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La condena al intendente de Salto Andrés Lima a ocho meses de prisión (con suspensión condicional de la pena) por difamación provocó sorpresa e indignación a miles de salteños y colocó su gestión en una crisis de gobernabilidad. Si la condena es ratificada –sus abogados penalistas confían en que eso no ocurra–, Lima perdería la ciudadanía y estaría impedido de ejercer como intendente.

Andrés Lima y su equipo de gobierno tras el fallo judicial / Foto: Marcelo Cattani

“Lo primero es que esta es una de las conferencias que un intendente nunca quisiera dar, pero también es cierto que la primera tarea que tiene un gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley.” Así comenzó su presentación ante la prensa Andrés Lima el pasado 9 de marzo, en la que comunicó que tres ediles presentaron boletas adulteradas por un valor muy superior al original. Dio los nombres de los tres involucrados, y anunció el inicio de una investigación administrativa. Poco tiempo después presentó una denuncia penal.

Que nunca la hubiera querido dar se debía en buena medida a que los involucrados no sólo eran ediles del Frente Amplio (FA), sino de su propio sector (la lista 888). Pero esa instancia tuvo consecuencias negativas aun mayores a las que esperaba: la edila Dayana Añasco –una...

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