Llegar a tiempo

Desde la vuelta a la democracia, Uruguay ha avanzado tímidamente en el cuidado, la preservación y el reconocimiento de los sitios en los que la dictadura dejó su huella. Un proyecto de ley elaborado por el senador Marcos Carámbula y organizaciones sociales de derechos humanos parece cambiar la pisada del Estado en materia de memoria.

La “casona” de Punta Gorda permanece en manos privadas

El destino y los usos de los sitios por donde pasó la dictadura son de lo más diversos. Existen dependencias que, indiferentes a su pasado, continúan en el mismo lugar y con funciones similares a las de la época, como son los casos del Batallón 13 y el Batallón 14. Otras unidades militares, la de Fusileros Navales, por ejemplo, cambiaron de locación. Algunas fueron demolidas, como el Batallón Florida de Infantería número 1, en Buceo, donde actualmente hay viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay.

Las cárceles, en su mayoría, continúan perpetuando su uso original. Otras mutaron ampliamente, como la cárcel de Punta Carretas y la de Miguelete. La primera se convirtió en un lujoso shopping, en la segunda funciona el Espacio de Arte Contemporáneo (Eac).

Centros clandestinos de detención como el 300 Carlos y la Cárcel del Pueblo siguen bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (Mdn). La casa de Punta Gorda donde operó el centro clandestino de torturas conocido como Infierno Chico está en manos de privados.

La memoria y la historia aguardan allí, latentes, a ser visibilizadas, resignificadas y apropiadas por la sociedad. Un borrador de proyecto de ley redactado por el senador Marcos Carámbula y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos busca revertir la línea que ha tenido el Estado en el cuidado de estos lugares desde la salida de la dictadura hasta la actualidad.

 LA MATERIALIDAD DE LA MEMORIA. En su exposición de motivos el proyecto establece que la creación de sitios de memoria es una “herramienta a disposición del Estado para cumplir con su obligación en materia de justicia, verdad, memoria y reparación. Su materialidad es testimonio de los hechos allí ocurridos y constituye un patrimonio cultural para las generaciones del presente y del futuro”.

En diálogo con Brecha, Carámbula adelantó las características de una iniciativa que pretende poner a tiro las acciones del Estado en materia de verdad, memoria y justicia. Actualmente el borrador está siendo elaborado, en permanente consulta con Crysol (asociación de ex presos políticos), Ágora (Asociación de Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria) y la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca.

En agosto se realizará un encuentro nacional en el que se trabajará en el ajuste y el enriquecimiento del proyecto. A esa reunión asistirán legisladores, organizaciones sociales, el Grupo de Trabajo por Verdad y Memoria, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la Secretaría de Derechos Humanos y Memoria, de la Presidencia de la República, y expertos argentinos vinculados a la redacción de la ley de sitios de memoria de su país.

A partir de los comentarios y sugerencias que surjan en esa instancia se presentará el texto a la bancada del Frente Amplio y luego al Parlamento. Carámbula es optimista respecto del futuro del proyecto. Hasta el momento no ha percibido resistencias sino todo lo contrario, visibiliza una “necesidad de avanzar”.

En primer lugar, el proyecto de ley definirá las características generales de los espacios donde se hayan cometido crímenes de lesa humanidad y los lugares de resistencia que puedan ser considerados sitios de memoria. El período que abarca va de 1968 a 1985. A partir de la señalización –ya contemplada en la ley de reparación, número 18.596– se obligará al Estado a garantizar la “protección, preservación y no innovar” en los lugares considerados sitios de memoria.

El senador se detuvo en este punto y argumentó que muchos espacios han sido modificados, no sólo en dictadura sino en democracia. Además, enfatizó que los sitios son clave para las investigaciones judiciales, por lo que existe una necesidad imperativa de “no tocar” que se verá materializada con la ley.

Según Carámbula, la identificación de estos espacios moviliza a la sociedad a compartir sus testimonios y datos sobre los hechos ocurridos en el lugar. De hecho, a partir del reconocimiento del centro clandestino Los Vagones, en Canelones, ex presos políticos y vecinos de la zona se juntaron pare recopilar relatos, fortalecer la memoria y preservar el lugar (véase Brecha, 29-IV-16).

