Uruguay sigue batiendo récords. El pequeño país ha sido mencionado por algunos de los diarios más importantes del mundo, y no exactamente por razones merecedoras de festejo. Hoy, por tercera semana consecutiva, se encuentra en el puesto número 1 de muertes por millón de habitantes en el mundo, según Our World in Data. La buena noticia es la disminución del número de pacientes de covid-19 internados en CTI. En diálogo con Brecha, Arturo Briva, integrante del equipo de intensivistas del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), declaró que la ocupación de camas en CTI está «bastante estable», aunque el dilema sigue siendo el mismo: ¿a qué se deben las camas libres? «Las camas se liberan tanto por altas como por fallecimientos. Y, proporcionalmente, son más los fallecidos que quienes se van vivos, por lo que la situación sigue siendo grave», advirtió.
Si se analizan los datos relevados diariamente por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) y el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), se puede apreciar, además de una disminución de la cantidad de pacientes que mueren por covid-19 fuera de los CTI, algunas inconsistencias. Desde hace varias semanas, la SUMI informa de un número significativamente mayor de camas ocupadas por pacientes infectados con SARS-CoV-2 al que informa el SINAE, de 40 camas menos. La razón de esa inconsistencia «es una duda que tenemos todos», dijo Briva. Intuye que, debido a que ambos sistemas son alimentados por reportes voluntarios, la diferencia es administrativa e interpretativa. Según el intensivista, en los informes manejados por el SINAE, una vez que el paciente deja de ser considerado positivo, es dado de baja, por más que siga ocupando esa cama; la SUMI, en cambio, continúa incluyendo a esos pacientes entre los enfermos de covid hasta que son dados de alta o fallecen. «En el fondo, esto está reflejando que son sistemas artesanales. Y creo que como país necesitamos mejorarlos», finalizó.
La frontera seca con Brasil y las pésimas políticas del gobierno norteño ante la pandemia han facilitado la entrada de la cepa P.1, conocida mundialmente por ser hasta 2,5 veces más contagiosa y por su predilección por las personas más jóvenes y las embarazadas. El ritmo de la campaña de vacunación brasileña viene siendo muy bajo (solo el 18 por ciento de la población recibió la primera dosis) y el país enfrenta un nuevo fenómeno, aún no explicado: la muerte de niños por covid-19. Según el Ministerio de Salud de ese país, desde que comenzó la pandemia han muerto por esta causa 832 niños menores de 5 años. Pero la epidemióloga Fátima Marinho, quien lidera un estudio al respecto, aseguró a The New York Times que hay un subdiagnóstico, por lo que la cifra se elevaría a más de 2.200 niños, incluidos más de 1.600 bebés menores de un año. En lo que va de la pandemia, en Uruguay hubo cuatro muertes maternas y cuatro perinatales, y cinco pacientes embarazadas se encuentran en cuidados intensivos.
Por otro lado, la cantidad de muertes diarias por esta enfermedad sigue promediando las 50. Edgardo Rubianes, exdirector de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, explicó en su columna «Mil muertos por millón», publicada en 257 Noticias, que hay una correlación entre la curva de movilidad y la de contagios, «esta última retrasada en unos 17 o 18 días respecto de la primera». En cuanto a la evolución del índice de Harvard, el nivel rojo supone una propagación incontrolada y un número mayor a 25 casos cada 100 mil habitantes de promedio semanal. Este nivel se alcanzó el 9 de marzo y se ha mantenido. La cantidad de muertes alcanzó el promedio diario semanal de dos cifras el 19 de marzo y siguió aumentando hasta el pico del 15 de abril. Tal como lo advirtió tempranamente el Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH, Rubianes llegó a la conclusión de que durante el período febrero-abril continuó habiendo una relación estrecha entre movilidad, contagios y muertes.
APURANDO EL FINAL
Luego de percances, compras desmentidas por entidades internacionales y el cese de algunos funcionarios, se implementó el plan de vacunación, que avanza a buen ritmo teniendo en cuenta que, a 84 días de iniciado, poco más del 40 por ciento de la población fue inoculada con la primera dosis y el 27 por ciento con la segunda, aunque el camino para acceder a ellas no fue fácil de recorrer. Actualmente, más de 360 mil personas están esperando recibir la primera dosis. La página Vacunas.uy, con los datos abiertos que proporciona el Ministerio de Salud Pública (MSP), crea gráficas en tiempo real y muestra la situación del país en materia de vacunación. Según esta página, los actos vacunales no están distribuidos equitativamente por rango etario: la franja etaria más vacunada es la de entre 55 y 64 años (el 47,5 por ciento de ella tiene la segunda dosis); de la de entre 65 y 74 solo está completamente inmunizado el 28,7 por ciento; en la de los mayores de 75 el guarismo baja a 25,3, y la menos vacunada es la de los más jóvenes: solo el 8,9 por ciento de quienes tienen entre 18 y 25 años puede considerarse inmunizado. También hay claras diferencias regionales: en Canelones solo el 18 por ciento ha recibido la segunda dosis; en Durazno, el 45 por ciento, y en Montevideo, el 28 por ciento.
