En marzo de este año, en silencio, la Corte Electoral dictó una resolución administrativa que obliga a presentar, junto con la credencial cívica y la firma de cada adherente de iniciativas ciudadanas, una huella digital. Pero, además, cada adhesión debe ser registrada en una hoja independiente. Los colectivos demandantes entienden que esa decisión, nunca comunicada y de la que se enteraron en junio, «carece de respaldo legal», ya que las exigencias no pueden establecerse por una mera decisión administrativa y sin una ley emanada del Parlamento. La medida, a criterio de los denunciantes, es un cercenamiento indirecto de derechos constitucionales porque también les impone costos «gravosos e inviables» para un colectivo de simples ciudadanos o una organización social sin fines de lucro. El periodista Víctor Bacchetta, integrante de la Red Unión de la Costa, recordó que, mientras en otros países se avanza hacia sistemas más modernos basados en la firma electrónica, en este caso se insiste con métodos anacrónicos.
Las organizaciones recuerdan, además, que iniciativas populares recientes, como el plebiscito por la reforma de la seguridad social y la iniciativa departamental para declarar Punta Ballena como área natural protegida, no enfrentaron dificultades o inconvenientes en el proceso de verificación. Precisamente, están en curso nuevas iniciativas ciudadanas departamentales que pretenden impedir la instalación de Highly Innovative Fuels Global en Paysandú y de una planta de tratamiento de residuos en Empalme Olmos. En estos casos, los colectivos ya habían recolectado miles de firmas, pero ahora, con la novedad de la Corte Electoral, deben volver a localizar a los adherentes. Hasta ahora solo los referéndums revocatorios de leyes nacionales tienen ese requerimiento, que se instauró por ley.
Las organizaciones presentaron el viernes 10 una solicitud de anulación de la resolución ante el organismo electoral (en ejercicio del derecho de petición establecido en la Constitución), pero, además, están conversando con distintos legisladores del oficialismo para procurar que se revierta la decisión. Algunos de ellos se comprometieron a dialogar con los ministros del organismo. En paralelo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo admitió el recurso de los colectivos y ya cursó oficios a la Corte Electoral para que fundamente en qué normas se basó, las iniciativas populares que tiene a estudio y si difundió de alguna manera la cuestionada circular.
