Además, también está la idea de consagrar constitucionalmente el matrimonio igualitario y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El texto estará listo en cinco meses para que lo analice la Mesa Política y en menos de un año se abrirá para el debate externo. En el FA dicen que “esta vez sí” la cuestión saldrá del freezer.
Una veintena de dirigentes técnicos y políticos de izquierda comenzaron a cranear el texto más difícil de todos: una nueva Constitución. Hay avidez –esta vez sí– por concretar una propuesta que a fin de año sea analizada por la dirección del Frente Amplio y el próximo año comience a discutirse fuera de la fuerza política, confirmó a Brecha la presidenta de la coalición, Mónica Xavier. Varios frustrados intentos preceden a esta nueva incursión, por eso hay quienes la miran de reojo. Sin embargo, integrantes de la comisión aseguraron (de nuevo) que “esta vez sí” se llegará a la meta de cumplir con el programa del FA, porque los que levantaron la bandera fueron dos referentes de peso: Tabaré Vázquez y José Mujica. Para el calentamiento del arranque el juego luce libre, por eso algunos están dispuestos a concretar sus sueños de una Constitución “socialista”, y otros aspiran a que por lo menos sea una Constitución “progresista”, que refleje las políticas que ha desarrollado el FA en los últimos diez años.
El camino iniciado la semana pasada, de acuerdo al cronograma al que accedió Brecha, fija para mayo y junio la discusión conceptual y definición del temario; julio y agosto para los talleres, consulta a especialistas y el análisis comparado; setiembre para la redacción del articulado; y finalmente, la primera quincena de octubre para la entrega del esperado informe final a la Mesa Política del FA.
Hay consenso en que este es el momento de empezar la carrera, al terminarse el período electoral y cuando hay que trancar fuerte en todos los temas para que no sea sólo una reforma que desplace al sistema electoral actual.
“Sería una vergüenza que sólo se planteara una reforma electoral”, aseguró a Brecha Daoiz Uriarte, integrante de la comisión pro reforma y presidente de la Vertiente Artiguista.
ENTRAR EN EL DETALLE. Constitucionalizar los avances en derechos humanos y de la agenda social, la gestión del Estado, la relación entre los tres poderes, la administración de justicia, cambios en el sistema electoral y derechos políticos (que contemplen a la diáspora), la ampliación del derecho a la salud y la vivienda, la equidad de género, el fuero sindical y las cuestiones ambientales son sólo algunos ítems de la larga lista a debatir. Sin eludir la reforma en la educación y el mismísimo derecho de propiedad. “El miedo está en que si llego demasiado lejos capaz que no logro el consenso para su aprobación, entonces mantengamos algunos límites”, planteó Uriarte.
Constitucionalizar la vigencia de los tratados sobre derechos humanos, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales son puntos que –a primera vista, parece– no causarían controversia en el FA. Así como también la necesidad de brindarle rango constitucional a la novel Institución Nacional de Derechos Humanos, afirmó a Brecha Felipe Michelini (Nuevo Espacio), que también participa en la comisión.
En las últimas dos administraciones, los presidentes Vázquez y Mujica se encontraron con limitaciones administrativas o declaraciones de inconstitucionalidad que les impidieron avanzar en aspectos centrales de la gestión. La frustrada intención de una reforma del Estado puede llevar también a mover algunas piezas.
Ejemplos a considerar: que el control del Tribunal de Cuentas en todas las decisiones en materia económica no se haga antes sino después. “Cada cosa que hago la tengo que comunicar antes al TC. Eso representa una traba burocrática.” La historia pasaría a ser, según el abogado, “que cuando me equivoco es que me meten preso”. También se piensa en acortar los plazos de los recursos administrativos que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, e integrar las nuevas formas de empresas públicas que funcionan en régimen de derecho privado. No se descarta tampoco darle otras herramientas a la Oficina del Servicio Civil, de modo que pueda destituir funcionarios públicos sin necesidad de la aprobación del Senado.
Qué hacer con el veto o cómo se levantaría son otras de las cuestiones a discutir, o incluso si se pretende un sistema de gobierno más parlamentarista o presidencialista.
