Uruguay registra grandes avances en su agenda de derechos. Estas medidas políticas aspiran a superar la subordinación de aquellos grupos no reconocidos como miembros plenos de la sociedad; una ausencia de reconocimiento que conlleva la imposibilidad de participar como igual en la vida social. El objetivo común entonces es remediar injusticias a partir del “reconocimiento” y así superar la subordinación, como lo expresa Nancy Fraser. Además de crear nuevos derechos –como a la identidad basada en la decisión de las personas y el acceso al aborto–, una de las medidas más utilizadas fue la “cuota” para diferentes grupos, como personas con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes, trans y mujeres. En el caso de las mujeres, la aprobación de cuotas en las listas partidarias supone reconocer las fallas del sistema republicano para incorporar las diferencias de sexo en la representación descriptiva del Parlamento.
UN PAÍS DISPAR. La participación política de las mujeres en el Poder Legislativo uruguayo es históricamente muy baja.1 Hoy sólo el 19 por ciento del Parlamento está integrado por mujeres, a pesar de haberse puesto en funcionamiento la “cuota”. El informe elaborado por Verónica Pérez (2018) da cuenta de lo lejos de la paridad de género que está el país: Uruguay obtuvo un puntaje global promedio de 44,6 sobre un total de 100 en el índice de paridad política. Dichos guarismos son más llamativos si consideramos que es el país latinoamericano con mayor tasa de empleo femenino –54,7 por ciento–, en el cual las mujeres obtienen mejores logros educativos que los hombres en todos los niveles e independientemente de su nivel de ingreso.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en la mayoría de los países latinoamericanos existen medidas de acción positiva: ya sea cuotas –Brasil, Chile, Colombia, Guyana, El Salvador, Haití, Paraguay, República Dominicana, Perú y Uruguay– o paridad –Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá–. Estas leyes responden a las demandas ciudadanas en cada país y materializan los compromisos asumidos con los organismos internacionales, entre otros con la agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidad y el “consenso de Quito”.
La correlación positiva entre cuotas y participación de las mujeres está probada por diversos estudios comparados, así como también la relevancia del diseño institucional para lograr que efectivamente más mujeres ocupen bancas en los congresos. En Uruguay recién en 20092 se aprobó la ley de participación política, conocida como “ley de cuotas”, promovida por la Bancada Bicameral Femenina –integrada por parlamentarias de todos los partidos que trabajan conjuntamente para promover la igualdad de género mediante las acciones legislativas–. Dicha ley fue presentada y aprobada como un instrumento “transitorio”, destinada a corregir la escasa participación femenina en las elecciones de 2014 y 2015. Si bien la ley contribuyó a aumentar la cantidad de mujeres en el Parlamento, la participación siguió siendo escasa en relación con la cantidad de ciudadanas y con las mujeres que participan en política.
En marzo de 2017 se volvió a debatir la participación de las mujeres, dado que la ley de cuotas sólo regía para las elecciones nacionales de 2014 y las departamentales de 2015. La gran movilización de las mujeres el 8 de marzo de ese año fue un estímulo más para promover dicho debate y el de la violencia de género. Dado que se requerían mayorías especiales, se llegó a un acuerdo entre los partidos y se aprobó la ley 19.555, en la que se estableció la “participación equitativa de ambos sexos en la integración de electivos nacionales, departamentales y de dirección de los partidos”. En los hechos esta ley estableció una “cuota” de participación que obliga a incluir a personas de ambos sexos cada tres lugares sucesivos; en caso de que no se haga, la lista no se registra en la Corte Electoral. En función de lograr el acuerdo, el Frente Amplio no pudo presentar su propuesta original de paridad en los cargos.
¿PARLAMENTO PARITARIO? Con el objetivo de conocer la percepción de las personas respecto de la participación política de las mujeres, así como conocer la opinión sobre cuota y la paridad, Opción Consultores realizó una encuesta telefónica de alcance nacional para Onu Mujeres. La encuesta mostró que a la mayoría –66 por ciento– le parece que debería haber más mujeres en el Parlamento, aunque las mujeres lo creen en mayor medida que los hombres: 72 frente a 58 por ciento. La ciudadanía además tiene una percepción favorable a la ley de cuotas e incluso aumentó su adhesión en los últimos años. En 2016 el apoyo fue de 63 por ciento, y en 2018 de 76 por ciento. Además, el rechazo a la cuota disminuyó de 32 a 19 por ciento.
