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Moneda corriente

Trasfondos de la caída de una nueva red de explotación sexual de adolescentes

Dos leñadores de Melo y un reconocido empresario de Maldonado fueron a prisión por explotación sexual comercial de menores de edad. El caso reveló la prevalencia de un imaginario que justifica a los delincuentes y responsabiliza a las víctimas. Y aunque surgen políticas de gobierno que parecen combatir este delito con mayor fuerza, el sistema sigue enfocado en ilícitos más tangibles, como los que afectan los bienes materiales de la gente. El procesamiento con prisión del empresario hotelero y gastronómico Javier Moya, propietario de La Posta del Cangrejo (Barra de Maldonado), colocó en un primer plano un caso de explotación sexual adolescente de los que ocurren con frecuencia pero raramente se divulgan. Si ese cliente explotador que ahora está en la selecta cárcel de Campanero (Minas) no fuera quien es, “el asunto se habría olvidado en dos días en Melo” aunque todavía queda mucho por investigar, admitió a Brecha un alto jerarca de la Jefatura de Policía de Cerro Largo. Sin ir más lejos, en octubre fue a prisión un hombre que, en la misma ciudad, captaba adolescentes de 12 y 13 años de edad a través de Facebook y también les ofrecía retribuciones económicas a cambio de sexo. Pero la trascendencia de ese caso murió en la frontera arachana.
El más reciente, en cambio, tuvo repercusión nacional y está lejos de cerrarse. La investigación será retomada en febrero cuando finalice la feria judicial, y todo apunta a que la indagatoria recaerá sobre padres o madres que conocían la actividad de sus hijas. Del mismo modo, “si el juez actuante lo solicita”, los policías afirman estar dispuestos a indagar a sus compañeros “milicos” que, según declaró una de las adolescentes explotadas, también pagaban por servicios sexuales a menores de edad.
Por otra parte, existe la presunción de que Moya pudo contratar servicios sexuales de otras menores de edad en Rivera. La investigación estableció que el empresario español, de 75 años, nacionalizado uruguayo, realizó giros por Abitab y Red Pagos desde Maldonado hacia aquella ciudad fronteriza. Según cálculos primarios de la Policía, en un año giró 150 mil pesos hacia Melo sólo por Red Pagos para retribuir los servicios de una adolescente de 15 años que era explotada por Roberto Rivero, alias el “Cata”. La intención, ahora, es determinar si los giros a Rivera tuvieron el mismo fin o si están vinculados a su actividad como operador turístico.
Probar la responsabilidad del Cata Rivero, su primo Marcelo Rivero y del empresario Moya en esta red tomó un año de intensa vigilancia y trabajo de inteligencia en Melo. La indagatoria comenzó en 2012, cuando una madre informó de los hechos ante el Juzgado Civil de 4º Turno (un punto que evidencia que no siempre los entornos familiares son cómplices o naturalizan la situación).
Según el auto de procesamiento emitido el 31 de diciembre por el juez penal Javier Gandini, “hacía años” que aquellas adolescentes pobres aceptaban dinero, recarga de celulares, ropa e incluso comida del Cata a cambio de tener sexo con él y otros hombres de la ciudad en su casa o a domicilio. Por eso este hombre fue a prisión imputado de reiterados delitos de “retribución y promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales eróticos” y reiterados delitos de “contribución” a la explotación sexual de las adolescentes, establecidos en la ley 17.815 (véase recuadro). El mismo camino hacia la cárcel de Melo siguió su primo Marcelo por “reiterados delitos de retribución o promesa de retribución” a las menores a cambio de sexo.
Filmaciones, fotos y una buena cantidad de comentarios en Facebook aportaron indicios sobre las actividades de “Catalino”, cabecilla de la red. Más tarde las declaraciones de las menores involucraron a Moya, y luego se confirmó que éste había hecho voluminosos giros de dinero.
El empresario realizaba las transferencias a través de dos funcionarios de las redes de cobranza que no tenían participación en el hecho. En un principio, Moya argumentó que desconocía la edad de las chicas y que enviaba dinero a la de 15 años para costear el tratamiento de una grave enfermedad de la madre. Esto último era cierto, pero los mensajes de texto y las declaraciones revelaron una relación íntima entre ambos. Incluso llegó a costear los pasajes desde Melo a Maldonado y su estadía, además de llevarla a cenar y comprarle ropa en el shopping de Punta del Este, para luego tener sexo en una casa acondicionada para ese fin.
A la luz de estos hechos, que el empresario admitió, el juez Gandini hizo lugar al pedido de procesar a Moya por “un delito de retribución o promesa de retribución” a cambio de sexo con menores de edad.

