El viernes 27 de febrero se ató uno de los últimos y más desapercibidos “paquetitos” del gobierno de José Mujica: la solución para el pedazo de costa oceánica que se extiende entre Valizas y Aguas Dulces. En el importante predio, de propiedad de Colonización, funcionará en principio un camping “popular” administrado por el Ministerio de Defensa. Brecha accedió al acuerdo firmado y recabó las expectativas de las instituciones involucradas y de los pobladores de la zona.
Seis quilómetros de costa virgen y un quilómetro y medio de la playa hacia adentro son las medidas que ostenta, como si fuera una modelo, el padrón 1645 de Rocha. Tiene casi 900 hectáreas en total, divididas en tres fracciones. El convenio firmado entre el Instituto Nacional de Colonización (Inc) y el Ministerio de Defensa comprende a la número dos, la del medio. El instituto mantiene la propiedad pero la cedió en comodato a los verdes uniformados por los próximos 30 años, “a efectos de que sea usada con fines sociales para posteriormente ser incluida en la planificación del desarrollo de toda esa área costera”.
La gestión y el mantenimiento de las 600 hectáreas quedan en manos de Defensa y la “propuesta de diseño y proyecto final serán desarrollados por una comisión mixta integrada por funcionarios del Ministerio de Defensa y del Inc”.
A fines de enero de este año la directiva del Inc aprobó una propuesta sobre el predio en cuestión para presentar a Defensa. “Teníamos que tomar una definición de qué hacer con ese terreno. Hicimos un planteo bien claro de lo que pretendíamos y en esos términos se firmó el comodato”, relata Jacqueline Gómez, cuya presidencia del Inc se extiende más allá del cambio de gobierno. Para este ente no se han designado aún nuevos responsables.
Y en esa línea, a propuesta del instituto, debe implementarse un “camping popular” (así, tal cual, consta en el convenio) en el predio, que a su vez albergaría el desarrollo de actividades productivas: desde el año pasado un grupo de pequeños productores ganaderos de Valizas pastorea en esas tierras estatales. Según relató la presidenta, el Inc se encargará de las áreas productivas y Defensa de gestionar lo restante.
La resolución y propuesta original del instituto incluía también la definición del predio como parque nacional (siguiendo la definición del decreto que reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –Snap–), pero fue suprimida del documento firmado.
“Creemos que el desarrollo de esa zona va a cambiar dentro de unos años y es una garantía que se mantenga en propiedad del Estado. Cuando pase el plazo establecido tomaremos otras decisiones, si es lo que hay que hacer, una vez que esté construido el camino entre los dos balnearios y esa zona cobre otro valor”. Según relató la jerarca, una de las primeras obras a realizarse es un camino paralelo a la ruta 10 que una Valizas y Aguas Dulces y que permita el ingreso al predio del instituto, al que hoy sólo se puede acceder a través de alguna de las otras dos fracciones. En cuanto al resto de las obras que el comodato permite realizar, están limitadas a cuestiones de seguridad perimetral y de infraestructura para el camping o las actividades productivas.
La pregunta lógica es por qué elegir al Ministerio de Defensa y no intentar un convenio con Turismo o con la Intendencia. “Defensa tiene las capacidades técnicas y de infraestructura que le van a permitir llevar esto adelante. Tiene una experiencia, más allá de que este acuerdo no es una réplica de Santa Teresa, pero la lógica con que funciona ese parque, en el que hay un tránsito de la gente más diversa, ese uso popular de un espacio con condiciones naturales increíbles, es la que queremos tomar. La diferencia es que acordamos que va a haber otras actividades productivas en acuerdo con el Inc.” ¿Cómo se gestó la participación del ministerio? “Cuando discutimos en el Inc qué destino darle al campo, también lo conversamos con el presidente de la República. Con Mujica generamos la propuesta de darle un uso popular. Nosotros no podemos ponernos a gestionar un camping, ahí surgió Defensa, al que consultamos. No era sólo cuestión de transferirle el campo, sino generar un área de trabajo conjunto, pensar cómo construíamos la propuesta. Defensa estuvo de acuerdo en todas las pautas que le propusimos y combinamos los intereses de ambas instituciones.”
LA DISPUTA. La discusión de qué hacer con este predio osciló desde el comienzo entre la parcelación para su venta y la permanencia del mismo en propiedad del Estado. Colonización lo recibió de parte del Ministerio de Ganadería, por ley, en diciembre de 2012. Fue esa ley la que lo dividió en las tres fracciones que se mencionan más arriba. Estableció que las 150 hectáreas contiguas a cada centro poblado (Valizas y Aguas Dulces) se separaran del grueso que controlaría el Inc. El destino institucional de esas zonas sería la Intendencia de Rocha. Dos años demoró la comuna esteña en elaborar los planos de mensura y fraccionamiento del predio y elevarlos a catastro. Ese proceso concluyó recién en diciembre de 2014.
Mientras tanto, los pobladores y vecinos especulaban sobre el destino del lugar. Durante 2011, cuando el predio aún estaba en manos de Ganadería, la trinidad que conforman las comunidades circundantes (sumando Castillos a las costeras ya nombradas) protagonizaron un rico proceso de discusión. De esa época queda la realización de cinco cabildos abiertos (al menos uno en cada localidad), una propuesta de ingreso del ex parque forestal al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y unos fuertes lazos de coordinación.
