El 8 de marzo es una fecha marcada por las reivindicaciones históricas sobre la igualdad de derechos, la visibilización de las injusticias de género y el reconocimiento de la fuerza transformadora de las mujeres en distintos ámbitos. En este marco, proponemos reflexionar sobre la figura de algunas mujeres que han desafiado las estructuras tradicionales de poder e impunidad en el sistema de justicia de nuestro país.
Uruguay, a pesar de su tradición republicana, no fue la excepción a la ola de regímenes represivos que se cernieron sobre América Latina entre las décadas de 1960 y 1980, y que dejaron como saldo miles de víctimas de tortura, violencia sexual, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los años de transición democrática fueron marcados por la aprobación, en diciembre de 1986, de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), que se convirtió en el pilar jurídico de la cultura de la impunidad al quebrar la separación de poderes y bloquear la investigación y el castigo penal a los criminales de la dictadura.
En estos 40 años de democracia ininterrumpida, celebrados el pasado 1 de marzo, muchas organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad lucharon contra la impunidad y se enfrentaron a múltiples obstáculos en el camino de la defensa del derecho de acceso a la justicia.
Sin embargo, actores de los sucesivos gobiernos defendieron la ley de caducidad como un «pacto» necesario para asegurar la estabilidad democrática. Estos mismos actores incluso argumentaron en favor de una supuesta legitimidad de la ley, basada en dos consultas populares (1989 y 2009), mientras que otros actores aceptaron la situación dada y prefirieron enfocarse en otras batallas.
En muchas ocasiones, las víctimas denunciaron la inconstitucionalidad de la ley o reclamaron la necesidad de utilizar las brechas que la normativa dejaba para avanzar en verdad y justicia. Fueron cuatro décadas de esfuerzo devastador.
Dentro de la judicatura y la fiscalía hubo personas dispuestas a cuestionar la impunidad. Queremos destacar las trayectorias de tres de ellas: la jueza Jacinta Balbela, la fiscal Mirtha Guianze y la jueza Mariana Mota. Ellas no fueron las únicas y, antes de que el lector nos interpele, tampoco desconocemos la relevancia de abogados de víctimas, jueces y fiscales varones que aportaron y aportan a la causa.
Entendemos que las historias de estas tres mujeres dan cuenta del rol fundamental que desempeñaron y que desempeñan todavía –en los casos de Mota y Guianze– en la construcción de una sociedad más justa o, aunque sea, menos impune.
Estas tres mujeres protagonizaron hitos porque fueron capaces de ir más allá de lo «conveniente» en el trabajo de investigación de causas que muchos de sus pares preferían ignorar. Lo hicieron en el contexto de una sociedad y un sistema judicial en el que las mujeres, al asumir roles de autoridad, enfrentaban (y posiblemente aún enfrentan) una carga extra al tocar intereses y jerarquías consolidadas.
JACINTA BALBELA: LA PRIMERA MUJER EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN DEMOCRACIA
Jacinta Balbela (1919-2007) inició su labor en el Poder Judicial en 1952. Asumió funciones como jueza de paz y poco a poco avanzó hacia cargos superiores, en una época en la que la presencia femenina en la magistratura era escasa. Durante la dictadura, Balbela fue reiteradamente postergada mientras ascendían magistrados que contaban con la «confianza» del régimen de facto. Sin embargo, con la reapertura democrática, la Asamblea General la nombró para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 15 de mayo de 1985. Esta designación fue calificada por Gonzalo Aguirre, entonces senador por el Partido Nacional, como un acto de justicia con magistrados que habían sido «postergados una y cien veces, designándose en la Corte siempre a magistrados con menor antigüedad que ellos, porque no merecían confianza política del régimen».1 Se convirtió así en la primera mujer nombrada en democracia para el máximo órgano judicial uruguayo.
Un episodio significativo en la actuación de Balbela fue su voto discordante en la sentencia 184/1988 de la SCJ. Por mayoría, el tribunal había declarado constitucional la ley de caducidad, pero Balbela votó en disidencia junto con el ministro Nelson García Otero, con el argumento de que dicha norma violaba principios fundamentales de la Constitución, como la separación de poderes y la igualdad ante la ley.
Para la jueza, el propio reconocimiento de que existían «hechos consumados» (como planteaban algunos legisladores al defender la ley, incluyendo al propio Aguirre, que había sido uno de sus redactores) no legitimaba el acto jurídico. Además, se atrevió a mencionar a los detenidos desaparecidos citando al poeta argentino Jorge Luis Borges, algo poco frecuente en la jurisprudencia uruguaya, señalando que la figura de la desaparición forzada iba más allá de cualquier justificación política. Su voto fue un antecedente que, años después, permitiría que la SCJ, con otra integración, declarara inconstitucional la ley de caducidad (sentencia 365/2009).