CUESTIÓN DE PRIORIDADES. Conseguir indicios para lograr la apertura de un proceso judicial insume tiempo de vigilancia, rastreo de llamadas y filmaciones. Luego viene una etapa de indagatorias donde todos niegan todo y nadie se atreve a delatar a nadie, explicó a Brecha un investigador de Maldonado que actuó a pedido de sus colegas de Melo, y que meses atrás desbarató otra red de explotación sexual comercial de menores de edad en Aiguá.
Esta causa surgió a instancias del encargado de la comisaría local, a quien un conocido advirtió sobre lo que ocurría. El expediente pasó luego a la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Maldonado, cuyos efectivos trabajaron durante tres meses y lograron llevar a prisión a la tía y la madre de una de las dos adolescentes explotadas y también a cinco clientes, entre los que se encontraba un profesor del liceo al que asistía una de las víctimas.
Tampoco este caso está cerrado, ni es el único que se investigará durante los próximos meses en Maldonado. Según supo Brecha, en la mira de la Policía fernandina hay más clientes explotadores de las chicas de Aiguá, tanto residentes en la ciudad como en la capital departamental.
Además está en carpeta al menos otro caso de explotación sexual comercial de menores en Maldonado, del que los policías se enteraron mientras hacían allanamientos o indagatorias por copamientos y rapiñas. Todo tendrá que esperar a que mengüe la tarea estival prácticamente monopolizada por delitos contra la propiedad, tanto en la zona balnearia como en la capital departamental. Para nadie es desconocido que, en verano, los efectivos se vuelcan de lleno a aclarar esos casos que amenazan la buena imagen del principal balneario uruguayo cuando llegan a la prensa. Como si estos otros, vergonzantes como pocos, no tuvieran un impacto negativo.
El sociólogo Luis Purstcher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia de Uruguay (Conapese), entiende que la Policía debería tener “una actitud más proactiva” hacia un problema que se produce porque hay demanda (clientes) y que “el país no puede permitirse” porque no es otra cosa que una violación a los derechos humanos.
“Los delitos contra la propiedad estructuran la actividad policial. Para muchas instituciones la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es tema exclusivo de comisiones de mujeres y de Policía Comunitaria. A nivel policial, da mejor imagen investigar sobre tráfico de armas que ver la situación en la que están estas gurisas y determinar quiénes son los clientes”, se lamentó.
Aunque no todos los casos son visibles –y sólo tienen trascendencia aquellos como los de Melo y Paysandú (donde fueron procesados jerarcas de la Intendencia y se desató un escándalo político)–, existen y no son pocos. En 2013 el Conapese radicó 59 denuncias judiciales, frente a 51 presentadas en 2012 y otras 41 en 2011. En 2010 habían sido 20, una cantidad de denuncias similar a la registrada entre 2007 y 2009.
Sólo en 2013, en su primer año en funciones, el Programa de Atención a las Víctimas de Explotación SexuaI de inau trabajó con 56 adolescentes, procurando la atención de sus secuelas psíquicas y físicas, su inclusión social y laboral.
Un total de mil operadores han sido capacitados sobre este tema a nivel nacional (judiciales, Policía, personal de la salud, organizaciones sociales). Pero Purstcher entiende que todavía falta mucho trabajo para cambiar el concepto patriarcal que “culpabiliza a la víctima y luego a su familia, como si no hubiera proxenetas o clientes” o como si estos últimos tuvieran derecho a apropiarse del cuerpo del otro ejerciendo diferentes formas de poder. Y a modo de ejemplo mencionó la postura del comunicador Ignacio Álvarez, quien consideró desproporcionada la pena para los clientes o dio a entender que una menor de 17 años permite que la exploten porque quiere y porque es un método sencillo de conseguir dinero. “Este tipo de casos dan espacio a que el imaginario más reaccionario florezca, poniendo como víctima al victimario y tomando una actitud hasta de protección”, sentenció el sociólogo.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS. Tampoco es menor la lucha para que instituciones como el propio inau o la Policía cambien su mirada con respecto a qué hacer o a dónde derivar a una adolescente en situación de explotación.
En los próximos meses el Programa de Atención a las Víctimas de Explotación Sexual, que comenzó a trabajar en 2013, se centrará en Montevideo y la zona metropolitana. Las acciones serán complementadas con el trabajo de las organizaciones Gurises Unidos y El Paso, que este mes y en febrero iniciarán una tarea pensada para responder a situaciones de explotación generadas en todo el territorio nacional. Ambas instituciones trabajarán de forma itinerante para llegar a cualquier punto con rapidez y ser el primer apoyo de la víctima.
Por otra parte, el Conapese diseñó un dispositivo de atención territorial, de aplicación a mediano o largo plazo, porque aún requiere recursos propios de las instituciones y aportes económicos internacionales. Se estima que sólo para Montevideo y su área de influencia se requiere una inversión de 450 mil a 500 mil dólares anuales.
La idea es generar una serie de dispositivos con técnicos especializados para los casos en que las adolescentes deben ser alejadas de su familia o del lugar donde viven. Sea porque sus parientes están involucrados en la explotación o porque la red de la cual fueron rescatadas tiene miembros cuya responsabilidad no pudo ser probada ante la justicia y siguen cruzándose con ellas en la calle. La experiencia estará inspirada en instrumentos aplicados en Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, donde el problema tiene dimensiones mayores a las de Uruguay.
“Ahora empieza el mecanismo de generar el espacio institucional necesario y conseguir los recursos. Esto último es complejo, porque el abordaje trasciende las competencias de cada institución y no puede desarrollarlo sólo el inau”, explicó Purstcher. De hecho, están pensando en apelar a las intendencias, a Salud Pública y a la comunidad empresarial para generar una alternativa económica laboral.
El sistema está diseñado de forma escalonada, comenzando por acciones preventivas en la calle y espacios de tránsito y socialización, hasta llegar a situaciones de internación. Para cubrir las necesidades de todo el país se estima que además del dispositivo montevideano debería haber otro que atienda las zonas norte y este del país, y otro más en el litoral. “Todo requiere de una voluntad política que debe expresarse en recursos presupuestales. Es así de duro”, apuntó el jerarca.
Admite que, para algunas instituciones, el combate a la explotación sexual de menores de edad puede estar al final de la lista de prioridades. Tal vez porque a los ojos de la población sigue siendo menos importante que los problemas en la salud, la seguridad o la educación. Sin embargo, el asunto está estrechamente vinculado. “Cada año descubrimos que los casos no son tan pocos sino que son difíciles de ver. Muchas veces están más conectados de lo que uno supone. Si uno ve el tránsito vital de los chicos, en el 98 por ciento de los casos hay antecedentes de violencia doméstica y de género. Antecedentes de abuso, abandono, violencia física o psicológica. Es una suma de violencias acumuladas que dan como resultado la explotación sexual e incluso la trata de personas”, observó. La mayoría de las víctimas provienen de hogares pobres. Es cierto que pasa en todos los estratos, pero es innegable cuál es la prevalencia: adolescentes mujeres, pobres.
“A veces caemos en el discurso de la cantidad, que lo que hace es fortalecer los niveles de impunidad. Si hay un solo caso ya es un caso de violación a los derechos humanos y el país no se lo puede permitir”, insiste Purstcher. El hecho de que esté al final de la lista de prioridades de algunas instituciones también habla de la fragilidad de las víctimas.


