La diametral distancia entre la realidad que vive gran parte de la población uruguaya –sobre todo la más pobre– y un reducido grupo de personas, empresas y conglomerados que controla la mayor parte de la riqueza nacional: ese fue el foco de la última actividad del ciclo por los 40 años del semanario. Al igual que en las instancias anteriores, la propuesta giró en torno a la noción de crisis, un concepto desde el que abordamos temas tan variados como las izquierdas, el medioambiente, la migración, el mundo del trabajo, las tecnologías, el capitalismo y hasta la propia práctica periodística.
Distintas miradas permitieron comprender el explosivo crecimiento patrimonial registrado en los últimos años, sostenido por un notable proceso de concentración y extranjerización en áreas clave de la economía, así como por un conjunto de instrumentos que facilitaron su expansión. El intercambio también incluyó una discusión sobre alternativas posibles para tratar de revertir esta tendencia y sobre los caminos fiscales que podrían abrirse, en un escenario en que los niveles de desigualdad, nacionales e internacionales, comienzan a tensionar la autonomía de los países y los sistemas de convivencia democráticos. Lo que sigue es un resumen de los principales conceptos surgidos de esa charla.
Impuestos, ricos y transnacionales
Proveniente de Argentina, la primera intervención estuvo a cargo de la economista Verónica Grondona, asesora de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés). Su exposición situó el debate en un plano estructural. Grondona describió el estado de situación de la desigualdad global y el creciente consenso en torno a gravar a los ultrarricos. Recordó que «el 1 por ciento más rico concentra cerca del 40 por ciento de la riqueza mundial», una tendencia que se aceleró tras la pandemia y que se sostiene por la internacionalización del capital y la baja tributación de los grandes patrimonios.
En ese contexto, destacó que distintos organismos, desde el G20 hasta Naciones Unidas, discuten la creación de mecanismos globales para imponer gravámenes coordinados a multimillonarios y a las ganancias extraordinarias de grandes corporaciones. En particular, subrayó la propuesta del economista francés Gabriel Zucman, comisionado de la ICRICT, de aplicar un impuesto global del 2 por ciento a los milmillonarios. A su juicio, comienza a delinearse un consenso político internacional, pero aún persisten fuertes vacíos en los marcos necesarios para su implementación efectiva.
La segunda exposición, a cargo de la integrante de REDES-Amigos de la Tierra Natalia Carrau, desplazó el eje hacia el rol de las empresas transnacionales. Estas compañías constituyen «un actor político y económico central del capitalismo contemporáneo, que conduce el capital en función de sus intereses», apuntó, y afirmó que sin regulación los regímenes de promoción de inversiones terminan «tensionando el entramado de derechos humanos: vivienda, salud, educación, telecomunicaciones y derechos digitales».
Ese conflicto se vuelve especialmente visible en los mecanismos de arbitraje internacional, en los que una empresa puede demandar a un Estado por implementar una política pública destinada a proteger a su población. «Es el derecho individual de la empresa contra los derechos colectivos de los pueblos», sintetizó Carrau, quien también destacó que se trata de un debate atravesado por la tensión Norte-Sur, que define las reglas del desarrollo. Lo crucial es recuperar la capacidad estatal de orientar las inversiones y «marcar los límites de la política pública frente a actores corporativos cada vez más poderosos», propuso Carrau.
La tercera intervención fue la del dirigente sindical Sergio Sommaruga, coordinador de la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1 por ciento más rico. Abrió su exposición con una provocación conceptual y, parafraseando a Platón, afirmó que «esclavo es aquel que acepta de otros los fines que rigen su conducta». En esa línea, planteó que la naturalización de la desigualdad funciona como un mecanismo de aceptación: «Cuando aceptamos que la pobreza, la devastación de derechos o la exclusión son inevitables, ya perdimos».
Para el dirigente, la propuesta de gravar al 1 por ciento busca disputar ese sentido común, ya que «cuestiona la desigualdad del punto de partida, que es donde fracasa la ideología liberal». Recordó que uno de cada tres niños uruguayos nace «condenado a trayectorias de derrota», pese a que el país es «objetivamente más rico que hace 30 años». La teoría del derrame –remarcó– «no funcionó empíricamente: pasaron todos los gobiernos y la pobreza infantil no cayó».
A partir de allí, se plantearon algunos matices entre las intervenciones. Carrau apuntó a la falta de información pública sobre riqueza y concentración: «Sabemos todo sobre la pobreza, pero casi nada sobre quiénes son los ricos y las empresas que concentran la riqueza en Uruguay». Grondona, en cambio, valoró positivamente algunos cambios incluidos en el proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo, especialmente los que buscan gravar activos en el exterior; sin embargo, advirtió que persisten regímenes, como el de las vacaciones fiscales, que «deberían haberse eliminado porque debilitan la capacidad recaudatoria de otros países». Finalmente, Sommaruga retomó ese punto para cuestionar el argumento habitual de que Uruguay no puede aumentar su presión tributaria. «No está en el tope si nos comparamos con Brasil o Argentina, y mucho menos en comparación con los países de la OCDE [Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos]», señaló, y calificó como «falacia» el temor a una retracción de inversiones, dado que el impuesto «no grava activos productivos, sino patrimonio ocioso».
Para el dirigente, la resistencia empresarial tiene una raíz más profunda: «La clase dominante se acostumbró a sentirse dueña del Uruguay y a que nada puede hacerse sin su permiso. No tolera que los pobres y la clase trabajadora tengan voz propia».
