La exoneración fiscal del gobierno a Isaac Alfie

Mucho mostrador

Una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas volvió a ubicar al director de la OPP en el centro de la polémica. Isaac Alfie recibió un beneficio de exoneración tributaria para su empresa, que luego se dejó sin efecto. La oposición reclamó su cese, pero el presidente de la república respaldó su actuación.

Isaac Alfie durante el acto de asunción del nuevo gobierno Magdalena Gutiérrez

El Frente Amplio (FA) analiza presentar una denuncia penal contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, tras conocerse que accedió a un beneficio tributario a través de la Ley de Promoción de Inversiones. Para avanzar en esto, la oposición ingresará un pedido de acceso a la información pública para conocer el expediente de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), donde se tramitó la exoneración.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió –el 11 de febrero– promover la inversión presentada por la empresa Isaac Alfie Stochek para compra de equipamiento para el nuevo local de la firma. La resolución, firmada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, implica la exoneración de tasas y tributos a la importación, incluido el IVA, y de todo tributo relativo a la importación de bienes muebles y materiales destinados a la obra civil promovida, así como del pago de IRAE por hasta 401 mil pesos, de forma retroactiva, a junio de 2019. Como contraprestación, el estudio de Alfie se comprometió a generar fuentes de trabajo.

En este contexto, el FA reclamó la inmediata renuncia de Alfie, pero el presidente, Luis Lacalle Pou, respaldó a los referentes del equipo económico y cuestionó a la oposición: «Durante el gobierno del FA no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética, y todo el mundo calladito». Al preguntarle si la de Alfie era una situación reñida con la ética, Lacalle Pou contestó: «No».

En una circular enviada a varios medios, Alfie afirmó que en diciembre de 2019 –cuando la coalición de gobierno ya había ganado la elección– presentó un proyecto para obtener los beneficios de la ley de inversiones para su estudio y que ese pedido estaba ajustado a la ley. Apuntó que «de común acuerdo con el presidente» decidió renunciar al beneficio.

Según dirigentes del FA, el MEF no tendría la posibilidad de rechazar el informe de la COMAP de otorgar una exoneración; lo contrario sería otorgar un poder discrecional a la ministra para definir qué empresas son beneficiadas. Pero existió «un enorme error ético y político», ya que Alfie ostenta uno de los principales cargos del gobierno, por lo que esta situación «se debió haber evitado». Sin embargo, para el senador Charles Carrera, la situación «tiene grados de ilegalidad».

Según Carrera, la actuación de Alfie implica un claro conflicto de intereses y un eventual delito de conjunción de interés público y privado. Para esto, el legislador apuntó al texto de la Ley de Promoción de Inversiones, que establece que la COMAP estará integrada por un representante de la OPP. «O sea que hay un funcionario que está bajo su jerarquía», apuntó Carrera a Brecha. A esto se suma que el director de la OPP tiene el rango de ministro: «Aquí hay una colega suya que firma una resolución beneficiándolo; es un claro conflicto de intereses».

Carrera afirmó que, además, la resolución es «totalmente inoportuna», ya que, en un momento «en el que no hay aumentos salariales, hay empresas que cierran, se está cortando la inversión pública y aumentó la pobreza, un gobernante que está llevando esta política de ajuste y de recorte no puede ampararse en un beneficio tributario».

En este sentido, Carrera dijo que, como gobernante, el director de la OPP «tiene que elegir en qué lado del mostrador está» y que acceder al expediente de la COMAP podría confirmar estas irregularidades: «Alfie hace un discurso en el que dice que esto es legal, pero se ampara en el secreto tributario; se debe analizar si ya hizo uso de parte de ese beneficio. Se debe dictar una resolución anulando el beneficio y si Alfie hizo uso de parte de esa exoneración tributaria, tiene que devolver ese dinero a las arcas públicas».

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Asimismo, los dirigentes del FA presentarán un recurso administrativo ante Presidencia de la República para que se hagan públicas todas las actuaciones arbitrales del juicio de Aratirí contra Uruguay. El recurso también tiene a Alfie como centro, ya que se pretende conocer cuál fue su rol en el litigio internacional: «Fue testigo e hizo un informe de puño y letra en contra de los intereses de Uruguay; los uruguayos tenemos derecho a saber qué declaró […] hoy tenemos un gobernante que actuó en contra de los intereses de Uruguay».

VOLVIENDO A LOS CÓDIGOS

La exoneración fiscal de Alfie podría analizarse en relación con la ley 19.823, el Código de Ética en la Función Pública, dijo un experto en casos de corrupción pública a Brecha. Esta norma prohíbe a los funcionarios públicos hacer un uso indebido del cargo o intervenir en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente a ellos o a personas relacionadas directamente con ellos.

También establece que el funcionario deberá observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, así como «evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública».

Con estos elementos, la Junta de Transparencia Pública podría actuar de oficio para evaluar una posible desviación ética en la actuación de Alfie, como en el pasado lo hizo con los casos de Raúl Sendic o Leonardo de León por el uso de tarjetas corporativas, o del exintendente de Soriano Agustín Bascou por la compra de combustible en estaciones de servicio de su propiedad. «Que un importante jerarca del gobierno obtenga una exoneración fiscal es un elemento que debería analizarse», dijeron las fuentes.

Sin embargo, el organismo de contralor, por ahora, ha optado por abstenerse de intervenir en este proceso, así como tampoco intervino en las denuncias contra el director de la Granja, Nicolás Chiesa, o del expresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz. Según las fuentes, esto es un punto crítico, ya que el análisis de la rectitud ética de los gobernantes se traslada del organismo de contralor al presidente de la república. «El presidente está decidiendo qué es ético y qué no es ético, y esto no puede ser una decisión napoleónica del presidente», afirmaron.

Cuesitonamientos de esta naturaleza irrumpieron en la mañana de este jueves, luego de que el semanario Búsqueda difundiera una grabación con las declaraciones del director vocal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Enrique Montagno (Cabildo Abierto, CA), durante una charla con asesores y militantes políticos. En ese ámbito, Montagno, que es coronel retirado, dijo que los blancos «recagaron» a CA con el reparto de cargos y que él logró montar una estructura en ASSE con 135 funcionarios afines a su sector político. También acusó al presidente del ente, Leonardo Cipriani, de ser un «politiquito» y afirmó que al gobierno lo salvó la pandemia, ya que la política que está llevando adelante «es un culo» y si no fuera por la pandemia «estaba todo prendido fuego» («la coalición [de gobierno] se va a romper y se va a romper feo», remató). La polémica se resolvió con la destitución de Montagno, previa charla entre Lacalle y el senador Guido Manini Ríos, líder de CA.

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