El tono de la implementación histórica del nuevo Código del Proceso Penal, a cinco meses del arranque, estuvo marcado por una fuerte ofensiva del Ministerio del Interior, con duras críticas hacia los fiscales y a una presunta baja de los procesamientos. Jorge Díaz está a favor de hacer ajustes, pero de ninguna manera apoya un retroceso hacia el uso de la prisión preventiva como pena anticipada, como pretende el Ministerio del Interior, por lo menos para reincidentes. Eso –cree– sería el retorno a un sistema menos garantista y cuestionado por los organismos internacionales. El fiscal de Corte responde sobre todos los frentes de batalla que debió asumir en una etapa de alta crispación, pero también sobre quienes le cuestionan un “perfil mediático” o presiones sobre fiscales; la corrupción pública y privada, y también sobre el desafío de lograr un mayor presupuesto para evitar la sobrecarga de las fiscalías.
—¿Le sorprendió la ansiedad que emergió con la aplicación del nuevo código? Hubo frentes críticos de todo tipo.
—En América Latina, prácticamente en todos los países hispanoparlantes se han hecho reformas de corte acusatorio y en todos existió el mismo tipo de resistencias. El hecho de ser uno de los últimos implica que probablemente podés evitar errores que otros cometieron, pero seguramente aparecerán otras dificultades. Hay países latinoamericanos que ya van por la tercera generación de reformas, como Colombia, que arrancó en los noventa. En el resto de los países ya van en una segunda generación de reformas. Y el grado de ansiedad en las evaluaciones es un poco propio de Uruguay, donde tenemos una especie de fetichismo normativo. Creemos que la mera aprobación de una norma cambia la realidad. Siempre dijimos que tiene que pasar un año para una primera evaluación. Binder, un procesalista argentino, habla de cuatro años, pero esto en Uruguay parece impensable. No hay que olvidarse de que la reforma tuvo sucesivas etapas de aprobación, y las últimas fueron 15 días antes de su entrada en vigencia, y eso dificultó la comprensión de algunas de las normas. Sobre todo lo que tiene que ver con las potestades que tiene la Policía en la etapa de la investigación y algunas normas que han sido interpretadas de una forma que generan dificultades en el funcionamiento. Si esas normas ameritan una interpretación distinta y generan dificultades, pues ajustémoslas.
—¿Cuáles son las más problemáticas?
—Hubo ríos de tinta, discusiones previas, que el 1 de noviembre se resolvieron. Por ejemplo, todas las discusiones operativas sobre el proceso abreviado, la prisión preventiva, se terminaron, y los operadores del sistema las empezaron a aplicar con una simplicidad que hasta a mí me asombró. Porque nosotros veníamos de un sistema en el que había un único camino, y ahora se abren múltiples avenidas, opciones que tiene el fiscal en el proceso de la investigación. Ahora es un proceso donde el fiscal y la defensa tienen un rol fundamental. Nosotros hubiéramos pensado que iba a pasar mucho tiempo antes de que se animaran a hacer, por ejemplo, acuerdos probatorios, o procesos abreviados, o poner medidas cautelares sin diligenciamiento de pruebas, y sin embargo el 1 de noviembre comenzó a fluir naturalmente.
—¿Pero cuáles no fluyeron?
—Principalmente, hay una confusión con las potestades que tiene la Policía en los procesos de investigación. En eso está la mayor parte del problema, porque hay funcionarios policiales que entienden que si no tienen una orden del fiscal no pueden investigar ni hacer nada. Cuando en realidad el código no prevé eso. Pero hay una norma que leída de una determinada manera puede interpretarse así, entonces, bueno, cambiemos esa norma. La Policía no necesita la orden de un fiscal para hacer su tarea, que son las primeras averiguaciones.
—Desde el Ministerio del Interior se salió muy duramente. Incluso el asesor Gustavo Leal dijo en El Observador, luego del sonado caso de Christian Pastorino (el “Kiki”) y los allanamientos, que “la Policía trabaja en Carnaval, pero la fiscalía no”. O también que el fiscal “tiene que mirarse al espejo y darse cuenta de que está al mando”.
