La noticia hizo su entrada el 13 de junio. El radar internacional la esparció como reguero de pólvora. La protesta encabezada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) comenzaba a sitiar la capital, a la que poco después ya no se podría acceder por tierra. Las semanas siguientes asentaron el caos en el ámbito nacional. Confrontaciones violentas. Arrestos, incluyendo el del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, por unas horas. Acusaciones mutuas de imposibilitar la negociación. Falta de alimentos en los mercados y del suministro de gas de uso doméstico. Temores de más y mayores desastres. Entonces se hizo el milagro: la Conferencia Episcopal Ecuatoriana convocó a la grey de Dios y logró un cierre de telón más que suficiente para retomar la cotidianeidad, pérdida que no pocos veían como preludio de una guerra civil ad portas.
Los relatos de la coyuntura se alinearon de manera predecible. Para Guillermo Lasso y el gobierno del banquero-presidente: alteración indebida de la paz. Para la dirigencia de la Conaie: defensa de los intereses del pueblo. Para los medios, prestos a fungir de no alineados: reparto equitativo de empatía («hay desesperación en la gente, por la pandemia, por los precios de la canasta básica…, pero el gobierno debe gobernar y los que quieran protestar que lo hagan sin alterar el orden»). Suelta por ahí, aterrizando indistintamente entre relatos de defensa o condena de la protesta, se escuchaba la frase: «Es que hay infiltrados violentistas». O se pronunciaba el nombre de Rafael Correa, como si el expresidente manejase los hilos de una subversión comandada desde Bruselas, no por simpatía hacia el movimiento indígena, sino para «pescar a río revuelto». Tampoco faltó alusión al narcotráfico «financiando la violencia» para «extorsionar» a un gobierno que «está combatiendo los carteles», decían algunos, o «para embarrar la protesta», decían otros.
En esta suerte de mercado persa de relatos a la vista no faltó el vocero de la Casa Blanca con su «llamado a la paz» que a nadie le importó (Washington dejó de ser un referente en Ecuador desde hace tiempo, por más que lo sea, en mayor o menor medida, para los gobiernos de turno), ni la Unión Europea y las Naciones Unidas con sus intentos fallidos de mediar de la mano de alguna fundación local, u organizaciones internacionales siempre atentas a las violaciones de derechos humanos. Finalmente, allí estaba la izquierda local, nucleando a ecologistas, estudiantes, grupos de trabajadores y, desde luego, académicos e intelectuales urgidos a manifestar su apoyo a «la causa popular».
Apartar el ángulo de la manera en que se narran a sí mismos los actores en contienda sirve para advertir que las operaciones de verdad y significado, en tanto correspondencia entre lo que se dice y a lo que refiere lo que se dice, escasearon. Si bien esto no sorprende en el caso de la derecha, tal vez deba sorprender en el caso de la izquierda. Sí, claro, hablar de la izquierda como un todo es problemático. Pero aquí nos referimos a aquella no dispuesta a perder de vista un horizonte democrático plural-igualitario, ángulo desde el cual la mise en scène muestra operaciones narrativas difíciles de avalar.
Preguntémonos, primero, por las condiciones habilitantes del «suspenso hasta nuevo aviso» en que queda Ecuador. Luego dejemos planteadas dos preocupaciones: la primera refiere a la brecha entre la elite indígena y la persistente condición de exclusión de los pueblos indígenas; la segunda refiere estrictamente al campo de la izquierda.
LO PÚBLICO POR DEFAULT
El enfrentamiento entre un gobierno cuyas decisiones e indecisiones dan pie a la sospecha de que poco conoce la intrincada madeja constitutiva del país que le tocó gobernar (amén de que la lucidez estratégica no es lo suyo) y una organización en manos de una dirigencia dispuesta a desplegar los recursos a su disposición (los que fueren), en un ámbito público desoladoramente falto de organizaciones colectivas de peso (léase: organizaciones de base y partidos políticos), colocan el junio ecuatoriano en el repertorio de profecías autocumplidas.
Poco importa detenerse en los 10 puntos planteados por la dirigencia de la Conaie como base de la protesta, ya que la responsabilidad inmediata de la escenificación del drama recae en un gobierno que demostró no estar a la altura de anticipar la tormenta, o de navegarla luego sin que el timón tambaleara al punto de sumir a Ecuador en un atolladero de proporciones. Así, la profecía encontró el terreno propicio para autocumplirse y escenificó un terremoto de 19 días que dejó al país a merced de dos relatos que no se hablan entre sí, por más que el embarazoso simulacro de diálogo se haya transmitido por televisión nacional.