SUPREMOS PERO NO TANTO. Varios reveses enfrentó el pasado gobierno con leyes que fueron congeladas por ser declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (Scj). Algunos de los fallos adversos más recordados fueron contra el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales (Icir), la ley de liquidación de Pluna y la ley interpretativa de la caducidad. Todo ello alentó al Mpp y en especial a la senadora Lucía Topolansky a plantear la idea de la creación de un tribunal constitucional, paralelo e independiente de la Suprema Corte.
El tema está planteado, pero a juzgar por el revuelo provocado en su momento, cuesta pensar que sea un punto negociable con los demás partidos.
En este sentido, Uriarte explicó que es partidario de tomar el modelo de Costa Rica, donde salas especializadas en lo penal, civil y constitucional funcionan junto a la Corte. Incluso en la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial se analiza la oportunidad de crear un ministerio de justicia. Sobre este punto el presidente de la VA consideró: “No quiero que se condicione, pero a veces uno ve que los mejores jueces no son los mejores administradores”.
Durante el último período electoral se alzaron muchas voces contra este sistema de elecciones que sume al país en dos años de campaña, en el que se gasta mucho dinero y se desgasta el discurso político. Por lo menos en eso sí coinciden todos los partidos, pero habrá que definir luego cómo se acota el proceso. El balotaje se puede suprimir o tomar el modelo argentino, donde no se va a segunda vuelta si uno de los candidatos obtuvo una diferencia superior al 10 por ciento, o si obtuvo más del 40 por ciento. También habrá que definir si se vuelve a unir la elección nacional con la departamental (agregando la municipal) y se habilita el voto cruzado. O si en vez de volver a juntar las elecciones, se las separa más en el tiempo como forma de disminuir la influencia que una tiene sobre la otra.
Asimismo se tomará en cuenta la posibilidad de mejorar los sistemas de iniciativa popular. Así, se analiza también la eventualidad del llamado “plebiscito de ratificación” (cuando un gobierno tiene un proyecto pero no cuenta con las mayorías puede someterlo a la consulta popular). Un ejemplo fue el plebiscito que propuso en 1986 Felipe González para decidir la permanencia de España en la Otan.
¿Y LA PROPIEDAD? Otro concepto reiterado es que la Constitución no acompasa los cambios de la sociedad. Según Uriarte, la Constitución de 1967, además de tener casi 50 años, fue pensada por legisladores “con cabeza de hace cien”. Por eso, por lo menos en los papeles, el FA analiza cambios que apuntan a una concepción de equidad de género, igualdad y no discriminación, y una de sus ideas es incorporar a la magna carta la normativa que habilita el matrimonio igualitario.
El derecho a la salud está consagrado de forma directa en el artículo 44, pero se discutirá si deja establecido el Fonasa constitucionalmente. Sobre el derecho a la vivienda, hay quienes piensan en el “comodato”, una modalidad que extiende el acceso al techo en Suecia. Pero el capítulo del derecho de propiedad será uno de los que polarizará seguramente la discusión, porque las corrientes más volcadas hacia la izquierda pretenderán una intervención más profunda del Estado. La posibilidad de expropiar inmuebles abandonados o de intervenir en tierras, sistemas industriales o comerciales improductivos es otra de las cuestiones.
El paquete final de reforma que pretende presentar el Frente Amplio en unos meses incluirá la forma que el partido considere más apropiada para hacerla. Puede ser por iniciativa popular del 10 por ciento de los ciudadanos; por mayoría especial de la Asamblea General, o convocando a una convención nacional constituyente. Uriarte cree que la mejor alternativa es la de la convención, porque da “mayor amplitud y profundidad de discusión”. Tampoco está exenta de contras, por ejemplo el de tener que hacer otra elección nacional para designar a los constituyentes (que son nada menos que 260, el doble de los legisladores). La parada incluye definir si son rentados. La cosa no será sencilla. Michelini, por ejemplo, discrepa con la complejidad de esa propuesta y piensa en una reforma a través de una iniciativa popular. Si es que se avanza, el debate promete ser intenso y, se espera, no exclusivamente reservado para leguleyos.
