El caso del narco prófugo reinstaló la discusión sobre los riesgos de la financiación privada de los partidos, pero la flexibilización de las medidas antitabaco a pedido de Montepaz –empresa que aportó a la campaña de Lacalle Pou– puso en guardia a la oposición. En este contexto, el oficialismo pretende llegar a un acuerdo multipartidario en la Cámara Baja que modifique la normativa vigente antes de fin de año. Por lo pronto, un análisis, con las herramientas actuales, de lo declarado en la última elección permite deducir que el argentino Alejandro Bulgheroni es un verdadero mecenas de la coalición: nutrió con más de 12 millones de pesos a listas blancas, coloradas y cabildantes.
Alejandro Bulgheroni, empresario argentino que financió la campaña de blancos, colorados y cabildantes. BODEGA GARZÓN
La financiación de las campañas electorales es un tema sensible y recurrente para el sistema político. Su discusión está sobre la mesa desde la reapertura democrática. Varios proyectos navegaron con escaso éxito entre ese momento y mayo de 2009, fecha en la que se aprobó la ley de partidos políticos, que incluyó un apartado con algunas regulaciones sobre el financiamiento de las campañas. En 2017 el Frente Amplio (FA) intentó modificar esa norma, pero el resultado se frustró: luego de obtener la media sanción de Senadores, el proyecto cayó en Diputados por el voto díscolo del ese entonces correligionario Darío Pérez.
Este fue el último de una larga lista de fracasos que empezó en 1986, con el proyecto presentado por el entonces senador colorado Eduardo Paz Aguirre. Con los años se aprobarí...
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