Recuerdan hasta hoy las declaraciones del propio José Mujica que sugerían un fraccionamiento del predio 1645. Lo que recuerdan, en realidad, fueron unas palabras fieles a su estilo: sugirió que “el pobrerío de la zona le va a arreglar el jardincito y le va a cuidar la casa” a los compradores del terreno parcelado. Los vecinos respondieron con la creación de un proyecto de gestión territorial que los incluyera.
La alarma la había encendido la solución que el Inc dio a otro predio más chico de la costa. En 2008 Ganadería ya había trasladado casi 300 hectáreas (con 700 metros de frente al mar) a Colonización de un terreno ubicado al norte de Aguas Dulces, camino a La Esmeralda. La solución practicada por el Inc, presidido entonces por Andrés Berterreche, fue su parcelación en chacras marítimas y su posterior venta en enero de 2010. Brecha pudo confirmar que a comienzos de 2015 el predio seguía intocado. Cercado, impidiendo el paso, pero sin obras. Los vecinos insisten en que tal conducta es propia de especuladores inmobiliarios, tal como temían cuando se anunció el remate.
Originalmente toda esa franja costera era parte de una reserva forestal (y precisamente con ese nombre es que se conoce popularmente al padrón 1645) creada por el Mgap en 1942. Comprendía desde el Cabo Polonio hasta Aguas Dulces. En 1992 Ganadería trasladó a la comuna rochense las áreas que se habían poblado y convertido en Aguas Dulces primero y Valizas después. Todo lo que quedó en manos de Ganadería fue pasando, a partir de 2010, a manos del Inc (hubo otros seis padrones en Cabo Polonio y uno en La Paloma). El último fue el extenso 1645, forestado con pinos y eucaliptos, y colonizado por acacias. El mismo que alcanza su esplendor en la Laguna del Briozzo, una importante reserva de agua dulce. No sólo eso. Explica Laura Fornaro –una de las químicas que colaboró con los vecinos en la elaboración de sus proyectos– que además de la riqueza biológica y la variedad de fauna y flora del lugar, allí se encuentra una de las mayores concentraciones de arenas negras. “Según la propia Dinamige, hay entre 3 y 7 millones de toneladas de metales pesados, entre ellos torio y uranio. Ese yacimiento tiene actividad radiactiva”. Encargada de uno de los polos de desarrollo universitario del Cure (regional este), Fornaro viene trabajando en el monitoreo de esa radiactividad natural en conjunto con estudiantes de la materia.
La firma del comodato brinda cierta calma. Si hay algo en lo que todos hacen acuerdo es en la conveniencia de que el 1645 permanezca en manos estatales, aunque la mayoría frunza el ceño cuando se les menciona el formato de gestión militar. Los vecinos desgranan sus proyectos para el parque que, entienden, también colaboraron a mantener en la esfera pública con su accionar. Ecogranjas, ecoturismo, hasta la posibilidad de que sea un aserradero de Castillos el que procese la materia prima que la forestal ofrece. En el momento en que Brecha realizó las consultas con los vecinos, del comodato sólo conocían la propuesta elaborada por el directorio del Inc, previo a la negociación con Defensa y el resultado definitivo. En la primera aparecían elementos que luego fueron eliminados. Por ejemplo, se establecía que además de las dos instituciones firmantes, el diseño primario del lugar se abriría a “aquellas instituciones públicas y privadas que se consideren pertinentes, vinculadas a las áreas productiva, turística y de medio ambiente”. Esa participación fue eliminada de la versión firmada. “Fue más una decisión administrativa que una definición. En la construcción del diseño y proyecto final veremos cómo articulamos las propuestas de la gente. Podremos pedir ayuda a otras instituciones en este proceso y acordar con ellas el cómo”, responde Gómez sobre el motivo de haber suprimido la participación social.
Mientras el proyecto se pone en marcha, los vecinos plantean su preocupación en torno a dos cuestiones cotidianas: el libre acceso al predio y la posibilidad de que los pobladores continúen yendo a juntar leña del monte para consumo personal. Esto último, afirman, colaboraba a mantener las condiciones del lugar y evitar incendios. “Eso, con ese nivel de amplitud no se puede. No hay forma de hacer algo provisorio, ¿cómo autorizás quién saca leña y cuánto? Administrativamente ni siquiera se puede hacer”, se responde desde el Inc.
El acceso libre es más complejo aun. La custodia del padrón fue encargada a la Guardia Republicana. Los vecinos enumeran los encontronazos con la fuerza de choque, que desde su instalación en la zona (asociada al asesinato de Lola, cuyo cuerpo apareció en el predio del que se ocupa este artículo) ha desbordado el patrullaje hacia los balnearios circundantes. Gómez reconoce que el Inc estaba informado de la entrada de los uniformados, y en pos de ello argumentó: “Este predio no es un parque, es propiedad del Inc, del Estado uruguayo. Se tomaron las decisiones que fueron necesarias para mantener la seguridad de ese lugar. Lo importante es que aparte de la gente que hacía usufructo de él, lo pueda hacer cualquier ciudadano de este país”.
