El lobby de la iglesia Misión Vida en Maldonado
Inmuebles en comodato, alquileres, pago de facturas de luz y agua, transporte y alimentos, forman parte de los aportes que Beraca ha logrado del gobierno de Maldonado en los últimos años. Es el resultado de una presión política desarrollada con astucia, para conmover y promoverse como la organización más efectiva en el tratamiento de diversas problemáticas sociales y ocupar espacios vacíos dejados por el Estado.
La investigación judicial por la vulneración de derechos de tres niñas internadas en un hogar de las Comunidades Beraca (el nombre formal de la Ong es Esalcu), en Maldonado, dejó en evidencia una situación que nadie niega: superado por la variedad de problemáticas sociales el Estado ha delegado sus responsabilidades en organizaciones o asociaciones civiles que apoya pero no controla, por motivos más o menos discutibles. En Maldonado, Esalcu creció bajo el ala de los dos gobiernos departamentales del Frente Amplio (2005-2015), particularmente interesados en atender las carencias sociales derivadas de la crisis económica de 2002 y de la migración interna de miles de uruguayos que no encontraron ni las oportunidades laborales ni la calidad de vida que vinieron a buscar.
Durante el primer gobierno departamental frenteamplista se creó el Área de Política de Adicciones, en estrecha relación con las políticas de la Junta Nacional de Drogas (Jnd), y también se habilitó el Centro de Tratamiento de Adicciones de El Jagüel, institución pública para 20 personas avalada por la Jnd y rigurosamente supervisada por el Ministerio de Salud Pública (Msp) y Asse. En el ámbito privado funcionaba la fundación Manantiales, cuyo costo de internación y tratamiento sigue escapando a las posibilidades de la mayoría de los potenciales pacientes. En ese contexto, Beraca cayó como maná del cielo.
El intendente Óscar de los Santos (Alianza Progresista) se dejó cautivar por la propuesta que ofrecía rehabilitación gratuita a quien quisiera acogerse a sus reglas de terapia laboral y de fe religiosa, en un departamento con graves dificultades sociales. El proyecto de la Ong Esalcu le llegó a través de un edil de su sector y del encargado del Área de Adicciones, Gabriel Freitas. También el director de Desarrollo e Integración Social de la comuna, Gustavo Salaberry, había recibido a ediles de varios partidos que promovían la instalación de Beraca en el departamento, a la luz de su experiencia en Montevideo y Canelones.
Finalmente la Intendencia le dio a elegir varios terrenos públicos, y en octubre de 2008 Esalcu logró un comodato “de carácter precario y revocable” en la Granja Municipal de Aiguá, un predio de cinco hectáreas ubicado al norte del departamento. En agosto de 2009 la Intendencia pidió anuencia a la Junta Departamental para otorgarle un nuevo comodato por 20 años. Tres meses después el legislativo autorizó la firma de ese contrato y Esalcu pasó a usufructuar el terreno “con destino a la instalación de una comunidad terapéutica” hasta 2029. Ese fue el principio de un crecimiento que no ha parado hasta la actualidad.
Para agosto de 2010 Esalcu tenía 30 comunidades en el país. En Maldonado manejaba la citada comunidad de Aiguá, hacía “talleres de prevención” en el asentamiento Kennedy, de Punta del Este, y había abierto el hogar de Marco de los Reyes y Montecaseros (hoy bajo la lupa de la justicia) con apoyo de la Intendencia. Pero era poco para los planes de la Ong. Ese mes, aprovechando la discusión de un nuevo presupuesto quinquenal, el pastor Gabriel Irigaray –coordinador de Beraca para la región este– y otros dos miembros de la organización fueron en régimen de comisión general a la Junta Departamental de Maldonado con la meta de conseguir más apoyo para crear comunidades. El coordinador mostró audiovisuales con la obra de Esalcu en otros departamentos y conmovedores testimonios de jóvenes rescatados del “narcotráfico, la droga y los asesinatos” con aparente final feliz. Anunció la llegada de decenas de líderes del resto del país que se sumarían a líderes locales, para ir a los barrios “más complicados a golpear, puerta por puerta, para poder rescatar gente, jóvenes, e internarlos o hacer el trabajo que se tenga que hacer”. Para esta movida ya había logrado que la Intendencia y varios municipios aportaran transporte, alimentación y alojamiento, en un esquema de colaboración que se replicaría en los años siguientes por montos totales nunca evaluados.
