El crecimiento económico de la última década ha sido canalizado de forma tal de generar impactos muy positivos en determinadas variables sociales y del mercado laboral, como por ejemplo, el descenso de la pobreza, la caída en la desigualdad de ingresos, el incremento del empleo y de la formalidad, entre otras. Sin embargo, hay una variable sobre la cual el crecimiento parecería no haber impactado demasiado: el desempleo juvenil. El dato recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística (Ine) revela que el desempleo en 2016 para los jóvenes de entre 14 y 24 años llegó a 23,8 por ciento, mientras que para las personas mayores de 25 se ubica en torno al 5 por ciento. Nuevamente, el dato indica que el desempleo juvenil más que cuadriplica al desempleo de la población adulta y triplica a la tasa de desempleo de la población general (7,8 por ciento).
Esta problemática no es nueva. Si se observan los datos de los últimos diez años la brecha entre el desempleo adulto y el juvenil ha aumentado.
Ahora bien, el desempleo juvenil no es un problema que afecte sólo a Uruguay o a América Latina, sino que parece escalar a nivel mundial. Juan Dolado en el año 2015 presentó los resultados de un trabajo realizado por el Centro para la Investigación en Política Económica titulado “¿No hay países para jóvenes?”. El estudio señala que en un mercado laboral segmentado, donde conviven jóvenes que llegan con niveles educativos muy variados, el uso por parte de los empresarios de la contratación por pocos meses y en condiciones de desprotección es netamente perjudicial para los jóvenes, ya que aquellos que se incorporen en un puesto de trabajo de baja calidad y no tengan las herramientas necesarias para romper esa barrera probablemente permanezcan en esas condiciones, si se deja funcionar al mercado libremente.
Para combatir esta problemática los gobiernos de los países latinoamericanos han implementado diversas políticas, especialmente programas de empleo juvenil, los cuales suelen justificarse sobre la base de que el nexo entre habilidades educativas y oportunidades de empleo no está funcionando adecuadamente. Esto parece ser cierto en Uruguay, donde por ejemplo el desempleo de los jóvenes entre 20 y 29 años con nivel terciario (completo o incompleto) superaba el 10 por ciento en 2015.
El punto fuerte de estos programas es que permiten que el joven se inicie en un trabajo en buenas condiciones, y contar con ello al inicio de la vida laboral puede determinar quedar dentro de ese segmento “bueno” del mercado a lo largo de su actividad laboral.
Las evaluaciones que se han realizado en la región muestran, en general, que estos programas han tenido resultados auspiciosos. En Uruguay se destacan Yo Estudio y Trabajo y Jóvenes en Red. El problema de estos programas es que abarcan a una parte relativamente pequeña de la población joven. Parece razonable entonces preguntarse por qué no ampliar estas políticas, y lo cierto es que por un lado no hay consenso dentro del gobierno para hacerlo y, por otro, los empresarios y sectores vinculados a la derecha se oponen firmemente.
Desde el gobierno, por ejemplo, el vicepresidente prometió en campaña que el Yo Estudio y Trabajo iba a abarcar a 3 mil jóvenes (hoy en día hay cupo para aproximadamente 700), intentando de esta manera incrementar los recursos destinados a dicha población. No obstante, ante la desaceleración económica, el ministro de Economía ha optado por recomponer el equilibrio fiscal vía el recorte de gastos sin tocar la imposición al capital. Esto ha implicado, entre otras cosas, que aquellas empresas públicas participantes de los programas de empleo juvenil disminuyeran las oportunidades de contratación para los jóvenes.
A ello hay que sumarle que la nueva ley de empleo juvenil tuvo trancado su componente más exitoso en materia de contratación de jóvenes (“Trabajo protegido joven”) por falta de presupuesto hasta finales del año pasado. Esto también ha disminuido las oportunidades de empleo de las personas jóvenes, particularmente aquellas más vulnerables.
Por otra parte, los empresarios son contrarios a estas políticas y lo que sucede es que para ellos el joven constituye mano de obra barata y productiva. Alcanza con mirar las exigencias en un llamado para personas jóvenes donde se requiere experiencia en el cargo (algo totalmente contradictorio) o se les exigen infinitas cualidades para acceder a un trabajo de nueve horas diarias con un sueldo inferior a 15 mil pesos. Una ampliación de los programas implicaría mayor competencia en la contratación de jóvenes, lo que aumentaría el monto que las empresas deberían pagar por su fuerza de trabajo, lo que repercutiría en una disminución de sus beneficios.
Ahora bien, que las políticas hasta el momento actúen como un parche al problema, y por tanto no cambien la situación de fondo, no quiere decir que como sociedad debamos dar cabida a ciertos planteos de la derecha más pura y reaccionaria que ya han demostrado ser contraproducentes. A modo de ejemplo, propuestas del estilo de la planteada por el jefe del Ejército Nacional de incorporar a las Fuerzas Armadas a jóvenes que no se encuentran estudiando en un centro educativo formal o trabajando de forma remunerada deberían ser rechazadas. Resulta increíble que esto se proponga como una solución al problema cuando, una vez más, se les está negando la opción de elegir a miles de jóvenes que no han tenido oportunidades reales de insertarse en el ámbito educativo ni en el mercado laboral. Parece mentira que hoy esa propuesta se esté discutiendo en las mesas de Diálogo Social y que los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social la tomen en consideración.
Obviamente, la derecha saldrá a decir (como ya lo hizo)1 que no hay que dejar de lado esta propuesta por culpa de la “ceguera ideológica izquierdista”. Sin embargo un estudio realizado para Argentina2 muestra cómo la política de ejército militar obligatorio incrementó la tasa de delincuencia entre los jóvenes elegibles en casi 4 por ciento y el canal que llevó a este aumento fue el alejamiento del mercado laboral. Si somos tan parecidos a Argentina en muchas cosas, uno debería esperar resultados similares en esto también, y contra la evidencia empírica la derecha no tiene argumentos.
Por lo tanto, no se trata de ceguera ideológica, se trata de cambiar la situación vivida por la mayoría de los jóvenes en el país, de brindarle las herramientas para que puedan compatibilizar estudio, trabajo y vida familiar. Según la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2013, dos de cada tres jóvenes que trabajan no estudian y sólo 10 por ciento declara trabajar en algo relacionado con el estudio. Además, el 40 por ciento declara estar trabajando para sostener el hogar. Lo ideal sería, entonces, que al menos hasta la mayoría de edad estuvieran insertos en un centro educativo formándose, sin las preocupaciones de salir a buscar trabajo para paliar la falta de ingresos, pero dado que la educación no es percibida como algo útil a futuro y ante la necesidad concreta de sustento material, los jóvenes (especialmente los de menores recursos) se ven obligados a volcarse al mercado de trabajo tempranamente. Por ende el mercado debería ser capaz de lograr esa inclusión promoviendo el trabajo decente para los jóvenes, y para ello será necesario revertir la actitud miope, distante y contradictoria que tiene el sector empresarial, además de que el gobierno cambie las reglas de juego y destine recursos y oportunidades educativas-laborales de calidad hacia las nuevas generaciones. De no hacerlo, los costos serán elevadísimos en un futuro no muy lejano.
* Economista.
- http://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/ni-ni-ejercito-izquierda.html
- Galiani, S; Rossi, M, y Schargrodsky, E (2011): “Conscription and Crime: Evidence from the Argentine Draft Lottery”, en American Economic Journal: Applied Economies3(2), 119-136.