Un segundo paso será crear un Archivo Nacional de Memoria, en donde se sistematice toda la información que hay y la que pueda surgir. “Existe, en el interior del país, una cantidad de datos guardados en comisarías. Algunos quedaron ahí y no se investigaron. Otros, tenemos la certeza, se han borrado. Queremos llegar a tiempo”, sentenció el legislador.

Un tercer mojón en esta iniciativa es la educación en torno al sitio. Para el senador la memoria tiene que ser “construida con la comunidad”, y para eso es clave que la “gente pueda entrar” y conocer qué pasó en el lugar. Según Carámbula, la ley argentina de sitios, en la que se basa gran parte del proyecto de ley uruguayo, hace especial énfasis en la función pedagógica y educativa de los lugares. Para eso se buscará, oportunamente, el apoyo de las instituciones de enseñanza.

La mayoría de las unidades militares que participaron en la represión se encuentran hoy bajo la órbita del Mdn. Consultado acerca de la posibilidad de que el ministerio ceda esos lugares para que funcionen como sitios de memoria, Carámbula opinó que “la fuerza de la ley va a hacer que esto se reconozca. De hecho ya se está haciendo, en los cuarteles se están colocando placas”.

La aplicación de la ley estará en manos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, con asesoría de un grupo integrado por organizaciones sociales vinculadas a la temática de los derechos humanos y técnicos especializados de la Universidad de la República.

Según Cárambula, la visión abarcativa de los sitios de memoria y el trabajo conjunto con las organizaciones sociales para la redacción de este proyecto “ayuda a la estrategia de no volver atrás y, efectivamente, le da un paso más continuo a la búsqueda de la verdad”.

EL IMPULSO Y SU FRENO. El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh) elaboró un documento que establece los principios fundamentales que deben tener las políticas públicas sobre sitios de memoria.1 Si bien Uruguay participó en su aprobación, las acciones que ha tomado el Estado en esta materia han sido aisladas y en algunos casos insuficientes.

Según este documento, es obligación del Estado garantizar la conservación de los espacios físicos donde se violaron los derechos humanos, “ya que pueden aportar material probatorio relevante en los procesos judiciales en curso o que puedan abrirse en el futuro”.

Sin embargo, las modificaciones de estos lugares son moneda corriente en Uruguay. Para el abogado del Observatorio Luz Ibarburu Pablo Chargoñia estas modificaciones “no son más que una muestra de una ausencia política del Estado orientada al esclarecimiento de los hechos criminales de la época del terrorismo de Estado”.

El año pasado, después de una inspección ocular en el Batallón de Infantería número 13, el abogado había descrito a La Diaria que las alteraciones en el sitio eran “perturbadoras”. Pero las alteraciones en este centro clandestino no son las únicas. El predio donde funcionó Fusileros Navales presenta serios cambios. Las celdas que tenía el lugar hoy ya no existen. Además hay espacios donde no se puede entrar porque están tapiados. “Esto hace a cada una de las diligencias oculares muy dificultosas para el sobreviviente”, enfatiza Chargoñia.

Tampoco el local donde funcionó y continúa funcionando inteligencia policial, ubicado en la calle Maldonado esquina Paraguay, no fue preservado. “Todos los presos recuerdan escuchar un montacargas que hoy no existe. Lo que subsiste son los botones para subir y bajar el elevador, que prueban que efectivamente existió.” El colmo de la ausencia del Estado respecto de estos espacios llega a su punto máximo con “la placa de bronce que existe en inteligencia policial en homenaje al torturador Víctor Castiglioni, que algunos sobrevivientes están luchando por quitar”, agrega el abogado.