—Desde la Fiscalía hemos sido absolutamente cuidadosos en nuestras declaraciones y hemos tratado de ver dentro de la hojarasca cuál es el problema y solucionarlo. Lo peor que podemos hacer en este momento es echarle la culpa al otro de lo que anda mal. Y esto es, lamentablemente, una tendencia muy común en Uruguay. En el tema de las órdenes de detención está la Constitución, que indica que nadie puede ser detenido si no es in fraganti o por orden escrita del juez. En este último caso, la Policía se la tiene que pedir a la Fiscalía y el fiscal al juez. Si es en horas de la noche se hace por teléfono y la Policía levanta la orden, lo mismo ocurre con los allanamientos. Y si es durante el día, eso se hace a través de un sistema informático donde el fiscal puede ordenar desde su casa o su oficina. Eso en Montevideo, en el Interior todavía no tenemos interconexión, pero esa comunicación se realiza vía telefónica si es en horas de la noche, y si no se lleva el documento. Lo que pasaba antes era que la Policía detenía sin orden e informaba al juez, y el juez decía: “Déjelo detenido”, y esa detención sin orden quedaba legalizada. Se identificó el problema de las demoras, y hay procedimientos de contingencia. Logramos con el Poder Judicial que uno de estos procedimientos sea una llamada telefónica, porque lo que exige la Constitución es una orden escrita, que se puede dar de cualquier manera…
—¿Podría ser vía Whatsapp?
—Podría ser, perfectamente. Siempre que no haya dudas de que quien libró esa orden sea la autoridad competente.
—En el caso de la fiscal Diana Salvo, cuando la primera orden de captura del Kiki, ¿la Fiscalía de la nación hizo alguna investigación como para aclarar el procedimiento?, porque el MI decretó una investigación administrativa… Ella consideró una “infamia” las versiones provenientes del MI.
—Hacemos la trazabilidad de todos los procedimientos en los que ha habido inconvenientes, y hemos adoptado las decisiones administrativas –no disciplinarias– a los efectos de corregir los procedimientos. Porque en algunos casos han sido procedimientos en los que nosotros hemos cometidos errores, y en otros no.
—¿Actuó bien la fiscal en este caso?
—Lo que se imputó en ese momento fue que la fiscal no había trabajado en Carnaval, y en realidad no estaba previsto que ella trabajara, porque había un fiscal de turno. Tenemos un sistema por el cual los fiscales no están de turno las 24 horas los 365 días del año, sino que en el caso de Montevideo hay 16 fiscalías que trabajan en turnos semanales, y después fiscalías especializadas: delitos sexuales, económicos, drogas, que trabajan específicamente en los días hábiles, y en los otros días los tiene que asumir la fiscalía que está de turno. En el caso concreto de Salvo, la fiscal no estaba de turno y efectivamente no tenía por qué estar a la orden. En ese caso hubo un cuestionamiento a la labor policial porque no atrapaba a un delincuente que cometió un delito gravísimo y tenía una orden de captura. Pero eliminemos el fetichismo de la orden. Muchas veces hay órdenes de captura que están vigentes meses o incluso años, a veces se los captura fuera del territorio, o al revés.
—Más allá de lo jurídico, esas declaraciones de Leal fueron muy duras…
—Yo no discuto con ningún funcionario del MI, y desde el punto de vista institucional si hay algún planteo que formular se le hace directamente al ministro. No corresponde que la Fiscalía discuta con funcionarios que están bajo la jerarquía del ministro.
—Pero Bonomi también cuestionó la supuesta baja en los procesamientos. El MI jugó fuerte hablando de delitos que quedaban impunes, en un área de mucha presión social.
