«Sobre el fondo, estamos todos de acuerdo. No hay nadie que diga que tiene alguna duda respecto a lo nefasto de la reforma. Eso está fuera de discusión. No hay nadie que crea que la solución al financiamiento de la seguridad social en Uruguay tenga algo que ver con las administradoras de fondos previsionales, sino todo lo contrario. Todos estamos en contra de un agente que lucre con los fondos destinados a las jubilaciones, sobre todo si se trata del sistema financiero y, más todavía, cuando se trata de empresas extranjeras. En eso no hay discusión.»
Así comenzó su diálogo con Brecha Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Palabras más, palabras menos, eso aseguraron también todos los dirigentes de la convención consultados por el semanario.
Sin embargo, la discusión en la Mesa Representativa Nacional Ampliada reunida el 6 de julio pasado no fue sencilla. Lo de «ampliada» fue porque haya incluido la presencia de representantes de los plenarios departamentales. Pero las dificultades no tuvieron que ver con eso ni con la emergencia de problemas imprevistos. Hacía tres meses se había establecido que uno de los asuntos que trataría sería el curso de acción que el movimiento sindical seguiría ante la reforma jubilatoria, aclaró al semanario Karina Sosa, presidenta de la asociación de trabajadores de la seguridad social (ATSS).
Se consideraron antes, entre otras cosas, el conflicto en Acodike, que cumplía entonces 100 días de iniciado; el llamado a licitación internacional para la explotación de los yacimientos y la producción de cemento pórtland; la orientación a seguir en la próxima ronda de consejos de salarios, y la crisis del agua. Sobre estos últimos dos puntos, se adoptaron resoluciones prácticamente unánimes.
No pasó lo mismo respecto a cómo enfrentar la reforma jubilatoria. Algunos representantes sindicales entendían que lo conveniente era buscar que el próximo gobierno la modificara, pero la mayoría se pronunció a favor de intentar transformar el sistema actual mediante un plebiscito. Sin embargo, esta mayoría no coincidía respecto a qué plebiscitar. La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) proponía que simplemente se postulara dejar sin efecto la ley aprobada el 2 de mayo, la 20.130. La ATSS, por el contrario, sostenía que el texto a plebiscitar debía incluir tres conceptos: primero, que la edad jubilatoria sea 60 años; segundo, la definición de un mecanismo para aumentar las pasividades más bajas, y, tercero, la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
La discusión fue larga, pero las posiciones no se acercaron. Algunos sindicatos entendieron que, dada la situación, lo mejor era prorrogar la decisión. Pero los que concordaban con la postura de la ATSS –considerando que una postergación atentaba contra la posibilidad de reunir las firmas a tiempo para que la consulta popular se realizase– se opusieron, con 16 votos.
La mayoría finalmente respaldó la moción que dilataba la resolución para el 10 de agosto. La votaron los representantes de 26 organizaciones. Pero la formulación de la iniciativa excedía los límites de una moción de orden. En su segundo párrafo, se señalaba que, durante el lapso que mediara hasta la Mesa Representativa del 10 de agosto, entre otras tareas, se trabajaría «en las redacciones posibles de la papeleta» a usarse en el eventual plebiscito, lo que algunos consideraron un error formal, en tanto incluía implícitamente una definición política, la de trabajar por la convocatoria de un plebiscito, en una propuesta que debía tener un contenido exclusivamente procedimental; fundamentalmente por este motivo se abstuvieron los representantes de otras cinco organizaciones.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Si finalmente el movimiento sindical opta por la vía de una consulta popular, deberá seguir un camino singular. Así lo explicó el constitucionalista José Korzeniak en un informe presentado ante la Mesa Representativa a solicitud del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
«La pregunta que me hacían –explicó Korzeniak al semanario– era qué procedimiento de democracia directa existe para impugnar la ley de reforma jubilatoria.» Y su contestación fue: «Hay tres procedimientos generales de democracia directa. Uno es el que está en el artículo 79 de la Constitución, que dice que el 25 por ciento de los habilitados para votar puede presentar un recurso de referéndum contra una ley. Si se reúnen efectivamente esas firmas, se fija la fecha del plebiscito y se hace la consulta. El segundo procedimiento, que está en el mismo artículo, es la iniciativa popular de someter a consulta un proyecto de ley. El mismo 25 por ciento de los habilitados puede presentar un proyecto y otra vez, luego de que se controle que efectivamente se llegó al número de firmas requeridas, el proyecto debe someterse a la decisión ciudadana. Este procedimiento está en la Constitución desde 1967 y nunca se usó».
Sin embargo, ninguno de estos dos recursos está disponible en este caso, aclaró el constitucionalista. «En ese mismo artículo la carta dice que estos procedimientos no son aplicables a las leyes que establezcan tributos y a las leyes que son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo», precisó. Y esto último es lo que ocurre con las normas de previsión social de acuerdo al artículo 86 de la Constitución. Si se intentara ir por alguno de estos caminos, la Corte Electoral rechazaría el recurso como improcedente.
