El Ministerio de Salud Pública (MSP) clasificó como información confidencial «todas las actas de la Junta Nacional de Salud (Junasa) desde el inicio de su funcionamiento formal hasta el año 2023 inclusive». La resolución se emitió en respuesta a un pedido de acceso a la información pública formulado por Brecha a principios de este año.
La liquidación de la histórica Casa de Galicia, la delicada situación económica del CASMU (y las denuncias de persecución política a la interna de la mutualista), la crisis de falta de medicamentos, las innumerables barreras para el acceso a la atención en el sistema de salud, las secuelas insospechadas de la pandemia en la atención médica, el debate en torno a los servicios VIP en el mutualismo, las discusiones en relación con las prestaciones del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), las disputas sobre una nueva reforma del sistema y una retahíla de asuntos que tienen que ver directamente con la salud de la población fundamentaron la solicitud que Brecha realizó ante el MSP para conocer el contenido de las reuniones de los integrantes de la Junasa durante los últimos años.
Como respuesta, los asesores jurídicos del organismo recomendaron declarar las actas confidenciales, invocando normativa de carácter interno del ministerio y afirmando que las actas podrían contener información personal de carácter patrimonial o hacer referencia a «hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor». El ministerio, representado en la figura del coronel retirado Gustavo Muñoz, director general de Secretaría, empleó estos argumentos para clasificar la totalidad de las actas de la Junasa desde su creación, en 2007, hasta 2023.
Por mandato legal, la Junasa tiene a su cargo desde 2007 la espinosa tarea de «velar por la observancia de los principios rectores y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud», además de ocuparse, según estipula la normativa, de «administrar el Seguro Nacional de Salud». Se trata de un órgano colegiado integrado por dos representantes del MSP, uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Banco de Previsión Social, uno de los prestadores del sistema, uno de los trabajadores y uno de los usuarios.
En el seno de la Junasa se decide, entre otros asuntos de alta relevancia para la población, la incorporación de prestaciones al PIAS. Habida cuenta de las complejidades inherentes al sistema de salud –y especialmente de los pesados intereses en juego en ese ámbito–, en la Junasa suelen tramitarse asuntos de gran significancia vinculados, también, al contexto político del país.
A instancias de esta administración, el órgano –con sus nuevas autoridades– comenzó a funcionar en agosto de 2020, meses después de la llegada de la covid-19. Desde entonces las tribulaciones en el sistema de salud fueron constantes. Entre ellas, la ya mencionada intervención y la posterior liquidación de la histórica mutualista Casa de Galicia. Si la ciudadanía se atiene a lo declarado por el secretario general de la federación de trabajadores de la salud, Jorge Bermúdez, en octubre de 2021 (el mes de la intervención), el rol de la Junasa resultó entonces por lo menos opaco. «Hoy la Junasa deja de existir, se murió, se la llevó por delante el autoritarismo del MSP y de quienes están acompañándolo, con todas las botas, con las botas bien puestas», dijo el sindicalista. Bermúdez afirmó que se había llevado adelante un «golpe de Estado táctico» dentro del órgano y fue conciso en relación al papel del entonces presidente, Alberto Yagoda: «Está dibujado», dijo.1
Yagoda –que antes había ejercido en el área financiera del CASMU– fue el segundo presidente de la Junasa en un período corto de tiempo. El primero había sido Luis González Machado, quien hasta 2019 era el representante de las mutualistas en el mismo órgano (ocupaba un rol gerencial en el Hospital Evangélico). A pesar de su renuncia, Machado volvió a aparecer públicamente cuando tuvo que declarar en la fiscalía luego de haber sido acusado de presionar a los veedores del ministerio para modificar los informes con relación a la situación de Casa de Galicia. En marzo de 2023 Yagoda abdicó del cargo, que fue asumido por la contadora Alicia Rossi, quien permanece en él hasta el día de hoy. Cualquier periodista puede testimoniar que los tres presidentes han sido parcos –por decir lo menos– en materia de explicaciones a la ciudadanía respecto del desempeño de sus cargos.
Según datos de 2022, la Junasa se ubica en la última posición del índice de transparencia y acceso a la información elaborado por la Unidad de Acceso a la Información Pública. Este índice oficial (que busca medir el nivel de compromiso del Estado uruguayo con la normativa que garantiza el derecho a la información a la ciudadanía) fiscaliza la actuación de más de 200 organismos públicos. La Junasa suma cero puntos en todos los ítems analizados.
1. Caras y Caretas, 27 de octubre de 2021.