Durante el período de transición, muchos jueces que investigaban casos de desapariciones y torturas en la dictadura fueron objeto de cuestionamientos públicos, editoriales de prensa y presiones. Balbela insistió siempre en la necesidad de un Poder Judicial independiente, sin presiones políticas ni partidarias.
Su labor reflejó la importancia de que más mujeres accedan a los máximos cargos dentro del sistema judicial. Pese a ser minoría, su voz discrepante puso en el centro del debate principios constitucionales esenciales. La solidez de sus argumentos aportó una perspectiva que, años más tarde, impulsó nuevas posibilidades en favor de la justicia y de la verdad sobre los crímenes de la dictadura.
MIRTHA GUIANZE: LA FISCAL QUE ROMPIÓ EL CERCO DE LA IMPUNIDAD
La fiscal Mirtha Guianze (1945) ingresó como funcionaria administrativa al Ministerio Público y Fiscal en 1968 y se recibió de abogada en 1975, en plena dictadura. En democracia, y tras varios ascensos, se convirtió en fiscal letrada nacional y se enfocó en causas penales relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos.
Un hito en las luchas contra la impunidad fue el procesamiento de Juan Carlos Blanco, excanciller de la dictadura, por su responsabilidad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros. El caso era emblemático: Elena fue secuestrada dentro de los jardines de la embajada de Venezuela en Montevideo. El procesamiento de un civil por crímenes de la dictadura abrió la puerta a otros juicios posteriores. Guianze promovió la investigación que logró romper en 2002 ese cerco de impunidad.
En 2004 se reabrió la causa por la muerte de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray, hallada sin vida en una unidad militar en 1974. Guianze impulsó en 2009 una excepción de inconstitucionalidad de la ley de caducidad apuntando a la misma tesis de Balbela: la ley violaba artículos centrales de la Constitución. La SCJ le dio la razón (sentencia 365/2009) en un fallo inédito que declaraba por primera vez la inconstitucionalidad de la norma. Así, las puertas de la justicia volvieron a abrirse.
La trayectoria de Guianze no estuvo exenta de riesgos ni agresiones. En 2006, el entonces presidente, Tabaré Vázquez, propuso designarla como fiscal de Corte, pero el nombramiento no prosperó debido a la férrea oposición de los partidos Nacional y Colorado.
En 2012, Jorge Ciasullo publicó en Correo de los Viernes una columna titulada «Justicia o venganza», en la que cuestionaba la capacidad intelectual y profesional de Guianze. El autor calificó las acciones de la fiscal como irracionales o emocionales y llegó a tildar su actuación en el sistema de justicia como «venganza». Para ello, hizo incluso referencia a la militancia izquierdista del esposo de Guianze desplegando una caricatura de ataque misógino. La nota se cierra con una cita de Nietzsche («En la venganza como en el amor la mujer es más bárbara que el hombre»), pretendiendo en vano un vuelo filosófico.
El rol de Guianze fue fundamental para desarticular la noción de que la impunidad era un hecho consumado. Su insistencia en investigar sentó las bases para que otras víctimas pudieran atreverse a denunciar. Su determinación permitió cuestionar la escasa actividad de investigación judicial que se podía lograr a pesar de la ley de caducidad.
MARIANA MOTA: LA JUEZA DEL «BANQUITO SIN RESPALDO»
Mariana Mota (1964) ingresó al Poder Judicial en 1991 y fue desarrollando su carrera por diversos juzgados del interior del país, hasta llegar al Juzgado Penal de 7.º Turno de Montevideo. Desde allí, investigó decenas de causas relacionadas con delitos cometidos durante la dictadura, entre ellas la desaparición de personas y el homicidio político de militantes sociales.
En 2010 Mota dictó una sentencia histórica contra el dictador Juan María Bordaberry: lo condenó por atentado a la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político. Esta condena en sus fundamentos evidenció la participación activa y planificada de Bordaberry en la maquinaria corrupta, represiva y asesina que gobernó el país.
Esa investigación tuvo su costo personal y profesional en grandes y pequeñas dimensiones. Mientras trabajaba en el caso, un colega se acercó a su despacho para advertirle: «Usted está sentada en un banquito que no tiene respaldo»,2 insinuando que su actuación carecía de protección institucional y política.