Aunque las muertes no cejen, el avance de la vacunación ha inspirado la idea de encontrar la manera de que cierta parte de la población pueda retornar a la normalidad. Tanto el gobierno como algunos legisladores han anunciado proyectos que permitirán participar de espectáculos públicos y otros eventos sociales a quienes estén completamente vacunados o presenten un test antigénico negativo. Es el caso del diputado colorado Felipe Schipani, quien planteó el proyecto de ley llamado «de pase verde», ya discutido en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara Baja. Schipani contó a Brecha que al proyecto «le fue bien» en esa instancia. El primer artículo establece: «En los espacios privados de acceso público y espectáculos públicos en general, los responsables u organizadores de los mismos podrán impedir el ingreso de aquellas personas que no acrediten haberse inoculado contra la covid-19». El diputado alegó que «aún falta pulir» la iniciativa. Entre otras cosas, se estaría estudiando cómo contemplar a quienes estén en la lista de espera de la vacuna y a quienes, por razones de salud, no pueden recibirla. Consultado sobre quienes decidieron no inocularse, respondió que no podrían ingresar si el organizador del espectáculo así lo decidiera. Por otro lado, admitió que el proyecto no contempló la posibilidad de que las personas no inoculadas puedan entrar presentando un test antigénico negativo. «Es algo que me parece bien. Tendrá que hablarse con las autoridades sanitarias sobre cuál es la vigencia de estos test», comentó.
LIBERTAD O MUERTE
Al establecer tácitamente restricciones para los no vacunados, y puesto que el gobierno ha preferido no decretar la obligatoriedad de la vacuna, podría entenderse que el diputado oficialista no está alineado con la enfática defensa de la «libertad responsable» predicada por la presidencia. En la exposición de motivos del proyecto hay, incluso, una alusión al asunto: «En referencia al principio de libertad, el filósofo inglés John Stuart Mill señalaba que el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás». Schipani dijo a Brecha que las personas «tienen el derecho de ir a lugares lo más seguros posibles desde el punto de vista sanitario». Aun así, considera que el proyecto no atenta contra la libertad de no inocularse, pues «da opciones para todos», en tanto «cada organizador [de espectáculos] podrá decidir si quiere aplicar la norma o no», y que «no se discrimina a quienes no se vacunen, porque podrán ir a otros lugares cuyos organizadores no se amparen en esta ley».
Gianella Bardazano, profesora titular de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República, catalogó este proyecto de «inútil», pues la obligación de los organizadores de este tipo de eventos siempre fue velar por la seguridad de los participantes. «Cualquier persona responsable de un espacio privado de acceso público tiene una responsabilidad en relación con la salud de quienes asisten», dijo a este semanario. Y recordó que esto está impuesto en el artículo 7 de la ley 17.250, de defensa del consumidor: «Está implícito y no aporta nada al proyecto». En cuanto a si los ciudadanos deben ser libres de inocularse o no, opinó que, por más que sea un derecho, en casos de epidemia «hay una posibilidad de limitar un poco la libertad, teniendo en cuenta consideraciones de salud pública que cualquier campaña de vacunación tiene que atender», aunque pudieran hacerse excepciones a esa obligatoriedad en función de las convicciones personales.
Por su parte, el Ejecutivo trabaja en un plan similar, aunque el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, se apresuró a señalar: «No será restrictivo. Porque hay por allí un rumor de que el que no esté vacunado no va a poder entrar [a los espectáculos]». Según el presidente, este rumor sería incorrecto porque en esta propuesta quien no esté vacunado podrá ingresar presentando un hisopado negativo que estaría disponible en las farmacias. Al igual que en el proyecto del diputado colorado, en el plan del gobierno la decisión final sobre si ampararse en la norma quedaría en manos de los organizadores. Pero, de hacerlo, disfrutarán de un aforo más generoso que el que rige en la generalidad de los casos. «Cuanto antes, mejor», respondió el presidente cuando se le preguntó cuándo se introduciría esa norma. Sin embargo, a la pregunta del semanario de qué sucedería con quienes se encuentren en la lista de espera para vacunarse, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini contestó que eso no sería un problema, dado que «para mediados de agosto todos los que se quieran vacunar estarán vacunados e, incluso, tendrían que haber superado los 15 días desde la segunda dosis», con lo que dio a entender que no está resuelta la fecha de la entrada en vigor.
