Una lepenización acelerada

Las Españas del odio

En los últimos meses, distintas agresiones lgtbifóbicas reavivaron el debate sobre los crímenes de odio en el Estado español. El asesinato de un joven gay en Galicia y una manifestación neonazi en pleno centro de Madrid, al grito de «¡Fuera, maricas,  de nuestros barrios!», son una muestra de una espiral de violencia que sale a la superficie legitimada por una ultraderecha sin límites.

Manifestación contra la homofobia y por justicia por el asesinato de Samuel Luiz. Madrid, 11 de julio Afp, Oscar del Pozo

El 18 de setiembre una manifestación de extrema derecha recorrió el centro de Madrid, desde la Plaza de Chueca, epicentro de las fiestas del orgullo LGTBIQ+, hasta la Puerta del Sol. En el recorrido, los participantes portaban banderas con simbología nazi y con los brazos en alto gritaban consignas como «¡Fuera, sidosos, de Madrid!» y «¡Fuera, maricas, de nuestros barrios!». También llevaban pancartas con consignas como «En Madrid, ni bandas latinas ni menas», en referencia a los menores inmigrantes extranjeros que viven en el país. Incluso, en uno de los videos se ve a uno de los manifestantes decirle a una persona: «Tú no eres español, porque no eres blanco».

La marcha, que duró alrededor de dos horas, fue escoltada por la Policía y tenía el permiso de la Delegación del Gobierno de Madrid. Había sido convocada por la organización Madrid Seguro, bajo el lema «Di no a las agendas 2030-2050». Este grupo fascista, conformado por distintas asociaciones de ultraderecha, tiene un discurso en contra de los inmigrantes, el colectivo LGTBIQ+ y el movimiento feminista. Sin embargo, estas credenciales no fueron suficientes para que las autoridades competentes desconfiaran de la intencionalidad de la manifestación. Después de la marcha, Mercedes González, delegada del gobierno de Madrid, dijo que su equipo y ella habían sido engañados por los organizadores. Después admitió que conocía a uno de sus convocantes, un líder de extrema derecha, pero aseguró que no tenía «argumentos legales» para prohibir esta movilización.

La violencia no proviene solamente de grupos de extrema derecha organizados. A Samuel Luiz, un joven de 24 años, lo mató un grupo de jóvenes que no tenía ningún tipo de articulación con asociaciones homofóbicas. En la madrugada del 3 de julio de 2021, Samuel fue golpeado brutalmente por siete personas al grito de «¡Maricón de mierda!» a la salida de un baile en Galicia. El asesinato provocó un efecto contagio, con decenas de manifestaciones en distintas ciudades del Estado español, con lemas como «Contra los nazis, marikonazos» y «Homofobia y fascismo son lo mismo». Sin embargo, en un primer momento la Policía descartó el carácter homofóbico del asesinato, por considerar que la palabra maricón no era una prueba suficiente para tipificarlo como delito de odio. Y no está claro que los imputados por el homicidio sean condenados por este cargo.

EL IMAGINARIO LGTBIFRIENDLY

España no tiene una legislación muy clara en materia de crímenes de odio. El Código Penal no menciona al delito de odio como tal sino que refiere a «los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución». Lo rebuscado de la tipificación hace que en la mayoría de los casos no se aplique. Además, el estigma y los prejuicios prevalecen en el Poder Judicial, al punto de que un hombre que en 2006 asesinó a una joven pareja gay en la ciudad de Vigo –a puñaladas y quemándolos– terminó absuelto por considerarse que el homicidio fue de legítima defensa. Uno de los argumentos del asesino fue que lo hizo por el «miedo insuperable» a que lo violaran.

«Tenemos una ley que se aprobó supuestamente para identificar estos crímenes. Sin embargo, eso no está pasando. Parece que a Samuel le tendrían que haber dicho: “Te estamos matando porque eres maricón” para que la ley lo contemplara. Pero no solo la Justicia: también los medios de comunicación, que han intentado echar por tierra que este sea un crimen homofóbico», dijo a Brecha La Charlie, portavoz del Movimiento Marikas de Madrid (MMM). Desde enero de 2020, este movimiento viene haciendo manifestaciones para alertar sobre el incremento de los ataques contra la población LGTBIQ+: «Es verdad que España tiene esa imagen de país abierto con todo lo que tiene que ver con lo LGTBI, pero el clima social es totalmente distinto a lo que puede verse desde fuera».

