Línea de tres

Desafiante con la línea del Ejecutivo, un documento elaborado en conjunto por economistas del MPP, la 711 y el Partido Comunista, al que accedió Brecha, plantea críticas y “preocupaciones” sobre la política económica que lidera el ministro Danilo Astori.

Foto: Alejandro Arigón

No es un documento más, aunque tampoco contiene propuestas desconocidas. En todo caso reaviva la disputa por gravar al capital y al sector agroexportador que afloró durante el gobierno de José Mujica. A juzgar por los resultados de los dos supuestos “equipos económicos” de aquel período, aquella puja no pasó de ser una batalla discursiva, más bien perfilista, ya que el mentado “giro a la izquierda” no tuvo demasiado anclaje y el barco continuó navegando por las aguas moderadas de la síntesis frenteamplista.

La novedad de este trabajo es que fue elaborado en conjunto por economistas que pertenecen a los sectores que lideran el ex presidente José Mujica (Mpp) y el vicepresidente Raúl Sendic (711), así como al Partido Comunista (Pcu). En los hechos el documento pone en blanco sobre negro la articulación de tres sectores que no pocos analistas ubican en el “ala izquierda” del Frente Amplio (FA), con peso en el Parlamento.

Herederos de lo que alguna vez se llamó el “Grupo de los Ocho” y que tuvo su plenitud de cara al congreso de 2013 que delineó el programa del FA, el ahora rebautizado “grupo de los tres” retoma algunos de los planteos que hizo en esa oportunidad. Emergen nuevamente como un contrapeso programático al Frente Liber Seregni que lidera el ministro Danilo Astori, capitán del rumbo económico. La intención de estos sectores era compartir el “documento borrador” con el presidente Tabaré Vázquez e incidir así en la elaboración del presupuesto, pero el mandatario no respondió a la entrevista que le solicitaron.

EL DIAGNÓSTICO. El documento de 11 páginas, fechado el 30 de junio, se inscribe en el marco de la polémica que dividió a la interna frenteamplista acerca del rol de las inversiones públicas, luego de que se postergara la construcción del Antel Arena. Es por eso que si bien el documento comienza diciendo que la política económica aplicada desde 2005 ha sido “un componente fundamental de un proceso continuado de crecimiento y distribución que hoy permanece”, no tarda en cotejar cómo se enfrentó la crisis internacional de 2008 con respecto a la actualidad. Así comparan ambos períodos: “(en 2008) no se reaccionó con ningún ajuste fiscal. Por el contrario, se mantuvo el gasto público y el salario no detuvo su recuperación. (En 2015) nos preocupan las señales que indican caminos que hasta ahora no hemos recorrido. El recorte del gasto público, de las inversiones de las empresas públicas y lineamientos salariales conservadores pueden transformarse en elementos procíclicos no previstos”.

En esa línea, el documento explicita inquietudes que parecen dirigidas al equipo económico: “nos preocupa que las inversiones de las empresas públicas sean consideradas como instrumentos de ajuste fiscal en desmedro de su función de sostenibilidad del proceso de desarrollo. Nos preocupa que el salario se vea como un componente de la política antinflacionaria, cuando se ha transformado en elemento fundamental de la lucha contra la pobreza y a favor de una distribución del ingreso más equitativa”.

En relación con la inversión en infraestructura de 12.000 millones de dólares que anunció Tabaré Vázquez como récord histórico, el documento sostiene que en el gobierno anterior también se invirtió una cifra similar pero con un componente público mayor. Lo explican así: “Es importante aclarar que considerando anuncios recientes del Poder Ejecutivo en materia de inversiones en infraestructura, la propuesta aquí presentada puede parecer magra a primera vista. Sin embargo, se debe mantener en mente que el programa de expansión del gasto del 4 por ciento del Pbi propuesto es incremental sobre el piso de 10.000 millones de dólares de inversión que se había llevado adelante en el período anterior, alcanzando también 12.000 millones de dólares aproximadamente, pero con un componente público participando en una proporción mucho mayor a la propuesta difundida días atrás”.

En el texto tampoco ocultan las diferencias con respecto a los lineamientos salariales para el sector privado que fijó el gobierno. Según los técnicos del Mpp, la 711 y el Pcu, en estas pautas “subyace la idea de que los salarios deben ser la variable principal a ajustar para reducir las presiones inflacionarias”. Aunque no lo explicitan, comparten la postura del Pit-cnt de que los salarios deberían crecer a la par del Pbi: “se espera que el salario real promedio se incremente un 4 por ciento en los próximos tres años, mientras que la proyección de crecimiento del Pbi asciende a 8 por ciento en igual período. Una evolución como la planteada conduciría inequívocamente a una caída de la masa salarial como proporción del Pbi total del país, retrocediendo en un importante objetivo redistributivo”.

