La designación generó malestar entre ex funcionarios de la Facultad de Derecho y algunos dirigentes del Frente Amplio, quienes recuerdan que Castro fue secretaria de uno de los decanos de la intervención. Incluso algunos la acusan de haber presionado para que se firmara la “fe democrática” (documento que debían firmar los funcionarios públicos en dictadura y en el que juraban adherir al “sistema republicano democrático de gobierno” y no pertenecer a las organizaciones “antinacionales disueltas por el Poder Ejecutivo”) y también de responder los pedidos de informes sobre docentes y estudiantes que enviaba el régimen a la facultad. La jurista, en entrevista con Brecha, reconoció que fue un error haber aceptado ese cargo, aunque rechaza tajante estas acusaciones.
El nombre de Castro para el ascenso en cuestión fue propuesto por el propio FA, que a cambio aceptó la propuesta del Partido Nacional para que la abogada Elena Martínez asumiera como ministra de la Corte. Contó además con el aval de organizaciones feministas, que ven en Castro a la magistrada con mayor conocimiento y sensibilidad en lo relativo a los temas de violencia de género.
La senadora Mónica Xavier –quien junto a Lucía Topolansky y Constanza Moreira fueron las negociadoras del FA para la designación de ministros de la Corte y el Tca– dijo a Brecha que se sabía que Castro trabajó durante la intervención de la Universidad pero “no nos surge ningún informe de que haya condicionado una destitución”. “Sabemos que trabajó en el ámbito de la Universidad durante algún tiempo de la dictadura pero nos cercioramos de ese punto. Es un antecedente que más de un profesional puede llegar a tener, lamentablemente, por el tiempo que nos tocó vivir”, puntualizó.
Según la ex presidenta del FA, convence el rol de Castro como magistrada y en el ámbito académico, y su desempeño en la intervención “no lleva actitudes que estuvieran reñidas como para desechar el nombre”.
Otra posición tuvo, en cambio, el Pvp, cuyo diputado no votó la venia de Castro. “Desde el Pvp no compartimos los procedimientos de la bancada del FA en la negociación ni los nombres (de Martínez y Castro), porque en nuestra valoración sus antecedentes de las prácticas judiciales no nos garantizaban que se estuviera frente a un pensamiento a la altura de lo que el FA aspira que sea el motivador de las acciones del Poder Judicial”, opinó el dirigente Carlos Coitiño.
La ex legisladora Margarita Percovich (quien integró en la pasada campaña listas de Casa Grande, el sector de Constanza Moreira) dijo que conoció a Castro cuando era diputada. A su criterio, tiene una gran formación y es una referente en temas de violencia de género, por lo que consideró importante que llegue a la Corte. Es en función de esa trayectoria que las organizaciones de mujeres la promovieron para que ocupe una de las vacantes.
Percovich reconoció en diálogo con este semanario conocer el pasaje de Castro durante la intervención de la Universidad, pero considera “que las personas tienen derecho a cambiar y uno no puede desperdiciar a una persona porque fue una funcionaria entre tantas en la época de la dictadura. Si hubiese mandado a alguien a la cárcel es otra cosa, pero es imposible que le sigamos cobrando por ser administrativa”.
Sin embargo, en otros ámbitos la evaluación es distinta. Así, existe un parecer diferente entre varias personas que trabajaron en la Facultad de Derecho durante la intervención.
Una de las primeras en manifestar desacuerdo, y también indignación, con el nombramiento de Castro fue la ex funcionaria Ana Varela Esponda. En un correo electrónico que envió a sus contactos, y al que accedió Brecha, argumentó que debe conocerse la actividad de Castro “durante la dictadura cívico-militar”. Esponda incluso narró algún episodio concreto; recordó una mañana en la que fueron convocados todos los funcionarios de la Facultad de Derecho a la sala del Consejo “y allí, tanto el doctor Luis Sayagués Laso como la doctora Alicia Castro Rivera, nos instaron a firmar lo que se llamaba en esa época la fe democrática”. Y asegura que “ambas personas nos amenazaron con perder el trabajo si no firmábamos el formulario”.
En el correo Varela relata que cuando retornó la democracia fue restituida en la Universidad y volvió a la Facultad de Derecho, donde ejerció la secretaría técnica del Consejo de la facultad y encontró muchos documentos, entre ellos “muchas solicitudes de las Fuerzas Conjuntas pidiendo la información existente en la facultad sobre muchos de sus estudiantes”.
“Esas solicitudes eran respondidas en el día y en pocas horas (tenían la hora de ingreso y egreso), con gran diligencia. Quien firmaba la información era la doctora Alicia Castro Rivera. Esto lo recuerdo muy vívidamente porque, además de revivir el momento de extrema presión protagonizado en el Consejo, comprobé que estaba aportando datos personales, como domicilios, vigentes en ese momento, porque una de las personas de las cuales dio información era amiga mía”.
“¿Cómo se llama esto?”, concluyó su correo.
Castro dijo a Brecha que es verdad que fue secretaria del interventor Sayagués Laso durante dos años, y que le es “dificultoso hablar de eso”. “Objetivamente” considera que “fue un error”.
