Macri detiene a militantes sociales – Brecha digital

Macri detiene a militantes sociales

El gobierno del presidente Mauricio Macri tiene desde el sábado 16 de enero al mediodía a su primera presa política: Milagro Sala. Es legisladora del Parlasur y dirigente del Movimiento Tupac Amaru, de cooperativistas en la norteña provincia de Jujuy.

Un lujo de presa, con quien el actual gobernador provincial, Gerardo Morales, mantiene una larga historia de enfrentamientos. Y como ocurre en los feudos del norte argentino, las cuentas personales se saldan con el poder estatal en la mano. Morales se permitió el placer de mandarla detener por el ministro de Seguridad en persona, Elke Meyer.

Desde la caída del gobierno de la vieja Alianza, en 2001, con Fernando de la Rúa a la cabeza, Sala inició la organización del Movimiento Tupac Amaru, que hoy ya es una fuerza social y política incontenible en la provincia e integra el colectivo de fuerzas del kirchnerismo. La semana pasada el Tupac organizó un acampe en la plaza Belgrano, la principal de la capital jujeña, para reclamar ser recibidos por Morales y solicitarle fondos recortados de los planes sociales. La respuesta fue la detención de Sala hasta que el acampe fuera levantado, fundamento que según Amnistía Internacional –que emitió un comunicado reclamando la inmediata libertad– no resiste el menor análisis jurídico. En defensa de Sala se sumaron los legisladores nacionales del Frente para la Victoria (Fpv), el bloque progresista del Parlasur y otras organizaciones de derechos humanos que el lunes 18 marcharon hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires en reclamo de su liberación. A la misma hora, en la plaza Alemania –corazón del coqueto barrio de Palermo Chico– la plana mayor del gobierno nacional asistió al acto en reclamo del esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los escenarios de uno y otro acto eran parte de la bipolaridad argentina, entre poderosos y pueblo.

Para algunos observadores como Leonardo Grosso, diputado del Fpv, la detención de Sala se inscribe en la “lógica represiva de un gobierno conservador que busca disciplinar al conjunto de las fuerzas sociales que reclaman por sus derechos”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denuncia la detención como “producto de una causa penal armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta” social. La represión a los empleados de la empresa Cresta Roja hace tres semanas, en las cercanías de Ezeiza, fue el primer antecedente de esta escalada por parte del gobierno nacional.

El presidente Macri avaló la detención de la dirigente jujeña horas antes de partir al foro empresario de Davos acompañado por el diputado y ex candidato presidencial Sergio Massa. Ambos apuntan a cerrar el juego ante los empresarios mundiales como una dupla de poder y oposición racionales para el mundo liberal. La receta no es nueva si se tiene en cuenta el antecedente del gobierno de la Alianza entre 1999 y 2001: ajuste, represión y profundización de relaciones con los organismos financieros multilaterales. Junto a Macri viajó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, para dejar en claro que el país volverá al regazo del Fondo Monetario Internacional (Fmi), en tanto que el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger –actualmente procesado por presuntos delitos económicos durante el megacanje de los años de De la Rúa–, advirtió que el país volverá a la senda del endeudamiento internacional.

El caso de Sala resulta emblemático por la resonancia social, pero en Argentina hay cerca de un centenar de causas y procesos judiciales abiertos durante los años del kirchnerismo contra militantes sindicales y de organizaciones sociales comunitarias. Esas medidas, junto a los casi 22 mil funcionarios despedidos hasta la fecha en el Estado nacional, provincial y unos cincuenta municipios, constituyen una fórmula conocida para los argentinos, sintetizada en despidos y terror. La tensión social empieza a acechar en el caluroso verano argentino.

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