Tierra, banca y zonas francas
Si en la primera parte del encuentro la discusión se centró en la desigualdad desde una perspectiva fiscal y política, la segunda mesa avanzó sobre los engranajes del sistema que contribuyen a sostenerla y reproducirla. Aunque cada exposición recorrió un campo distinto, los expositores coincidieron en apuntar tres rasgos estructurales: opacidad, concentración y extranjerización.
La economista Soledad Giudice, coordinadora de la comisión técnica asesora de AEBU (Asociación de Bancarios del Uruguay), abrió la mesa marcando que el sistema financiero, más que un sector económico, es «una infraestructura que atraviesa el funcionamiento del mundo». Desde los años setenta la financiarización global se profundizó y hoy ese proceso está guiado por la automatización y la digitalización, explicó. «En Uruguay, ese avance tecnológico produjo que en los últimos 15 años el empleo bancario haya caído un 10 por ciento, mientras la productividad creció más de un 80 por ciento.»
El incremento de productividad vino acompañado de una fuerte concentración: antes de la crisis de 2002 había 23 bancos; hoy quedan 11 y no persiste ninguno que sea privado y de capitales nacionales. «Los bancos líderes, Itaú y Santander, han ganado un terreno enorme frente a la banca pública», señaló Giudice. Esa consolidación, a su vez, convive con ganancias históricas. En ese sentido, situó el caso de Santander como paradigmático. Pese a que obtuvo 400 millones de dólares de ganancias entre 2019 y 2022, se acogió al régimen de promoción de inversiones alegando «remodelación de sucursales», lo que le permitió exonerar unos 7 millones de dólares.
Desde otro ángulo, pero en la misma línea de cuestionamiento sobre la concentración y la falta de transparencia, el investigador y docente Gabriel Oyhantçabal abordó la estructura de la propiedad de la tierra. «Uno de los problemas centrales es la poca disponibilidad de datos. La información no abunda; es parte del blindaje del capital», sostuvo. Sin balances públicos –solo cinco empresas cotizan en bolsa en Uruguay– y sin datos actualizados del censo agropecuario –el último es de 2011–, el análisis debe apoyarse en fuentes indirectas, como las transacciones registradas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ese registro muestra que, en 25 años, el 60 por ciento del territorio cambió de manos, sostuvo Oyhantçabal. Si bien agregó que no es equivalente a un recambio total de propietarios, revela una circulación intensa del capital agrario, fuertemente asociada a la expansión de la forestación: «Un sector que no existía en 1990 y que hoy lidera las exportaciones; una novedad histórica». Según el docente, la aparición de esos nuevos actores, integrados verticalmente, generó un cierto proceso de «desplazamiento de la burguesía nacional». De todos modos, consideró que el acento no debería estar en si son nacionales o extranjeros, sino en las escalas y sus lógicas de producción.
Finalmente, en materia tributaria introdujo un matiz relevante frente a las críticas a la propuesta del PIT-CNT: el ejemplo del «tambero rico en patrimonio, pero pobre en ingresos» no aplicaría, porque las actividades que pagan el impuesto a las rentas empresariales (IRAE) o a la enajenación de bienes agropecuarios (IMEBA) quedan exceptuadas de la sobretasa. «La propuesta apunta principalmente a los terratenientes rentistas», aclaró, al tiempo que subrayó como un punto clave la enorme distancia entre los valores catastrales y los valores de mercado. «Ahí hay un frente enorme para discutir en serio la estructura tributaria de mediano plazo, porque se paga con base en el valor del catastro rural, que representa apenas el 15 por ciento del valor real de cada padrón», concluyó.
La idea de opacidad reapareció en la intervención del sociólogo Alfredo Falero, docente en la Universidad Federal de Pelotas, de Brasil. Aunque Uruguay cuenta con 12 zonas francas y tres más en proceso de habilitación, «en realidad, sabemos muy poco de lo que sucede dentro», inició. Falero recordó que la ley de 1987 transformó el régimen en un espacio de excepción territorial, con beneficios amplísimos: «Exoneración de impuestos creados y por crearse».
Cuando el Frente Amplio asumió en 2005, lejos de revertir el modelo, lo profundizó y en 2017 amplió los beneficios para zonas francas en el interior, añadió Falero. Mientras tanto, el régimen cambió su narrativa: de un imaginario asociado al secretismo financiero de los noventa pasó a presentarse como plataforma de «innovación, tecnología y desarrollo», apuntó el sociólogo. Varias zonas francas incluso prescindieron del término en su marca: «Hay un empeño por naturalizar su presencia, como si fueran parte del paisaje. Eso inhibe la reflexión».
Aunque cada expositor habló desde un ángulo distinto, los diagnósticos de ambas mesas terminaron por unificarse. En palabras de Falero, «Uruguay se ha construido en la exoneración tributaria como mecanismo». Ese mecanismo, añadieron Giudice y Oyhantçabal, moldea tanto el funcionamiento cotidiano de la economía (tasas, endeudamiento, acceso al crédito) como la distribución de la tierra y la estructura productiva.
Al mismo tiempo, es la puerta de entrada para las inversiones transnacionales, que en no pocas ocasiones presionan a los Estados, como advirtió Carrau, y es también la forma en que los países compiten entre sí, tal como señaló Grondona al describir las lógicas globales de la tributación y el capital. En última instancia, todo ello también compone el marco conceptual planteado por Sommaruga: una estructura desigual que se sostiene en naturalizar la idea de que no hay alternativas.
El evento contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