Por si algún edil dudaba de la gravedad de la situación, el pastor contó que en Maldonado había “más de 200 jóvenes” anotados para ingresar a Beraca y que por la oficina (donde funcionaba una iglesia de Misión Vida) pasaban entre “cien y doscientas personas” a buscar ayuda. Debían abrir nuevos hogares pronto, cosa de evitar otra tragedia como la de un joven al que no pudieron internar por falta de espacio y terminó asesinado por un almacenero. “Todos ustedes lo vieron en la tele”, reforzó. Varias veces les marcó a los ediles su responsabilidad, “como autoridad”, en la resolución de este problema. Machacó que lo mejor que podían hacer era dar apoyo material para la expansión de Beraca, y los convenció.
En mayo de 2012 Esalcu ganó las instalaciones de la antigua escuela rural número 71, ubicada en el paraje conocido como Cañada Bellaca, unos 28 quilómetros al norte de la capital departamental. Cinco meses antes (diciembre de 2011), el gobierno departamental había gestionado ante la Administración de Educación Pública la solicitud del inmueble para la Ong. El local llevaba 15 años en desuso y no había planes de que volviera a funcionar como centro educativo, por lo cual el Codicen razonó que, al otorgarlo en comodato, no sólo cumplía con “una necesidad social”, también recuperaba el edificio y evitaba la posibilidad de una ocupación ilegal. Así el inmueble pasó por comodato a la Intendencia, que lo cedió a Esalcu –también por comodato– hasta el final de la actual administración. El contrato establece que la Intendencia “se hará cargo de todas las refacciones y mejoras que sean procedentes en el predio y edificio escolar para que mejorando sus condiciones edilicias puedan cumplirse los objetivos de la comunidad de jóvenes”.
Irigaray celebraría aquel logro, que atribuyó a la gestión del secretario general de la Intendencia, Gustavo Salaberry, durante la sesión del 29 de mayo de 2012 en la Junta Departamental de Rocha. El encuentro tuvo características y cometidos similares al realizado dos años antes en el legislativo de Maldonado: historias de vida en vivo y en audiovisual, un oscuro panorama sobre la incidencia de la droga en la sociedad, la necesidad de abrir hogares en Rocha para no tener que viajar desde Montevideo a entrevistar y rescatar a jóvenes, y la responsabilidad de los ediles en promover el crecimiento de Beraca para terminar con el mal. Esa vez Irigaray puso como referencia al gobierno maldonadense, aunque Beraca ya tenía 40 comunidades en el país. Contó que seis de esos hogares “de vida” estaban en Maldonado y funcionaban en predios o inmuebles otorgados por la Intendencia o por municipios. En San Carlos, por ejemplo, se les había alquilado una casa para alojar a 20 jóvenes y hasta había planes de “agarrar” el derruido Molino Lavagna para instalar allí otra comunidad. Además, el alcalde de Solís (Hernán Ciganda, del Partido Nacional) acababa de “dar una comunidad en Aznárez, que era una policlínica en desuso, y a su vez le pidió a Afe un galpón enorme que tiene enfrente para un proyecto productivo”. Otros municipios también contribuirían, en los años siguientes, con partidas para el pago de las facturas de agua y luz y alquiler de residencias, entre otros beneficios que pueden consultarse en detalle visitando las resoluciones publicadas en el portal de la Intendencia.
Según Gabriel Freitas, ex encargado del Área de Adicciones de la Idm, es claro que la comuna y los municipios debían afrontar la falta de respuesta estatal a esta problemática social, aportando lo que estuviera a su alcance. “Mientras una institución como el Centro de Tratamiento de El Jagüel cuesta más de un millón de pesos por mes para atender a 20 personas, a Beraca le das 30 mil pesos para un alquiler y te saca a 20 gurises de la calle. No da mucho para pensarlo”, graficó a Brecha. En su opinión debería haber control estatal, al menos, sobre los métodos de rehabilitación. Pero “los hogares Beraca no funcionan como comunidades terapéuticas. Si tuvieran ese rótulo Salud Pública podría controlarlos, pero son comunidades de vida donde la gente se adhiere voluntariamente y puede irse cuando quiera”, remarcó. El dato no es menor, porque los servicios de Salud Pública también derivan pacientes a Beraca, según aseguró Irigaray cuando fue a la Junta de Rocha: “Recibimos pases de Asse, de los psiquiátricos. En sí la salud está desbordada, no sé cuántas camas tiene; y los chicos llueven, el psiquiátrico allá está lleno. Entonces nos los mandan a nosotros y tenemos un archivo con todos los pases de Asse”.
