El fin de semana pasado, el presidente de la república hizo un balance de su gobierno. En el plano de la seguridad, destacó logros («estamos mejor que en 2019») y llamó a no pelearse con los datos. ¿Con cuáles datos no habría que pelearse? ¿Con los registros administrativos de denuncias que lleva la Policía y que marcan un descenso en la cantidad de hurtos y rapiñas? ¿Con la estadística de homicidios, que señala que en este período de gobierno hubo en promedio la mayor cantidad de asesinatos? ¿Con las encuestas del Latinobarómetro, que en 2020 mostraron un crecimiento de la victimización en Uruguay? ¿O con las encuestas domésticas que señalan una evaluación profundamente negativa del gobierno en la gestión de la seguridad? Uruguay tiene un problema serio a la hora de obtener un diagnóstico preciso sobre los asuntos de la violencia, la criminalidad y la inseguridad, y no es buena cosa que los relatos oficiales diverjan tan significativamente de varias evidencias y del humor social sobre la realidad.
Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio del Interior (MI) firmaron un acuerdo para la realización de una encuesta nacional de victimización y para la mejora de las estadísticas de violencia y delito en el país. No queda claro si este proceso de colaboración técnica se justifica por las profundas carencias que muestra el panorama actual. Si es así, los relatos de éxito sobre las mejoras en la seguridad deberían ser revisados. Asentar una lectura diagnóstica en una sola fuente de información (las denuncias policiales), que, además, adolece de varios problemas de confiabilidad y validez, le quita sostenibilidad a cualquier despliegue de política pública, tanto para mapear contextos como para hacer evaluaciones de impacto. El discurso oficial asegura que el descenso de los principales delitos es fruto del mayor patrullaje policial, la mejora en la tecnología y el apoyo moral y material a las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es la evidencia que respalda semejante atribución causal?
Las estadísticas sobre delitos en Uruguay han transitado básicamente por tres etapas. La primera comenzó a fines de los años noventa. En un momento en el cual la criminalidad ya constituía un problema significativo, la lectura sobre las deficiencias de las estadísticas del delito llevó a cambios importantes en los sistemas de información. Así nació el llamado Sistema de Gestión Policial (que al inicio tuvo aplicación solo en Montevideo y Canelones), que permitió pasar del cuaderno policial de anotaciones al registro informático de las denuncias, y durante esos años se pudieron llevar adelante varias encuestas de victimización que permitieron la estimación del porcentaje de delito que no se denunciaba.
La segunda etapa está pautada por la creación del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del MI en agosto de 2005, que hizo públicas por primera vez y de manera sistemática las estadísticas del delito en un contexto de fuerte disputa política sobre la seguridad. El observatorio logró moderar afirmaciones públicas francamente desenfocadas sobre la realidad de la seguridad en el país y en algunos departamentos, promovió la creación de varios sistemas de información (Sistema de Gestión Policial, Sistema de Gestión Humana y Sistema de Gestión Carcelaria) y avanzó en la conformación de un espacio técnico sectorial con capacidad de análisis y producción de insumos para el desarrollo de una política pública.
Por fin, la tercera etapa se inició en 2010, y consistió en rutinizar y limitar el número de indicadores de violencia y criminalidad, pasando a desempeñar un rol problemático a la hora de procesar evidencias sobre la participación de adolescentes en los delitos o sobre las razones del aumento de los homicidios (las ambiguas clasificaciones sobre «conflictos entre criminales» o «ajustes de cuentas» tuvieron una consagración en las propias estadísticas oficiales sobre homicidios). En paralelo, también hay que reconocer avances en las tecnologías de la información que brindaron mejores soportes en cobertura y capacidad de procesamiento de la información, asunto que fue convergente en todos los ámbitos de la vida social.
Aunque nunca hubo tanta información disponible, la complejización de las dinámicas delictivas ha quedado sin diagnósticos precisos y convincentes. El volumen y la prevalencia del delito, sus rasgos y clasificaciones más relevantes, los distintos rubros de la victimización, el alcance y las razones de la no denuncia, las intervenciones institucionales, el porcentaje de esclarecimiento de los delitos, los niveles de impunidad para las situaciones más graves, la evaluación de la eficiencia y eficacia de la severidad punitiva, las tasas de reincidencia criminal, etcétera, son dimensiones que en nuestro país carecen de miradas específicas. No hablemos tampoco de estudios que permitan obtener miradas integrales a partir de datos de prevención, control, intervención judicial o privación de libertad.
Durante mucho tiempo pensamos que un proyecto sobre producción y análisis de información en violencia y criminalidad debía desarrollarse en la órbita del MI, bajo la premisa de que ese desarrollo tenía que impactar también en la confirmación de un nuevo perfil institucional para el propio ministerio. Pasado el tiempo y agravados los problemas de seguridad, la centralidad política que la Policía ha adquirido ha hecho retroceder todos los procesos en materia de construcción de una estrategia técnica y civil dentro de la cartera. La policialización y la partidización de las agendas de seguridad son elementos de contexto que nos llevan a pensar nuevos espacios para la institucionalización de un área de conocimiento sectorial. En el último tiempo, muchas voces han insistido en la necesidad de trasladar la responsabilidad de la estadística criminal a la órbita del INE. No estamos de acuerdo con esta solución, porque impide pensar en profundidad sobre la posibilidad de un nuevo diseño institucional para las políticas de seguridad.
Si una política pública sobre seguridad tiene que pensarse en clave sistémica, y desplegarse a partir de la ejecución de diversas funciones (prevención, control, sanción, rehabilitación), es un profundo error asimilarla a los cometidos exclusivos de un ministerio o de un actor central (en este caso, la Policía). Si hablamos de integralidad, tiene que haber un espacio institucional que la sostenga y que agrupe a los distintos actores. Una secretaría o una junta nacional en la órbita de Presidencia podría ser una posibilidad, siempre y cuando tenga un diseño exigente y una voluntad expresa de sostener una política sistémica. En algún momento hay que quebrar esa asimilación irreductible de la seguridad con el MI. Y con las estadísticas de delito ocurre lo mismo: hay que dejar de asimilarlas con los registros administrativos de las denuncias policiales. Y la solución no es trasladarlas al INE, sin más.
La producción de información y conocimiento sobre la violencia y el delito debe arraigar en un espacio político que contemple una perspectiva transversal. Eso supone –más allá de la autonomía de los distintos organismos– la integración de las fuentes administrativas (Policía, cárceles, Fiscalía, Justicia) y la habilitación de nuevas herramientas de monitoreo y evaluación, como las encuestas de victimización. Pero, además, supone estimular nuevas metodologías de medición y registro, integrar en el análisis distintas fuentes de información, discutir indicadores y nuevas categorías de clasificación. En definitiva, implica vínculos más estrechos y permanentes con la academia, la sociedad civil y las distintas redes de conocimiento.
Si queremos estar a la altura de los problemas que tenemos entre manos, necesitamos evidencias y un contexto amplio en el cual procesar nuevas interpretaciones para los procesos. Eso requiere diseño, inversión y puesta en funcionamiento. Exige también auditorías internas y controles de calidad de la información en cada uno de los organismos que producen registros estadísticos. Autonomía técnica, compromisos teóricos y amplitud metodológica son insumos imprescindibles para la construcción de un ámbito de conocimiento sectorial. Claro, para que todo eso sea posible, son las propias políticas –con sus lógicas y sus supuestos más arraigados– las que tienen que revisarse a fondo.