Sin embargo, hay otra salida. Está en el apartado a del artículo 331, que se refiere a los procedimientos de reforma de la Constitución. Dice que el 10 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar puede presentar un proyecto de reforma de la Constitución. «En la cátedra se comentaba que esto es paradojal, pues para derogar una ley se exige el 25 por ciento y para cambiar la Constitución, el 10 [por ciento]», comentó Korzeniak. Ese proyecto debe plebiscitarse en las elecciones más próximas, establece el mismo artículo, siempre que las firmas se hayan presentado seis meses antes del acto eleccionario. «Entonces, obviamente, este es el único procedimiento que se podría emplear en este caso. En una reforma de la Constitución puede ponerse que la ley 20.130 no tendrá efectos jurídicos o lo que se quiera», concluyó el constitucionalista.
Sin embargo, Korzeniak quiso aclarar expresamente, tal como hizo en el texto entregado a Abdala, «que este informe no indica que sea conveniente promover esta reforma ni indica que no sea conveniente promoverla».
LA POLÉMICA
La constancia que enfáticamente quiso dejar Korzeniak no tiene solo razones de forma. El constitucionalista, por más que advierte que está lejos de tener una idea precisa de la temperatura política, observa dos riesgos de seguir el camino de la reforma. «Uno es que se pierda. Entonces, en el próximo gobierno, aunque gane el Frente Amplio [FA] y tenga la mayoría necesaria para modificar el régimen previsional, no podría cambiar una cosa que fue ratificada por el pueblo, que tiene más poder que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.»
Este también fue uno de los argumentos planteados por Gambera en su conversación con Brecha, al explicar el motivo por el que Articulación, la orientación sindical a la que pertenece, duda de que sea conveniente buscar un plebiscito. «Pero, además, antes de esto, está la campaña electoral. Y si algún sector político apoyara la iniciativa del plebiscito, lo que seguramente le van a preguntar es qué impuesto piensa crear para solucionar el déficit que la ley que se busca derogar habría resuelto. Entonces, ¿qué apoyos políticos podríamos lograr?»
Por otra parte, «si te toca ganar, ¿qué haces con los niños discapacitados que van a estar cobrando pensiones más altas o con los jubilados que perciban el subsidio solidario establecido en la ley?», se pregunta también el dirigente bancario.
Por su parte, Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, también manifestó que En Lucha (corriente sindical mayoritaria en la federación, en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales) tiene «más dudas que certezas» respecto al acierto de buscar el plebiscito.
Añadió un aspecto de naturaleza organizativa. «El esfuerzo militante y financiero de la campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración [LUC] significó un desgaste importante para el PIT-CNT. Y entiendo que al FA le pasó otro tanto.»
Para En Lucha también es un problema que no parezca posible lograr una papeleta única. «Eso nos hará aparecer divididos y va a ser complicado ver qué papeleta ensobran los partidos», señaló Ferreira. «Además, la ley jubilatoria aprobada tiene algunas cosas positivas. Entonces, lo que va a suceder es que, a la hora de hacer campaña, va a aparecer el presidente a señalar cosas como que la ley aumentó las pensiones por discapacidad o por viudez. Vas a meter a un jugador en la cancha como Lacalle, que no tendría por qué estar», argumentó.
Danilo Dárdano, presidente de la UNTMRA, el gremio que proponía ir por la derogación de la ley y que tiene el apoyo de los sindicatos en los que predominan las posiciones de los militantes comunistas, considera, en cambio, que si la fórmula que finalmente contenga la papeleta es la adecuada, puede lograr los apoyos políticos necesarios y, como ocurrió con la campaña por la derogación parcial de la LUC, revertir la posición desfavorable que algunos sectores frenteamplistas manifestaban.
«Un desafío –precisó el metalúrgico– es que la redacción no implique que los pocos beneficios que tenga la ley 20.130 sean derogados.» Pero, además, el dirigente considera que la iniciativa introduciría en la instancia electoral «un lindo tema de campaña para mostrar qué modelo de país defiende cada uno» y que, de todos modos, no deberían «jugarse todas las fichas a un eventual cambio de gobierno».
Dárdano descree de la posibilidad de que el PIT-CNT resuelva no hacer nada, y alude en cierto modo a que un número no menor de organizaciones respalda la posición de ir a un plebiscito que establezca modificaciones aún más importantes del régimen jubilatorio.
El dirigente reconoció que son razonables las objeciones sobre el esfuerzo adicional que significará reunir las firmas, pero señaló que, en este caso, el número necesario es mucho menor y que, si bien la energía invertida en ir contra la LUC fue mucha, «no solo perdimos arañando, sino que el proceso nos dejó una llegada territorial, una penetración capilar que es muy importante».
