La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal adulta es, en efecto, su gran iniciativa política de los últimos años. Es nada menos que su buque insignia. Los principales analistas políticos del país se deshicieron en su momento en elogios hacia el dirigente colorado por lo que a su juicio era una jugada magistral de ajedrez político que le permitiría a Bordaberry ganar una posición mucho más favorable en el tablero electoral. En el momento en que estas líneas son redactadas (martes por la tarde), los sondeos de opinión dicen que el Partido Colorado no obtendrá un resultado electoral mucho mejor que el que obtuvo hace cinco años, e incluso puede que obtenga uno peor.
Supongamos que ambos extremos se confirman. Supongamos que la reforma es derrotada en las urnas y que su principal impulsor no obtiene rédito electoral alguno, producto de esa iniciativa. ¿Cómo puede afectar eso a la forma en que se ha venido haciendo política en Uruguay respecto del delito y de la seguridad pública?
La derrota de la reforma y el pobre desempeño electoral de su principal impulsor pueden marcar un punto de inflexión en los discursos políticos sobre la materia. Una conjunción de resultados de esa naturaleza puede llegar a marcar el fin de una época: la época en que se apeló en Uruguay al discurso del populismo penal para mejorar los desempeños electorales de los partidos de derecha.
Por populismo penal ha de entenderse la propuesta de aumentar las penas con el objetivo de bajar la incidencia del delito o al menos para honrar un cierto sentimiento de justicia de carácter retributivo que se supone presente en la sociedad.
Es sintomático que el candidato blanco (que de hecho está subido al mismo buque) no hable del tema desde hace tiempo. Pero Luis Lacalle Pou no sólo le bajó el volumen a esta iniciativa, sino que además reclutó a quien ha sido en Uruguay en los últimos años uno de los más firmes opositores al populismo penal: el ex comisionado parlamentario para asuntos penitenciarios Álvaro Garcé. Hay dos posibilidades. O bien el ex comisionado está siendo usado burdamente como un instrumento de campaña, pero sus ideas no van a ser tomadas en cuenta en absoluto y no van a tener incidencia alguna en un hipotético gobierno blanco –maniobra a la que parece muy difícil que Garcé se esté prestando, porque no tiene ningún beneficio que obtener de ella y en cambio sí una sólida reputación muy bien ganada que perder–, o bien sus ideas serán incorporadas al discurso y a una hipotética gestión de gobierno de ese partido.
Es probable que, de confirmarse un resultado adverso, el propio Partido Colorado deba moderar su discurso en esta materia durante los próximos años. Es que las elecciones del próximo domingo pueden dar la señal de que prometer más cárcel ya no atrae más votos.
Por otra parte, es imposible seguir encarcelando gente al ritmo en que Uruguay lo está haciendo. El sistema penitenciario uruguayo se está volviendo insostenible incluso desde un punto de vista crudamente económico. Ya ni siquiera es necesario apelar a concepciones más humanitarias del castigo para poner en cuestión el actual estado de las cosas. Cuando la izquierda asumió en 2005, el sistema estaba colapsado. Ahora ya no lo está. Ello es así porque se han invertido grandes cantidades de dinero en ampliarlo y remodelarlo. Ese es un mérito indiscutible de los gobiernos de izquierda; sobre todo del gobierno actual. Nadie se lo va a reconocer porque a nadie le importan demasiado los presos ni sus condiciones de reclusión. Por eso es un mérito todavía mayor. Sin embargo, la izquierda, que ha actuado en forma muy meritoria en lo que hace al mejoramiento de las condiciones de vida en las cárceles, no ha puesto en cuestión la concepción del castigo que subyace en nuestro sistema penal. Hasta que no se empiece a cuestionar la idea de que el castigo penal debe suponer en forma necesaria (salvo en circunstancias extraordinarias) el encierro, nuestras cárceles van a estar cada vez más llenas. Todo el enorme esfuerzo que el país ha hecho durante estos años para mejorar las condiciones de reclusión va a ser neutralizado en pocos años por el aumento (que parece inexorable) de la población carcelaria. Por eso lo de más arriba: el sistema penitenciario uruguayo se está volviendo incluso económicamente insostenible.
Si se conjuga esto último con lo primero (el fracaso del populismo penal como estrategia para atraer votos), se obtiene como resultado un escenario en el cual algunas de las alternativas a la cárcel ya existentes en el mundo pueden encontrar condiciones favorables para empezar a ensayarse en Uruguay.
Por una parte, están los mecanismos de ejecución atenuada o suavizada de la privación de libertad (arrestos domiciliarios, semilibertad, tratamiento intermedio, semidetención, libertad controlada), que no son propiamente alternativas al encierro, en la medida en que no evitan la privación de libertad, pero buscan evitar los efectos más indeseables de la prisión, al tiempo que conservan el contenido de castigo que tiene la pena de privación de libertad.
Por otra parte, existen modalidades surgidas originariamente en torno a la suspensión condicional de las penas cortas de privación de libertad y que, en la actualidad, constituyen todo un conjunto de instrumentos que van desde los procedimientos de suspensión a prueba de la pena hasta el indulto condicional.
Por último, hay alternativas más radicales a la prisión, que se apoyan en concepciones filosóficamente alternativas de la pena y del proceso penal, como la justicia restaurativa, por ejemplo, que pone el acento en la reparación del daño causado a la víctima antes que en la mera punición del ofensor.
Una señal clara de la ciudadanía el domingo en contra del populismo penal será determinante para marcar un punto de inflexión en esta materia, o bien para seguir en lo que ya estamos desde hace por lo menos 30 años sin resultados positivos a la vista. n