En estos días en los que el frío cala hondo, el Estado uruguayo ha dado señales concretas de respuesta ante las urgencias sociales más inmediatas. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) activó una alerta roja por frío extremo enfocada exclusivamente en personas en situación de calle. Esta medida –excepcional por su especificidad– habilita el ingreso forzoso a refugios para quienes rechacen asistencia en contextos en los que la vida corre riesgo. A esto se suma un operativo de patrullaje territorial, extensión de horarios y líneas de atención directa. Una política necesaria, humana y oportuna. Todos estamos de acuerdo en que nadie más puede morir de frío en este invierno.
Al mismo tiempo, otra medida merece ser destacada: la reciente presentación del nuevo programa de préstamos para la vivienda en el interior del país, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Orientado a familias con ingresos a partir de 35 mil pesos nominales, el programa ofrece acceso a créditos para compra de vivienda. El beneficio abarca a los departamentos del interior del país y representa una oportunidad concreta de arraigo, dignidad y estabilidad habitacional para muchas familias trabajadoras.
Aquí, en el interior del país, también estamos de acuerdo con que la democratización del acceso a la vivienda debe ser una política pública a priorizar en todos los gobiernos. Ambas políticas –refugios para los más expuestos y préstamos para quienes quieren construir un futuro– merecen ser valoradas como avances importantes en la política social nacional. Sin embargo, hay una dimensión de la realidad que permanece opacada en este panorama de buenas noticias: los miles de familias que habitan viviendas precarias, invisibles en los márgenes del sistema.
El MIDES y la Agencia Nacional de Vivienda tienen en sus agendas a estos sectores, pero es hora de que sean prioridad también, porque estamos hablando de derechos humanos primarios: el derecho a una vivienda digna, a una vida segura, al abrigo, al descanso, a la salud. Derechos que no pueden depender de una planilla de ingresos o del lugar que se ocupa en una estadística.
Son hogares de personas que no están en la calle, pero casi. Viviendas de materiales endebles, sin aislación térmica, muchas veces sin acceso a energía segura, donde el frío se cuela sin pedir permiso y donde calefaccionar implica riesgos: conexiones clandestinas, estufas a leña inestables, fogones en el piso, braseros de fabricación casera. En estas condiciones, las enfermedades respiratorias se multiplican, el calor se vuelve un lujo y la pobreza es templada apenas por mantas y unas chapas. Algunos la amortiguan con unos vinos y otros con resignación. ¿Cómo es tratar de dormir cuando el frío duele hasta los huesos y sentís el viento que te sopla en la nariz?
También hay otras situaciones condicionadas por las bajas temperaturas, como la higiene personal, el cuidado de niños, de personas con discapacidad y de adultos mayores que necesitan atención, la concurrencia a centros de estudios, etcétera. Y si a esta inestabilidad en las paredes y el techo le agregamos la inseguridad alimentaria…
Estas personas tampoco acceden a los préstamos; no llegan al ingreso mínimo requerido, no tienen garantías formales. Viven en esa franja difusa a la que el Estado llega tarde, mal o nunca. Son trabajadores informales, familias monomarentales (aunque la RAE no lo reconoce, el término existe en los hechos y es utilizado para describir una realidad ampliamente extendida), adultos mayores, jóvenes sin empleo estable. Viven entre la fragilidad y el olvido.
También hay otro sector, que recibe sueldos en torno al mínimo de 23.604 pesos y tampoco accedería al préstamo mencionado al inicio. Estas personas cuentan con un recibo de sueldo todos los meses, pero no necesariamente tienen una mejor calidad de vida. En las localidades pequeñas del interior del país, generalmente no se registra presencia visible de personas en situación de calle, pero sí hay altos niveles de vulnerabilidad habitacional y pobreza. En estos contextos, es frecuente encontrar hogares con carencias críticas: construcciones precarias, materiales inadecuados para las bajas y las altas temperaturas, entre otras. Estas condiciones afectan directamente la calidad de vida, la salud y las posibilidades de desarrollo de las personas y configuran un tipo de exclusión menos visible, pero igualmente urgente.
Y aquí surge una nueva interrogante: ¿se cuenta con información de lo que sucede en la ruralidad profunda? Las iniciativas del MIDES y el MVOT son valiosas, pero dejan en evidencia que el entramado de protección social tiene costuras abiertas que dejan a varios uruguayos como gato mirando la fiambrera, lamentándose por no cumplir los requisitos solicitados.
Uruguay necesita mirar más allá de las cifras y los criterios administrativos. Necesita diseñar políticas que reconozcan la heterogeneidad de la pobreza, la complejidad de lo informal, la urgencia de lo precario. En esa mirada holística no se deben perder de vista las realidades que muchas veces no son incluidas, ya que no forman parte de ciertos estándares, y si no entran en ninguno de los ya existentes, los diseñadores y hacedores de políticas públicas deben contemplarlos.
EL CONTRALOR
Si bien corresponde reconocer el esfuerzo de los organismos públicos al implementar estas acciones y su responsabilidad intrínseca, también es necesario recordar que la política pública no se construye únicamente desde los escritorios ministeriales. La ciudadanía organizada –a través de sindicatos, organizaciones barriales, colectivos territoriales y redes de solidaridad– juega un rol clave como contralor, como voz activa y como generadora de redes de solidaridad. La defensa de derechos como la vivienda, el abrigo o una vida digna no puede depender únicamente de la voluntad de quienes gobiernan. Debe emerger también de una sociedad que reclama, propone y sostiene colectivamente lo que considera justo.
Por eso, interpelar a actores sociales, como los sindicatos vinculados a la vivienda, la construcción o el desarrollo social, revisar sus pronunciamientos o incluso impulsar nuevas plataformas reivindicativas desde la sociedad civil pueden ser una vía para fortalecer la incidencia de estas temáticas en la agenda pública. Las políticas públicas sin militancia social pierden fuerza, profundidad y continuidad y se sostienen mientras duran los períodos de gobierno que las promulgaron.
La fragmentación social, la pérdida del sentido de lo colectivo, la ausencia de vínculos barriales y la falta de reconocimiento al trabajo solidario cotidiano son también expresiones de un deterioro social que no se resuelve solo con leyes o programas.
Los inviernos seguirán llegando, y mientras el Estado entrega llaves y abre puertas –como debe ser–, también se debe tender la mano a quienes siguen esperando o ya no esperan nada. Al final del día, quienes defienden los derechos más básicos –además de los legisladores– son los trabajadores, los vecinos, los militantes y las personas comunes que siguen creyendo que un país más justo no se decreta, se construye, se reclama y se contagia, de persona a persona. Mirar lo que sucede a nuestro alrededor es un deber ciudadano. La justicia social no sucede por generación espontánea, por lo que las necesidades individuales no deben hacernos olvidar lo colectivo y lo urgente no puede desconocer lo importante.
María Noelia Ceballos es Maestra y magíster en Educación. Directora de escuela rural del departamento de Paysandú.