El espacio donde operó el Servicio de Información de Defensa –en el que se vio a María Claudia García de Gelman–, ubicado sobre bulevar Artigas, esquina Palmar, está lejos de ser lo que alguna vez fue. Chargoñia señala que luego de que el Poder Ejecutivo decretara el traspaso del predio a la Inddhh, “el Mdn modificó todo el lugar”. El abogado alerta que las modificaciones hechas a los espacios pueden “ser utilizadas por los violadores de derechos humanos para alterar toda la investigación en su propia defensa y en la búsqueda de la impunidad que pretenden”.

A su vez, la investigación de la Ippdh sostiene que, en materia de reparación integral, “resultan significativas las iniciativas de identificación, señalización, recuperación, preservación y apertura al público de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos”. En este sentido, mediante la aprobación de la ley de reparación, el Estado ha avanzado en reconocer, identificar y señalizar sitios emblemáticos de la dictadura.

El Ministerio de Educación y Cultura (Mec), institución que se encarga de aplicar la ley, colocará el lunes 27 de junio dos placas frente al Batallón de Infantería número 13 y al Servicio de Material y Armamento del Ejército, donde funcionó el centro clandestino de detención 300 Carlos.

Giovanni Rotondaro, integrante de la Comisión Especial de Reparación del Mec, sostiene que las placas son importantes para la reparación integral, “porque es un reconocimiento por parte del Estado de asumir su responsabilidad en los hechos de violación de derechos humanos”. También recalca que es una manera de “construir memoria” y que las placas tienen “un gran valor, ya que se colocan a partir de la solicitud de víctimas, familiares y organizaciones sociales”.

Si bien la ley de reparación se promulgó en 2009, la primera placa “se instaló a principios de 2014”, señala Rotondaro. Hasta el momento se han colocado 11 placas en todo el territorio y se espera que este año se sumen siete más.

Según Chargoñia la incorporación de las placas a los sitios de memoria pone a relucir “la presencia de una política de olvido. Me temo que este tipo de gestos son proporcionales a la falta de investigación de los crímenes que ocurrieron en ese lugar”.

En la misma línea, el arqueólogo español Carlos Marín Suárez, ex integrante del Grupo de Investigación en Antropología Forense,  cuestiona el simbolismo que tienen la colocación de placas y la señalización –a las que denomina “marcas-monumento”– en los lugares donde se cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura, ya que establecen una “ruptura entre el pasado y el presente”.

Según el arqueólogo es necesario profundizar en “marcas-proyecto” que proponen “un trabajo continuado en el lugar, donde la sociedad pueda acudir recurrentemente y sirva como un anclaje de memoria”. Las marcas-proyecto buscan que “la propia materialidad del lugar lleve a la sociedad a reflexionar sobre el pasado y su vínculo con el presente”.

Marín entiende que los sitios pueden ser “lugares políticos muy potentes”, y eso explica por qué al “gobierno no le interesan los sitios de memoria y sí las marcas-monumento”. Para el arqueólogo, el Estado llegó tarde a la preservación de los lugares de represión.

Además de la señalización visible en el espacio, el artículo 8 de la ley de reparación sugiere que el Estado “podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones”. Si bien no se ha avanzado en este sentido, Rotondaro explica que internamente se ha dialogado sobre relevar ciertos lugares como espacios memoriales: “señalizar los lugares es un primer paso que estamos realizando hace relativamente poco. La idea es caminar hacia la articulación de esfuerzos, poder dar un salto cualitativo y generar, en algún momento, un plan nacional de memoria”.

Los avances en la señalización de los lugares y el futuro proyecto de ley sobre sitios pueden revertir el rumbo que ha tomado el Estado en materia de políticas públicas sobre memoria. “Si no hay verdad, no hay construcción de futuro posible. Necesitamos avanzar”, concluye Carámbula.

  1. “Principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria”. Ippdh, Buenos Aires, 2012.

No se olvida

El apartamento en el que vivió en 1976 la maestra desaparecida Elena Quinteros sigue en manos del Ejército. Una investigación de Brecha, publicada en enero de este año, expuso que el inmueble es utilizado como una “vivienda de servicio” donde viven oficiales del Interior que luego van rotando a medida que son trasladados de  localidad.

