«Lo que nos molestó particularmente a los vecinos y nos llevó a organizar la movida en que estamos fue que, de un día para otro, el gobierno sacó los bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos. Pedimos explicaciones. Nos recibieron la carta, pero nunca nos respondieron. E inmediatamente después empieza a saberse del proyecto de urbanización […] Nos explotó la cabeza.»
Esto había dicho al semanario la profesora de Geografía Mariela Delbono, nacida en el mismo establecimiento rural del entorno del bañado en el que sigue residiendo desde hace medio siglo. Fue a principios de mayo, y desde entonces siguen sin aparecer las razones de la exclusión. El viernes pasado, el Ministerio de Ambiente (MA) respondió a Brecha la solicitud de acceso a la información sobre el expediente del caso, en el que al menos se puede hacer una trazabilidad del trámite que desembocó en la lista y en el descarte.
No hace tanto que aprendimos a apreciar los humedales. El artículo 156 del Código de Aguas de la última dictadura asumía que el destino lógico de todo pantano era su desecación, y las orillas del bañado de Carrasco apenas daban refugio a los vecinos de escasos recursos que levantaron allí el asentamiento Santa María Eugenia.
Las primeras advertencias vinieron de los ornitólogos, que supieron hacer ver el papel de los humedales en el ciclo de vida de las aves migratorias. Y una vez puesto el foco en esos ecosistemas, resultó cada vez más evidente su importancia para que sea saludable la vida del resto de las especies, la humana incluida.
En Uruguay, la toma de conciencia tuvo su primer efecto práctico en 1984, con el ingreso de los bañados del Este, en Rocha, a la lista de humedales «de importancia internacional» protegidos por la convención de Ramsar de las Naciones Unidas. Luego se incorporaron los esteros de Farrapos y la laguna de Rocha. Hace diez años
se estableció un Inventario Nacional de Humedales.
Pero las normas del Código de Aguas recién se modificaron durante la segunda administración de Tabaré Vázquez, en 2018. La rendición de cuentas de ese año no solo invirtió el sentido de aquel artículo 156, sino que agregó una cláusula al 159, por la que el Estado se obligó a determinar una lista de humedales de «importancia ambiental» que prohibía «la desecación, el drenaje u otras obras análogas».
La tarea permaneció pendiente hasta octubre de 2022, cuando el entonces Departamento de Protección de la Biodiversidad (DPB) del MA comenzó a trabajar en una propuesta de delimitación de esos humedales. En extensión, los humedales son el tercer ecosistema del territorio uruguayo, puesto que ocupa el 12 por ciento de su superficie. Hubo que afinar los criterios para seleccionar cuáles serían protegidos.
36 + 2= 37
La discusión determinó que las pautas serían tres: la primera, el tamaño; la segunda, la cercanía a los centros poblados, pues una de las funciones de los humedales es amortiguar inundaciones y sequías que pueden afectar a los habitantes, y la tercera, la riqueza registrada en materia de especies amenazadas o consideradas de conservación prioritaria, además del potencial para sustentar a seres vivos. A partir de estos parámetros, se dividirían los humedales en cinco categorías de importancia (de «muy alta» a «muy baja»).
La bajada a tierra fue tarea contratada a Bernardo Zabaleta, doctor en Ciencias Ambientales del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar). El investigador ordenó sus resultados de acuerdo a las distintas cuencas hidrográficas a las que pertenecían los humedales en cuestión. Los de Carrasco fueron tratados en el capítulo sobre la zona este de la cuenca del Plata.
En esta cuenca, escribió Zabaleta, «la categoría [de] muy alta [importancia ambiental] presentó el máximo de especies amenazadas, prioritarias, y fue la que se encontró más cercana a ciudades intermedias». Respecto a los tamaños de los humedales ambientalmente más relevantes, el consultor consignó que –con 937 hectáreas– los bañados de Carrasco son el segundo de la cuenca, superados solo por la laguna del Sauce (5.333 hectáreas).
Si bien el trabajo fue entregado a comienzos de 2023, recién a inicios del año siguiente el entonces director nacional de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), Gerardo Evia, dio el siguiente paso. Requirió del DPB cinco precisiones, entre ellas una lista de los humedales a integrar de acuerdo a sus «nombres vernáculos».
El 7 de mayo de 2024, el DPB aclaró lo solicitado e incluyó una lista que contenía 36 humedales, entre ellos los bañados de Carrasco. Pero recién a fin de año Evia retomó el asunto y contrató una consultoría para que redactara un proyecto de decreto reglamentario del nuevo artículo 159 del Código de Aguas. El 25 de febrero de 2025 dicha tarea quedó concluida.
