La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) maneja una periodización de este conflicto que no tiene visos de solución en el futuro cercano. Tras la primera fase de “represión tradicional”, marcada por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles en abril pasado, vino la “operación limpieza”, por la que el gobierno de Daniel Ortega buscó la eliminación de las barricadas en distintos lugares del país. Se continuó con la “represión burocrática”, que incluyó la persecución, encarcelamiento y procesamiento –sin garantías mínimas del debido proceso– de diversos líderes del movimiento estudiantil y campesino. Y en vísperas de Navidad comenzó una nueva fase, la cuarta, que apunta a acallar por completo las voces que han venido desnudando al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo: la supresión de la personería jurídica de diversas ONG vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el ataque decidido a la prensa independiente y la impugnación de los mecanismos de contralor internacional.
El 14 de diciembre el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunciaba la cancelación inmediata de nueve organizaciones no gubernamentales presentes en el país, acusadas de haber incumplido “los requerimientos legales para su funcionamiento”. Esas asociaciones, afirmó, habían “participado activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado, promoviendo Terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de miles de Personas y Familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de tod@s l@s nicaragüenses” (sic).
Las ONG alcanzadas por la medida gubernamental son el Centro de Información y Servicios de Asesoría y Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, el Centro de Investigación de la Comunicación, y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.
A algunas de estas organizaciones se les allanaron sus locales y se les incautaron computadoras y documentación. El Ministerio de Gobernación dijo que con los bienes muebles e inmuebles crearía un Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de Terrorismo.
Según ha expresado el CENIDH, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional “se han coludido para ejecutar un vergonzoso plan de represión por órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los procedimientos establecidos en la ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento administrativo contra las organizaciones civiles y tampoco han tenido el derecho a la defensa”.
LA PRENSA EN LA MIRA. La misma noche del 14 de diciembre la policía allanó la redacción del periódico digital Confidencial y de los programas periodísticos de televisión Esta semana y Esta noche. El director de estos medios es el periodista Carlos Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y fundador y director del diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante el decenio de la revolución sandinista.
No existe ninguna causa legal contra Chamorro ni sus empresas. Mientras se tramita un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la redacción y trasmisión de los programas se realiza desde lugares clandestinos.
Una semana más tarde la policía llegó a las instalaciones del canal de televisión abierta 100 por 100 Noticias, destruyendo equipamientos y llevándose detenidos a sus directores Miguel Mora y Verónica Chávez –liberada horas después– y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, además de otros funcionarios del medio. Luego de la intervención policial, el canal dejó de operar en Internet y por cable. Antes había cesado su trasmisión satelital. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau continúan detenidos.
Paralelamente ha comenzado a circular una “lista negra” de profesionales de la comunicación considerados “golpistas” y “enemigos de la revolución”. Esto hizo que junto a la pérdida de las fuentes de trabajo varios periodistas salieran del país para asegurar su vida o su libertad.
Uno de ellos es Gerall Chávez, de 28 años, que trabajaba hasta hace un par de semanas en el canal 14 Vos TV cubriendo la actualidad política.
En diálogo con Brecha desde su exilio, Chávez aseguró que el gobierno ha desarrollado diversos “mecanismos para intimidar, asediando a la prensa independiente, buscando la manera de que no se difunda la realidad”.
En agosto pasado, tras llegar de su trabajo, Chávez encontró en la fachada de la casa donde vivía, en el departamento de Carazo, la pintada “Plomo FSLN. No olvidamos”. Estas marcas, realizadas por simpatizantes del oficialismo, son frecuentes. “Son expresiones que ellos acostumbran utilizar como intimidación”, dice Chávez.
“La campaña se intensificó cuando comenzaron a difundir información falsa y difamatoria de mi persona, y a decir que era un periodista mentiroso y golpista”, relata.
Tras la detención de Mora y Pineda “hicieron circular fotografías mías y pidieron mi detención. Como no hay en este momento una organización legal que ampare el desarrollo libre del trabajo periodístico, renuncié a mi trabajo y salí del país a través de un punto ciego, indocumentado”.
PRESIÓN INTERNACIONAL. El 19 de diciembre el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CIDH, que habían sido creados en acuerdo con Daniel Ortega.
El GIEI, cuyo cometido era coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, presentó finalmente el 27 de diciembre en Washington un informe de 485 páginas que recoge más de tres millones de tuits y 10 mil videos generados por ciudadanos.
El voluminoso documento concluye que se cometieron por parte del gobierno “crímenes de lesa humanidad”, entendidos como “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil”, la definición recogida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.
En diálogo con Brecha, la historiadora Dora María Téllez, conocida por su participación en la revolución sandinista como jefa del Estado Mayor que liberó la ciudad de León en 1979 y que fuera posteriormente ministra de Salud, reconoce que Nicaragua vive “la crisis de derechos humanos más violenta a la que se ha enfrentado algún país de América Latina en las últimas décadas”.
“La solución es bastante sencilla: hay que reconocer la grave crisis política que tiene el país y el total déficit de legitimidad del régimen Ortega-Murillo”, dice. La salida, agrega, debe ser “constitucional y política, por la vía pacífica”, con una “convocatoria a nuevas elecciones nacionales y generales anticipadas, y con el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos expectativas de que pueda hacerse mediante la aplicación de la carta democrática de la OEA, como ya ocurrió en 1979 contra el régimen de Somoza”.
Téllez sostiene que desde julio pasado Ortega “ha decidido cerrar toda puerta de diálogo”. Sólo entiende “el lenguaje de las sanciones” que “le signifiquen un costo”, afirma la ex militante del FSLN. Y concluye: “No puede haber borrón y cuenta nueva, sino verdad y justicia, reparación a las víctimas y mecanismos para que no vuelvan a ocurrir cosas similares”, concluye Téllez.