LA MEDICACIÓN APLICADA
Ni atisbos de un «pare» ciudadano cuando la idea de ciudadanía como bien público no hace parte de los modos de relacionamiento y convivencia a la base del terreno (cultural) donde el poder se asienta. El pare «tan rápido cuanto violenta fue la puesta en acto de la negación del otro, desplegada a través de la confrontación física y simbólica» fue eclesiástico.
En ausencia de una suerte de corte constitucional de la verdad, y como en todo juego de suma cero que se toma el terreno cuando las prácticas normalizadas no sirven para facultar la legitimación del arbitraje político, el despliegue de fuerza entre portadores de verdades irrefutables que no admiten contaminación con dudas o fisuras concluyó mediante el arbitraje metafísico de una garantía extramundana. Y, así, maltrecha y cuestionada urbi et orbi por los abusos físicos y sexuales de menores a su cargo, la Iglesia católica compareció como la única institución capaz de imponer autoridad (moral) suficiente para salvar la hora (política). Constituida en botiquín de emergencia, la Iglesia puede aplicar medicación continua. Precariedad temeraria, si las hay.
UN «NUEVO MOVIMIENTO» MEDIO SIGLO DESPUÉS
La emergencia de «lo indio» como movimiento transnacional se dio entre fines de los sesenta y los ochenta, al alero de una generación crítica que catapultó la causa desde la teología de la liberación y la academia, y apuntó a la ciudadanización de los pueblos indígenas (más allá de la formalidad legal, se entiende) en países que requerían reconocerse plurinacionales de una vez por todas.
En 1990 el movimiento indígena ecuatoriano emitió su carta de presentación a través de un levantamiento de proporciones. Pero un juego suma-total fue posible. El gobierno de Rodrigo Borja no hacía agua por los cuatro costados, y contaba con negociadores aptos «a la izquierda del gobierno socialdemócrata, subráyese» en puestos clave. A su vez, el movimiento tenía un liderazgo de fuste en la Conaie, poblada de juristas e intelectuales, dos roles que su presidente, Luis Macas, conjugaba con brío. Fue así que la Conaie se constituyó en interlocutor ineludible del Estado ecuatoriano.
Ateniéndonos al perfil inicial de la Conaie, se trataba de impulsar un giro radical en las políticas de Estado desde abajo, y conquistar espacio político en el camino mediante una tarea de orfebrería pedagógica capaz de ampliar el radio de acción, reclutando ánimos para respaldar la causa por digna de ser acreditada como frente de primer orden para la construcción de una contrahegemonía virtuosa, plural e igualitaria. Medio siglo después, y sin caer en el desatino de adjuntar linealidad a dinámicas en extremo complejas, no hay atisbos de aquel impulso.
El movimiento permanece transnacional. Bien. Pero entonces habrá que admitir que su dirigencia hace parte de un circuito un tanto inquietante. Difícil pasar por alto que el repertorio de estrategias operativas globales que la cultura hegemónica neoliberal produce está en condiciones de disciplinar a la propia izquierda mediante la conversión de «gente de izquierda» en funcionarios (y consultores) internacionales «de sensibilidad progresista» (dejemos al Fondo Monetario Internacional a un lado), el respaldo financiero a ONG dedicadas a gestionar el desarrollo (aunque el término se haya fragmentado en rúbricas que lo hacen más digerible a sensibilidades progresistas) y el mimo permanente a líderes del movimiento indígena guatemalteco o ecuatoriano, por mencionar dos de los más prominentes.
Por cierto, la desmovilización de masa crítica mediante su conversión en promotora de libretos progresistas habilita la idea de un desarrollismo de nuevo cuño, capaz de ponerle «rostro humano» al capitalismo. Mientras la conversión avanza, cabe levantar la duda de que esta sirva de algo a la causa de la izquierda en registro de lo indio. ¿O es que acaso la tarea de liberar a poblaciones ancestralmente oprimidas de su condición de opresión comienza y termina en la producción de nuevas elites, mediante la incorporación ocasional de nombres indígenas a carteras de gobierno y a cócteles de embajadas que celebran su presencia?