—Eso corre por cuenta del ministro. Nosotros hicimos un análisis mensual de la evolución del sistema. Tuvimos dos meses muy malos, noviembre y diciembre, luego en enero, febrero y marzo han ido subiendo las formalizaciones1 y todavía no estamos en los mismos niveles que antes de la implementación del nuevo código, si comparamos formalizaciones con procesamientos. Evidentemente, ha habido un número menor de formalizaciones, lo cual, para un sistema que lleva cinco meses, es lógico. Pero la tendencia es ascendente. Hoy, si hacemos un promedio de las últimas semanas de abril, hay prácticamente 850 formalizaciones, y en octubre de 2017, el último mes del sistema antiguo, había 970 procesamientos. La preocupación de parte de las autoridades del Ministerio del Interior es con la cantidad de formalizaciones con medidas cautelares de prisión preventiva. En el nuevo sistema la prisión preventiva funciona como medida cautelar, sólo se puede disponer para evitar el riesgo de fuga o de frustración de la prueba, cuando en el sistema anterior la prisión preventiva funcionaba como una pena anticipada. Este era uno de los cambios sustantivos que exigían los organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostenía que existía un abuso de la prisión preventiva, en tanto se utilizaba como pena anticipada. Ahí hubo un reclamo de algunos sectores de que eso vuelva a funcionar así. Nosotros hemos sostenido que volver a utilizar la prisión preventiva como pena anticipada en definitiva es vulneratorio tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. Estamos de acuerdo con el MI en algunas reformas del código pero en ésta específicamente no.
—¿Y qué otros aspectos considera que deben ajustarse del nuevo código?
—Básicamente planteamos lo relacionado con la posibilidad de investigación con la Policía, y ahí hay cuatro o cinco artículos para modificar. Uno que tenía relación con el control de identidad, otro con los cacheos, con las facultades de investigación y con las posibilidades de interrogatorio. Fíjese el absurdo: hay quien hace la lectura de que la Policía podría interrogar a testigos sólo en el lugar del hecho. Tiene que quedar claro que a los efectos de la averiguación puede interrogarlos en cualquier lugar. Después hay algunas modificaciones para que quede absolutamente claro el proceso abreviado y se pacte una pena, y se dice “pena efectiva”, para que efectivamente se cumpla y no se pueda pedir la libertad anticipada en la mitad de la pena. Porque ya en el proceso de negociación entre la Fiscalía y el imputado asistido por su defensa, cuando el imputado admite su responsabilidad, la Fiscalía reduce la pena que pensaba pedir, en función de esa admisión. Respecto de eso pensamos que existe acuerdo en el Parlamento. Luego hay una cuestión con la libertad anticipada y los casos en los que se imponen medidas de seguridad eliminativas, para aquellos delitos muy graves. El código tal cual está redactado dice que cumplidas las dos terceras partes de la pena se puede pedir libertad anticipada y en ese caso caen las medidas de seguridad eliminativas. Nosotros planteamos que si un sujeto tiene un grado tal de peligrosidad que amerita esa seguridad, no se pueda pedir la libertad anticipada. Sabemos que hay algún proyecto del Partido Nacional en el mismo sentido. Veremos qué resulta.
—Hay otro capítulo decisivo para la Fiscalía, que es presupuestal. Se viene la última rendición de cuentas con posibilidad de aumento del gasto. ¿Qué expectativa tiene?
—Tenemos expectativas razonables de que vamos a obtener recursos como para mejorar el funcionamiento. Había un mito que decía que a la Fiscalía le dieron todo lo que pidió. Nos han mejorado sustantivamente los recursos que disponíamos desde 2012, pero nunca todo lo que pedimos.
—Anualmente, ¿en cuánto ronda el presupuesto?
—Anda en los 1.180 millones de pesos. Arrancamos en unos 800.
—¿Y qué monto están pidiendo ahora y para qué rubros?
—Estamos terminando de elaborar el proyecto y planteando un monto que implica obviamente un crecimiento de los recursos humanos. Básicamente en cantidad de fiscales y abogados, y por otro lado un incremento en gastos de funcionamiento. Porque en estos últimos cinco años el funcionamiento se ha financiado prácticamente con ahorros en el rubro retribuciones personales, porque estamos terminando los concursos para funcionarios administrativos. Y para llenar cada vacante de un fiscal pasan, mínimo, tres meses.
—¿De cuántos fiscales estamos hablando?
—En este momento estamos en 338. Desde que yo asumí se han creado casi cien cargos.
—¿Y cuántos fiscales más se precisan?
—Las cifras las estamos redondeando.