La sentencia, que supuso un avance sustancial en la búsqueda de justicia, para muchos significó una provocación insoportable.
Mota fue objeto de constantes ataques en editoriales de prensa y cuestionamientos de referentes de todo el espectro político, que criticaron su «exceso de protagonismo» y su «sesgo ideológico». Se la llegó a calificar de «peligro público», «fanática» y «desbocada» en medios periodísticos.3
En febrero de 2013, cuando todavía tenía unas 50 causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad en investigación, la SCJ dispuso su traslado del ámbito penal a un juzgado civil sin una justificación clara. El hecho, interpretado como un acto de castigo y disciplinamiento, motivó protestas de organizaciones de derechos humanos y de la opinión pública.
Durante su desempeño, Mota introdujo prácticas que eran poco habituales en la Justicia uruguaya. Por ejemplo, hizo inspecciones oculares en antiguas dependencias militares junto con sobrevivientes de la represión, familias de víctimas y peritos forenses. Evitaba, además, enviar con la Policía las citaciones para víctimas y testigos que habían sufrido tortura y violencia sexual, a fin de no revictimizarlas. Estas decisiones sencillas repercutieron positivamente en la confianza de las personas hacia el sistema judicial.
Finalmente, Mota se vio forzada a renunciar al Poder Judicial en 2017 para efectivizar su nombramiento como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La SCJ decidió que no podía reservar su cargo, en un hecho inédito y vergonzoso.
En palabras de la propia Mota, la demora de tantos años en investigar no solo mantenía impunes a los victimarios, sino que reforzaba la dolorosa desprotección de las víctimas.
LAS MUJERES Y EL SISTEMA JUDICIAL PATRIARCAL
Si bien Uruguay es un país laico y republicano con instituciones sólidas, el sistema judicial ha sido históricamente un espacio masculino y conservador. De acuerdo con datos oficiales de 2020, siete de cada diez integrantes del Poder Judicial son mujeres, sin embargo, siguen siendo minoría en las posiciones de mayor jerarquía. Aun así, esta «feminización» del sector ha provocado cambios en la forma de entender y practicar la justicia.
Diversas autoras, como la filósofa Carol Gilligan4 han teorizado sobre cómo la experiencia social de las mujeres influye en su razonamiento moral, destacando valores como el cuidado, la comunidad y la preocupación por la justicia sustantiva. Esta perspectiva no debería presuponer la idea de que «todas las mujeres piensan igual», sino la de un potencial enriquecimiento de la praxis judicial.
Las trayectorias de Balbela, Guianze y Mota muestran que cuando las mujeres se atreven a desafiar la autoridad deben enfrentar una hostilidad específica, la que combina las habituales resistencias con críticas machistas y estereotipos de género. El uso de calificativos como «histéricas», «desbordadas» o «fanáticas» da cuenta de cómo se refuerza la retórica que deslegitima a las mujeres aludiendo a su supuesta «emotividad» o «falta de equilibrio».
Estas tres mujeres son especialmente destacadas porque sus actuaciones generaron reconocimiento y solidaridad, principalmente entre las víctimas y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Reconocer y nombrar las trayectorias destacadas de las mujeres es una necesidad, no solo para recordar las hostilidades que padecieron, sino para evitar la invisibilización que muchas de sus colegas han padecido.
El reclamo de memoria, verdad y justicia no es un eslogan obsoleto, es un motor vivo que se vincula en el presente con el debate sobre los derechos de todas las víctimas y, en particular, con aquellas más vulnerables. Las niñas y los niños, las mujeres y las disidencias que sufren cotidianamente violencias necesitan contar con personas dentro del sistema de justicia que sean valientes y comprometidas con su protección.
El 8 de marzo nos convoca a pensar en la necesidad de fortalecer la lucha por la independencia judicial y la perspectiva de género como procesos íntimamente ligados en el desarrollo democrático.
En un contexto regional y global en el que los reclamos feministas se reencuentran con descalificaciones, ataques y nuevos obstáculos, resulta indispensable reconocer la labor de las mujeres, aquellas que tejen desde muchos espacios las luchas contra la violencia de los privilegios intocables, las resistencias al autoritarismo y las luchas contra la impunidad.
- Diario de sesiones, Asamblea General n.º 8, del 6 y 7 de mayo de 1985. ↩︎
- Entrevista a Mariana Mota realizada por las autoras en Montevideo, el 3 de febrero de 2024. ↩︎
- Mónica Cardoso y Carlos Liscano, La impunidad y su relato. El caso Mariana Mota, Planeta, 2023. ↩︎
- Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Harvard University Press, 1982. ↩︎