APUNTES PARA MARINA. Freitas asegura que en ocho años nunca recibió denuncias formales sobre vulneración de derechos en las comunidades Beraca. Y aunque en plena gestión se hizo fiel de Misión Vida (véase recuadro) y fue un ferviente defensor de Beraca, afirma que no hubiera dejado pasar algo así. Tampoco su sucesora, Gloria Fuentes (Mpp), recibió planteos formales sobre presuntas irregularidades, aunque en el momento de su asunción algunos operadores sociales le habían trasmitido su inquietud por el sistema de trabajo de la Ong pentecostal.
En cambio, un llamado de atención llegó directamente a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, durante el Consejo de Ministros realizado en marzo pasado en Maldonado. Entre otros temas, la Comisión de Género del Frente Amplio le acercó información sobre hechos “preocupantes” en el hogar Beraca de Piriápolis: la presencia de menores de edad vendiendo productos para Beraca en las calles, la existencia de una adolescente brasileña que en verano vendía productos para el hogar local y que dijo estar indocumentada, la internación de una adolescente de 16 años que habría llegado “por su cuenta”, y la inquietud de una madre preocupada por las presiones a que era sometido su hijo en rehabilitación. La ministra tomó nota pero nunca hubo contestación ni se conoce cómo tramitó el planteo, señaló a Brecha la encargada de Comunicación de la comisión, Pepi Goncalvez (Magnolia).
Otra irregularidad fue detectada el año pasado también en Piriápolis, aunque quedó entre las paredes de la sala de sesiones del Municipio. Federico Guerra, uno de los concejales frenteamplistas, planteó que había visto menores de edad vendiendo alfajores para Beraca, y el asunto fue tratado con el encargado de la comunidad local en una sesión a la asistió para hablar sobre nuevos apoyos municipales. Se les instó a retirar a los adolescentes de la calle hasta probar que tenían la correspondiente autorización para trabajar. Guerra confirmó a Brecha que Beraca no presentó esa documentación oficial y que, además, volvió a ver chicos vendiendo en las calles. Pero el Municipio de Piriápolis no profundizó en el tema, que consideró resorte del Área de Políticas de Adicciones. Según consta en una de las actas municipales, en mayo de 2014 “la situación de los menores se regularizó” por la vía del traslado. “Ahora no están en Piriápolis porque se organizó un hogar exclusivamente para los menores”, argumentó el encargado de la comunidad. Se supone que, efectivamente, la irregularidad no se repitió. Porque en abril pasado el Municipio de Piriápolis decidió colaborar con un máximo de 240 mil pesos para cubrir el alquiler del hogar Beraca durante 12 meses.
A DEMANDA. Gustavo Salaberry, actual secretario general de la comuna, aseguró a Brecha que la administración nunca hizo diferencias entre Beraca y otras organizaciones que le solicitaron colaboración. En defensa de las comunidades de Esalcu, el jerarca aseguró que la política de la Intendencia de Maldonado siempre fue otorgar inmuebles o tierras públicas en desuso para las instituciones privadas que atendieran asuntos sociales. “Beraca avanza porque después de que le dimos Aiguá generó una explosión de gurises y empezó a pedir más y más. Les fuimos dando apoyo a los que iban pidiendo, no hubo un trato diferencial”, argumentó.
Así, la Intendencia ofreció su colaboración sin otro miramiento que el rédito social prometido. Tampoco evaluó si las posibilidades económicas de la Ong ameritaban ese apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que es un brazo de la pujante iglesia Misión Vida para las Naciones (véase recuadro). “No hacemos auditoría de las instituciones que nos piden colaboración; vemos el fin social de la propuesta y nos paramos del lado de la gente. No analizamos si puede o no financiar las cosas, sería algo demasiado exhaustivo, sería complicar la gestión. Damos en la proporción de lo que puede ser un rédito social”, sostuvo el secretario general. En ese contexto, le parece “fascista” evaluar, a la hora de aprobar apoyos, que la Ong siga los preceptos de Misión Vida o esté vinculada económicamente con esa congregación.