—Han salido fiscales a declarar en la prensa. Tanto el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco como el de delitos económicos Enrique Rodríguez dejaron entrever que están desbordados por la cantidad de causas. Crimen organizado recibió una cascada de denuncias vinculadas a la política…
—Las causas viejas de crimen organizado es cierto que son aproximadamente unas 600 en distintos estados, algunas tienen sentencias, otras –bastante menos– están en investigación, y otras en juicio. Y no van a haber nuevas causas en el antiguo crimen organizado, sino que van a tender a disminuir, y no todas tienen la misma jerarquía. Allí hay una plantilla importante. En la Fiscalía de Crimen Organizado trabajan cuatro fiscales, con funcionarios, con un procedimiento escrito, que, más allá de las audiencias, no tienen la urgencia de los plazos constitucionales de 24 o 48 horas para resolver. Y en el caso de los delitos económicos, creemos que las fiscalías especializadas –no sólo ésta sino también las que tienen vinculación con drogas, delitos sexuales y homicidios– son las que hay que reforzar primero. De hecho las hemos reforzado, y en el caso de delitos económicos les hemos disminuido competencias (extorsión, secuestro, tráfico de armas y demás). Igual somos conscientes de que hay que reforzar… Hay otra cosa que es importante: las causas de corrupción hoy no están todas concentradas en una sola fiscalía, las del sistema antiguo sí. Las del sistema nuevo, en Montevideo, están en Delitos Económicos y Complejos, pero las del Interior están en las fiscalías departamentales, que tienen denuncias vinculadas a intendentes o casos de lavado, como el de Balcedo. Eliminamos la jurisdicción nacional de crimen organizado y la distribuimos.
- Así se le llama ahora al trámite procesal. A diferencia del auto de procesamiento, la formalización tiene una finalidad garantista, porque le permite al imputado enterarse de que está siendo objeto de una investigación, a fin de que prepare su propia defensa.
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El personaje Zubía
Popstar
El fiscal Gustavo Zubía, adversario declarado de Jorge Díaz, no tiene empacho en pasearse por el amplio local de la Fiscalía de la nación y declarar sus intenciones a viva voz. Locuaz, amante de las cámaras, confeso cultor del “reiki cristiano” y de un estilo pictórico inspirado en tales aficiones espirituales (El Observador, 24-III-18), no oculta sus futuros pasos en distendidas charlas con funcionarias. “En mayo, en mayo (…). Alguna changa voy a conseguir”, confirma, respecto de su inminente renuncia. “Bien, muy bien. Hoy ya tengo tres entrevistas, y ahora voy con Abel Duarte”, cuenta sobre su tour mediático (a un volumen audible para Brecha o cualquiera que espere en el edificio) y sus pretensiones políticas, que seguramente serán canalizadas en algún partido de la zona derecha del espectro. Por lo pronto, el destino más próximo a su renuncia será Bahía.
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En la arena mediática
Alto perfil
—Usted está siendo fuertemente combatido por dos protagonistas: Gustavo Salle (que está entablando recursos de inconstitucionalidad contra el Cpp) y Gustavo Zubía, que renunciará a la fiscalía. Ambos son tomados como líderes de opinión.
—(Hace una pausa.)
—¿Son ofensivas mediáticas políticas?
—Qué quiere que le diga…
—Desde posturas ideológicas que no parecían tan coincidentes…
—¿Le parece?
—También hay otros que le han objetado su muy alto perfil. Tiene una potente estrategia de comunicación, conferencias de fiscales, este local de gran porte, la difusión de noticias por redes sociales y medios…
—Este local lo adquirimos durante esta administración con recursos del Fondo de Bienes Decomisados que han sido incautados a narcotraficantes, lavadores, corruptos. Yo asumo en 2012 y planteo que la razón por la cual había aceptado ser fiscal de la nación era trabajar sin prisas pero sin pausas por una modificación del sistema procesal penal y dejar atrás el viejo sistema inquisitivo, para ir a un sistema acusatorio que cumpliera con los estándares mínimos de derechos humanos exigidos por las convenciones internacionales y la Constitución. Esto pone a la Fiscalía, una institución absolutamente invisibilizada, escondida detrás del Poder Judicial, en otro lugar. A cualquier ciudadano uno le preguntaba en 2012 qué hacía un fiscal y lo confundía con un juez. Ahora la Fiscalía como institución, y los fiscales, pasan a cumplir un rol en la investigación y persecución de los delitos. Nosotros legalmente somos los representantes de la sociedad. ¿Cómo podemos representarla si nadie sabe que existimos?