Basta revisar los indicadores socioeconómicos para constatar que el grueso de la población indígena permanece excluido. Tampoco es plausible afirmar que se hayan producido avances significativos hacia modos de vida que den la espalda a procesos de estratificación socioeconómica en el interior de los pueblos indígenas. Cuesta advertir, por lo demás, qué ha hecho la dirigencia indígena ecuatoriana para contrarrestar la circulación de irritantes estereotipos aferrados a la imagen de lo indio como una suerte de homogeneidad esencial definida –antes que nada– por la victimización, aun cuando sus dirigentes cuentan con un amplio campo de acción a escala transnacional, importante respaldo financiero internacional, probada capacidad de maniobra política y los rostros de sus líderes hombres y mujeres aparecen impresos en hermosas instantáneas propagadas por los gobiernos de turno (y revistas como Vogue y similares), recordándonos visitar la Amazonia y cuidar el medioambiente.
¿El punto? En el Ecuador actual la dirigencia indígena hace parte del circuito del poder puro y duro. Presencia incómoda que, ante la vigilancia atenta del coro global del progreso, las elites blanco-mes-
tizas se han visto forzadas a admitir. Afirmar que, en tal caso, corresponde a la izquierda respaldar unas elites en oposición a otras da pie a la pregunta de en qué medida esa maniobra permite mantener la reflexión-acción focalizada en la alteridad de la opresión. En aras de la honestidad intelectual, cabe contemplar la posibilidad de que el «nosotros sin ellos», hoy por hoy, no solamente lo conjuguen las elites blanco-mestizas, sino también la dirigencia indígena, apartándola, de facto, del «sin ellos» que refiere a la gente común que toda forma de exclusión (clase, raza, género, etcétera) coloca en la universalidad de la opresión.
LA TRAMPA DE LOS RELATOS PRÊT-À-PORTER
A la izquierda local le sobró en defensa de la protesta lo que le faltó en recordar que no es oro contestatario todo lo que se proclama «de y para el pueblo». A la izquierda internacional le sobró disposición a sumarse a un relato prêt-à-porter de calce forzado al perfil actual del movimiento indígena. Añádase la falta de cautela al atribuir correspondencia entre izquierda y movimiento tan solo porque algún dirigente invoque el nombre de formidables integrantes del panteón de la izquierda, se trate de Marx o de Mariátegui.
La alineación a supuestas doxas que prometen cobijo bajo el manto tranquilizador del «nosotros» puede desgastar quehaceres y devaluar respaldos al punto de la irrelevancia. El querer ver un pueblo «en pie de lucha» no siempre concreta la ilusión ni justifica autoinducir la ceguera cuasi a conciencia como un costo pequeño a sufragar para no incurrir en el riesgo de que «nuestra propia gente» nos censure. A menos que el delirio nos lleve a fantasear en el rendimiento de la alineación automática, no perderemos de vista que la desviación de la(s) doxa(s) cuenta con ejemplos de notable estirpe teórica «y democrática» en el campo de la izquierda (recordemos el de Rosa Luxemburgo, entre tantos otros).
Asumir el campo de la izquierda como el heredero más fértil del «trabajo de la negatividad» de la que habla Hegel permite tres cosas importantes. Compele a ejercer sobre uno mismo aquel rigor que solemos reclamarles a las ideas, los valores y las conductas disfrazadas de «verdad autoevidente». Porta la promesa de desestabilizar lo que creemos saber, y el aferramiento a aquello que nos ilusionamos nos define ontológicamente. Y faculta la productividad colectiva de la interpelación permanente.
A la luz de lo anterior, subrayemos finalmente el interés estratégico de intervenciones de izquierda que apunten a una contrahegemonía plural e igualitaria, de estirpe ciudadana, probablemente un horizonte de lucha colectiva más radical, hoy por hoy, que el de cualquier coro dispuesto a secundar libretos preestablecidos sin pensarlo dos veces.
* Amparo Menéndez-Carrión es una politóloga uruguaya. Exdirectora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador. Entre sus publicaciones: La conquista del voto en Ecuador (Flacso-CEN, 1986), y Memorias de ciudadanía. Los avatares de una polis golpeada. La experiencia uruguaya, obra en tres tomos (Fin de Siglo, 2015).
** Fernando Bustamante es un académico y político ecuatoriano. Ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa (2007) y ministro de Gobierno (2008) en el primer gobierno de Rafael Correa. Asambleísta (2009-2017) por el movimiento Alianza País.
