Los suicidados en estas compañías se cuentan por centenas: al menos cuarenta entre 2007 y 2010 en France Telecom, antes de que este gigante europeo de las telecomunicaciones se convirtiera en Orange; una media de 50 por año desde 2010 en la Sncf, la compañía cada vez menos pública de trenes; en el Correo se habla de una “ola de suicidios” desde su privatización, también hace nueve años, con un pico de 50 en 2016. Y la lista podría crecer si varios casos archivados como accidentes de trabajo pasaran a ser catalogados como autoeliminaciones, lo que todo indica que fueron. Denominadores comunes: los planes de “reestructura” implementados por las direcciones de las empresas justo antes de su venta para reducir costos, los métodos made in Usa de gestión de personal y la negativa de los empresarios y los sucesivos gobiernos a admitir su responsabilidad.
Tras años de postergaciones, finalmente la justicia francesa comenzó, en mayo, a juzgar a algunos de los jerarcas de France Telecom del período 2007‑2010, años en los que la empresa, todavía estatal, se planteó eliminar a como diera lugar unos 22 mil puestos de trabajo, una quinta parte de su personal, con el fin de hacerse rentable antes de su privatización.
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Se llama Sébastien Crozier y es presidente del sindicato Cfe‑Cgc y actual alto funcionario de Orange. En 2009 dirigía una de las filiales de France Telecom, cuando una empleada de 32 años se tiró desde un quinto piso hacia el patio del local. Crozier se había negado a cumplir con la “cuota” de despidos (una quinta parte de los funcionarios de cada oficina) que la dirección pedía a sus jerarcas de rango intermedio, pero sabía que de todas maneras a esa gente se la acosaba para forzar su renuncia. Ignoraba hasta qué punto, dijo a fines de mayo en el juicio, en el que declaró como testigo de la defensa de familiares de suicidados. En el juzgado, relató cómo en privado los directivos bromeaban acerca de la “moda de suicidios” que se había desatado en la compañía y mostraban una total indiferencia ante los casos, que se sucedían semana a semana.
Si algunos funcionarios se suicidaron, sugirieron los abogados de los acusados, habrá sido porque eran débiles de carácter o porque tenían problemas personales.Que hubiera habido autoeliminaciones en cadena les resultaba casual, producto de simples coincidencias. El portal Mediapart cuenta, en su edición del 30 de mayo, que un abogado, que defiende al ex presidente de la empresa Didier Lombard, se permitió provocar al psiquiatra Michel Debout, autor en 2002 del primer informe francés sobre acoso laboral y testigo de la defensa de los denunciantes. “Tengo una pregunta para formularle al señor Debout, pero no quisiera que se sintiera acosado o que después de responderla se suicidara”, ironizó el abogado.
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Algunos directivos admitieron haber recurrido a técnicas de presión, de esas “que aplican todas las empresas”. Pero no más que eso. En el juicio se demostró que actuaron con método, en función de una línea precisa, de la que dejaron constancia en documentos escritos en una jerga que incluía conceptos de management a la americana, con la que se hablaba de “entrepreneurs”, de “low performers”, por los trabajadores de bajo rendimiento a los que había que echar, de “push emails”, por los correos electrónicos enviados a esos trabajadores para presionarlos.
Lombard –apuntan los jueces de instrucción del caso– “aparece como el principal responsable de la puesta bajo presión de la empresa para desestabilizar a los asalariados” y de la creación de “un clima de ansiedad” a través de “múltiples y caóticas reorganizaciones, invitaciones reiteradas al abandono de la empresa, una movilidad forzada, sobrecargas de trabajo, maniobras de intimidación y amenazas”.