—Otro elemento que ha generado críticas es el perfil que genera cuando remite los antecedentes que ve en algunos casos mediáticos a algún fiscal para que se investigue si hubo delito. Eso pasa en algunos casos, pero no pasa en otros…
—Yo he remitido algunos casos… a ver, de memoria… remití el libro de (María) Urruzola a la Fiscalía que yo sabía que tenía las investigaciones de las rapiñas cometidas en los noventa. Yo no le digo para que investigue, el fiscal puede hacerlo o no… Le remito para que tenga conocimiento. Remití en el caso del hospital de Rivera, el informe de la Jutep sobre el caso Bascou, remití la publicación de Búsqueda sobre las tarjetas corporativas de Ancap y de Ute, las declaraciones públicas de Pablo García Pintos, porque admitía que había retirado dinero del Brou para financiar a su partido (el PN), y ahora en los últimos días las denuncias sobre las presuntas reuniones de un senador investigado (Leonardo de León) con una persona aparentemente condenada en España por lavado.
—Sí, pero la valorización que hace el fiscal de Corte de determinados casos mediatizados dentro de todo el universo de denuncias es como colocarle un foco a determinadas causas…
—Hemos remitido parejo.
—¿Pero no es evidente que algunos casos ya han prescripto, como el de García Pintos? Me pregunto lo mismo con el caso de las rapiñas que se asociaron a integrantes del Mln…
—Sí, eso que lo determine el fiscal. No me corresponde a mí.
—Y las pruebas del espionaje realizado por inteligencia militar durante varios gobiernos democráticos, ¿no le pareció relevante?
—Estamos siendo extremadamente cuidadosos. Personalmente estoy siguiendo de cerca las informaciones de prensa, a la espera de los resultados de la comisión investigadora parlamentaria.
—A algunos les sorprendió su nombramiento, porque en general se espera que sea un fiscal y no un juez el que llegue a la Fiscalía General.
—Bueno, no fui el primer juez que llegó a ser fiscal de Corte. Peri Valdez era juez y también llegó a esa función. Tradicionalmente en Uruguay eran fiscales, pero no es la regla en el mundo.
—Y en su caso, ¿cómo se abrió la posibilidad?
—Recibí la propuesta del presidente de la República (José Mujica), y me tomó de sorpresa. Lo pensé e hice las consultas del caso con familiares y personas de confianza, y acepté la responsabilidad, que fue refrendada en el Senado por unanimidad.
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Presos con condena
“Dar vuelta la cabeza de todos los juristas de Uruguay”
—El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique pronosticó un aumento de la cantidad de presos en la fase de condena…
—Estamos en pleno cambio, porque el número de personas sometidas a proceso que van presas es menor que antes, pero estamos empezando una evolución en la cual cada vez ingresan más personas penadas al sistema carcelario. De esas dos curvas, la primera se ve crecer muy rápido y la otra muy lento. Pero está claro que en el futuro, en Uruguay, del 100 por ciento de las personas privadas de libertad va a haber un mayor porcentaje de condenados que sometidos a proceso.
—Ese sería un efecto positivo…
—Sí, es el efecto positivo que se ha dado en todos los países. En Chile pasaron de un sistema de 70 por ciento de procesados y 30 por ciento de penados a una relación inversa. Es imposible no tener personas privadas de libertad sometidas a proceso, porque siempre puede existir el riesgo cautelar. De lo que se trata es de que sea lo más chico posible y de que esté preso quien esté condenado. Pero eso es dar vuelta la cabeza de todos los juristas de Uruguay. Siempre se tomó (la prisión preventiva) como una pena anticipada, porque incluso después se la descontábamos de la pena.
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Odebrecht, Lula, la corrupción
El público, ¿y el privado?
—¿No cree que hay una tendencia a judicializar casos por razones políticas?
—Eso es mundial.