En 2005, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, España aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario. Fue el tercer país en tener una normativa de avanzada en esta materia con perspectiva de derechos. La conquista le valió cierta chapa de país lgtbifriendly, lo que propició un clima de apertura y visibilización, con la normalización en la vida cotidiana de actitudes o gestos de cariño que antes no se permitían en público. También ayudó a que se incrementaran las denuncias por delitos de odio. «Había menos miedo que en los noventa de salir del armario, de visibilizarse, y, por lo tanto, menos miedo de visibilizar esas agresiones. Pero todo eso cambió: hemos notado un auge bastante brutal de la violencia, que aparece de manera más constante, con dos o tres agresiones por día», indicó la portavoz del MMM.

LA PUNTA DEL ICEBERG

Como todo avance en materia de derechos, la apertura despertó la reacción violenta de quienes sintieron afectados sus privilegios y que con los años, al parecer, acumularon mucha rabia. Y así, poco a poco, la imagen pride española se desvaneció. Según el Observatorio Madrileño contra la Lgtbfobia, desde principios de 2014 se han incrementado las agresiones por homofobia, transfobia y bifobia, un dato que comparte el Ministerio del Interior, según el cual ese año este tipo de agresiones aumentó un 100 por ciento. Y, si bien no existe un estudio específico de 2021, el último informe general de delitos de odio señala que en el primer semestre del año las agresiones han aumentado 9,3 por ciento respecto de 2019. De momento, se han perpetrado 610, la mayoría por racismo, ideología y orientación sexual.

De todas formas, hay que tener en cuenta que estas son las agresiones que se denuncian, que, según el Ministerio del Interior, representan solo el 11 por ciento del total. Como señala la abogada Laia Serra en la revista Píkara, el asesinato de Samuel aumenta el descrédito del sistema judicial y causa un efecto aún peor: perpetúa el mensaje de que de nada sirve denunciar: «La tarea más dura que tenemos las abogadas no es la de batallar durante años en los procesos judiciales, sino la de acompañar a las personas agraviadas en el proceso de asumir la rabia y la impotencia ante el hecho de que tanto esfuerzo ha sido en vano, de que el mensaje institucional de apoyo a las víctimas es un escaparate y de que el sistema judicial no ha querido discernir la realidad, pudiendo hacerlo».

A su vez, las cifras no registran la violencia del día a día. La calle sigue siendo uno de los lugares más inseguros para las víctimas de los delitos de odio, aunque lo que ocurre en el espacio privado es imposible de cuantificar. Según La Charlie, el incremento de la violencia ha hecho que «muchas compañeras vuelvan al armario»: «Muchas dicen que vuelven a tener sensaciones que tenían en los noventa. Por un lado, la violencia de grupos de ultraderecha que salen a cazar; por otro, la de personas homofóbicas, como en el caso de Samuel, que no estaban organizadas, que te dan una paliza porque no quieren que estés en su entorno. Te sientes desprotegida y que en cualquier momento puedes ser la siguiente. Compañeras con miedo a salir de casa, o a determinadas horas, o a ir a determinados sitios».

Además, las Españas del odio se vuelven más violentas cuando acumulan opresiones. Fabiana Hernández es una mujer trans inmigrante que se dedica como activista a acompañar a otras trans en Madrid. Ella también percibe que ha habido un incremento de la violencia, particularmente en los últimos dos años: «La gente se siente más empoderada, respaldada y legitimada en la calle o en el metro para faltarte el respeto cuando te escucha hablar o se percata de que no eres española. Por eso en el metro o el bus no respondo las llamadas de teléfono». No obstante, Diego Asensio, de La Merced Migraciones, organización que trabaja con la población inmigrante LGTBIQ+, dice a Brecha que la violencia en la calle no es algo nuevo. Incluso, no reconoce que necesariamente haya un incremento de las agresiones: «Por ser una persona racializada o inmigrante, en muchos casos existe una doble y triple motivación en estos delitos, en los que las personas inmigrantes son más visibles y susceptibles de sufrir violencia en las calles u otros lugares públicos».