Turismo sexual y explotación

El Conapese tiene evidencias de esta actividad en diferentes polos turísticos. Luis Purstcher, presidente de ese organismo, dice que han encontrado “zafralidades” y que “no es casual” que en verano departamentos como Rocha y Maldonado registren mayor número de casos que en el resto del año.
Además, la Organización Mundial del Turismo reveló que una quinta parte de los turistas se mueve en busca de sexo y que, de ese porcentaje, 30 por ciento tiene tendencias pedófilas (son nada menos que 3 millones de personas recorriendo destinos turísticos para tener sexo con niños, niñas y adolescentes).
Por eso, a mediados de diciembre los ministerios del Interior, Turismo y Desarrollo Social firmaron un decreto que apunta a prevenir este tipo de delitos. La nueva norma obliga a hoteleros, agentes de viajes y establecimientos turísticos rurales a instrumentar medidas para evitar estas prácticas. Divulgar material informativo y elaborar una especie de código de ética es parte del compromiso, aunque pasarán varios meses antes de que las partes se pongan de acuerdo sobre cómo instrumentar la disposición. El decreto aparece como un avance frente a lo que hasta ahora era un convenio voluntario, pero requiere acuerdos para su aplicación. “El marco legal está y ahora hay que seguir trabajando con organismos de control y represión, capacitar y sensibilizar a las comunidades, y buscar acuerdos entre los actores”, enfatizó Purtscher.
En este contexto, la participación de un hotelero de Punta del Este en el caso de Melo indignó a la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, quien prometió redoblar esfuerzos para combatir este tipo de ilícitos.


Deje de colaborar

La campaña Deje de Colaborar, que impulsan la ong El Paso y la Fundación Visionair, es la continuidad de la que se denominó No más Excusas. Su estrategia apunta a cortar la cadena delictiva por el lado de los clientes explotadores y capacitar a operadores de distintos sistemas. También se prevé que próximamente la unicef desarrolle una campaña en el oeste de Montevideo, donde unas 70 mil personas residen en asentamientos y donde operarán Gas Sayago, el cluster naval y el Mercado Modelo. Por otra parte, un estudio cualitativo sobre la percepción de los habitantes de esa zona respecto de la explotación sexual comercial infantil será presentado en marzo por el Conapese. La investigación pretende determinar el impacto de esta problemática en el territorio como paso previo a la instalación de grandes emprendimientos.


Las figuras de la ley

La ley 17.815, vigente desde setiembre de 2004, castiga la violencia sexual comercial y no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces con penas de dos a 12 años de penitenciaría.
En su artículo 4 refiere a quien “pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza (retribución) a una persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.
En tanto, el artículo 5 penaliza a quien “de cualquier modo contribuyere a la prostitución, explotación o servidumbre sexual de personas menores de edad o incapaces”.

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