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Un tribunal de apelaciones resolvió por unanimidad levantar el procesamiento por conjunción del interés público con el privado que pendía, desde hacía un año, sobre la cabeza de Gerardo Amaral, ex intendente frenteamplista de Treinta y Tres.

Resolvió anular también el procesamiento de los demás involucrados en la causa, los arquitectos Héctor Saravia Lacurcia y Susana Martínez Benia. Los tres habían sido procesados en 2014 tras una denuncia elevada por la junta departamental, con base en un informe realizado por la llamada junta anticorrupción, a raíz de dos obras públicas (la refacción del Teatro Municipal y la construcción de la Casa de la Cultura).

Saravia Lacurcia era representante técnico de la empresa Fens SA, ganadora de la licitación para la refacción del teatro. Martínez Benia fue directora de Acondicionamiento Urbano (2005-10). Saravia y Martínez son marido y mujer. Lo que se le imputó a Amaral fue haber “contravenido las obligaciones impuestas” por el decreto de Normas de Conducta en la Función Pública (30/2003) ...

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