Ya durante el actual gobierno, la actividad se retomó en agosto de ese año, ajustando la propuesta en consulta con los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Transporte y Obras Públicas. Entre los humedales considerados, algunos sostienen cultivos arroceros, drenados e inundados en función del ciclo agrícola. Esta actividad es admitida por las normas existentes, y había que hacer las adecuaciones correspondientes para que el futuro decreto reglamentario no las contradijese. Ajustes similares se requirieron sobre los embalses construidos para alimentar sistemas de regadío que operan en la órbita de la cartera de Transporte y Obras Públicas.
A fin de mes quedó todo pronto para realizar la audiencia pública sobre el proyecto de decreto reglamentario que se cumplió entre el 1 y el 15 de setiembre. La lista, que incluía la propuesta técnica presentada por el DPB, iba encabezada por los bañados de Carrasco y luego seguían 35 más.
La consulta recibió más de un centenar de aportes individuales y 14 en nombre de distintas organizaciones, entre ellas la Asociación Bañados de Carrasco. La relatoría destacó que en términos generales hubo acuerdo con la propuesta oficial, que se recogieron observaciones de interés sobre humedales de menor porte y se defendió convincentemente la inclusión de algunos que habían quedado afuera. El DPB aceptó sumar dos: en la cuenca del Plata, la laguna del Cisne y su estero; en la de la laguna Merín, la laguna Blanca.
De modo que la lista que Estela Delgado, entonces directora de la Dinabise, pasó a la Asesoría Jurídica del ministerio para darle al decreto su forma definitiva contenía ahora 38 humedales. El 23 de setiembre, Jurídica elevó a la Dirección General de Secretaría el nuevo texto. La lista introducida seguía encabezada por los bañados de Carrasco. Firmaba Miguel Cousillas, director de la Asesoría Jurídica.
De nueve días después es la siguiente actuación, firmada por Florencia de Castro, de la misma asesoría. Refiere que vuelve a elevarse el expediente a la dirección general con algunos ajustes relativos a los arrozales y que, «asimismo, no se incluye en esta instancia a los bañados de Carrasco». El decreto reglamentario, aprobado finalmente el 20 de octubre, protegió 37 humedales. Los de Carrasco quedaron afuera.
El expediente de la resolución tiene 438 páginas. No dice una palabra más que permita entender la omisión. Brecha buscó, desde el martes, obtener una explicación al respecto del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Todavía no la hay.
EN LA JUNTA
Los lectores del semanario saben que una hipótesis para explicar la exclusión de los bañados de Carrasco del mecanismo de protección establecido tiene que ver con el proyecto presentado por la empresa Bislun SAS para urbanizar el oeste del humedal (véase «Continuación Arocena», Brecha, 8-V-26).
Más de un observador ha hecho notar que, mientras el decreto reglamentario demoró cinco años en materializarse, la autorización solicitada a la intendencia montevideana por Bislun tardó menos de cinco meses –de marzo a julio del año pasado– en llegar a la Junta Departamental de Montevideo. Luego se interpuso el cambio de autoridades y la resolución se demoró.
En setiembre, mientras en el MA se determinaba la lista definitiva de humedales, la intendencia recibió de los desarrolladores una versión más detallada de su propuesta. Avance de propuesta territorial. Oeste de Bañado de Carrasco se llama el documento que establece la intención de construir 3 mil viviendas para sectores acomodados en un rectángulo de 228 hectáreas al sudoeste del bañado.
El colega de El Observador Agustín Escudero accedió a un tercer documento, presentado justo cuando se produjo la exclusión de los bañados de Carrasco, en el que Bislun –finalmente– habló de plata: su inversión sería de 1.248 millones de dólares en 15 años. Gracias a ella, el fisco recaudaría 78 millones por concepto de IVA y la intendencia, 16 millones en permisos de construcción en la etapa de obra, más 20 millones anuales por contribución inmobiliaria una vez que esta concluya. Además, las obras generarían 1.461 empleos directos durante los 15 años de construcción y 2.700 indirectos para atender a los nuevos vecinos del bañado
(El Observador,23-VI-26). Escudero informó también que el inversor principal detrás de Bilsun es el multimillonario argentino Eduardo Costantini, quien se ha consagrado como precursor en materia de explotación inmobiliaria de los humedales del continente.