Un espacio prioritario dedica el documento –sobre todo un anexo de dos páginas– a fundamentar la necesidad de usar 2.000 millones de dólares de los 17.890 millones de reservas que tiene el Banco Central. Según los economistas, la acumulación de reservas trajo “ventajas” (operan como un seguro) pero también “costos” (implica un mayor pago de intereses). Así, “el exceso de reservas en este contexto implica que existe espacio para un mayor endeudamiento de una vez, que permitiría soportar el programa de expansión contracíclica del gasto orientado hacia inversiones que permitan un crecimiento futuro mayor”. Esto está en sintonía con la propuesta que realizó el miércoles el Instituto Cuesta-Duarte, del Pit-cnt, con el asesoramiento del ex ministro socialista Daniel Olesker. El gobierno ha descartado con insistencia el uso de las reservas para un plan de inversiones. Ayer el director de la Opp, el también socialista Álvaro García, afirmó que “planteos de este tipo no son responsables”.

LA PROPUESTA. Con respecto al gasto tributario, el documento propone dos líneas de acción: revisar las exoneraciones tributarias y redistribuir la carga impositiva total entre los sectores sin crear nuevos impuestos. La primera línea implicaría un uso más “selectivo” y “topes” a la promoción de inversiones: “Una reducción del amplio gasto tributario que enfrenta el Estado (6,08 por ciento del Pbi en 2013, que equivaldría a 3.330 millones de dólares en términos del Pbi de 2014) permitiría llevar adelante la política de inversión contracíclica sin cargarla en forma completa a un aumento de una vez de la deuda”. La segunda línea rescata medidas sugeridas en el programa del FA para redistribuir la carga impositiva sin crear nuevos impuestos. Por ejemplo, aumentar los impuestos a los sectores de más altos ingresos, a las ganancias extraordinarias, a la importación de bienes suntuarios o a los de baja calidad que compitan con la producción nacional. También incrementar la alícuota del Irae u otras herramientas tributarias para gravar las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra, así como un adicional a la distribución de dividendos que se transfieren al exterior.

En relación con la inversión en infraestructura, el documento distingue entre caminería rural e infraestructura urbana básica, y se apoya en estudios realizados en 2014. Con respecto a la primera sostiene que se precisaría una inversión inicial de 2.000 millones de dólares para mantener toda la caminería rural. De los 38 mil quilómetros de caminería rural, 16 mil están expuestos a carga leve, 13 mil a carga moderada y sólo 800 a carga intensa. A su vez, 82 por ciento de la carga total corresponde a la madera y el 18 por ciento restante a granos, ganadería y lácteos. “Qué infraestructura construir es una decisión de política industrial, así como también qué porcentaje del costo de provisión se cobra a los usuarios (…) una parte importante de la inversión puede ser recuperada mediante el cobro por el uso de la infraestructura”, consigna el documento. Pero no define medidas: “Para determinar con exactitud los caminos a priorizar y el porcentaje de costos a cobrar se deberá llevar adelante un estudio más detallado de estos aspectos”. Con respecto a la infraestructura urbana básica (alumbrado, pavimento, aceras, desagües y rampas), se necesitaría una inversión de entre 1.300 y 2.500 millones de dólares.

El documento concluye que “una política contracíclica es posible gracias al espacio con que cuenta el país actualmente, y puede ser llevada adelante respetando la estabilidad y orden macroeconómicos que han caracterizado al país durante los últimos diez años. Así, se propone un plan de aproximadamente 4 por ciento del Pbi, financiable mediante distintas vías, que atenúe la variación cíclica actual del crecimiento a la vez que levante restricciones que tiene la economía para un mayor crecimiento futuro”.

El financiamiento del plan

Las alhajas de la abuela

El documento plantea dos fuentes de financiamiento para llevar adelante el plan de gasto contracíclico de 4 por ciento del Pbi: la utilización de las reservas (aumento del endeudamiento) y la reducción del gasto tributario (modificando la distribución de la carga tributaria). “En el marco de una política contracíclica de gasto, entendida ésta como su aumento particularmente en inversiones, por una sola vez y durante el período de enlentecimiento del ciclo, ambas fuentes de financiamiento son compatibles con el manejo responsable y prudente de las variables macroeconómicas.” Además de esas dos fuentes de financiación, el documento apunta a buscar recursos en tres direcciones: las Afap (2.000 millones de dólares), el Fonasa (300 millones) y la Caja Militar (300 millones). La primera vía implica canalizar hacia proyectos de infraestructura la mitad de los fondos de las Afap. La segunda supone suprimir la devolución de aportes superavitarios al Fonasa (o suspenderla temporalmente o aumentar el porcentaje de aportes a los ingresos superiores). Y la tercera implica una reforma de la Caja Militar similar a la operada para la Caja Policial.

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