el cargo del coordinador. Lo que se especula desde filas oficiales es que ése sea el punto final a un cargo que había caído en desuso por efecto de su propia inercia.

PUNTOS FLACOS. El texto fue elaborado por una comisión parlamentaria especial para la materia. La tarea le fue encomendada por la Asamblea General a fines de 2011 y culminó en julio de 2014. El proceso, siendo estrictos, comenzó algo antes. En 2010 el diputado colorado José Amy presentó un texto que proponía crear una secretaría de control parlamentario de la tarea del coordinador, que iniciaba sus operaciones, partiendo de la idea de que ese cargo sería permanente.

La academia tampoco estuvo ajena a estos asuntos. Nicolás Álvarez es politólogo e hizo su tesis de grado tomando por base el proceso de discusión y negociación de este tema en las cámaras. Lo particular, ilustra, es que eso que comenzó como un intento de control parlamentario no quedó consagrado en el proyecto en cuestión: “Al final, el proyecto que se terminó negociando, tal como está, no crea el control parlamentario, no lo crea de hecho. Se da la disposición para que sea luego la Asamblea General la que lo haga. No crea aquello que fue el origen de su interés”.

Lo que sí crea el anteproyecto es una secretaría, el cargo de director de esa oficina (designado por el Poder Ejecutivo con venia parlamentaria) y una Mesa Coordinadora de Inteligencia, como ámbito de funcionamiento que “contará con el personal necesario para cumplir sus cometidos específicos”. Es decir, “su misión será producir inteligencia estratégica del Estado para asesorarlo, a fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas orientadas a la consecución de objetivos nacionales”, según se lee en el texto.

El control es su punto flaco. Se menciona un “control interno”, que ejercerá la propia unidad de inteligencia sobre sí misma (a cargo) y uno “externo” que el anteproyecto no especifica. “Lo que se establece en todas las leyes es una comisión bicameral en el Legislativo. El Poder Judicial se menciona en el proyecto; que toda la información que atañe la vida privada de los ciudadanos deba hacerse con autorización previa del juez, pero eso en realidad es algo que ya existe”, agrega Álvarez. Y analiza: “El proyecto está muy bien en términos generales, la falla es el sistema de control. Se habló mucho pero no se especificó”.

El otro motivo de polémica durante el proceso legislativo fue la oposición de intereses entre la dirección del sistema, que funcionaría en la órbita del Poder Ejecutivo, y el actual rol del coordinador de los servicios, que depende directamente de la Presidencia. El coordinador terminó perdiendo (de aprobarse el anteproyecto en cuestión sería eliminado). Álvarez explica cómo el ámbito en donde se coloque la secretaría tiene su que ver, y para ejemplificar trae el caso de Argentina, donde siempre dependió de la presidencia. Los líos ante la muerte del fiscal Nisman apuraron el debate sobre el rol de la Side (la agencia allende el Plata). “Las inteligencias en manos de la presidencia terminan funcionando como una policía política”, sostiene. Además del revuelo provocado por el deceso del fiscal, existen otras evidencias de infiltración de agentes encubiertos en organizaciones sociales y medios del país vecino. Uno de los casos conocidos fue el del agente Américo Balbuena, que pasó años infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh (véase “El espía de la Walsh”, en revista web Anfibia).
La otra modificación prevista en el anteproyecto que podría ser reflotado es que las áreas de inteligencia estratégica que hasta ahora manejaba la Dinacie pasen a la eventual nueva secretaría. La Dinacie fue creada a fines de la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, y fue una de las pocas modificaciones institucionales –si no la única– que se hizo en un área gris de la que se conoce poco y nada. No se sabe, por ejemplo, si las agencias listadas más arriba son las únicas existentes. El anteproyecto no las enumera. De hecho, no se pudo conocer a lo largo de este proceso cómo trabajan, ni en base a qué, los distintos servicios de inteligencia desperdigados por el Estado uruguayo.

El anteproyecto sí plantea una serie de criterios generales a los que deben ajustar su tarea. Una pregunta se impone: ¿es posible lograr una democratización de los servicios de inteligencia? Álvarez responde: “En América Latina y en estados débilmente institucionalizados la inteligencia ha sido una piedra en el zapato para la democracia. Por un lado, no hay civiles preparados para eso. Por otro, para hacerse bien, la inteligencia necesita de cierto secreto, y lo que la democracia exige es rendición de cuentas. Creo que puede lograrse, como en el caso alemán. Hay un tema de cultura: no se ha generado un debate, nadie estudia. Dado que la gente tampoco lo ve como una política pública, como sí se ve el transporte, por ejemplo, nadie va a reclamar un 3 por ciento del Pbi para la inteligencia porque sería un suicidio político. Es algo con lo que nadie quiere meterse. Hay que reconocerle al Frente Amplio que haya dado el puntapié inicial”.