Hay que recordar que, meses antes –el 9 de julio de 2025–, el exintendente Mauricio Zunino había solicitado al legislativo comunal «declarar de interés departamental la iniciativa presentada por
Bislun SAS» para el cambio de categoría de 226 hectáreas ubicadas en las adyacencias del bañado. El 22 de diciembre, el flamante intendente Mario Bergara, tras dejar sin efecto la autorización solicitada por su antecesor, la reformuló, insertó ciertos requisitos para los desarrolladores (véase «¿Por qué hiede?», Brecha, 16-I-26) y volvió a remitirla a la junta. La comisión Planeamiento Urbano, Vivienda, Obras y Servicios de este organismo recién pudo comenzar a tratarla tras la conclusión de los debates en torno al presupuesto montevideano y los recursos extrapresupuestales solicitados.
Y empezó la tarea recibiendo, el 22 de junio de este año, al Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco, cuyos representantes acudieron apoyados por algunos académicos del Programa Integral Metropolitano, el núcleo de extensión de la Udelar que se ocupa del noreste montevideano y sus inmediaciones canarias. La agenda de la comisión tiene pautadas varias audiencias más respecto al tema.
Para la jornada del 3 de agosto, por ejemplo, tiene previsto recibir a una delegación de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que acompañó su solicitud de cita de un análisis producido por su Comisión Asesora de Urbanismo y Territorio.
El texto recuerda que la evolución demográfica indica que no existe motivo alguno para autorizar una expansión de la mancha urbana y que los esfuerzos deben concentrarse en densificar lo ya urbanizado. Por otra parte, considera vigentes los argumentos para mantener los suelos del entorno del bañado en la categoría de «rural de interfase», lo que implica minimizar su poblamiento y potenciar sus servicios ecosistémicos.
En tercer término, despacha los beneficios económicos aducidos por los desarrolladores con una sentencia terminante: «Si bien la industria de la construcción contribuye efectivamente a la economía nacional y a la generación de empleo y actividad, el lucro obtenido por el aumento en el valor del suelo por el cambio de categoría (de rural a urbana) es una renta parásita, que no implica acción ninguna ni beneficio a la economía general, ni fuentes de empleo».
OTRA AGENDA METROPOLITANA
Pero la hipótesis de que la exclusión de los humedales de Carrasco derive de que las autoridades estén entusiasmadas por los efectos en la recaudación, la actividad y el empleo que acarrearía la inversión de Bislun no es la única posible.
«Mi interpretación primaria es que se priorizó la inclusión de los humedales en mejor estado de conservación», apuntó a Brecha Marcel Achkar, doctor en Ciencias Ambientales, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Udelar, referente en gestión y evaluación de resiliencia de las cuencas hidrográficas y coautor del Inventario Nacional de Humedales ya mencionado.
A juicio del investigador, el decreto reglamentario del artículo 159 «fue en el sentido correcto, pero la lista fue pobre». La protección, dijo, debió abarcar todos los humedales del país, aunque podrían haberse establecidos diversos grados de amparo.
Sin embargo, recordó que «durante la década del 70 los gobiernos militares hicieron a los bañados de Carrasco objeto de diversos destrozos», que las iniciativas de recuperarlos que vinieron después siempre fueron demasiado «tímidas» y que a esto se suma que la cuenca en cuestión es compartida por dos departamentos, lo que siempre resulta «una complicación adicional en términos de gestión».
Aunque subrayó: «Dicho esto, creo que sería un error estratégico del área metropolitana dar por perdido este humedal. ¿Sus niveles de degradación son importantes? Lo son. Pero no está perdido».
Achkar admite que no es fácil obtener los recursos necesarios para la rehabilitación. «Como suele suceder en los países pobres, se acepta degradar en función de expectativas que no dan los resultados económicos esperados. Y cuando llega el momento de reparar el desastre, ni se generó la fuente de riqueza prometida ni existen otras que permitan enfrentar la recuperación», comentó.
En enero, cuando arreciaban las protestas de los vecinos de la desembocadura del arroyo Carrasco sobre los malos olores, Brecha recorrió su cuenca y pudo apreciar que, contrariamente a los hedores que despedía el arroyo Chacarita al desembocar en el bañado, el aroma del agua que el bañado volcaba en el Carrasco era de Chanel N.o 5.
«A eso me refiero. A pesar de su degradación, los bañados de Carrasco siguen manteniendo su capacidad de filtrar las aguas que reciben. Imaginate que esas aguas del Chacarita llegaran como por un caño, sin ese filtrado, al Río de la Plata. Todas las playas del entorno estarían perdidas. Las de Montevideo y las de Canelones. Por eso digo que se trata de un problema metropolitano.»
