“Se trata de un profesional jubilado, que tuvo un puesto muy bien pagado en el sector público durante muchos años.” Con esas discretas palabras el banco Riggs, que a comienzos de la década del 2000 estaba siendo investigado en Estados Unidos por su participación en operaciones de lavado de dinero, ocultó la identidad del ex dictador chileno Augusto Pinochet a los funcionarios fiscalizadores del gobierno estadounidense.
El miércoles 3, la justicia chilena decomisó bienes legados del ex dictador a su familia por un valor de 17 millones de dólares, confirmando un fallo del mes de agosto pasado que señaló su implicación en lo que se conoce como “el caso Riggs”.
Ya en 1999 un equipo de periodistas del canal 7 de Chile (Televisión Nacional – Tvn) había tirado de la punta de la madeja de los dineros de Pinochet con el descubrimiento de un estado de cuenta del Riggs Bank, en el cual aparecía el nombre de Lucía Hiriart, la esposa del general. En esa época, la propia familia incurrió en contradicciones: mientras Augusto Pinochet hijo confirmaba, en una entrevista para Tvn, que existía una cuenta en el extranjero (aunque decía no recordar sus detalles), Marco Antonio, el otro hijo varón del general, manifestaba indignado que todo era una burda mentira urdida por los enemigos de su padre, cuando éste estuvo bajo arresto en Inglaterra (1998-2000) por una orden de captura internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón.
Según el informe sobre el Riggs publicado por el Senado estadounidense en 2005, durante la detención de Pinochet en Londres el banco creó dos compañías en Bahamas, para poner los dineros del ex presidente de facto a salvo de la justicia internacional. Al parecer, esas empresas de fachada generaron 125 cuentas, en las que el militar chileno y su familia llegaron a atesorar más de 21 millones de dólares.
Aunque Pinochet nunca fue condenado en Chile por las violaciones a los derechos humanos, la justicia de ese país sí pudo concluir las investigaciones sobre el uso fraudulento que hizo de los fondos para gastos reservados asignados a la presidencia de la república. Así se determinó que cuando el general falleció había en el banco estadounidense unos 6 millones de dólares, que incluso fueron distribuidos en algunas cuentas bajo nombres falsos.
El caso Riggs se trató en los tribunales durante 14 años, con los hijos y la viuda del ex dictador (fallecido en 2006) empleando todos los recursos legales para asegurarse el usufructo de las sumas depositadas en las cuentas extranjeras, así como de las numerosas propiedades y otros instrumentos bancarios en moneda nacional, cuya incautación había sido dispuesta por los tribunales debido al fraude al fisco. No obstante, en la segunda mitad de agosto pasado, la Corte Suprema confirmó que se deben entregar al Estado el dinero de las cuentas y los bienes decomisados, un patrimonio que comprende también tres vehículos y 24 bienes raíces. Una vez que quede ejecutoriado el fallo del miércoles 3, el Consejo de Defensa del Estado se encargará del traspaso legal al Fisco de los dineros y propiedades decomisadas.
Aunque Augusto Pinochet encarna lo peor de la historia contemporánea chilena, lo cierto es que, sea el primer mandatario dictador o demócrata, Chile tiene un régimen de gobierno hiperpresidencialista, en el cual el Poder Ejecutivo cuenta con una amplitud de atribuciones que facilita el uso discrecional de ellas. Así como la ley reservada del cobre permite financiar a las fuerzas armadas con las ganancias de la empresa estatal Codelco sin la supervisión del parlamento (aunque el gobierno actual inició el proceso para derogarla), la ley de gastos reservados otorga a la presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la policía de Carabineros y la policía de Investigaciones unos recursos “para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”, que no tienen mayores límites, y de los que solamente se rinden cuentas –en secreto–, ante la Contraloría General de la República, que también debe guardar el secreto sobre ellos. El Observatorio Fiscal, una entidad independiente que vigila el gasto público, estima que los gastos reservados llegan a unos 12 millones de dólares anuales y es virtualmente imposible saber en qué actividades se emplean.
