Mientras la noticia del intento de feminicidio en la Facultad de Medicina se regaba en medios masivos, una de las primeras voces que circularon fue la de la generación de exestudiantes de Salinas que había compartido vida liceal con el agresor hasta el año pasado. Mediante un comunicado público, relataron que durante años denunciaron sus insultos, acosos y múltiples prácticas violentas. Pero pusieron de manifiesto, sobre todo, la negligencia institucional.
A la mañana siguiente, el Liceo 1 de Salinas comenzó el turno con una simulada normalidad, interrumpida luego por el desborde y la protesta estudiantil, que recogió las palabras de la generación anterior para actualizarlas con nuevos nombres y denuncias. La respuesta insensible de la dirección del centro fue negar todo tipo de responsabilidad y cerrar la entrada, por lo que dejó a estudiantes y docentes afuera. Sin embargo, sí ingresó la policía (recurso casi exclusivo en la educación cuando no se sabe qué hacer).
Les estudiantes nos brindan la mirada más aguda y lúcida para contextualizar, reflexionar y sensibilizar sobre lo ocurrido. Dentro de todo el dolor que nos aprieta, fue conmovedor y luminoso ver la inmediata movilización en el liceo. La urgencia de expresarse a través de carteles hechos con cajas de cartón muestra la potencia de generaciones que se sostienen una a la otra, se estrechan, hacen memoria, se prestan palabras y habilitan sus voces entre sí.
Toda educación es política; orienta a quienes llegan a este mundo sobre cómo vivir, qué pensar, qué sentir y cómo actuar, como afirma la filósofa española Marina Garcés. Educar no solo nos enfrenta a la pregunta sobre qué conocimientos transmitir, sino también sobre qué tipos de vida queremos reproducir o crear.
Es política también la decisión de cerrar el centro cuando la máquina cotidiana es detenida por sus estudiantes, y es política la decisión de elles de hacerse oír para decir basta: de silenciamiento, de indiferencia, de adultocentrismo que pretende administrar los cuerpos, las palabras y sus dolores. Sus voces irrumpen, una y otra vez:
«No esperen una tragedia para tomar en serio nuestras palabras.»
«Nos fallaron cuando más necesitábamos protección.»
«Culpan a la víctima y luego la lamentan.»
«El silencio también es complicidad.»
Sus palabras no llegaron después del intento de feminicidio: estaban antes. Dan cuenta de una pedagogía cruel, al decir de Rita Segato, que establece jerarquías sobre quién puede hablar y quién no, sobre qué dolor merece reconocimiento y qué cuerpo puede reclamar cuidado; que decide, además, qué vidas son visibles y cuáles pueden ser dejadas a un costado.
Cuando esas voces no son escuchadas, cuando las condiciones que producen y sostienen la violencia quedan en segundo plano, se vuelve frecuente buscar explicaciones individuales y patologizantes que apelan a la salud mental. Esta asociación desplaza la atención de las causas estructurales, estigmatiza a las personas psiquiatrizadas y profundiza su exclusión. Los violentos, abusadores y acosadores no son «enfermos mentales», «monstruos» ni «casos aislados».
En una de sus primeras declaraciones sobre el episodio, el presidente Yamandú Orsi afirmó que se trató de «un caso muy aislado». ¿Un caso aislado en un continente donde el feminicidio y el transfeminicidio siguen siendo una realidad cotidiana, mientras la violencia patriarcal continúa atravesando los cuerpos y las instituciones? Cuando fue interpelado al respecto, Orsi no solo escupió soberbia al echar culpas a las «malas interpretaciones», sino que redobló su apuesta afirmando que es un «caso aislado en Secundaria». Quienes trabajamos –y quienes estudian– en educación media sabemos que no es así, que no hay ninguna excepción en la violencia recurrente a la que son sometidas las estudiantes. Las instituciones educativas están plagadas de acosadores, abusadores y violentos, y en general se trata de los propios docentes. Se encajonan denuncias, los denunciados se trasladan de departamento en departamento, de liceo en liceo, y pasan desapercibidos para todo el mundo menos para quienes los soportan: los y las estudiantes.
En otra de sus declaraciones, Orsi sostuvo que la violencia machista «tiene que ver con algo filosófico», con lo que la desplazó del terreno de las relaciones de poder patriarcales hacia el de una concepción del mundo entre otras posibles, susceptible de ser discutida o relativizada. La violencia machista no es una «filosofía» que pueda ser aceptada como respuesta válida para interpretar la realidad; no es una forma de comprender el mundo desde la criticidad que caracteriza la filosofía; no es un discurso que se pueda debatir de igual a igual.
La violencia machista y adultocéntrica se estructura como necropolítica, administración estatal y paraestatal que establece qué vidas son reconocidas como dignas de ser vividas y cuáles son relegadas al desecho y la invisibilización. El filósofo camerunés Achille Mbembe acuñó el término necropolítica para referirse a las «formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte (política de la muerte)». La necropolítica produce y jerarquiza diferencialmente los cuerpos y sus vidas en el afán de su capitalización. Es la exposición a la precariedad; no solo el abandono estatal por omisión, sino la intencionalidad de que la violencia y la muerte estén presentes en la cotidianeidad de quienes han dejado de importar. En este sentido, cuando las instituciones educativas desoyen denuncias y naturalizan situaciones de violencia, participan de una trama que expone diferencialmente determinados cuerpos.
La necropolítica también se ejerce cuando los docentes se transforman en funcionarios y autómatas que tienen más presentes la obediencia y el orden que la profundidad existencial y pedagógica del acto de educar. ¿Qué se está enseñando cuando la respuesta institucional es volver a poner en marcha la máquina después de la tragedia, y volver al trabajo como si nada hubiera ocurrido?
La institución se detiene cuando hay Mundial o cuando hay paro por rendición de cuentas, pero no cuando una estudiante es apuñalada. Se enseña que la rutina importa más que la pausa, que aquello que incomoda debe ser rápidamente absorbido. Se obtura la potencia de romper la norma, de habitar el conflicto, de alterar un orden que huele a podrido. Se gastan cientos de pesos en folletería inútil que «invita» a estudiantes a no faltar al liceo. ¿Cuándo se va a invertir tiempo, escucha y sensibilidad en hacer del liceo un espacio que quiera ser habitado, que despierte el deseo de estar allí para compartir, para ser acompañade, para ejercer la educación desde el cuidado de la vida?
Tenemos direcciones y autoridades que parecen olvidarse de que sus roles son pedagógicos. Ocupan cargos como meros gestores y convierten aquello que debiera ser una institución de acogida, de cuidado y de aprendizaje en un paisaje de crueldad, en el que se niegan existencias, experiencias y afectividades otras. No es cuestión de señalar a una dirección o una persona, es la lógica estructural que coloca a estudiantes en el lugar de la sospecha permanente, que subestima y niega sus marcos interpretativos desde una mirada adultocéntrica totalizante y totalitaria. Pero tampoco podemos mirar al otro lado cuando las prácticas pedagógicas se fundan en el desamparo de quienes están ahí para ser acompañades.
Esta vez la violencia ocurrió en el Salinas 1 y en la Facultad de Medicina, pero sabemos que no tiene nada de aislado. Docentes y autoridades educativas perdimos la oportunidad de pedir disculpas a les estudiantes. Era el momento de escuchar y de hacerse –de hacernos– cargo.
(Colectiva Profas. Profesoras de educación media y formación en educación.)