[notice]

Con Julián González Guyer

“La inteligencia de Estado debe ser un servicio altamente técnico”

“La inteligencia existe desde que Tsun Tzu enunció la necesidad de conocer al enemigo para vencerlo”, cuenta el catedrático Julián González Guyer. Se trata de un investigador con destacado papel en la promoción del debate en torno a la ley de defensa nacional, así como del acercamiento entre los parlamentarios uruguayos y el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (Dcaf). En esta charla suelta reflexiones desde su oficina en el Instituto de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales, Udelar).

—La inteligencia es el trabajo de recolección de información y de análisis, de puesta a disposición de quienes toman decisiones. La diferencia entre los investigadores de la Universidad y un servicio de inteligencia es que nosotros no estamos para servir al gobierno, pero en esencia hacemos el mismo trabajo. De hecho, en Estados Unidos tienen a los investigadores como fuente de información. Una vez que me invitaron para conocer cómo se toman las decisiones de política exterior allá y me llevaron al Departamento de Estado, tuve una entrevista con quien se ocupaba de la región y ahí me enteré que un compañero de aquí, que estaba haciendo su doctorado, era informante del Departamento de Estado.

Las presidencias de los países organizados tienen su propio servicio de inteligencia analizando la realidad bajo lineamientos políticos establecidos. Hay un segundo aspecto, la contrainteligencia, que son aquellas medidas que se toman para evitar que otros sepan sobre cosas sensibles. Agencias que en vez de investigar, ocultan. Cuando los servicios de inteligencia chilenos trajeron al químico (Eugenio) Berríos a Uruguay, quienes estuvieron vinculados a eso de este lado, y ahora están presos en Chile, eran parte del servicio de contrainteligencia militar.

—¿Desde cuándo existen la inteligencia militar y la policial en el país?

—Haciendo una investigación en los archivos nacionales de Washington, investigué las comunicaciones entre la embajada estadounidense en Uruguay y el Departamento de Estado. A principios de los sesenta, gestión mediante del inspector general del Ejército de la época, vienen algunos militares de Estados Unidos a asesorar a la inteligencia militar uruguaya. Empiezan a preparar lo que pasó después, cuando los servicios de inteligencia se transformaron en un aparato de represión política. Inteligencia militar existió de mucho tiempo atrás, en el sentido de que los agregados militares mandaban información, mucho más en la época en que se temían invasiones de los vecinos, en que había hipótesis de conflicto…

—Una tarea de fronteras hacia afuera.

—La inteligencia militar y los militares no tienen nada que hacer adentro. Ellos están vinculados a lo de afuera. Lo que hace más complejas las cosas son las formas del delito organizado trasnacional: tráfico de drogas, armas, gente. Ahí las cosas se empiezan a mezclar. Mucho más cuando ese tipo de organizaciones adquieren cierto volumen y desarrollo que superan las capacidades de las policías.

—La creación de la Dinacie es una de las pocas modificaciones que tuvo la inteligencia local en los últimos años, ¿qué similitudes tiene con lo que ahora se plantea?

—A la Dinacie se le encomendó la inteligencia estratégica, el problema es que se la encargaron a los militares. Es una tarea esencialmente civil, pero los militares tienen una expertise que les viene de mucho tiempo, una metodología de trabajo, una sistematización de cómo hacerlo. Tiene muy poco presupuesto y por eso no puede ir muy lejos. Es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa. Además está pensada como organismo coordinador de todos los servicios de inteligencia. Cada arma tiene el suyo, autónomo, y compiten entre sí. La diferencia con lo que ahora se plantea es que está a cargo de un oficial general y funciona con una lógica militar. La cabeza debería tener otra lógica.

—Algunos consultados mencionaron la experiencia de la Dinacie como un fracaso, ¿cuál es su opinión?

—Nunca logró grandes cosas, y además carga con toda la herencia del pasado. Los gobiernos la miran medio de reojo, incluso los anteriores al Frente Amplio. El Servicio de Información de Defensa que (el coronel) Ramón Trabal creó en 1972 es parte de lo que termina en la Dinacie. Es tras el atentado del 11 de setiembre que se le otorgan las potestades como inteligencia de Estado. Cuando aparece el “terrorismo internacional”, que tiene mucho en común con la percepción del “enemigo comunista” de otras épocas. Como una hidra de cien cabezas, que tiene cierto centro pero que tiene tentáculos y cabezas por todas partes, y que tiene a su vez enemigos internos.

—Dado el protagonismo que los servicios de inteligencia uruguayos tuvieron en la represión, ¿la democracia logra recuperar el mando sobre esos servicios?

—Eso es siempre formal. El otro problema, igual que ocurre con las Fuerzas Armadas, es que para controlar algo tenés que saber de qué se trata, destinar cuadros para eso y generar institucionalidad que te permita controlarlo y dirigirlo. Nombrando un coordinador no controlás nada. Para controlar tenés que invertir recursos, humanos y materiales. Debés priorizar el tema. Esas cosas tienen su historia, su dinámica y se reproducen. Y si no hay idóneos, tenés que formarlos. La inteligencia de Estado es un servicio altamente técnico, gente con gran capacidad de análisis y que sea capaz de manejar y analizar grandes volúmenes de información. Precisás equipos, no cuatro o cinco personas aisladas.

[/notice]

Artículos relacionados