Los cupos de Jornales Solidarios que la Intendencia reserva para Beraca (entre otras instituciones) son vistos como un aporte a la Ong, y no se contempla si el trabajador se queda o no con el dinero que percibe. “No es tema de la Intendencia. Si Beraca toma el sueldo o si les da un porcentaje a quienes designa para cobrar, son criterios de la organización. Eso no se lo controlamos a nadie”, explica Salaberry.
Tampoco la Intendencia ni los municipios condicionaron los aportes a los índices de rehabilitación, lo cual habría sido difícil de establecer porque ni siquiera Esalcu ha determinado su porcentaje de “efectividad”. El coordinador Irigaray habló hace un tiempo de un 50 por ciento, pero también admitió que “es relativo”, porque “muchos vuelven” en las diferentes etapas de recuperación.
El caso de las tres niñas del hogar fernandino abrió el debate. A la luz de lo expuesto, el punto es: ¿hasta dónde el Estado puede hacer la vista gorda cuando las personas a las que quiere dar respuesta son utilizadas para ganar poder político y económico? ¿Hasta dónde esta Ong de la iglesia Misión Vida para las Naciones –una de las iglesias evangélicas más pudientes de Uruguay, que además aspira al poder político– puede hacer marketing con su obra social y presionar por más dinero del Estado para continuarla?
[notice]Sesenta comunidades
La Ong fundada por el apóstol Jorge Márquez, líder de la iglesia Misión Vida para las Naciones, tiene en Uruguay más de sesenta comunidades Beraca y atiende a unas 1.200 personas en situación de vulnerabilidad social; allí predomina la rehabilitación de personas con uso problemático de drogas. En teoría el tratamiento es gratuito, pero en los hechos, quienes ingresan a una comunidad deben tener fe en Dios y estar dispuestos a servir trabajando sin remuneración, no sólo como terapia sino también para contribuir al sustento de la red de hogares. Porque Esalcu es una asociación civil “sin fines de lucro” que tiene panaderías, huertas, fábricas de pasta, talleres de costura (paños de piso, rejillas, franelas, prendas de vestir), serigrafía y hasta de armado de cámaras de frío –entre otras variedades–, cuyos productos generan y venden los internos para “cubrir los gastos”. Como cualquier otra organización social civil, se presenta y gana licitaciones del Estado (en Maldonado ganó llamados para administrar Jornales Solidarios 2015, a razón de 150 mil pesos mensuales), suscribe comodatos con organismos públicos para montar sus hogares y percibe aportes de intendencias y municipios para alquilar viviendas y pagar el agua y la luz.
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Ex director de Adicciones de la Intendencia
Del MPP a Misión Vida
Gabriel Freitas se encargó durante ocho años del Área de Políticas de Adicciones de la Intendencia de Maldonado. Se conmovió y sensibilizó tanto con los postulados de Beraca y su propuesta de fe, que abandonó la Iglesia Católica y se hizo fiel de la Misión Vida. Cada martes y domingo asistía a las reuniones, y aunque asegura que no formaba parte de la Ong Esalcu, reconoce que las personas con las que socializaba en los encuentros religiosos “eran las mismas”. Él no veía nada malo en esa relación. Por el contrario, entendía que estar “en la interna” favorecía el seguimiento de la comunidad. Como sabía que por eso sería “observado con lupa, era muy prolijo y solicitaba que todos los pedidos de ayuda se solicitaran por expediente electrónico”. De cualquier modo, la cercanía de Freitas con Beraca y la Misión Vida comenzó a rechinarle al Mpp, sector al que respondía y que terminó declarándolo “autoexcluido” por su férrea oposición a la ley de regulación del mercado de la marihuana que promovía el presidente Mujica. Lógicamente, su postura iba a contrapelo de ese objetivo de la Junta Nacional de Drogas, de la que era su representante departamental. Así que en mayo de 2013 Freitas fue desafectado del sector y renunció a su cargo en Políticas de Adicciones. Casi un año después dejó Misión Vida. “Por una cuestión de fe había cosas que no me cerraban y me volví a mi lugar de origen católico”, dijo Freitas. No fue el único que dejó la congregación por esa época, cuando el apóstol Jorge Márquez resolvió apoyar a la nacionalista Verónica Alonso en Montevideo y manipulaba a sus fieles con el argumento de que Dios lo llamaba a hacer política.
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