“Había un plan explícito para destrozar a los que consideraban ‘disfuncionales’”, por demasiado viejos, por resistirse a cambios o a mayor carga laboral, por protestones, hasta enloquecerlos con tal de que se fueran, confirmó Crozier. A los jefes se les pagaba un extra por disfuncional echado o llevado a la renuncia. Y a los disfuncionales se les intentaba convencer de que sobraban, de que era su responsabilidad si no sabían adaptarse a los nuevos tiempos. A algunos los convencían. En el juicio algunos trabajadores relataron cómo los trasladaban de un lugar a otro, los hacían laburar en sitios abominables, a veces solos, sin contacto con colegas. A un informático con 25 años en la empresa y alta calificación lo pusieron a atender un call center de reclamos. Cayó en la depresión, pasó años medicado sin poder trabajar, hasta que renunció. Así con miles de funcionarios. El hombre prestó declaración a mediados de junio. “Tenemos la obligación de hablar. Por todos los que ya no están” y para que los directivos paguen,dijo.
El sindicato que dirige Crozier, la Cgc, que aglutina al personal subordinado que ocupa funciones de dirección, estuvo en el origen, en 2007, junto con el sindicato obrero Sud Solidaires, de la creación del Observatorio del Estrés y de la Movilidad Laborales. Apenas el observatorio se puso en funcionamiento, cientos de funcionarios de France Telecom acudieron a prestar testimonio sobre su situación de opresión laboral. El primer informe del organismo reunió 3 mil declaraciones que reflejaban “el enorme pánico que sentían los trabajadores ante la brutal reestructuración emprendida por la dirección”, se señala en el documento. El acceso al sitio electrónico del observatorio desde las computadoras disponibles en la empresa estaba prohibido.
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Más de siete años les llevó a los magistrados reunir la documentación que les permitió acusar a Lombard y a otros siete jerarcas, que se valieron de todos los medios para ponerles palos en la rueda, ocultándoles información o intentando desacreditar a los denunciantes. Finalmente, llegaron a una conclusión: los denunciados no podían ignorar las consecuencias de sus actos, a pesar de que lo negaran o de que trataran de acusar a los mandos medios de la compañía de “desbordes” en la aplicación de los proyectos de reestructura que ellos mismos habían decidido. Este juicio1 será también el proceso a toda una nueva camada de ejecutivos de empresas que en nombre de la modernidad y los cambios aplican métodos de gestión marcados por una violencia sin precedentes, dice Mediapart.
Lo mismo que se está ventilando en los tribunales sobre France Telecom se denunció en la Sncf, en el Correo e incluso en el propio Ministerio de Trabajo, donde se ha producido una decena de suicidios en pocos meses por malas condiciones de trabajo, reestructuras constantes, sanciones, acoso. En la empresa ferroviaria se están despidiendo a cinco personas por día desde 2017 con el objetivo, dicen sus directivos, de que cuando deje de tener el monopolio del transporte de pasajeros, en diciembre, “esté en condiciones de competir en el mercado”. En 2017, 57 trabajadores se suicidaron, fueron 50 en 2016 y se han contabilizado 20 casos desde comienzos de año. “A ese número hay que sumar los intentos de suicidio y los múltiples casos de trabajadores deprimidos, que viven medicados”, dijo el sociólogo Marnix Dressen (L’Express, 4‑VI‑19), autor de una serie de investigaciones sobre la condición obrera y la evolución de las relaciones laborales en Francia. “Se ha instalado en el mundo del trabajo una suerte de precariedad subjetiva que todo lo invade.”
Mediapart destaca un defecto mayor del expediente judicial del caso France Telecom: omite que las autoridades estatales de la época estaban al tanto y aprobaban los proyectos de la empresa. Menciona, por ejemplo, reuniones de trabajo entre las autoridades de la empresa y la Secretaría General de la Presidencia de la República para poner a punto estos planes, pero no da el paso de acusar a las autoridades políticas.
Casi todos los ejecutivos de la compañía de telecomunicaciones salieron de las principales escuelas públicas de administración del país y aplicaron “con la convicción propia de los conversos el recetario del neoliberalismo: todo para los accionistas”, destacó el portal.
1. Las audiencias siguen hasta el 12 de julio.