A su vez, en estos casos la denuncia es casi imposible, porque las personas en situación irregular administrativa tienen miedo de que las deporten. Asensio menciona el caso de una chica trans inmigrante que sufrió violencia y discriminación tránsfóbica e islamofóbica por parte de la Policía local, además de que no fue asistida de manera legal. Fue agredida el mismo día del asesinato de Samuel: «Muchas personas inmigrantes se encuentran con una versión falseada de la imagen que España proyectó de un país libre y abierto. No solo en cuanto a los derechos LGTBIQ+, sino también en cuanto a cómo se trata a las personas que llegan. En estos momentos sorprende el contexto de violencia en el que nos encontramos. Aun así, comparativamente, la realidad en España ofrece ciertas seguridades; no hay que negarlo».

LA LEPENIZACIÓN DE LOS ESPÍRITUS

Por muchos años España se vanaglorió de no tener partidos de extrema derecha, como sí tenían Francia, Italia y Alemania. Lo que no se decía era que los herederos del franquismo se habían aglutinado al cobijo del Partido Popular, un partido más recatado para los discursos ultraderechistas. «Pero esto empieza a resquebrajarse hace unos 15 años, con el gobierno de Zapatero, cuando empieza a surgir una derecha dentro del Partido Popular más neocón, muy influenciada por elTea Party estadounidense. Esa ola reaccionaria empieza poco a poco a reclamar más firmeza a la derecha española hegemónica contra los avances de la izquierda», dice a Brecha Miquel Ramos, periodista y analista de los movimientos de ultraderecha y cofundador del proyecto Crímenes de Odio, que desde 1990 registra los asesinatos cometidos por esta causa.

De esta reacción conservadora nació Vox, un partido de extrema derecha que desde su aparición, en 2013, ha ido legitimando los discursos reaccionarios: «Se está normalizando un discurso que pone en duda todos los derechos y las libertades conquistados. Es un cambio de sentido común, la batalla cultural de la derecha, que produce un contagio social por el que mucha gente comienza a no tener vergüenza de demostrarse homofóbica o antifeminista». Para Ramos, lo más preocupante es que esta transformación puede llevar a extremos como el asesinato de Samuel: «Ya no son los neonazis quienes cometen estos delitos, sino gente que tiene estos prejuicios y puede llevarlos al extremo. El discurso de odio siempre precede a la acción».

La irrupción de Vox radicalizó a otros partidos. Pero no solo al Partido Popular, que pivotea entre ser aliado y contrincante, sino también al Partido Socialista: «En Europa la extrema derecha es capaz de desplazar el eje político hacia su terreno. Y lo que produce es que partidos de centroderecha o, incluso, socialdemócratas adopten posiciones en determinados asuntos propios de la extrema derecha, como en temas de inmigración, islamofobia, lgtbifobia. Nosotros lo llamamos lepenización de los espíritus [en referencia al partido de ultraderecha francés Agrupación Nacional, dirigido actualmente por Marine Le Pen y fundado por su padre, Jean Marie], porque lepeniza, contagia al resto».

Y no hay que mirar muy atrás. En mayo, el Partido Socialista se abstuvo de aprobar la ley trans, que garantiza los derechos de este colectivo. Después de la votación, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que conforma el gobierno como representante de su socia Unidas Podemos, pidió «perdón» a las personas trans y dijo que el proyecto «debía haber llegado» a esa cámara «por parte del gobierno», pero «no lo ha conseguido». El «cordón sanitario» del gobierno español a la extrema derecha hace agua por todas partes, mientras que los discursos de odio campean a sus anchas: una naturalización de estos mensajes a la que algunos países deberían prestar atención, sobre todo aquellos que hasta hace poco tampoco tenían partidos de extrema derecha en sus instituciones.

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