La noticia sorprendió al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien puntualizó en el informativo de Tnu: “Hay que averiguar el origen de todos los inmuebles, de dónde vinieron, y en el caso tomaremos las medidas correspondientes”. Sin embargo, hasta el momento el ministerio no ha dado señales de encarar el asunto.

Si bien el tema ha pasado desapercibido a nivel legislativo, Carámbula enfatiza que el caso de este apartamento entraría en la futura ley de sitios, “ya que hubo una apropiación de un apartamento que no les pertenece”. El senador agrega que “no pueden quedar impunes estas acciones” y que es necesario aclarar esta situación.

A nivel judicial, el Observatorio Luz Ibarburu planteó al juez Juan Carlos Fernández Lecchini que investigue el caso. Según Chargoñia, aún no se ha avanzado en la investigación judicial.

Memorias que no pudieron ser

Anahit Aharonián, hija de sobrevivientes del genocidio armenio, se crió en una casa donde la conservación de las señas de identidad y la lucha por verdad y justicia eran parte del día a día. Estudiante de la Facultad de Agronomía y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el 11 de setiembre de 1973 fue llevada junto con su esposo al cuartel de Trasmisiones número 1.

“Estuve nueve meses desaparecida. En junio de 1974 me sacaron del mismo calabozo en el que días después matan a Nibia Sabalsagaray”, cuenta. La trasladaron al Establecimiento Militar de Reclusión (Emr) número 2 de Punta de Rieles –conocido hoy como cárcel de Punta de Rieles–, en el que estuvo presa más de 11 años. En diciembre de ese año, tras el asesinato del general Ramón Trabal, en Francia, incomunicaron a todas las presas.

“En medio de esa situación me vinieron a buscar al penal y me llevaron a un lugar diferente. Sentí que no lo conocía y eso me puso nerviosa”, relata. Cuando le descubrieron el rostro distinguió un piso de parquet, militares de torso desnudo con armas que parecían enormes. La interrogaron por el asesinato de Trabal –que había ocurrido mientras estaba presa–. Uno de los interrogadores se presentó como “Mayor 300”, el otro era el militar José Gavazzo. “Me preguntaron cosas sin sentido y me devolvieron al calabozo del penal para generar misterio”, agrega.

La casa a donde llevaron a Aharonián era el centro de detención clandestino conocido como 300 Carlos R, o Infierno Chico. “Para mí lo que querían era demostrarnos que existían sitios clandestinos y que nos entrara el miedo”, reflexiona. Por ese lugar pasó la mayoría de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo que estaban detenidos en Automotores Orletti y fueron traídos desde Buenos Aires a Uruguay.

Pero todos los sitios en los que estuvo Aharonián hoy están lejos de ser lugares que cristalicen la memoria del pasado reciente. Todo lo contrario, en esos espacios la historia fue borrada de un plumazo. La enorme casa de Punta Gorda donde cientos de militantes fueron detenidos y torturados hoy es una lujosa residencia privada de más de 600 metros cuadrados, con piscina y rejas. En el cuartel de Trasmisiones número 1, conocido como “Infierno Peñarol”1 hoy funciona el Batallón de Comunicaciones número 1. Entre las paredes de este sitio fueron asesinados Gilberto Coghlan, militante de la Resistencia Obrero Estudiantil, y Sabalsagaray, militante del Partido Comunista.

El Emr número 2 nunca pudo ser un sitio de la memoria a pesar de los intentos del Espacio Memorias por la Paz, organización que reunió a ex presas políticas, organizaciones sociales y vecinos para la construcción de la memoria colectiva de la zona. El espacio formado en 2003 tenía entre sus objetivos “promover la apertura del ex penal de Punta de Rieles para ser visitado, y su posterior transformación en un museo-monumento histórico para la paz”. El Estado no atendió esta petición y en 2010 abrió la Cárcel de Punta de Rieles. Para Aharonián, integrante de Espacio Memorias por la Paz, la recuperación de esos sitios como lugares de memoria no es posible, “debido a la impunidad que hay”.

  1. Datos tomados de la investigación “Huellas de la represión”. Centro Municipal de Fotografía, Montevideo, 2009.

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