El costo del test antigénico que deberían presentar los no inmunizados estaría a cargo de ellos mismos. La vigencia de estos test será de 24, 48 o 72 horas, dependiendo de la categoría de riesgo que el MSP asigne al evento. Aún «se está trabajando» en lo que sucederá con quienes no pueden inocularse debido a otras enfermedades, añadió Gandini: «La idea es abrir actividades con la seguridad de que todos los que participan en ella –más allá del cumplimiento de los protocolos que el MSP establezca– sean negativos o estén vacunados». En cuanto a la obligatoriedad de la norma en discusión, también matizó los dichos del presidente. Dijo que «todo está por verse», que «algunas actividades» podrán abrir «siempre y cuando exista esta garantía» y que de esta manera se podrán hacer fiestas, «algo que actualmente no es posible». «Se tienen que vacunar o tienen la opción del hisopado; si no, no van a poder participar», respondió al ser consultado sobre si esto afecta o no la libertad de las personas. «Es como el carné de salud: no es obligatorio, pero si querés trabajar, lo tenés que sacar, por tu salud y por quienes trabajan contigo», ejemplificó. Afirmó que esta es «una transición que nos permite adelantarnos hacia donde va el mundo».
LOS RIESGOS
Consultado por Brecha sobre la iniciativa, el coordinador general del GACH, Rafael Radi, respondió: «Como grupo, no vamos a trabajar ese tema y se lo hemos dicho explícitamente al gobierno». Señaló que los principales problemas de este proyecto son jurídicos y éticos, aunque remarcó que «se tiene que resolver la parte técnico-logística de dónde y cómo se harán los test y quién se hará responsable de ellos». Por su parte, el doctor en Ciencias Biológicas Santiago Mirazo dijo a Brecha que, «mientras el Estado no tenga la posibilidad de administrar todas las vacunas necesarias en tiempo y forma», una norma de este tipo significa la consagración de un privilegio. Advirtió que el uso del test antigénico «implicaría controlar que la muestra esté bien hecha, además de que en asintomáticos no funciona muy bien», en referencia a la baja sensibilidad de este hisopado.
«El dilema ético de la salud pública es encontrar hasta dónde lo individual tiene que comprometerse por el bien de la comunidad», dijo a este semanario el pediatra Carlos Zunino, docente de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina. Para Zunino, el dilema que plantean estas iniciativas es el mismo que hay que resolver para disponer la obligatoriedad o no de la vacunación y el gobierno no podría alegar que estamos en un régimen de libre albedrío si luego pusiera condiciones que llevan a la persona a vacunarse. En definitiva, las personas que por convicción no se vacunen serán llevadas a vacunarse y, puesto que «ya que están coaccionadas, dejarán de ser libres». Por otro lado, advirtió que no parece un proyecto fácil de instrumentar y habría que pulirlo para evitar el riesgo de discriminar o estigmatizar. También reparó en cómo esto segregaría a la sociedad: «Está bárbara la alternativa del test, pero hay que tener plata para comprarlo y eso deja a muchas personas por el camino. Yo creo que este instrumento va a dejar bien claro el choque colectivo, en el que vamos a tener un montón de argumentos para decir que esta medida ayuda a la salud colectiva, pero en el que también habrá argumentos para respetar la libertad individual». Recordó que algunos estudios afirman que los inoculados también pueden transmitir la infección: «Entonces, no sé cuán efectivo sería este plan».
Más allá de la prisa por anunciar estas propuestas, quedan por definirse ciertos aspectos relevantes para evaluarlas. Desde el punto de vista de la equidad social, sería fundamental saber a partir de qué fecha regirán, apuntó una fuente del equipo que conformaba el Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH. En la información más reciente reunida por el observatorio para apreciar el impacto socioeconómico de la pandemia figura una encuesta hecha en febrero sobre las dificultades del año pasado desde el punto de vista del bienestar. Sus resultados son los esperables en un país en el que las carencias materiales castigan especialmente a los más jóvenes. De acuerdo al relevamiento, mientras que el 20 por ciento de los encuestados de entre 18 y 34 dejó de percibir ingresos, esto le sucedió solo al 7 por ciento de los mayores de 60; y mientras que el 8 por ciento de los encuestados más jóvenes (de entre 18 y 29 años) contestó que en su hogar «a menudo no había suficiente para comer», solo el 2 por ciento de los mayores de 60 dio esa respuesta. En este sentido, si normas como las discutidas entrasen en vigor antes de que incluso los más jóvenes estuviesen vacunados, agravarían una injusticia ya difícilmente tolerable.
