¿Qué gracia tiene que el presidente te tutee y te diga «gracias por la pregunta» si después presiona a tu empleador para que te despida? Puesto a elegir, yo preferiría que no me tutee.
Si ese estilo tuvo, desde el principio, tufo a manipulación barata, ahora, después de la gestión de Presidencia para que los dueños de Canal 10 despidieran al coordinador del informativo Subrayado, se revela como una hipocresía que esconde un profundo desprecio por la libertad de prensa.
Como se detalla en otra crónica de esta misma edición de Brecha, la desvinculación de Eduardo Preve, el viernes 30, fue consecuencia del disgusto que venía acumulando Presidencia por el sesgo de los informativos centrales de Canal 10 en la cobertura periodística de la pandemia. No hubo, que se sepa, actitudes previas a esta presión: no hubo aclaraciones ni desmentidos, ni argumentaciones para cuestionar la información. No se trata, entonces, de falsedades, de tergiversaciones; el ofuscamiento de Presidencia es por la manera de tratar la información, de jerarquizar las voces y mirar todos los aspectos del problema. Ese ofuscamiento es la cuenta de almacenero de cuántas veces se entrevistó a voceros del Grupo Asesor Científico Honorario y cuántas al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en qué medida las voces opositoras fueron más efectivas que las voces complacientes y, en todo caso, por qué no se silenciaron aquellas voces para que estas no quedaran mal paradas. En definitiva, el ofuscamiento es con la realidad, no con el periodista; es un berrinche que desahoga la ausencia de grandeza y que pretende combatir silenciosamente, sin dar la cara, a ese periodismo que puntualmente no cae bien.
Esa mezquindad, que desprecia la condición de trabajador de quien será la víctima de la llamada telefónica, de la sugerencia artera, del pedido solapado, tiene su calco en los dueños de Canal 10. El presidente y el secretario de la Presidencia no deberían haberse rebajado a cometer esa indignidad, pero los dueños del canal nunca deberían haber aceptado esa presión. Con un agravante: el presidente pasa, pero los dueños del canal seguirán aceptando esa indignidad con cualquier presidencia. Ya ocurrió: fue uno de los dueños de Canal 10 quien le dijo al entonces presidente Julio María Sanguinetti que los canales estaban dispuestos a censurar el spot de Sara Méndez reclamando por su hijo Simón, spot que bien podría haber modificado el resultado del referéndum contra la ley de caducidad en 1989.
Es común identificar a los dueños de Canal 10 como los miembros de las familias Fontaina-De Feo, y aunque fue Jorge de Feo quien amañó la censura con Sanguinetti, los representantes de la tercera generación de los fundadores tienen participación minoritaria en el capital accionario de Saeta. Quien siguió los pasos de De Feo en un encuentro en Presidencia con Álvaro Delgado –según la denuncia de la Asociación de la Prensa Uruguaya– fue Martín Villar Giúdice, que hoy ostenta, por lo menos, el 32 por ciento de las acciones de Canal 10, es su principal directivo y regentea también TCC y Radio Carve. Con intereses en el negocio del transporte de carga y con vínculos con el grupo Otegui (forestación, UPM), Villar tiene el poder y los antecedentes para negociar personalmente en Presidencia la solución al disgusto por el enfoque periodístico de Subrayado.
Qué elementos de intercambio hubo sobre la mesa, no se sabe. Aunque es claro que los dueños de Canal 10 no tienen en gran estima a la independencia periodística, los términos del comunicado de Saeta revelan que la negociación fue a satisfacción de ambas partes. Es probable que la genuflexión de Canal 10 sea una contrapartida por los términos del proyecto de ley de medios, desglosado de la Ley de Urgente Consideración, que facilita generosamente la concentración de medios de comunicación y favorece al grupo Saeta, que en 2017 fue sancionado por el traspaso de acciones y venta de empresas no autorizadas.
La presión de Presidencia sobre Canal 10 tiene una consecuencia directa sobre el ejercicio independiente del periodismo en tanto fomenta la autocensura: si el poder político está dispuesto a impulsar represalias y los dueños de los medios a aplicarlas, ¿qué se espera del periodista? Este acoso, esta agresión que se reitera, es parte de una estrategia del Partido Nacional para debilitar al periodismo independiente y al periodista profesional, que ejerce su oficio con abstracción de la línea editorial del medio en que trabaja, más cuando se vienen registrando en medios considerados «conservadores» –en El Observador, Búsqueda e incluso El País– sesgos informativos que sin duda deben causar molestia en Torre Ejecutiva.
La ofensiva no es casual, se antepone a los efectos de una política de patas cortas y que no podrá justificarse en la herencia del gobierno anterior. Un francotirador de esa ofensiva previsora es la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Su estilo no debe hacer olvidar que ella es tercera en la lista de sucesión; si –dios no lo permita, como decía mi tía la beata– algo obligara a Beatriz Argimón a resignar su cargo de vicepresidenta, tendríamos una presidenta de la Asamblea General y del Senado de telenovela de las tres de la tarde. El blog humorístico Librumface atribuye la actividad política de la senadora a una «sofisticada maniobra del Frente Amplio», que implantó a Bianchi como su espía en el Partido Nacional. Lástima que sea una broma, porque el Partido Nacional y el gobierno no serían responsables de la campaña sistemática contra periodistas. Bianchi ha calificado de «traidor a la patria» al corresponsal de CNN Darío Klein; acusó a la periodista Cristina Richeri, de Radio Canelones, de hacer periodismo «militante» y a su programa como «un decadente “comité de base”»; tras un intercambio de tuits con Leonardo Pereyra, de El Observador, escribió: «Los uruguayos tenemos más memoria de lo que los mediocres piensan y no perdonaremos a los miserables»; acusó a la periodista Ana Laura Pérez, también de El País, de «operar permanentemente desde su cargo contra el gobierno». Paula Barquet, otra periodista de El País, fue objeto del ataque de Bianchi: la acusó de tener «una actitud de superioridad moral e intelectual sobre quienes tienen responsabilidades políticas e institucionales»; la superioridad es una obsesión de la senadora: en un intercambio con el periodista de Radio Sarandí Juan Miguel Carzoglio, tuiteó: «Lo tuyo fue un “golpe bajo”, que al menos yo no te dejé pasar. El ser periodista no te da inmunidad, sino más responsabilidad. Yo no les tengo miedo a quienes se creen con superioridad moral».
En defensa de Luis Lacalle, «un presidente muy liberal, cien por ciento demócrata», Bianchi argumentó que «los periodistas no se deben creer impunes o que tienen patente de corso para decir lo que quieran». Impremeditadamente, la senadora exponía la esencia de la cuestión: la intolerancia a la voz crítica e independiente, la presión y la censura es lo que caracteriza a quienes les molesta la democracia.