Pero también narró que esa tarea “subjetivamente” le “abrió los ojos en un montón de cosas poco agradables”, y que a fines de 1975 tenía decidido dejar el cargo. Un año después su intención se concretó, ya que se fue con una beca de estudio a Francia.
La magistrada sostuvo que era “una excelente estudiante, y a esta distancia lo puedo decir sin problema”. Durante el último año de la carrera, de acuerdo a su relato, su profesor fue Sayagués Laso, quien al final de los cursos le preguntó si le interesaba trabajar. El docente le mencionó que hubo un acuerdo entre profesores de la Facultad de Derecho a través del cual se formó un consejo asesor, lo propusieron como decano, y asumió en julio de 1974. “Su propuesta fue: quiero llevar gente conocida, venga conmigo como secretaria”, resumió.
Castro dijo que al asumir se “pasaba estudiando, no me interesaba la política, no tenía cabeza política ni militancia, y dije: probemos. Es difícil ubicarse en el contexto de esa época”.
“Estuve dos años –cuenta–. En julio del 74 teníamos golpe de Estado e intervención de la Universidad y no me gustaba ninguna de las dos cosas. Pero lo peor me parece que empezó a pasar después. Comencé a ver cosas que se estaban poniendo difíciles, absurdamente duras y a enterarme de algunas cuestiones, tenía conocidos de diferentes lugares y gente allegada me dice ‘cómo hiciste esto con lo que está pasando’.” Y agrega: “De a poco a uno le empiezan a caer fichas, a fines del 75 ya tenía la resolución de irme, que eso no podía durar más, y comencé a buscar la vuelta para salir de la situación”, lo que se concretó con una beca de la embajada francesa.
Sin embargo, la jurista negó haber participado en destituciones o en informes sobre docentes y alumnos durante la intervención. “Tuve incidencia cero”, responde, cuando se le pregunta por las cesantías de los profesores como consecuencia de no jurar la fe democrática. “Empecé a ver que estaba pasando eso, que profesores míos no la querían firmar y eso creo que no estaba en los planes de Sayagués. El asunto se le empezó a ir de las manos porque en realidad él tenía una autoridad formal, pero las directivas en ese momento venían del Ministerio de Educación y Cultura.”
“Con el paso del tiempo se desarmó el consejo asesor, se empezaron a diluir esos vientos de rearmar la facultad. Me pareció que eso no iba a ninguna parte, y uno va aprendiendo. Dije: qué macana que hice, pero aprendí mucho, abrí los ojos… este mundo es como es y no como uno quiere verlo. Con dolor en algunos casos, empecé a ver que uno no es nadie cuando hay relaciones de poder en el medio”, reflexionó Castro.
Martha Feippe también fue funcionaria de Derecho y rememoró que días después de asumir Sayagués Laso como decano interventor “apareció Alicia Castro”. Era una “estudiante notoria” por ser hija del docente Luis Alberto Castro, “que era profesor mío en ese momento y estaba en sintonía contra la dictadura y la intervención, por lo que nadie le preguntó nunca qué hacía su hija colaborando con la intervención”.
Sobre la futura integrante de la Corte, afirmó que su función “era hablar por el decano, se comunicaba por él, como corresponde a su cargo de secretaria, porque el decano no sale a llevar órdenes de servicio sino que tiene quien lo haga”.
“La impresión es que ella levantó un muro con los funcionarios, que la mayoría éramos estudiantes, además. De ser una estudiante más pasó a ser la hija del escribano Castro colaborando con la dictadura”, comentó Feippe. Luego describió que había un oficial de enlace en la oficina central de la Universidad al que había que remitirle información, “y eso no era tarea del decano, su cargo (el de Castro) ameritaba que ella fuera quien se comunicara”.
“Ojalá no se dé de nuevo ver gente que considerábamos nuestros pares, que se arrastraban y delataron gente para quedar bien con los milicos”, concluyó.
Martha Doil, otra ex funcionaria universitaria, también recordó el pasaje de Castro durante la intervención de la Universidad: “Para mí fue lamentable, estaba de asistente del decano Sayagués y tenía en contra a los funcionarios, alumnos y docentes. Ella se decía de izquierda pero intentó hacer que firmáramos la declaración jurada de fe democrática. Presionó que si no, nos destituían. Todos lo tomamos muy mal y mucha gente la dejó de saludar porque lo creímos una traición”.
Doil se manifestó molesta por la designación de Castro como ministra del Tca: “Habría que desbaratar esto, parece que la gente se ha olvidado y es lamentable, era una mujer arribista”.
Alberto Pérez Pérez –quien fue decano de Derecho antes y después de la dictadura, y ahora integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos– manifestó a Brecha tener conocimiento del caso pero prefirió no hacer comentarios. “Hubo muchas situaciones de personas que estuvieron en el período de intervención y reaparecieron en otras funciones”, se limitó a expresar.
Las senadoras frenteamplistas que negociaron con los partidos de la oposición pusieron todo en la balanza: la información que manejaban sobre el paso de Castro durante la intervención universitaria, y su trabajo posterior como magistrada y académica en lo vinculado a los derechos humanos y a las cuestiones de género. Pesó más este último plato, y por eso Castro es ahora ministra del Tribunal de lo Contencioso y se sentará en pocos meses en uno de los sillones del Palacio Piria.