Pero la ciudadanía no sólo acuerda con la cuota, la mayoría apoya la paridad: el 72 por ciento está de acuerdo, frente a un 22 que está en desacuerdo. Si consideramos que sólo 33 por ciento de los ciudadanos confía en el Parlamento y 23 por ciento en los partidos políticos,3 la inclusión de más mujeres podría ayudar a mejorar las cifras de confianza, aunque esto es tan sólo una conjetura. Al igual que lo es, por la todavía escasa evidencia, aquella que afirma que la paridad podría remplazar “hombres mediocres” por “mujeres brillantes”.
¿POR QUÉ NO HAY MÁS MUJERES? Conocer la opinión ciudadana acerca de las razones de la escasa participación de las mujeres en la política es un asunto central para quienes abogan por una democracia más equitativa e inclusiva. Opción Consultores formuló esta pregunta y planteó un abanico de opciones amplias para que la persona pudiera elegir. De la encuesta surge que el 48 por ciento entiende que “las mujeres son discriminadas en el sistema político”; el 21 por ciento opinó que para “las mujeres es más difícil combinar la política y las responsabilidades familiares”; el 11 por ciento que “a las mujeres les interesa menos la política”; y el 6 por ciento que “los hombres son más adecuados para la política que las mujeres”.
Las respuestas tienen la contundencia de confirmar lo que la literatura académica viene señalando hace ya varias décadas: las mujeres son discriminadas en el ámbito público y además deben enfrentar –solas o en mayor medida que los hombres– las obligaciones que surgen de la vida familiar, entre ellas el cuidado de hijos y adultos mayores.
GRANDES DESAFÍOS. Si bien las mujeres en general tienden a apoyar las acciones positivas, las que tienen educación terciaria completa e incompleta lo hacen en menor medida que aquellas con educación media o baja. También le dan menos peso a la discriminación y más a la dificultad de compatibilizar las responsabilidades familiares con la política a la hora de explicar por qué no hay más mujeres en cargos políticos.
Respecto de las razones que dan las mujeres con educación alta para apoyar en menor medida la paridad –56 por ciento frente al 72 de la población en general–, una hipótesis plausible es que las mujeres educadas creen en los mecanismos meritocráticos de ascenso, en parte porque ellas mismas gozan de cierta ventaja comparativa en relación con el resto de las mujeres. Si fuera así, queda poco espacio para la acción colectiva, entonces ¿qué harán para romper el “techo de cristal”?,4 y ¿qué efectos tiene esa opinión sobre la solidaridad –o “sororidad”– entre mujeres y con las mujeres de niveles educativos medios y bajos?
Pero el resultado más llamativo –aunque no sorprendente– es la persistente tendencia de los hombres con nivel educativo alto a morigerar la percepción de discriminación: 33 por ciento reconoce que hay discriminación hacia las mujeres en la política; 32 por ciento que es difícil para las mujeres compatibilizar las responsabilidades familiares con la vida política; y 19 por ciento que a las mujeres no les interesa la política. Están en contra de las cuotas –49 por ciento–, y aun más de la paridad –61 por ciento.
Este grupo social –hombres con nivel educativo alto– es especialmente importante pues es el que ocupa los puestos de decisión política en los distintos poderes del Estado, y es el que está al frente de la mayoría de los medios de comunicación. Si junto con estos datos consideramos que, de acuerdo con el Primer Censo de Doctores de Uruguay (2018), sólo 37 por ciento de los hombres con doctorado –es decir los más educados, al menos formalmente– cree que las mujeres enfrentan barreras invisibles de ascenso social en la carrera académica, tenemos buenos indicios para considerar que romper el techo de cristal depende en buena medida de hacerles comprender la discriminación a las propias elites masculinas.
Hay una agenda de investigación pendiente para analizar e interpretar las resistencias que genera el avance de las mujeres en los espacios de poder en distintos ámbitos, pero lo más urgente es debatir los efectos negativos que conlleva la creencia en la meritocracia sobre la posibilidad de generar acciones colectivas de las propias mujeres, y combatir la ignorancia que parece existir entre algunos hombres con nivel educativo alto respecto de los obstáculos y las dificultades que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos.
* Profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.
- Algo inédito en Uruguay representó la creación de dicha bancada y la publicación conjunta de Reglas electorales en clave de género, coordinado por Niki Johnson y Alejandra Moreni. Pnud, 2012.
- Datos del Latinobarómetro, 2018.
- Un artículo que resume los planteos sobre el tema es “¿Comprometen las cuotas la calidad de los políticos? No parece”, Luiz Abenza (2015).
- El “techo de cristal” en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay fue investigado por Néstor Gandelman y Daniel Bukstein, de la Universidad Ort (2016).
