La primera semana de noviembre volvió a ser agitada para los actores de la educación en pleno debate presupuestal. Mientras en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores comenzó el tratamiento del presupuesto quinquenal, fueron ocupados 15 centros de estudio del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública, la sede central del CFE y cinco facultades de la Universidad de la República (Udelar).
Desde los gremios y sindicatos de la Udelar, se han organizado numerosas actividades, como conversatorios, festivales artísticos, concentraciones, marchas, así como reuniones con representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para incidir en la discusión. En varias de ellas participó el rector de la Udelar, Héctor Cancela –quien fue presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República hasta 2023– y se ha mostrado cercano a las medidas de lucha. Ayer, jueves, el rector se reunió con el presidente, Yamandú Orsi, para reclamar más recursos y presentar preocupaciones por los cambios en la gobernanza de la ciencia. De la reunión también participaron los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.
En su pedido presupuestal, la Udelar solicitó un aumento del 52 por ciento para cubrir rubros como descentralización, obras edilicias, becas, equipamiento, junto con salario y contratación de docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicio. El Plan Estratégico de Desarrollo-Propuesta al País 2025-2029 fue elaborado bajo el rectorado de Rodrigo Arim, predecesor de Cancela y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, uno de los organismos claves en la organización presupuestal del Estado.
Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento contempló un aumento de apenas un 1,8 por ciento para la Udelar. Entre tanto, en el debate dentro de la Cámara de Diputados, se reasignaron recursos desde otros sectores del Estado y se otorgó un aumento provisorio del 2,8 por ciento para la Udelar.
En paralelo, en la órbita del CFE, los estudiantes y profesores de la institución terciaria también reclaman por presupuesto y mantienen en la mira la exigencia de que el Parlamento cree la Universidad de la Educación, autónoma y cogobernada. El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE) emitió esta semana dos comunicados en los que denunció «la motosierra progresista», ante el posible cierre de 222 grupos de todas las carreras, y la reducción de más 8 mil horas de clase lo que «perjudica a los centros de formación del interior del país».
El SIDFE también criticó la «puñalada trapera» que significó que, mientras se discutían «reglamentos de elección de horas» en negociación bipartita, los consejeros políticos del CFE no advirtieron que «se iba a cambiar la oferta de trabajo». Por lo tanto, se trata de «una clara violación a la Ley de Negociación Colectiva», expresaron. La mayoría de las 16 ocupaciones en este subsistema fueron llevadas adelante por los gremios estudiantiles. El SIDFE se plegó con un paro de 24 horas el martes 4 y también ocupó seis centros de estudios. Los gremios de estudiantes y el sindicato han mantenido reuniones bipartitas con el CFE, pero no han llegado aún a una resolución del conflicto. Además, este jueves la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay resolvió un paro de 24 horas por un ataque violento en la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo.
En el plano parlamentario, las críticas al gobierno las lidera el Partido Colorado, con el senador Robert Silva y el diputado Felipe Schipani a la cabeza. Desde el oficialismo, el diputado Sebastián Sabini señaló que «durante este período no va a haber caída salarial ni menos posibilidades educativas». Sobre los cierres de grupos dijo que el gobierno busca «llevar racionalidad al sistema», y justificó la baja magnitud de los aumentos en el déficit fiscal heredado.