—Pero más cerca de las elecciones eso se incrementa…
—Esto ha sido histórico, y ahí podemos entrar en el debate de si hay judicialización de la política o politización de la justicia. Cada tanto hay oleadas de denuncias de corrupción. En algunos casos se ha llegado a resultados útiles, en otros no, y en este momento en toda América Latina se están viviendo casos con mucha repercusión mediática. Los fiscales generales de Iberoamérica nos reunimos prácticamente todos los años a hacer una evaluación de las distintas causas del crimen organizado. El año pasado discutimos en Lima sobre corrupción pública, y específicamente sobre Odebrecht. Aunque les parezca mentira tenemos un grupo de Whatsapp, y existe una preocupación muy grande en cooperar. Las realidades no son las mismas en los distintos países. El fenómeno Odebrecht contaminó prácticamente a toda América Latina. Hoy en Uruguay no tenemos por lo menos casos de corrupción pública vinculados a esta empresa. Hay un tema de lavado que es por otro carril, pero no de funcionarios públicos. Hay una enorme preocupación, porque además nuestra legislación de combate a la corrupción no es buena, o, mejor dicho, es vieja. Hay cosas que deberían ser delito y no lo son…
—¿El enriquecimiento ilícito, por ejemplo?
—Le confieso que no era partidario de esa tipificación, porque existía una especie de inversión de la carga de la prueba. Ahora bien, en el estadio actual de nuestras culturas, si un servidor público tiene un enriquecimiento en su patrimonio personal y no lo puede justificar, creo que tiene la obligación de hacerlo. Pero sobre todo las penas máximas de los delitos de corrupción no llegan a diez años, y el plazo de prescripción es muy corto, cuando un caso de corrupción puede causar muchísimo más daño que un delito contra la propiedad privada que se sanciona severamente.
— Esta semana usted llegó a sugerir la posibilidad de que los políticos puedan perder fueros parlamentarios frente a algunas investigaciones por casos de corrupción…
—Es una discusión en América Latina toda. Y es una preocupación que tenemos los fiscales generales…
—Ahora, ¿no se pone siempre la mira en la participación de los funcionarios públicos, en el Estado, cuando hay importantes grados de corrupción también en el sector privado?
—Casi siempre que hay un funcionario público infiel, hay un privado como contrapartida.
—Pero no siempre las dos partes terminan con la misma pena o la condena social… Eso es algo que lo admitía incluso el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne.
—El episodio de corrupción involucra al funcionario infiel y al privado que ofrece pagar una dádiva a cambio de un acto ilícito. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, de hecho la Ocde ha impulsado a nivel internacional que los estados reconozcan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, obviamente no van presas… pero se les imponen multas altísimas, embargos. Incluso en España y Chile pueden llegar a obligarlas a disolverse como sociedades. Esas normas en Uruguay no existen y esa también es una falencia.
—Con relación al reciente fallo de prisión preventiva de Lula, ¿con el nuevo Cpp uruguayo el ex presidente habría ido preso?
—A mí no me gustaría hablar del caso Lula porque está actuando la justicia de otro país. Lo que sí le digo es que con el actual código una persona que sea condenada en primera y en segunda instancia iría presa. Porque el recurso de casación, la tercera instancia, el recurso extraordinario, no impediría que la persona fuera penada. Pero depende del régimen jurídico de cada país. Nosotros estamos en una fase de discusión previa, porque no estamos discutiendo todavía si una persona condenada en primera y segunda instancia tiene que ir presa, sino que lo que se discute en el Parlamento es si una persona que está formalizada, cuando recién empieza el proceso debe ir presa o no. Lo que está en discusión en ambos casos es cuándo termina el principio de inocencia. Y este cae cuando existe una sentencia ejecutoriada que condena a una persona como autor responsable de una pena. Y ahí viene la discusión de cuándo viene una ejecutoriada…
—¿No sería mejor que en este tipo de casos la gente fuera a prisión con una condena firme?
—Pasa que la existencia de condena firme depende del régimen jurídico de cada país. Incluso en Brasil el Supremo Tribunal Federal ha ido y venido, porque en principio entendía que la condena firme era cuando se habían agotado todos los recursos, aun los extraordinarios, y ahora entiende que es cuando se agotan los ordinarios. Es una discusión jurídica pública interesante.
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