La extensa sesión terminó como se preveía. El miércoles 30 la Cámara de Senadores rechazó el desafuero del senador Guido Manini, imputado hace un año por no haber denunciado la confesión de José Nino Gavazzo –en un tribunal de honor del Ejército– de haber participado en el crimen de Roberto Gomensoro Josman, en 1973. Para habilitar el desafuero se requerían 21 votos (dos tercios de la Cámara), pero se obtuvieron 15: los 13 del Frente Amplio (FA) y los dos del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Cabildo Abierto (CA), el sector colorado Batllistas y el Partido Nacional (PN), en tanto, cerraron filas detrás del senador imputado, hombre clave en la coalición de gobierno.
El fiscal Rodrigo Morosoli solicitó la formalización de Manini por considerar que fue el único, de todos los involucrados en este proceso, que, en forma consciente e intencional, retardó la presentación de la denuncia penal. Según Morosoli, demoró 310 días en informar a sus superiores sobre la confesión de Gavazzo. La mayoría, sin embargo, consideró que el desafuero era improcedente. Se alegó que no ocultó información y que, en todo caso, se le imputó un delito imposible, por cuanto la confesión no era nada nuevo ni afectó el sistema de administración de justicia, ya que Gavazzo había sido juzgado y sobreseído en esa causa. De esta forma, el excomandante en jefe del Ejército evita enfrentarse a la Justicia, al menos hasta febrero de 2025.
SU TRINCHERA
Tras haber sido autorizado para participar del debate, Manini volvió a defender su actuación en este proceso. Al igual que en la Fiscalía, dijo que informó sobre la confesión de Gavazzo a su superior inmediato, el exministro de Defensa Jorge Menéndez, y que fue este quien le ordenó seguir adelante con el tribunal de honor. Sobre esto no hay un registro documental, ya que, según dijo, todas sus comunicaciones con el ministro «fueron verbales». Y atribuyó la responsabilidad al mando civil: «Yo y los integrantes del tribunal de honor hicimos lo que teníamos que hacer». Sin embargo, centró sus críticas en la Fiscalía. Aseguró que se trata de una causa armada y que la imputación fue un intento de incidir en la campaña electoral para excluir «al candidato presidencial que más le molestaba» al anterior gobierno. Dijo que Morosoli actuó en forma sesgada, más preocupado por defender la actitud de los integrantes de la presidencia que por descubrir la verdad. Y recordó que su partido solicitó la destitución del fiscal de Corte, Jorge Díaz, por graves irregularidades.
Las críticas a esta supuesta arbitrariedad de la Fiscalía tuvieron el respaldo del PN. La senadora Carmen Asiaín dijo que le llamaba la atención la selectividad: «Se elige [imputar], de todas las personas intervinientes en los procedimientos de los tribunales de honor, nada más que al senador Manini. Esa arbitrariedad es la que quiso evitar el constituyente. Había responsables en lugar de Manini: la superioridad, el Poder Ejecutivo, que tiene el mando superior de todas las Fuerzas Armadas». Ese descreimiento del accionar del fiscal fue ratificado por Sergio Botana y Graciela Bianchi, entre otros. Incluso, Asiaín –al igual que Manini– dijo que el fiscal Morosoli actuó por fuera de sus competencias. Insinuó que fue elegido a dedo para tramitar la causa, ya que la denuncia se presentó el 1 de abril, cuando no estaba de turno. Fuentes de la Fiscalía rechazaron esta idea y aseguraron que Morosoli estaba de turno el 30 de marzo, día en que El Observador publicó el artículo sobre el contenido del tribunal de honor. Agregaron que el tema de la competencia no fue cuestionado por ninguno de los indagados en la causa, ni siquiera por el propio Manini, hasta este miércoles, en el Senado.
CUESTIÓN DE HONOR
Al iniciar la sesión, el senador Charles Carrera (FA) opinó que se debía acceder al pedido de desafuero, ya que la imputación de la Fiscalía no constituía un ataque a la integridad o la independencia del Poder Legislativo. Dijo que hay elementos objetivos para inferir que Manini es responsable del delito que se le imputa: «Durante casi un año ocultó las declaraciones de Gavazzo, lo que demuestra una clara finalidad y disposición para ocultar la verdad y entorpecer la justicia. Su silencio y su interés por ocultar dichas declaraciones tuvieron consecuencias directas en limitar el accionar del Poder Judicial». Y apuntó que en el expediente no hay pruebas documentales de que les haya informado de la confesión a sus superiores.
A su turno, el senador Pablo Lanz (Ciudadanos) dijo que el cuerpo tenía la obligación de otorgar el desafuero, ya que no hay elementos para pensar que la imputación es parte de un ataque al Poder Legislativo. Incluso, aseguró que rechazar el desafuero suponía «una declaración de liviandad de la actuación fiscal, en el mejor de los casos, o falta de confianza en el Poder Judicial, en el peor de ellos». «Sin entrar en el fondo del asunto y emitir un prejuzgamiento, entendemos que hay elementos razonables para hacer lugar a la formación de causa que justifican el levantamiento de los fueros parlamentarios, habilitando la actuación de la Justicia penal en el caso, ratificando la confianza en su recto e independiente proceder», añadió.
El último orador de la maratónica sesión fue el senador y expresidente José Mujica, quien finalmente votó por el desafuero. Tras fundamentar su posición, le habló al senador cuestionado, quien estuvo cinco años bajo su mando: «Comandante, general, senador: se nos va el tiempo de la vida. No le pido justicia: le pido que arrime verdades. Porque me dijo alguien que ya no vive: se consiguen más verdades en el casino de oficiales que en los juzgados. Necesitamos empatía para compensar a esa parte de la sociedad que tiene dolor […]. Usted tiene herramientas para hacerlo. Es de los pocos orientales que las tiene. Esa es su responsabilidad histórica». Del otro lado del hemiciclo no hubo respuesta.