El metalúrgico indicó también el motivo por el que no entiende viable la propuesta de la ATSS. «Modestamente, pensamos que sería muy difícil que una papeleta que propusiera la eliminación de las AFAP fuera ensobrada por muchos partidos, y si vos querés ganar un plebiscito, tenés que contar también con el apoyo de militantes partidarios. «Incluso –añadió–, hay algunos segmentos minoritarios de los trabajadores a los que el régimen de ahorro individual les mejora los números. Por eso pensamos que se corre el riesgo de ir por todo y quedarnos sin nada.»
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada es uno de los que sí acompañan la posición de la ATSS. Sergio Sommaruga, dirigente de la organización, sostuvo que a su juicio la tesis del UNTMRA es enormemente peligrosa. «Por un lado, meternos en un plebiscito para dejar todo como estaba es nadar para terminar en la orilla y es una posición conservadora que no deja avances en materia de control de los recursos financieros del sistema. Por otra parte, podés perder y, entonces, le complicás la vida a un futuro gobierno que podría cambiar la ley», argumentó.
Explicando las razones del apoyo a la propuesta de la ATSS, señaló que «estamos ante una oportunidad extraordinaria». «El PIT-CNT está contra las AFAP desde su octavo congreso, pero las coyunturas no siempre han sido propicias para avanzar en esto, y ahora se abrió una ventana. Porque en el marco de la lucha para recuperar los cinco años que la reforma jubilatoria nos robó, vos podés meter también ir contra las AFAP, contra el capital financiero y a favor del fortalecimiento del rol del Estado en el manejo del aporte de los trabajadores. Esto sí sería un avance», reflexionó. «Y si llegás a perder, no inhibís la posibilidad de que en un futuro gobierno se luche por enmendar los problemas fundamentales que tiene esta ley.»
Por otra parte, Sommaruga entiende que una propuesta como la de la ATSS tiene la potencialidad de provocar un debate que sea transversal respecto a los partidos. «En la democracia contemporánea, los votos cautivos son los núcleos duros. En mi análisis, mucho laburante que vota al gobierno también se quiere jubilar a los 60 y si eso significa ir también contra las AFAP, también irá contra ellas», fundamentó.
Karina Sosa, presidenta de la ATSS, añadió a la discusión un elemento fundamental.
—En algunas versiones de prensa, se recogen declaraciones suyas en el sentido de que la ATSS va a postular su propuesta de reforma aunque no la acompañe el PIT-CNT. ¿Interpreto bien? –preguntamos.
—Interpreta perfecto. Si usted fuera dirigente de un sindicato de una empresa que quiere despedir a todos sus trabajadores y le piden que no luche, ¿dejaría de hacerlo? Lo hemos dicho hasta el cansancio: esto no fue una reforma de la seguridad social, lo que significó fue un tremendo recorte y, al mismo tiempo, un enorme fortalecimiento de las AFAP.
MÁS PIEDRAS EN EL CAMINO
El segundo riesgo mencionado por Korzeniak podría ser más inmediato. La iniciativa –como se decía– debería presentarse seis meses antes de las elecciones, pero la misma prescripción que la habilita dice que la Asamblea General puede presentar un proyecto «sustitutivo» hasta tres meses antes del acto electoral.
«La Constitución le llama sustitutivo, pero la palabra debería ser alternativo, porque expresamente también señala que los dos proyectos van a plebiscito. Justamente así nació la Constitución de 1967. Había varios proyectos de iniciativa popular, pero el que ganó fue el sustitutivo de la Asamblea General. Entonces, existe el riesgo de que el gobierno presente un proyecto muy demagógico para contraponerlo al de iniciativa popular, y ganarle», argumentó en su diálogo con el semanario, así como explicó en el informe.
A esta eventualidad se añade que hay pocos optimistas respecto a la posibilidad de conciliar la diversidad de posiciones existentes dentro del movimiento sindical. En la Mesa Representativa, unos 17 o 18 sindicatos suelen inclinarse a favor de las posturas que defienden los militantes del Partido Comunista; Articulación y En Lucha juntos suman 14 votos; mientras que el llamado grupo de los 8, que respalda la posición de ATSS, suele obtener 12.
El dirigente metalúrgico fue el único optimista en el sentido de alcanzar un acuerdo. «Para el movimiento sindical en su conjunto, lo más importante es demostrar unidad en lo concreto. Hay que hacer los esfuerzos por lograr el consenso. Yo no diría de antemano que los compañeros de ATSS y los que acompañan su propuesta se van a mantener en su postura», manifestó Dárdano.
«Mi propósito es que, ante esta situación de casi paridad de fuerzas, el PIT-CNT habilite las dos papeletas», planteó, a su turno, Sommaruga. «El cuarto intermedio creo que da la posibilidad de generar ese escenario. De lo contrario, el PIT-CNT saldrá con una papeleta sola, pero dividido. Creo que habría que preservar la unidad amparando las dos. Cualquier escenario es malo, pero hay que evitar salir lastimado», abundó.
En un sentido similar se pronunció Gambera: «Si se confirma este escenario, algunos estamos pensando que lo mejor sería que nos pronunciemos por que los sindicatos tengan libertad de acción», señaló.
